CE-1001-03-15-000-2020-04279-01 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / FLEXIBILIZACIÓN DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / CONDICIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA – No acreditada / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS JUDICIALES POR PANDEMIA POR COVID 19 – No aplicó a procesos de tutela En el caso objeto de estudio, la parte accionante cuestiona las siguientes providencias: i) sentencia de 9 de noviembre de proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja (…) ii) sentencia de 5 de septiembre de 2012 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 9 (…) , iii) sentencia de 9 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 5 (…) y, iv) sentencia de 11 de marzo de 2019, dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C (…) . Al respecto, debe indicarse que, tal y como lo señaló el juez constitucional de primera instancia, la presente demanda se torna improcedente al haberse presentado en un plazo no razonable. Lo anterior, por cuanto la sentencia de 5 de septiembre de 2012 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 9 (…) fue notificada el 3 de octubre de 2012 y quedó ejecutoriada el 9 de octubre siguiente, según se observa en la constancia enviada por la Secretaría de dicha autoridad judicial, por lo que el término de 6 meses para

presentar la demanda de tutela contra esta vencía el 4 de abril de 2013, no obstante, la acción se presentó hasta el 1° de octubre de 2020, es decir, casi ocho (8) años después de la notificación y ejecutoria de la providencia acusada. Respecto de la sentencia de 11 de marzo de 2019, dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C (…) se observa que la misma fue notificada el 7 de noviembre de 2019 y quedó ejecutoriada el 13 de noviembre siguiente, según se observa en la constancia enviada por la Secretaría de esta Corporación, por lo que el término de 6 meses para presentar la demanda de tutela contra esta vencía el 8 de mayo de 2020, no obstante, el amparo constitucional se presentó hasta el 1° de octubre de 2020, es decir, aproximadamente once (11) meses después de la notificación y ejecutoria de la providencia acusada. (…) Así, frente al argumento del actor referente a que la inmediatez se debe contar solo desde la sentencia de 11 de marzo de 2019, proferida por la Sección Tercera – Subsección C de esta Corporación dentro del medio de control de reparación directa, cabe precisar que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y la de reparación directa son dos procesos totalmente diferentes, que no dependen uno del otro, en la medida en que las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos de ambos asuntos son diferentes, su trámite se realiza por separado y cada uno se trata de un proceso nuevo, en la medida que en ellos el origen del daño que se reclama es diverso. Sin embargo, si en gracia de

discusión se contabilizara el término de inmediatez desde esa fecha, en todo caso, este sigue siendo irrazonable, pues como ya se explicó y demostró en párrafos anteriores, el actor presentó la demanda de tutela aproximadamente 11 meses después de la notificación y ejecutoria del fallo de 11 de marzo de 2019, estando claramente superado el término considerado como razonable. Adicional a lo anterior, se observa que el accionante no se encuentra en ninguna de las excepciones en las que el juez de tutela puede flexibilizar el requisito de inmediatez. (…) En el asunto objeto de estudio, el actor justifica su retardo para interponer la acción de tutela en que se configuró una fuerza mayor o caso fortuito por la pandemia de COVID-19 que padece el país. Al respecto, conviene precisar que la suspensión de términos ordenada por motivo de la pandemia por COVID-19 no puede justificar la demora en la interposición del amparo, pues esta no incluyó los trámites de tutela, los que bien por el contrario se vieron reforzados, como medio cautelar y de protección ante las particulares condiciones que impuso la declaratoria de emergencia sanitaria y de alteración del orden público, económico y social. Así, por la emergencia de salud pública que ha generado el COVID19, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, suspendió los términos judiciales en todo el país entre el 16 y el 20 de marzo de 2020, excepto para el trámite, decisión y notificación de acciones de tutela y hábeas corpus. La

suspensión de términos judiciales se prorrogó mediante los Acuerdos PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 y PCSJA20-11549, pero sin incluir a las acciones de tutela. Por lo tanto, nada impedía que la demanda de tutela fuera presentada oportunamente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04279-01 (AC) Actor: ABEL FUENTES GALVIS Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C Y OTROS Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos / ACCIÓN DE TUTELA - Improcedencia / INMEDIATEZ - No se presentó la demanda en un término razonable. Se decide la impugnación instaurada por el señor Abel Fuentes Galvis contra la sentencia de 12 de noviembre de 2020 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado. 1

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El señor Abel Fuentes Galvis interpuso, en nombre propio, demanda de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 9, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 5 y el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, al proferir, respectivamente, las sentencias de 9 de noviembre de 2011, 5 de septiembre de 2012, 9 de agosto de 2017 y 11 de marzo de 2019, las dos primeras dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Departamento de Boyacá y, las dos siguientes, en el medio de control de reparación directa que inició contra la Nación – Rama Judicial, pues, a su juicio, incurrieron en un defecto fáctico y desconocieron el precedente judicial.

Según se narra en el libelo introductorio, el señor Abel Fuentes Galvis, a través de apoderado judicial, el 9 de diciembre de 2002, interpuso 1 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Boyacá, con el fin de que (i) se declarara la nulidad del Decreto 1525 de 2 de agosto de 2002, proferido por la entidad demandada, por medio del cual se encargó al doctor Víctor Manuel Sandoval Lagos como Secretario del Interior, nivel directivo, código 020, grado 05, empleo que ocupaba el accionante desde el 30 de abril de 2002 y, a modo de

restablecimiento, (ii) se ordenara su reintegro y el pago de todas las acreencias laborales. El de 9 de noviembre de 2011, el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja, mediante sentencia, declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las súplicas de la misma, al considerar que el acto demandado no fue aquel particular y concreto que modificó y alteró la situación jurídica del demandante. A instancias del recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 9, a través del fallo de 5 de septiembre de 2012, revocó la sentencia de primera instancia frente a la ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que el acto demandado sí afectó la situación jurídica del actor y, en su lugar, negó las pretensiones deprecadas. Inconforme con lo anterior, el 19 de diciembre de 2014, el actor interpuso demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Rama Judicial, con ocasión de la negativa del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión 9, respecto del petitorio formulado en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, pues consideró que se había configurado un “error judicial”. En primera instancia, mediante sentencia de 9 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 5, declaró probada la excepción de “falta de legitimación en la causa para demandar” y negó las súplicas de la demanda, al concluir que en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho, el señor Fuentes Galvis no logró desvirtuar la legalidad del acto, en tanto, los reproches no estuvieron soportados probatoriamente y se le garantizó el debido proceso, el derecho de contradicción y defensa. Adicionalmente, al considerar que el actor no acreditó el error judicial, pues no demostró el daño antijurídico. A instancias del recurso de apelación, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, mediante fallo de 11 de marzo de 2019 confirmó la decisión del A quo. El accionante afirma que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto fáctico, por cuanto no valoraron adecuadamente las pruebas aportadas dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa, las cuales demostraban que el acto demandado se originó de una actuación irregular del Gobernador de la época, al configurarse una desviación de poder, falsa motivación y violación de las normas superiores; pues, con el simple análisis de las hojas de vida de ambos funcionarios, se podía concluir que el señor Víctor Manuel Sandoval Lagos no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para ejercer el cargo al que fue asignado, prueba que fue ignorada por las autoridades demandadas y que pudo, según el actor, cambiar en ambas demandas el sentido del fallo. También asevera que desconocieron el precedente judicial, tanto el horizontal como vertical, para lo cual citó 6 sentencias relacionadas con 2 3 la nulidad de actos administrativos por desviación del poder , 2 concernientes al tema de la situación administrativa del encargo , 3 referentes 4 5

al error judicial y sus elementos y, 4 relativas al daño antijurídico . 1 Radicado número 15000-23-31-000-2002-03919-00. 2 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, sentencia de 9 de agosto de 2007, rad. 54001233100020010033801, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, sentencia de 4 de septiembre de 2008, rad. 24000232500019990007301, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, sentencia de 23 de febrero de 2013, rad. 76001233100020010192001, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, sentencia de 2 de mayo de 2013, rad. 25000232500020060553602, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, sentencia de 11 de julio de 2013, rad. 54001233100019990103301 y Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, sentencia de 11 de febrero de 2015, rad. 05001233100020020038201. 3 Sección Segunda – Subsección A, sentencia de 7 marzo de 2013, rad. 25000232500020080020301 y Corte Constitucional, sentencia C428 de 4 de septiembre de 1997. 4 Corte Constitucional, sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 25000232600019990201001 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de julio de 2018, rad. 63001233100020060010101. 2

2 Finalmente, manifiesta que las decisiones dentro de la primera demanda sí fueron, a su juicio, subjetivas, caprichosas y arbitrarias, vulneradoras del debido proceso. Del mismo modo, aduce que las autoridades judiciales accionadas no aplicaron íntegramente los preceptos legales, tales como los artículos 22, 24, 34 y 107 del Decreto 1950 de 1973 y el artículo 36 del CCA.

2. Trámite procesal e intervenciones 2.1. Mediante auto de 6 de octubre de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió la demanda y vinculó como terceros con interés al Departamento de Boyacá y a la Nación – Rama Judicial.

De igual manera, el Despacho sustanciador requirió a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá y a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que indicaran i) la fecha en que quedó debidamente ejecutoriada la sentencia del 5 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 9, al interior del proceso 15000-23-31-000-2002-3919-00/01 y ii) la fecha en que quedó debidamente ejecutoriada la sentencia del 11 de marzo de 2019, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso 15000-23-31-000-2014-00676-00/01. 6 Posteriormente, a través de auto de 22 de octubre de 2020 , se ordenó la notificación de la presente acción constitucional, al Juzgado Quinto

Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, por haber asumido el conocimiento del proceso identificado con el número de radicado 1500023-31-000-2002-03919-00 del que, inicialmente, conoció el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja. 2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja solicitó la desvinculación de la presente acción, toda vez que, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 15000-23-31-000-2002-3919-00-01, adelantado por el señor Fuentes Galvis contra el Departamento de Boyacá fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja, cuya custodia del expediente se encuentra bajo responsabilidad del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja y no por el Juzgado Cuarto 7 Administrativo de Oralidad . 8 2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6 explicó todas las actuaciones que se surtieron dentro del medio de control de reparación directa, para señalar que no se vulneraron los derechos fundamentales que señala el actor en su escrito de tutela. Puso de presente que siendo el cargo ocupado por el demandante, uno de aquellos que pueden considerarse de libre nombramiento y remoción, es claro que el Gobernador del Departamento contaba con la posibilidad de designar el nuevo personal que le acompañaría en su administración, atendiendo el factor de la confianza que se encuentra ligado a estos cargos, más aun cuando el nombramiento de Abel Fuentes Galvis no se hizo por el gobernador electo, sino por la persona que había sido encargada de la Gobernación durante el tiempo de suspensión

del primero. Además, expuso que en la sentencia que motivó la acción de tutela de la referencia, se advirtió que, de conformidad con el Decreto 0210 del 31 de enero de 2002, el perfil requerido para desempeñarse en la Secretaría del Interior del Departamento de Boyacá era tener título de formación universitaria o profesional en Derecho, Ciencias Administrativas o Ciencias Económicas, con tarjeta o matrícula profesional y 3 años de experiencia, requisitos que cumplía cabalmente quien fue nombrado en reemplazo del accionante, pues de su hoja de vida se constató que era un profesional en áreas administrativas y contaba con una experiencia de 21 años de labor y en esas condiciones podía ejercer el cargo. Finalmente, explicó que la decisión fue adoptada con base en las pruebas aportadas al proceso, las normas aplicables al caso y, la 9 jurisprudencia del Consejo de Estado que versa sobre el error judicial . 2.4. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C indicó que “las consideraciones esgrimidas en la providencia del 11 de marzo de 2019 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son suficientes para explicar la improcedencia del amparo 10 solicitado” . 2.5. Los demás guardaron silencio.

3. La sentencia de primera instancia

5 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2014, rad. 27001233100020030023301, Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, sentencia de 28 de enero de 2015, rad. 05001233100020020348701, Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, sentencia de 25 de febrero de

2016, rad. 52001233100019980056501 y Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2014, rad. 27001233100020030023301. 6 Con paso al despacho de 20 de octubre de 2020, observaron que la Secretaría General de esta Corporación notificó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, el cual, mediante memorial allegado el 9 de octubre de 2020 informó que quien conoció en primera instancia del proceso identificado con el radicado 2002-03919 fue el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja, cuyas funciones las asumió el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. 7 Escrito enviado a través de correo electrónico el 13 de octubre de 2020, consta de 2 folios. 8 El tribunal Administrativo de Boyacá contestó la acción de tutela a través de uno de los magistrados de la Sala 6 de la referida corporación, lo anterior en consideración a la supresión de algunas de las salas de descongestión del tribunal. 9 Escrito enviado a través de correo electrónico el 14 de octubre de 2020, consta de 6 folios. 10 Escrito enviado a través de correo electrónico el 14 de octubre de 2020, consta de 1 folio. 3 La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 12 de noviembre de 2020, declaró improcedente la presente acción de tutela, al considerar que no se cumplió con el requisito de la inmediatez. Como cuestión previa la Sala accedió a la solicitud de desvinculación del Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja, como

demandado en la presente solicitud de amparo, habida consideración que no profirió ninguna de las decisiones argüidas por el señor Fuentes Galvis como vulneradoras de sus derechos fundamentales, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, menos aún, el de reparación directa. Lo anterior, por cuanto, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 15000-23-31-000-2002-3919-00-01, adelantado por el ahora tutelante contra el Departamento de Boyacá fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Tunja, cuya custodia del expediente quedó a cargo del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja. En el análisis del caso, expuso que la presunta afectación de los derechos fundamentales indicados por el tutelante proviene de las decisiones de segunda instancia, proferidas i) el 5 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 9, con la cual, se revocó el fallo de primera instancia para en su lugar, negar las pretensiones planteadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 15000-23-31-000-2002-03919-01 y; ii) el 11 de marzo de 2019, por la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, con la que confirmó la negativa del A quo, al interior del medio de control de reparación directa 15000-23-31-000-201400676-01. Adujo que las sentencias judiciales enjuiciadas fueron proferidas el 5 de septiembre de 2012, notificada por estado el 13 de febrero de 2013,

cobrando ejecutoria el 18 del mismo mes y año; el 11 de marzo de 2019, notificada por estado, el 6 de noviembre de 2019, cobrando ejecutoria el 12 de mismo mes y año, esto, conforme a las actuaciones registradas en la página web de la Rama Judicial y, la tutela de la referencia se envió al correo de la Secretaría General de esta Corporación el 1 de octubre de 2020, es decir, luego de haber transcurridos respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho más de 7 años y, en relación con el medio de control de reparación directa, más de 10 meses; de ejecutoriadas las decisiones judiciales de la cuales la parte actora alega una presunta violación de sus derechos fundamentales, término que no es considerado razonable. 11 12 13 Manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura, profirió los Acuerdos PCSJA20-11517 , PCSJA20-11518 , PCSJA20-11526 , 14 15 16 17 PCSJA20-11532 , PCSJA20-11546 , PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 , mediante los cuales se ordenó la suspensión de los términos judiciales y se decretaron medidas transitorias para preservar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, sin embargo, se exceptuó de dicho lineamiento el trámite, decisión y notificación de las acciones de tutela. Además, que, revisado el escrito petitorio, no se observa la ocurrencia de ningún justificante en la tardanza para acudir ante el juez constitucional a reclamar la protección de sus derechos fundamentales.

4. La impugnación La parte demandante interpuso impugnación contra la anterior decisión; para el efecto, primero señala que no entiende por qué el juez constitucional de primera instancia desvinculó al Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja, bajo la consideración que el

11 En el artículo 1 del señalado Acuerdo se exceptúa de la suspensión de términos judiciales el trámite de las acciones de tutela. 12 El artículo 1 de este Acuerdo señaló: “Mantener las medidas de suspensión de términos procesales en los juzgados, tribunales y Altas Cortes, entre el 16 y el 20 de marzo. Se exceptúan las acciones de tutela y los habeas corpus” 13 El artículo 2 del Acuerdo señala las excepciones a la suspensión de términos y se señala que “A partir de la fecha las excepciones a la suspensión de términos adoptada serán las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. 14 En este Acuerdo se prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020 y en el artículo 2 se consagraron las excepciones a la suspensión de términos judiciales, en los siguientes términos: “Las siguientes excepciones a la suspensión de términos continuarán

rigiendo: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo”. 15 En este Acuerdo se prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020. Se exceptuaron de la suspensión de términos, entre otros asuntos las acciones de tutela y habeas corpus y se señaló que la recepción de tutelas y habeas corpus se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto, y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. 16 En este Acuerdo se prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020. Se exceptuaron de la suspensión de términos, entre otros asuntos las acciones de tutela y habeas corpus y se señaló que la recepción de tutelas y habeas corpus se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto, y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. 17 En este Acuerdo se prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020. Se exceptuaron de la

suspensión de términos, entre otros asuntos las acciones de tutela y habeas corpus y se señaló que la recepción de tutelas y habeas corpus se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto, y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. 4 expediente quedó en custodia y responsabilidad del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja, cuando este último jamás fue demandado en la acción de tutela y lo que debía hacerse era vincularlo. Como segundo punto, manifiesta que en su escrito de tutela explicó con suficiencia las razones por las cuales se cumplían cada uno de los requisitos generales y, los expuso nuevamente. Respecto al requisito de la inmediatez indica que su estudio no se limita a la simple comparación entre fechas, como lo hizo el juez constitucional de primera instancia, pues a éste le corresponde estudiar y analizar las circunstancias y consideraciones personales del accionante en cada caso particular y examinar si concurren o no algunos de los criterios señalados por la Corte Constitucional para valorar el cumplimiento de la inmediatez. Aduce que no puede predicarse la inmediatez desde la fecha de ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 9, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que tenía a su alcance el medio de control de reparación directa, por lo que la inmediatez se debe analizar desde la ejecutoria de la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa, la cual quedó ejecutoriada el 12 de noviembre de 2019.

Expone que el A quo no valoró, ni reconoció la actividad judicial que desplegó a través de los medios judiciales ordinarios para hacer valer sus derechos, pues solo se limitó a realizar una comparación entre las fechas en que se dieron los hechos con el día en que se presentó la acción de tutela. Finalmente señaló que en su caso existe caso fortuito o fuerza mayor como consecuencia de la pandemia por Covid 19 que afronta actualmente 18 el país .

IV. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la 19 procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales .

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, 20 por ende, se consideró que el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características . Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos generales para la procedencia del mecanismo de amparo de 21 derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son : - Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. - Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se

trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. - Que se cumpla el requisito de la inmediatez. - Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. - Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, - Que no se trate de sentencias de tutela. A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen referencia a los denominados defectos (i) orgánico, (ii) procedimental absoluto, (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) por desconocimiento del precedente, y (viii) violación abierta y flagrante de la Carta Política. 18 Escrito enviado a través de correo electrónico el 23 de noviembre de 2020, consta de 27 folios. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras providencias. 5 Así pues, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser 22 alegados por el interesado . Adicional a los requisitos antes indicados, en punto a las sentencias proferidas por las altas cortes, en ella, el Consejo de Estado, la jurisprudencia constitucional ha exigido que el accionante debe cumplir con un requisito de procedencia adicional, consistente en demostrar la existencia de una abierta contradicción entre la providencia acusada y la Constitución. Así, cuando se controvierten providencias judiciales dictadas por las altas cortes, como ocurre en e