CE - 080013333008201800686011SENTENCIA20230922100743

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022)

Demandante: John Francisco Rovira Bitetti

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Temas: Pensión especial de alto riesgo. Bombero

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 20 de enero del 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico por medio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , el señor John Francisco Viloria Botetti formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se2

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022)

demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se2

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti declare la nulidad de las Resoluciones 3400 del 30 de marzo del 2013 y GNR 350816 del 11 de diciembre del 2013 , por medio de las cuales se negó el reconocimiento del derecho pensional y se resolvió el recurso de reposición.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones que reconozca y pague una pensión especial de vejez p or actividad de alto riesgo, desde el 6 de diciembre del 2008 , momento para el cual cumplió la totalidad de requisitos legales, en cuantía del 90 % del ingreso base de liquidación; ( ii) disponer el pago del retroactivo pensional causado desde el momento en que adquirió el estatus de pensionado; (iii) conminar a la parte demandada al pago de la sanción moratoria a partir de la fecha de causación del derecho pensional y hasta el momento en que se efectúe el pago; y (iv) condenar en costas a la accionada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El señor John Francisco Rovira Bitetti laboró para el Cuerpo Oficial de Bomberos durante 23 años y 7 meses, en donde desempeñaba labores de alto riesgo, según lo disponen los Decretos 1935 de 1994 y 2090 del 2003, sobre las cuales el

durante 23 años y 7 meses, en donde desempeñaba labores de alto riesgo, según lo disponen los Decretos 1935 de 1994 y 2090 del 2003, sobre las cuales el Distrito de Barranquilla debió realizar las cotizaciones especiales de que tratan, entre otros el Decreto 1068 de 1995.

1. En el mes de diciembre del 2011, solicitó ante el entonces Instituto del Seguro Social el reconocimiento de una mesada pensional de vejez de alto riesgo, que fue3

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti negada por medio de la Resolución 3400 del 30 de marzo del año 2012, bajo el argumento de que el señor Rovira Bitetti no cumple con los requisitos exigidos por la norma.

1. El accionante interpuso recurso de reposición, y en subsidio apelación, en contra de la anterior decisión. El primero de los recursos fue resuelto negativamente a través de la Resolución GNR 350816 del 11 de diciembre del

2013. El accionante no se refirió a acto administrativo alguno por medio del cual se haya resuelto el recurso subsidiario de apelación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violad os los artículos 25 y 53 de la Constitución Política d e 1991; Ley 100 de 1990; Decreto 2351 de 1965; 1068 de 1995; y el Decreto 2090 del 2003. Del sucinto escrito de la demanda, se extrae que el señor John Francisco Rovira considera tener derecho al

1068 de 1995; y el Decreto 2090 del 2003. Del sucinto escrito de la demanda, se extrae que el señor John Francisco Rovira considera tener derecho al reconocimiento de una mesada pensional de alto riesgo en atención a su labor como bombero de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, entidad que, en su calidad de empleador, tenía el deber de realizar las cotizaciones especiales a que hubiere lugar.

1.2. Contestación de la demanda1

1 Contestación de la demanda en el expediente digital visible en el portal Samai.4

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti La Administradora Colombiana de Pensiones, por medio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los

siguientes argumentos:

1. Después de revisar la demanda interpuesta por el señor John Francisco Rovira, se advierte que no propuso concepto de la violación, en tanto se limitó a transcribir aspectos legales, circunstancia que desconoce lo previsto en el numeral 4 del artículo 162 de la Ley 1437 del 2011, que impone el deber de manifestar las razones por las cuales se considera que un acto administrativo debe ser sometido a un estudio de legalidad.

1. Debido al carácter rogado de la justicia de lo contencioso – administrativo, la inexistencia de un concepto de la violación impide que el operador judicial se pronuncie de fondo sobre lo pretendido, en atención a que no se pusieron de presente los argumentos por los cuales se estima que debe ser declarada la nulidad de los actos administrativos demandados.

pronuncie de fondo sobre lo pretendido, en atención a que no se pusieron de presente los argumentos por los cuales se estima que debe ser declarada la nulidad de los actos administrativos demandados.

1. Frente a la inexistencia de un claro concepto de la violación, debe concluirse que el accionante no cumplió con la carga de probar o desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos. Finalmente, propuso como excepciones el incumplimiento en la formulación de los cargos, carencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y buena fe.

1.3 La sentencia apelada

El 20 de enero del 2022 , el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia, en el sentido de declarar5

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti la nulidad de los actos administrativos demandados . En consecuencia, ordenó a Colpensiones reconocer, en beneficio del demandante, una pen sión mensual vitalicia de vejez de alto riesgo en los siguientes términos y por las razones que pasan a explicarse:2

1. En los actos a dministrativos demandados se concluyó que el señor John Francisco Rovira no es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 en atención a que sus aportes fueron objeto de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de aho rro individual y, a pesar de que retornó al RPM no cumple con el requisito de acreditar 15 años de aportes para la fecha de entrada en vigencia del régimen general de pensiones . Razón por la que

prima media con prestación definida al de aho rro individual y, a pesar de que retornó al RPM no cumple con el requisito de acreditar 15 años de aportes para la fecha de entrada en vigencia del régimen general de pensiones . Razón por la que perdió los beneficios transicionales.

1. A pesar de lo considerado en sede administrativa, la situación del señor Rovira Bitetti no debe decidirse a la luz de la Ley 100 de 1993, pues su situación jurídica está regida por el régimen especial de actividades de alto riesgo de que tratan los Decretos 1835 de 1994 y 2090 del 2003, en atención a que entre el 1 de 1990 y el 30 de junio del 201 4 se desempeñó como bombero del Distrito Especial de Barranquilla, con funciones de control de incendios.

1. El régimen de transición especial de pensiones de alto riesgo es aplicable para quienes a 28 de julio del 2003 cuenten con un mínimo de 500 semanas cotizadas en el desempeño de esa clase de actividades, requisito que sí cumple el accionante, razón por la que su mesada debe reconocerse a partir de lo no rmado en el Decreto 1835 de 1994, que prevé como requisitos: cumplir 55 años de edad

2 Sentencia en la carpeta del expediente digital en el índice 2 del portal Samai.6

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti y 1000 semanas de cotización especial en las funciones descritas en el inciso 1 del artículo 3 de ese decreto.

1. El demandante cuenta con 68 años de edad, para el momen to de expedición

Demandante: John Francisco Rovira Bitetti y 1000 semanas de cotización especial en las funciones descritas en el inciso 1 del artículo 3 de ese decreto.

1. El demandante cuenta con 68 años de edad, para el momen to de expedición de la sentencia de primera instancia, y las certificaciones salariales dan cuenta de que laboró por más de 2 3 años, es decir, supera las 1000 semanas de cotización, en funciones de intervención de incendios, explosiones y demás calamidades públicas, mientras se desempeñó como bombero del Distrito Especial de

Barranquilla.

1. En el expediente existen inconsistencias entre los aportes realizados por el empleador y el reporte de cotizaciones suministrado por Colpensiones; sin embargo, ello es un asunto de carácter administrativo que debe ser dirimido entre el Distrito de Barranquilla y la administradora de pensiones que no debe impedir o limitar el reconocimiento pensional a que el accionante tiene derecho, en atención a que no existe discusi ón sobre la carga prestacional en cabeza de esa entidad territorial.

1. El señor Rovira Bitetti tiene derecho a que le sea concedida una mesada pensional en los términos del Decreto 1835 de 1994, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo prevista en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, efectiva a partir del 30 de junio del 2014.

1.4. El recurso de apelación

La Administradora Colombiana de Pensiones presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, según documento visible en la carpeta7

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022)

La Administradora Colombiana de Pensiones presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, según documento visible en la carpeta7

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti del expediente digital, en el índice 2 del portal Samai. Las razones del

disentimiento son las siguientes:

1. El señor John Francisco Rovira no cumple con el requisito de las 1000 semanas de aportes especiales de alto riesgo de que trata el Decreto 1835 de 1994, razón por la que no es procedente acceder al reconocimiento pensional pedido.

1. El demandante no cumplió con la carga probatoria que l e impone el deber de acreditar los hechos alegados, por el contrario, el Tribunal invirtió dicha carga, e impuso a la administradora el deber de acudir al Distrito Especial de Barranquilla para requerir el pago de los aportes faltantes y, con ello, complet ar el tiempo de servicio o semanas cotizadas.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Ninguna de las partes alegó de conclusión, según puede observarse en constancia que reposa en el índice 9 del portal Samai.

1.6. El Ministerio Público

El agente del ministerio público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico8

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti Se circunscribe a determinar si el señor John Francisco Rovira Bitetti cumple o no

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti Se circunscribe a determinar si el señor John Francisco Rovira Bitetti cumple o no con el requisito mínimo de 1000 semanas de cotización a pensión que exige el Decreto 1835 de 1994, para que le sea reconocida una mesada especial de vejez de alto riesgo por las labores desempeñadas como bombero del Distrito Especial de

Barranquilla.

2.2. Marco normativo

El régimen especial de alto riesgo del personal de los Cuerpos de Bomberos

El presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas en el numeral 2.º del artículo 173 de la Ley 797 de 2003, que reformó «algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y adoptó algunas disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003 , « por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades»,4 que, en lo pertinente, preceptúa:

3 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: […]

2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal p ara los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las

de facultades extraordinarias para: […]

2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal p ara los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medici ón de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema». 4 Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.9

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti Artículo 1º. Definición y campo de aplicación . El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo.

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.

2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.

4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.

valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.

4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.

5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.

6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios. [resaltado de la

Sala]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.

Por su parte, respecto de las pensiones especiales de vejez y las condiciones de su reconocimiento, el citado Decreto dispone lo siguiente:

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el10

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022)

Demandante: John Francisco Rovira Bitetti

permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el10

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos estableci dos en el artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número m ínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003[5].

La edad para el reconocimiento especial de vejez se dism inuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.

De la norma trascrita se concluye que la actividad del personal perteneciente a los cuerpos de bomberos, con funciones específicas de extinción de incendios, tienen el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores públicos gozan del régimen

De la norma trascrita se concluye que la actividad del personal perteneciente a los cuerpos de bomberos, con funciones específicas de extinción de incendios, tienen el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores públicos gozan del régimen pensional establecido por el aludido Decreto 2090 de 2003.

Sin embargo, la norma cita da estableció un régimen de transición consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas,

5 «Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero de 2006 se incre mentará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».11

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, 6 la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas cond iciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. Esto señala la

norma:

Artículo 6. Régimen de transición. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>7 Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

De la lectura inicial de la norma transcrita, se extrae que para ser beneficiario del régimen de transición del Decreto 2090 del 2003 es necesario acreditar un mínimo de 500 semanas de cotización especial, antes del 28 de julio del 2008, y, además, cumplir las condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. No obstante, esta Corporación se mostró en desacuerdo con la segunda exigencia 8 y en sentencia el 12 de junio del 2014 indicó lo siguiente:9

6 Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año ha sta llegar a 1.300 semanas en el año 2015». 7 En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, declaró este artículo exequible condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo”.

exequible condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo”. 8 La relativa al cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 9 Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23 31 000 2012 00100 01 (3287 -2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015 proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555 -13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.12

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022)

Demandante: John Francisco Rovira Bitetti

En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio inte rpretativo ya expresado en asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el

bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio inte rpretativo ya expresado en asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativ o, al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.

“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición”10

La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100

transición”10

La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez. […] De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de 500 semanas, la Corte Constitucional en sentencia C -663 de 2007 declaró la exequibilidad condicionada de dicho artículo, acogiendo la interpretación más favorable a los trabajadores “que es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para

10 Corte Constitucional, Sentencia C-663 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.13

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “espe ciales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”.

regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “espe ciales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”.

Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003..resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de 1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones pensionales”.

Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho en las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y

transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y entender que el actor es beneficiario del régimen es pecial de transición por haber acreditado 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003. [Resalta la Sala].

Ahora, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 797 del 2003 se entiende que el derecho pensional en los términos del régimen de transición del Decreto 2090 de ese mismo año , requiere el cumplimiento de un mínimo de 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo hasta el 31 de diciembre de 2004, y que a partir del 1.º de enero de 2005, el número mínimo de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez aumentaría en 50 y, posteriormente, a partir de l 1.º de enero de 2006, dicho requisito aumentaría anualmente en 25 semanas hasta completar un total de 1300 en el año 2015.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y a partir de la14

Radicado: 08001 33 33 008 2018 00686 01 (2231-2022) Demandante: John Francisco Rovira Bitetti interpretación que de la norma ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional, el requisito de las 1000 semanas de cotización es una condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no un requisito para

interpretación que de la norma ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional, el requisito de las 1000 semanas de cotización es una condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no un requisito para acceder al derecho pensional. Así lo ha explicado la Corporación:11

La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del ré