CE - 080013331000201000695011SENTENCIA20220616100031

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016)

Demandante: Margoth Lozano Patiño

Demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla,

Fiduprevisora S.A. y Redehospital E.S.E.

Temas: Supresión de cargo. Caducidad de la acción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se declaró probada la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Margoth Lozano Patiño contra el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, la Fiduprevisora S.A. y Redehospital E.S.E.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), la señora Margoth

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), la señora Margoth Lozano Patiño, por intermedio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. Decreto 0883 del 24 de diciembre de 2008, artículos 6 —numeral 22 — y 15,2

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño expedido por el alcalde distrital de Barranquilla, por el cual se suprime la Empresa Social del Estado Redehospita l, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones.

1. Decreto 0203 del 20 de febrero de 2009, por el cual se suprimen unos empleos de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Redehospital en liquidación.

1. Decreto 0364 de l 20 de abril de 2009, por el cual se suprimen los cargos y empleos de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Redehospital en liquidación.

1. Resolución 2094 de 21 de septiembre de 2009, por la cual se reconoció y ordenó pagar la liquidación de prestaciones sociales y los valores adeudados por concepto de salarios, cesantías y otros emolumentos.

1. Oficio 0195 del 2 de octubre de 2009 , suscrito por el mandatario con

pagar la liquidación de prestaciones sociales y los valores adeudados por concepto de salarios, cesantías y otros emolumentos.

1. Oficio 0195 del 2 de octubre de 2009 , suscrito por el mandatario con representación de la E.S. E. Redehospital, por el cual se le comunicó la supresión de su cargo.

1. Oficios 2739 del 5 de marzo de 2010 y 2770 del 9 de marzo de 2010, mediante los cuales se dio respuesta a los «derechos de petición, agotamientos de la vía gubernativa» radicados el 26 de febrero de 2010, en los se solicitó la reliquidación de los valores pagados en virtud de la Resolución 20 94 de 21 de septiembre de

2009.

Como consecuencia de la nulidad, a título de restablecimiento del derecho, pidió: i) ordenar el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro empleo de superior categoría; ii) pagar los salarios y demás prestaciones so ciales dejadas de percibir desde la fecha del retiro del cargo hasta que sea efectivamente reintegrada; iii) ordenar la respectiva nivelación salarial y el consecuente aumento del salario y la reliquidación de todas las prestaciones sociales y demás emolum entos; v)3

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño subsidiariamente, de no accederse al reintegro, conden ar a la parte demandada a pagarle: la reliquidación de indemnización por supresión de cargo ; los sal arios moratorios, desde la fecha en que se le debieron consignar completas las cesantías;

pagarle: la reliquidación de indemnización por supresión de cargo ; los sal arios moratorios, desde la fecha en que se le debieron consignar completas las cesantías; el valor del calzado y vestido de labor, desde la fecha de su exigibilidad; vi) indexar las sumas respectivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., y vi) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. La demandante ingresó al servicio de la E.S.E. RedHospital de Barranquilla el 23 de mayo de 1994, como auxiliar área de salud, código 412, grado 24 y fue retirada el 23 de septiembre de 2009. Mientras ejerció su empleo cumplió cabal y fielmente

sus deberes en un cargo de carrera administrativa en provisionalidad.

1. Mediante el Decreto 883 del 24 de diciembre de 2008 el alcalde de Barranquilla ordenó la s upresión de los cargos de RedHospital de Barranquilla y delegó a la Fiduciaria La Previsora S.A. la liquidación de dicha entidad y la supresión de los cargos.

1. Mediante Decreto 0203 del 20 de febrero de 2009 el alcalde suprimió 156 cargos de la E.S.E .; luego, mediante el Decreto 364 del 20 de abril de 2009 , suprimió la

planta de cargos establecida por Resolución 1220 del 18 de diciembre de 2008 — 927 empleos públicos y 8 de trabajadores oficiales—.

1. La Fiduprevisora S.A. , en su calidad de entidad liquidadora de la E.S.E. , mediante convenio, subdelegó en la empresa de carácter privado Negret A&C la delegación que le había hecho el alcalde Distrital de Barranquilla para liquidar la la Empresa. El apoderado general de la Fiduprevisora expidió los actos de desvinculación de la actora —Resolución 2094 del 21 de septiembre de 2009, oficio4

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño 195 del 2 de octubre de 2009 y la liquidación del «contrato de trabajo»—, por lo que incurrió en graves irregularidades por cuanto no contaba con la competencia para expedir tales actos administrativos; adicionalmente no ordenó el pago de la indemnización por supresión del cargo.

1. Contra la Resolución 2094 de 2009 se presentaron derechos de petición, con los cuales se agotó la vía gubernativa.

1. En el momento del retiro no fueron pagados completos los salarios, las cesantías y sus intereses, prestaciones sociales, bonificaciones, subsidio de alimentación, dotación de uniformes, aportes en salud, parafiscales y la indemnización por supresión del cargo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25, 40-7, 53, 58, 125, 228, 315-7 de

supresión del cargo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25, 40-7, 53, 58, 125, 228, 315-7 de la Constitución Política; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 2 de la Ley 244 de 1995; artículo 2 41 de la Ley 443 de 1998; 5, 9 y 11-2 de la Ley 489 de 1998; 44 de la Ley 909 de 2004; 45 del D ecreto 1045 de 1978; 90 y 96 del Decreto 1227 de 2005; 63 del C.C.A.; la Ley 10 de 1990; y los Decretos 451 de 1984, 2712 de 1991 y 760 de 2005.

Al desarrollar el concepto de vio lación, el apoderado d el demandante expuso los argumentos que se resumen a continuación:

1. El Distrito de Barranquilla debía ejercer sus potestades en forma exclusiva , en virtud de la atribución prevista por el artículo 315, numeral 7 . P or tanto , la materialización de las funciones asignadas (crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias) debía ser ejercida directamente por la autoridad competente y no por una persona carente de vinculación estatal que no podía expedir actos de supresión y desvinculación. El alcalde delegó una función indelegable: la de suprimir cargos; por lo cual , los actos acusados son abiertamente ilegales por provenir de5

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016)

cargos; por lo cual , los actos acusados son abiertamente ilegales por provenir de5

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño persona sin competencia para expedirlos.

1. Hubo expedición irregular del acto de desvinculación, en primer lugar, porque se afectó el derecho constitucional de acceder a cargos públicos y desempeño de funciones, porque el Distrito de Barranquilla , para ese efecto , estaba sujeto a procedimientos reglados y debía motivar el acto y permitir el agot amiento de la vía gubernativa, así como facilitar la opción de ejercer el derecho preferencial a la incorporación o a la indemnización, lo que no ocurrió y, por ende, se violó el debido proceso, debido a que la demandante era una servidora pública de carre ra administrativa en provisionalidad.

En segundo lugar, l a supresión de la E.S.E. no estuvo precedida de estudios técnicos, como lo ordenan el artículo 41 de la Ley 443 de 1998, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005 —artículo 96 —; normas que proteg en los derechos subjetivos de los trabajadores de carrera.

1. Los actos acusados están falsamente motivados, por cuanto no hubo una supresión real de cargos, porque en el convenio suscrito por el agente liquidador de la E.S.E. y CAPRECOM se estableció, en el artículo cuarto, que el objetivo de dicho convenio era el de garantizar el acceso y continuidad de los servicios de salud a los usuarios en el área de influencia que CAPRECOM consider ara necesarios para la

la E.S.E. y CAPRECOM se estableció, en el artículo cuarto, que el objetivo de dicho convenio era el de garantizar el acceso y continuidad de los servicios de salud a los usuarios en el área de influencia que CAPRECOM consider ara necesarios para la operación, por lo que podrían continuar prestando sus servicios.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La Fiduciaria La Previsora

La Fiduprevisora S.A. se opuso a las pretensiones del libelo 1 con los siguientes argumentos:

1 Folios 266 al 2746

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño i) La Fiduciaria actuó como liquidador, en virtud de la designación que se hiciera mediante decreto. Asumió tal rol y cumplió a cabalidad las obligaciones que le correspondían, conforme a los lineamientos señalados en la ley. En la condición referida se limitó a cumplir tales actividades sin tener ninguna injerencia sobre las causas o motivos que impulsaron al gobierno distrital respecto del cierre, supresión y liquidación de la E.S.E. Redehospitales.

1. La Fiduciaria La previsora S.A., carece tanto de ca pacidad jurídica como de legitimación pasiva, por cuanto no es ni fue la subrogataria de las obligaciones de la extinta E.S.E., ni dentro de su objeto social está el de atender este tipo de pretensiones.

Propuso las excepciones de incapacidad jurídica de la parte demandada; falta de legitimación en la causa pasiva; inexistencia de la obligación; e innominada.

pretensiones.

Propuso las excepciones de incapacidad jurídica de la parte demandada; falta de legitimación en la causa pasiva; inexistencia de la obligación; e innominada.

1.2.2. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

El apoderado del Distrito de Barranquilla se opuso a las pretensiones de la demanda2 y expuso las siguientes razones de defensa:

1. La E.S.E. Redehospitales, antes de ser liquidada, era una entidad descentralizada del orden territorial , con autonomía administrativa, patrimonio propio y capacidad jurídica propia, independiente de l Distrito, por lo que este no está obligado a responder por sus deberes relacionados con la causa petendi.

1. El Distrito no fue empleador de la accionante ni asumió obligación alguna frente a las situaciones jurídicas no definidas de la liquidada; desi gnó un mandatario con representación para que se encargara de las actividades post liquidación, de ahí que estaba plenamente facultado para representar para todos los efectos a la E.S.E.

2 Folios 275 al 2957

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño liquidada. Por lo tanto, los actos acusados se expidieron conforme a los requisitos de ley.

1. La accionante no agotó la vía gubernativa frente al Distrito, por lo que la interesada debió provocar una decisión concreta, particular, para efectos de atacarla mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. No hay lugar a acceder al restablecimiento pretendido porque a la accionante se

interesada debió provocar una decisión concreta, particular, para efectos de atacarla mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. No hay lugar a acceder al restablecimiento pretendido porque a la accionante se le pagaron todas las acreencias laborales y, por ende, no existe obligación alguna pendiente. Tampoco procede el pago de intereses moratorios, pues estos no se generan al e ntrar en liquidación la institución respecto a cualquiera de los acreedores.

1. El último acto administrativo le fue notificado a la demandante el 28 de octubre de 2009, antes de ser presentada la solicitud de revocación directa, por lo cual tenía término para presentar la demanda de restablecimiento hasta el 28 de febrero de 2010, por lo que la acción caducó.

1. El reintegro pretendido es improcedente materialmente , porque la entidad fue liquidada, cuya acta final de liquidación data del 22 de septiembr e de 2009, publicada el día inmediatamente siguiente.

1. La nivelación salarial reclamada es improcedente porque se dio solo para las vigencias fiscales de los años 1995 a 1998, previa disponibilidad presupuestal.

1. No hay lugar al reconocimiento d e dotación de uniformes y calzado porque la accionante no se encuentra en los supuestos de la ley 70 de 1988 y del Decreto reglamentario 1978 de 1989.

Formuló las excepciones de inepta demanda; presunción de legalidad de los actos acusados; falta de legitimación en la causa ; caducidad; falta de agotamiento de la vía gubernativa; inexistencia de la obligación; y compensación, en caso de condena.8

acusados; falta de legitimación en la causa ; caducidad; falta de agotamiento de la vía gubernativa; inexistencia de la obligación; y compensación, en caso de condena.8

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016)

Demandante: Margoth Lozano Patiño

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Atlántico se declaró inhibido para fallar de fondo y declaró probada la caducidad de la acción. Sustentó su decisión en las siguientes

consideraciones:

1. Los Decretos 883 del 24 de diciembre de 2008 y 203 del 20 de febrero de 2009 son actos de carácter general que produjeron efectos respecto a situaciones jurídicas particulares de quienes ocupaban los cargos suprimidos. La comunicación de la supresión del empleo se encuentra calendada el 2 de octubre de 2009, por lo que la oportunidad para presentar la demanda osci laba entre el 3 de octubre de 2009 y el 3 de febrero de 2010.

Por su parte, la solicitud de conciliación se presentó el 21 de junio de 2010 y la demanda se radicó el 20 de agosto de 2010, cuando ya estaba caducada la acción frente a la pretensión de reintegro.

1. La Resolución 2094 del 21 de septiembre de 20 09, por la cual se reconoció y ordenó el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales de la demandante, fue notificada el 28 de octubre de 2009 , y no obra prueba de que se haya interpuesto el recurso de reposición, que no era obligatorio ; ello permite

ordenó el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales de la demandante, fue notificada el 28 de octubre de 2009 , y no obra prueba de que se haya interpuesto el recurso de reposición, que no era obligatorio ; ello permite considerar su firmeza, conforme al numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 2004, a partir de esa fecha. Así, respecto a dicho acto, el término de caducidad empezó a contarse desde el 29 de octubre de 2009 y hasta el 29 de febrero de 2010, por lo que al presentarse la solicitud de conciliación el 21 de junio de 2010 y la demanda el 20 de agosto de 2010, esta era, a todas luces, extemporánea.

1. Respecto de los Oficios 2739 del 5 de marzo de 2010 y 2770 del 9 de los mismos mes y año, expedidos por el coordinador general y jurídico, apoderado especial del mandatario con representación de la E.S.E. liquidada, que fueron el resultado de los escritos denominados derecho de petición y agotamiento de vía gubernativa, cuya9

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño lectura permite apreciar que tenían por objeto que la administración procediera a su revocatoria, no queda duda de que por medio de estos se pretendió revivir términos, debido a la firmeza de los actos administrativos acusados en este proceso; por lo tanto, los mencionados oficios resultan inocuos para resurgir la vigencia del término para demandar, pues la situación particular de la demandante ya había sido definida

debido a la firmeza de los actos administrativos acusados en este proceso; por lo tanto, los mencionados oficios resultan inocuos para resurgir la vigencia del término para demandar, pues la situación particular de la demandante ya había sido definida por los Decretos 883 del 24 de diciembre de 2008, 0203 del 20 de febrero de 2009 y 0364 del 20 de abril de 2009 y por el Oficio 0195 del 2 de octubre de 2009.

1.4. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación 3 contra la sentencia del a quo y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su pretensión expuso lo siguiente:

1. Al expedirse la Resolución 2094 del 21 de septiembre de 2009, por una entidad inexistente, se violó el debido proceso y el derecho de defensa de la demandante, pues se le notificó al día siguiente, pero sin oportunidad de oponerse, pues no había funcionario ante el cual se le resolviera la opción que tenía para su estabilidad laboral o le tramitara recursos o reclamaciones. Igual ocurrió con los Oficios 2739 y 2770 de 2010, los cuales fueron expedidos por servidor sin competencia , con violación al debido proceso y mediante falsa motivación.

1. El a quo cometió un error inexcusable al declarar la caducidad frente a la Resolución 2094 del 21 de septiembre de 2009 y al Oficio 0195 del 21 de octubre del mismo año, porque la entidad desapareció jurídicamente el 23 de septiembre de 2010 y, por ende, tales actos administrativos son inexistentes y no producen efecto

del mismo año, porque la entidad desapareció jurídicamente el 23 de septiembre de 2010 y, por ende, tales actos administrativos son inexistentes y no producen efecto alguno, lo que contraría los artículos 47 y 48 del C.C.A.

Por consiguiente, era el Distrito Especial el que podía producir actos administrativos luego de la extinción de la entidad, pero se limitó a correr traslado a la Fiduprevisora,

3 Folios 568 al 578.10

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño a pesar de haberse acabado el mandato el 23 de septiembre de 2009; de manera que al no expedir el ente territorial los oficios del 5 y 9 de marzo de 2010 , cuando ya no existía la E.S.E., la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no caducó ni prescribió.

1. En este orden, la segunda instancia de be resolver los siguientes problemas jurídicos: a) si es nula la resolución expedida por una persona sin competencia; b) si son nulos los oficios expedidos en el mes de marzo de 2010 que dieron respuesta a las peticiones de agotamiento de la vía gubernativ a; c) s i debe condenarse solidariamente al Distrito Especial de Barranquilla y a la Fiduprevisora S.A. a reintegrar a la accionante con retroactividad al 23 de septiembre de 2009 y ordenar los pagos laborales correspondientes y; d) ordenar el pago de la re liquidación de salarios e indemnizaciones originadas en la relación laboral.

La solución a los problemas planteados es declarar la nulidad del acto complejo

los pagos laborales correspondientes y; d) ordenar el pago de la re liquidación de salarios e indemnizaciones originadas en la relación laboral.

La solución a los problemas planteados es declarar la nulidad del acto complejo integrado por los Decretos 883 de 2008, 0203 de 2009 y 364 de 2009, que dieron origen a la expedición sin competencia de la Resolución 2094 del 21 de septiembre de 2009. Igualmente, debe declararse la nulidad del Oficio 0195 del 2 de octubre de 2009.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La Fiduprevisora y el Distrito de Barranquilla descorrieron el traslado y reiteraron los argumentos expuestos en las diferentes etapas procesales.4

La parte actora guardó silencio.5

1.6. El Ministerio Público

4 Folios 590-591 y 592 al 608, respectivamente. 5 Constancia secretarial obrante a folio 61911

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño El agente del Ministerio Público rindió concepto 6 en el sentido de solicitar que se confirme la sentencia del Tribunal. Al respecto expuso lo siguiente:

1. Los actos administrativos que definieron la situación particular de la accionante se dieron hasta el 27 de septiembre de 2009 y como máximo el 2 de octubre de 2009, por lo que la solicitud de conciliación prejudicial debió presentarse hasta el 29 de enero o el 2 de febrero de 2010 ; sin embargo, esta fue radicada el 21 de junio de

por lo que la solicitud de conciliación prejudicial debió presentarse hasta el 29 de enero o el 2 de febrero de 2010 ; sin embargo, esta fue radicada el 21 de junio de

2010. Por su parte, la demanda se presentó el 20 de agosto de 2010. Estos hechos permiten concluir que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí caducó.

1. Respecto de los Oficios 2739 y 2770 de 5 y 9 marzo de 2010, es claro que fueron la respuesta a la petición del 26 de febrero de 2010, cuando ya había caducado la acción y se pretendió revivir los términos para acceder al derecho a demandar por una vía provocada, pero sin éxito, pues no era tiempo para tales peticiones.

Por tanto, la primera instancia acertó en declarar la caducidad de la acción, porque los actos que definieron la desvinculación de la demandante se dieron en el año 2009 y no en el año 2010, pues estos hacen parte de otra actuación que no integran un acto complejo con la supresión de la entidad y la planta de personal.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con lo decidido por el a quo y los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le corresponde a la sala determinar, en primer lugar, si en el caso concreto operó la caducidad de la acción. En segundo lugar, solo en el evento de que la r espuesta sea negativa, se deberá establecer la legalidad de los actos

6 Folio 542.12

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016)

Demandante: Margoth Lozano Patiño

6 Folio 542.12

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño administrativos demandados, expedidos con ocasión de la liquidación de la E.S.E.

Redehospital de Barranquilla.

2.2. Marco normativo

2.2.1. De la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Uno de los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el referente a que la demanda se interponga dentro del término fijado por el legislador, pues de lo contrario se configura la caducidad de la acción.

En efecto, el ordenamiento constitucional ha establecido la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia, la cual conlleva el deber de un ejercicio oportuno del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser discutidas en vía judicial .7 Al respecto la Corte Constitucional ha sostenido:8

El legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En es ta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter

que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia. (…) La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las accio nes contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado po r una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.

7 Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 8 Sala Plena Corte Constitucional, sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil.13

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño En este orden de ideas, el fenómeno de la caducidad es la sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial , como consecuencia de la presentación de las acciones judiciales excediendo el plazo que la ley establece para ello. Además, es un presupuesto, ligado al principio de seguridad jurídica, encaminado a eliminar la incertidumbre que representa para la administración la eventual revocatoria de sus

acciones judiciales excediendo el plazo que la ley establece para ello. Además, es un presupuesto, ligado al principio de seguridad jurídica, encaminado a eliminar la incertidumbre que representa para la administración la eventual revocatoria de sus actos en cualquier tiempo. A su vez, esta situación define la carga procesal que tienen las partes para impulsar el litigio, pues de no hacerlo se pierde la oportunidad para acudir ante la administración de justicia.9

Ahora bien, el artículo 136 del CCA estableció los términos para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de los cuales es perti nente resaltar los que a continuación se trascriben, por estar directamente relacionados con el asunto objeto de la controversia, así:

Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…)

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

De acuerdo con el anterior enunciado normativo, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe interponerse dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo objeto de enjuiciamiento, so pena de que opere el fenómeno de la caducidad, que por ninguna circunstancia se puede revivir.

Por su parte, la expresión «según el caso» implica que el conteo del término de caducidad depende de la clase de acto administrativo que se cuestiona. A modo de

caducidad, que por ninguna circunstancia se puede revivir.

Por su parte, la expresión «según el caso» implica que el conteo del término de caducidad depende de la clase de acto administrativo que se cuestiona. A modo de

9 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, «El derecho de acceso a la administración de justicia resultaría seriamente afectado en su núcleo esencial si, como lo anotó la Corte, “este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie”. Tal interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis tot al del aparato encargado de administrar justicia, e implicaría per se la inobservancia de ciertos derechos de los gobernados, en particular aquel que tienen las personas de obtener pronta y cumplida justicia».14

Radicado: 08001 33 31 000 2010 00695 01 (2134-2016) Demandante: Margoth Lozano Patiño ejemplo, puede afirmarse que si se demanda un acto que concluye una actuación administrativa debe demandarse a partir de su notificación; cuando se trata de actos demandables que solo requieren su ejecución, a partir de este último momento ; de actos que requieran ser publicados, desde ese hecho; y, a partir de la comunicación cuando no exista otro medio más idóneo que garantice el conocimiento de la decisión. A su turno, estos plazos comienzan a correr desde el día siguiente.10

De otro lado, es pertinente tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 136 del CCA, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando las pretensiones versen sobre prestaciones periódicas.

De otro lado, es pertinente tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 136 del CCA, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando las pretensiones versen sobre prestaciones periódicas.

A su turno, al tenor de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, la solicitud de conciliación suspende por una sola vez el término de caducidad del medio de control «hasta que se logre el acuerdo