CE - 080012333000202000067011SENTENCIA20230824202738

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

Demandante: Jesús María Espitia González Demandada: Nación – Ministerio De Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1 y

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla – Secretaría de Educación

Tema: Sanción moratoria cesantías parciales. Docente.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia proferida el 18 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Jesús María Espitia González en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011), formuló, en síntesis, las siguientes:

PRETENSIONES2

Que se declare la existencia de un acto ficto configurado por el silencio de la entidad demandada frente a la reclamación administrativa presentada el 10 de octubre de 2018, destinada a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las ce santías del señor Jesús María Espitia

entidad demandada frente a la reclamación administrativa presentada el 10 de octubre de 2018, destinada a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las ce santías del señor Jesús María Espitia González; la nulidad del acto ficto anteriormente identificado , que negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora ante el retardo en la cancelación del auxilio de cesantías parciales; y que tiene derecho a que el Fomag y el DEIP de Barranquilla reconozca y pague la sanción prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de

1 En adelante FOMAG y DEIP de Barranquilla. 2 Folios 1 y 2, expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo SAMAI.08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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retardo, contados a partir de los setenta días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de cesantías ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de las mismas.

Que se condene al Fomag y al DEIP de Barranquilla a reconocer y pagar a favor del demandante la sanción por mora señalada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 ; ordenar el cumplimiento d el fallo que se dicte dentro del proceso, de conformidad con lo contemplado en el artículo 192 y siguientes del CPACA; condenar a la s entidades demandadas a pagar los ajustes de valor a que haya lugar, teniendo como base la variación del IPC, desde la fecha en que se realizó el pago de la prestación hasta la ejecutoria de la sentencia

del CPACA; condenar a la s entidades demandadas a pagar los ajustes de valor a que haya lugar, teniendo como base la variación del IPC, desde la fecha en que se realizó el pago de la prestación hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; condenar a la s convocadas a pagar los intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia y por el tiempo que tarde el pago de la penalidad reconocida en esta providencia; y condenar a las entidades cuestionadas a pagar las costas y expensas del proceso, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

HECHOS3

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

Que el 18 de noviembre de 2016 solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y/o parciales a que tenía derecho por laborar como docente en los servicios educativos estatales. Que el 13 de marzo de 2018, la entidad demandada expidió la Resolución 03072, a través de la cual le fue reconocida la prestación solicitada.

Que el 22 de agosto de 2018, le fue cancelado el auxilio de cesantías , por intermedio de entidad bancaria.

Que toda vez que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías el 18 de noviembre de 2016, el plazo para cancelarlas vencía el 2 de marzo de 2017 ; sin embargo, la consignación de las mismas se efectuó el 22 de agosto de 2018, por lo que transcurrieron 537 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que tenía la entidad para consignar el auxilio hasta el momento en que se llevó a cabo el depósito efectivo del monto adeudado.

2018, por lo que transcurrieron 537 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que tenía la entidad para consignar el auxilio hasta el momento en que se llevó a cabo el depósito efectivo del monto adeudado.

Que el 10 de octubre de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías al Fomag, petición que fue resuelta de manera negativa por medio de acto ficto configurado ante el silencio de la administración.

3 Folios 5 a 7, expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo SAMAI.08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 5 de marzo de 2020 y notificada a la entidad accionada. El ente territorial demandado contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones sustentando que es el numeral 3.º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el que asigna la competencia al Fomag de pagar las cesantías de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial. Que la demanda carece de sustento fáctico, probatorio y legal. Planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, inexistencia de la obligación, y genérica e innominada.

El 19 de mayo de 2021 la primera instancia consideró que se daban los elementos para dictar sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del CPACA, por lo que decretó las pruebas, fijó el litigio y que una vez

El 19 de mayo de 2021 la primera instancia consideró que se daban los elementos para dictar sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del CPACA, por lo que decretó las pruebas, fijó el litigio y que una vez estuviera en firme el mencionado auto, se ordenaba correr traslado para que las partes presentaran sus alegaciones finales y el Ministerio Público rindiera concepto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El 18 de junio de 2021 , el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia en la que accedió a las súplicas de la demanda expresando que en el asunto objeto de debate se había causado la mora en el pago del auxilio de cesantías, pues la petición del demandante había sido radicada en la Secretaría de Educación del DEIP de Barranquilla el 18 de noviembre de 2016, y la expedición del acto admi nistrativo que resolvió dicha solicitud solo se emitió hasta el 13 de marzo de 2018, esto es, superado el término de los 15 días hábiles de que trata la Ley 1071 de 2006 para dar respuesta a la petición.

Que en aplicación del supuesto señalado por la jurisprudencia relacionado con que ante la ausencia de pronunci amiento o resolución tardía por parte de la administración, el término al cabo del cual se configura la penalidad moratoria, inicia a partir de la fecha de radicación de la solicitud de liquidación de cesantías definitivas o parciales.

Que la mora en la cancelación del auxilio se generó a partir del 3 de marzo de 2017, pues el plazo para el reconocimiento de las cesantías venció el 2 de

cesantías definitivas o parciales.

Que la mora en la cancelación del auxilio se generó a partir del 3 de marzo de 2017, pues el plazo para el reconocimiento de las cesantías venció el 2 de marzo de la misma anualidad, y que la misma corrió hasta el 284 de agosto de 2018, fecha en la que el pago de la prestación tuvo lugar. Que el salario que debía tenerse en cuenta para la liquidación de la sanción correspondía al devengado durante el año en el que se causó la mora, esto es, el año 2017.

Sobre la prescripción refirió que, dado que la obligación se hizo exigible el 3 de marzo de 2017, día posterior a la fecha en que debió producirse el pago de las cesantías solicitadas; que la petición de reconocimiento y pago de la

4 Es la fecha indicada por el tribunal en la providencia de primera instancia.08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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sanción moratoria fue presentada el 10 de octubre de 2018 y ; que la demandada fue interpuesta el 6 de febrero de 2020, no existía prescripción.

Que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Barranquilla, en tidad territorial a la cual está vinculado el docente, deb ía declararse probada, en tanto si bien los entes territoriales elaboran los proyectos de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales, lo hacen en representación del Fomag por mandato de la ley y, en esa medida, no obligan al ente territorial.

Declaró la nulidad del acto ficto configurado por la no respuesta a la petición

prestaciones sociales, lo hacen en representación del Fomag por mandato de la ley y, en esa medida, no obligan al ente territorial.

Declaró la nulidad del acto ficto configurado por la no respuesta a la petición formulada por el demandante el 10 de octubre de 2018, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; y, a título de restablecimiento del derecho condenó al Fomag a reconocer y pagar al señor Jesús Espitia González la sanción por mora por el pago tardío de sus cesantías parciales, desde el 3 de marzo de 2017 hasta el 28 de agosto de 2018, teniendo en cuenta para ello el salario básico devengado por el demandante en dicho periodo.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada sustentó que , revisada la condena , la misma no es correcta en señalar que los días de mora causados fueron 132 5, puesto que tal y como se desprende de las pruebas documentales allegadas al proceso , solo hay lugar al reconocimiento de dicha penalidad por 124 días de mora. Lo anterior, en tanto debe observarse la siguiente relación:

Proceso 2020-00067 Fecha petición cesantías 18 noviembre 2016 Respuesta (15 días) 12 diciembre 2016 Ejecutoria (10 días) 26 diciembre 2016 70 días hábiles 28 febrero 2017 Mora a partir de 1 marzo 2017 Fecha de pago 29 junio 2018

Concluyó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la certificación de pago de cesantías expedida por la Fiduprevisora, aportada con los alegatos

Fecha de pago 29 junio 2018

Concluyó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la certificación de pago de cesantías expedida por la Fiduprevisora, aportada con los alegatos de conclusión, en la que consta que la fecha en la cual estuvo a disposición el pago de las cesantías reconocidas mediante la Resolución 003072 del 13 de marzo de 2018, fue el 29 de junio de 2018, por lo cual es hasta este momento que debe realizarse el cómputo para calcular los días de mora y no como lo hizo el tribunal, hasta la fecha del retiro del dinero.

5 Cifra textual tomada del recurso de apelación.08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En atención a lo dispuesto en el numeral 5.º del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del CPACA, y conforme a la constancia secretarial visible a índice 9 del aplicativo SAMAI, no habiendo sido necesario el decreto de pruebas, se prescindió del traslado para alegar de conclusión.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

El problema jurídico a resolver se resume en definir si e l certificado de pago de cesantías expedid o por la Fiduprevisora, aportado con los alegatos de conclusión, puede ser tenido en cuenta en la presente instancia para concluir que la mora transcurrió hasta el 28 de junio de 2018 , previas las siguientes consideraciones.

La sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales o definitivas

que la mora transcurrió hasta el 28 de junio de 2018 , previas las siguientes consideraciones.

La sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales o definitivas

La Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, reguló el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó las sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos para su cancelación; asimismo reiteró los p arámetros respecto de los cuales se entiende configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas:

«ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.». (Subrayas propias).

De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir el acto de reconocimiento. Además, en el evento d e que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen pueda proferir el acto que reconozca la prestación en el término inicialmente indicado.

Así, el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de las

pueda proferir el acto que reconozca la prestación en el término inicialmente indicado.

Así, el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de las cesantías definitivas o parciales comienza a computarse desde la firmeza del acto administrativo que lo dispuso, y desde ese instante, la administración tiene el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo de la norma en cita, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

En efecto, la Sala Plena de esta Corporación 6 sostuvo que la administración cuenta con 45 días hábiles para el pago de la prestación social, contados a partir del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la reconoce, y agregó que dicho término solo se puede contar desde la ejecutoria del acto administrativo que dio respuesta a la petición y no desde que se radicó. Así lo interpretó la Sala al indicar que:

«Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco

indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria (…).

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud d e reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria […]» (Resalta la Sala).

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007. Número interno: 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz.08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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La Sección Segunda, en sentencia de unificación el 18 de julio de 2018 7, reafirmó la postura precitada y la complementó en el sentido de precisar que la firmeza del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías surge a

La Sección Segunda, en sentencia de unificación el 18 de julio de 2018 7, reafirmó la postura precitada y la complementó en el sentido de precisar que la firmeza del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías surge a partir de su notificación en los términos dispuestos por el CPACA, como se indica a continuación:

«100. Como conclusión a lo anterior, ha de indicar la Sala de Sección que los términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado el contenido de su acto administrativo, esto es, para notificarlo, no pueden computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el legislador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la decisión8, y que además es la circunstancia que refleja el deber de la entidad de informarla a su destinatario.

101. Ha de ser así, pues la producción de los efectos del acto administrativo exige de su publicidad, de manera que solo son oponibles las decisiones de la administración que son conocidas por las personas llamadas a su cumplimiento o afectadas con su ejecución; situación que perfectamente encaja en el cómputo de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía, que consulta o se causa por el paso del tiempo, a donde no concurre el término que tiene el empleador para notificar el acto expreso que reconoce la mencionada prestación.

102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos

cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos señalados. […]». (Resaltado del texto original).

De esa suerte, y, en este primer escenario (pronunciamiento en tiempo de la administración), es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías parciales o definitivas, lo que determina el momento en que se causa la sanción moratoria y, en esa misma medida, la instancia en donde surge el derecho a su reclamación.

Sin embargo, y en procura de analizar los diferentes supuestos que pueden presentarse en la expedición y notificación del acto administrativo que reconoce y ordena el pago del auxilio de cesantías, la sentencia en comentó sentó jurisprudencia en los siguientes aspectos:

«3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere ; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 73001-23-33-000-201400580-01(4961-15). 8 Salvo los actos dictados en audiencia, que se notifican en estrados.08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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considerarse el término dispuesto en la le y9 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra d el empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resu elto, los 45 días para el pago de la

interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resu elto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.»

Conforme a lo anterior, para esta Sección es claro que el segundo escenario respecto del cual se verifica la ocurrencia de la penalidad moratoria contempla la no manifestación de voluntad de la administración a través de un acto administrativo proferido bajo los términos planteados en el primer escenario, o la expedición del mismo de manera inoportuna y, contraria a los lapsos que para los efectos ha definido la ley.

En otras palabras, cuando el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas no es proferido o se emite con posterioridad a los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud , la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se hace exigible pasados 65 días (CCA) o 70 días hábiles contados desde la fecha de radicación de la petición, siempre que la misma haya sido presentada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En ese orden, el término a partir del cual es exigible la sanción moratoria dependerá de si el acto admini strativo de reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas fue expedido dentro del tiempo legalmente previsto para ello, esto, es, dentro de los 15 días siguientes a la radicación de la solicitud.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene entonces qu e el análisis relevante en punto a la determinación de la tardanza que en esta materia pueda ser alegada, debe remitirse al procedimiento en cuyo marco se profirió el acto

De acuerdo con lo expuesto, se tiene entonces qu e el análisis relevante en punto a la determinación de la tardanza que en esta materia pueda ser alegada, debe remitirse al procedimiento en cuyo marco se profirió el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías.

Caso concreto

Se encuentra probado en el plenario que el señor Jesús María Espitia González prestó sus servicios como docente con vinculación nacional, pagado por el situado fiscal, adscrito a la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla, por el lapso comprendido entre el 1.º de enero de 2001 y el 30 de diciembre de 201510.

9 Artículos 68 y 69 CPACA. 10 Información que se extrae de los considerandos sobre los que se sustenta la Resolución 03072 de 2018 (fls. 20 y 21, expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo SAMAI).08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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Así mi smo, se observa que el demandante solicitó el 18 de noviembre de 201611 el reconocimiento y pago de una cesantía parcial, y que dicha solicitud fue resuelta de manera favorable mediante la Resolución 03072 de 2018, en la que se dispuso pagar al interesado un saldo por valor de $12.296.428, y se informó que contra la misma procedía recurso de reposición, el cual debía ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, ante la Secretaría Distrital de Educación del municipio de Barranquilla12.

Consta en el expediente recibo de consignación del banco BBVA, de fecha 28

interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, ante la Secretaría Distrital de Educación del municipio de Barranquilla12.

Consta en el expediente recibo de consignación del banco BBVA, de fecha 28 de agosto de 2018, en el que se evidencia un pago por caja de $12.296.428, y cuyo beneficiario refiere ser «Espitia González Jesús María», pero que el pago había sido reprogramado el 22 de agosto de 201813.

De esta manera , dado el señor Jesús María Espitia González radicó la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías definitivas el 18 de noviembre de 2016 y la entidad demandada dio respuesta mediante la Resolución 03072 del 13 de marzo de 2018, notificada el 13 de abril de 2 018, el análisis que corresponde realizar es e l establecido por la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere.

Así, en aplicación de las regla s fijadas en el pluricitado pronunciamiento de unificación, al haberse presentado la reclamación en vigencia del CPACA, el Fomag tenía hasta el 12 de diciembre de 2016 para expedir el acto administrativo que resolviera la solicitud y el término que debe verificarse para predicar la firmeza del acto administrativo es de diez (10) días hábiles, por lo que, en ese orden, la decisión de la administración quedó en firme el 26 de diciembre de 2016.

Con fundamento en el anterior cómputo, el plazo de 45 días con el que

que, en ese orden, la decisión de la administración quedó en firme el 26 de diciembre de 2016.

Con fundamento en el anterior cómputo, el plazo de 45 días con el que contaba el Fondo para el pago efectivo del auxilio de cesantías, inició el 27 de diciembre de 2016 y venció el 28 de febrero de 2017, por lo que a partir del 1.º de marzo de la misma anualidad se causó la penalidad por la tardanza en el pago de la prestación.

Ahora, se recuerda que como argumento de defensa el apelante manifest ó que, el monto señalado en la resolución de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, fue puesto a disposición del convocante el 29 de junio de 2018, pero que al no haber sido retirado o cobrado por el señor Espitia González, se reprogramó, para el 22 de agosto de 2018.

11 Páginas 76-77 y 80-83 de los antecedentes administrativos. 12 Ibídem 13 Folio 22, expediente digital anexo al índice 2 del aplicativo SAMAI.08001-23-33-000-2020-00067-01 (1008-2022)

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Para efectos de sustentar tal apreciación, el recurrente indicó que, con el escrito de a legatos de conclusión de primera instancia, se anexó una certificación en la que constaba la verdadera fecha en que se habilitó el retiro de las cesantías peticionadas por el demandante.

Sin embargo, r evisada la contestación de la demanda se encuentra que el Fomag no refirió entre los hechos que sustentaron su defensa, lo atinente a la

de las cesantías peticionadas por el demandante.

Sin embargo, r evisada la contestación de la demanda se encuentra que el Fomag no refirió entre los hechos que sustentaron su defensa, lo atinente a la reprogramación del pago del auxilio de cesantías parciales del demandante por el no retiro oportuno de las mismas, como tampoco allegó las respectivas pruebas que se pretendían hacer valer para tales efectos.

En auto del 19 de mayo de 2021 14, el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió tener como pruebas las aportadas por el demandante y por el Distrito de Barranquilla, al siguiente tenor:

«Aportadas por el demandante:

1. Poder.

2. Fotocopia de la Resolución No. (sic) 05569 del 2 de octubre de 2015, que reconoce unas cesantías.

3. Constancia de Pago de cesantías del Banco BBVA.

4. Reclamación Administrativa del 10 de octubre de 2018.

5. Copia del poder de reclamación administrativa.

Aportadas por el Distrito de Barranquilla.

1. Poder.

2. Fotocopia del acta de posesión del Secretario Jurídico del Distrito.

3. Cop