CE-1001-03-15-000-2020-04759-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASUGURAMIENTO - No fue antijurídica [P]ara la Sala con la decisión de segunda instancia acusada no se configuró un defecto fáctico por alguna indebida valoración probatoria, toda vez que, luego de analizar el fundamento fáctico de la demanda indemnizatoria y precisar detalladamente las diligencias y trámites surtidos en la causa penal, además de valorar en debida forma los elementos probatorios allegados al proceso ordinario, el Tribunal destacó que no se podía dejar de lado que la decisión fue adoptada con fundamento en el beneficio de la duda (…) para la Sala resulta acertado que en la sentencia demandada se descartara el cargo de la apelación según el cual estaba demostrado que la privación de la libertad del señor (…) fue injusta, por lo cual debía confirmarse la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al no haberse acreditado la antijuridicidad del daño y la falla en el servicio atribuida a las entidades demandadas. (…) lo que se advierte es que en la sentencia cuestionada se consideró razonable la medida que privó de la libertad al señor [H.R.], luego de analizar los elementos de prueba obrantes en el expediente, pues existían serios indicios de la participación del sindicado en la comisión del delito de acceso carnal violento por el cual se le investigó.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LOS HECHOS - Alcance / FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA - No conlleva a que automáticamente deban aceptarse como ciertos los hechos que sustentan la solicitud En atención a que el a quo mencionó la falta de informe del Tribunal demandado, los accionantes con su impugnación pretenden se dé aplicación a la presunción de veracidad dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual prevé: «[S]i el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.» Al respecto, resulta del caso precisar que el anterior enunciado normativo lo que establece es una presunción de veracidad de los hechos, mas no de las pretensiones deprecadas con la presente acción de tutela, por lo que, bajo tal argumentación no es factible que se acceda a lo solicitado. Y en todo caso, la falta de contestación en un medio de defensa constitucional como este no conlleva a que automáticamente deban aceptarse como ciertos los hechos que sustentan la solicitud de tutela, pues tratándose de demandas contra providencias judiciales, estos no pueden modificarse por la ausencia de informe de la autoridad judicial cuestionada. (…) Así las cosas, la aplicación de la mencionada presunción del Decreto 2591 de 1991 no procede de manera automática, pues es un asunto que también atañe a la carga probatoria en tanto que si la parte demandada se abstiene de rendir el informe requerido, ello no

descarta que el juez constitucional pueda dilucidar la controversia con el material probatorio allegado al plenario.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 20

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04759-01(AC)

Actor: DARÍO ALEXANDER HERNÁNDEZ ROBLES Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de tutela respecto de las costas y agencias en derecho y, a su vez, denegó la protección invocada frente al defecto fáctico alegado por los accionantes.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo Por escrito presentado el 11 de noviembre de 2020, los señores Darío Alexander,

Diego Armando y Germán Alberto Hernández Robles, Liam Mateo Hernández Jaramillo, Cesar Hipólito, Evid, Martha Esmeralda, Alba Patricia, Angela Rocío,

Gloria y Herlinda Robles Correal, Alexandra Marcela y Mónica Luz Astrid Ardila Robles, Leidy Johanna Prada Guarín, Ivon Astrid, Karla Fernanda y Cristián Alejandro Robles Ramírez promovieron la acción de tutela en contra del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la finalidad de que se le protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la buena fe, a la presunción de inocencia y al principio de seguridad jurídica. La parte actora consideró que tales garantías se vulneraron con ocasión de las providencias de 19 de noviembre de 2018 y 30 de abril de 2020, dictadas dentro del medio de control de reparación directa con radicación 11001-33-43-063-201700321-01, con las que se denegaron las pretensiones de la demanda indemnizatoria. En consecuencia, la parte demandante pretende: «… I. Que se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LA BUENA FE, LEGÍTIMA DEFENSA, LA

SEGURIDAD JURÍDICA, EL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, E IGUALDAD.

II. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO la sentencia de primera instancia de fecha 19 de noviembre de 2019, proferida por el JUZGADO SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, y la sentencia de segunda instancia de fecha treinta de abril de 2020, proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”, dentro del proceso de Reparación Directa con radicado No.1100112343330600320170032101 (sic), instaurado por el señor DARÍO ALEXANDER HERNÁNDEZ ROBLES Y OTROS contra la Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial; y se DECLARE responsable administrativamente y patrimonialmente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios ocasionados a los demandantes por la privación injusta de la libertad del señor Darío Alexander Hernández Robles desde el 19 de julio de 2012 hasta el 19 de junio de 2015, fecha en la que se ordenó la libertad por sentencia absolutoria dictada por parte del Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito con función de Conocimiento dentro del radicado 11001-60-00-017-2012-09844.

III. Conforme lo regula el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, se ordene en abstracto la indemnización de los daños causados por las entidades accionadas.

Como lo ha señalado el Consejo de Estado en reiteradas decisiones: ‘Ahora bien, a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de condena en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no implicaba la condena de manera ‘automática’ u ‘objetiva’, frente a aquel que resultara vencido en el litigio.

Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no…» La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos Sostuvieron que la Fiscalía 314 Seccional de Bogotá adelantó investigación dentro del proceso 11001-60-000-17-2012-09844, contra Darío Alexander Hernández Robles, con ocasión de la denuncia instaurada en su contra el 18 de julio de 2012, por Marisol Leal, por el delito de acceso carnal violento en la humanidad de su menor hija, por los siguientes hechos: «- El 17 de julio de 2012, en compañía de su esposo y del acusado Darío Alexander Hernández quien era el novio de su hija (víctima para la fecha de los hechos) se dirigió a un centro de salud cercano estando allí, le dijo a Darío Hernández que se fuera para la casa de él. - Posteriormente, Marisol Leal llegó a su casa, vio la luz prendida y no encontró a su hija por lo que empezó a llamarla; ante tales llamados encontró que Darío Alexander Hernández Robles salió del baño y detrás salió su hija desnuda de la cintura hacia abajo, llorando, alterada y con marcas en la cara. Al preguntarles que había pasado,

Darío Hernández contestó que lo normal entre una pareja de novios. - Por lo anterior, la denunciante se dispuso a llamar a la Policía, quien al arribar a la residencia capturó en flagrancia al imputado por dichos hechos.»1 Indicaron que el Juzgado Veintiocho Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá el 19 de julio de 2012, declaró la legalidad de la captura y formulación de imputación por el delito de acceso carnal violento en contra del señor Darío Alexander Hernández Robles, y en virtud de ello, le impusieron medida de detención preventiva en un centro carcelario. Posteriormente, el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá denegó una solicitud de preclusión de la investigación y luego de surtirse las diligencias del juicio penal el 21 de septiembre de 2015, se dictó sentencia absolutoria, previa petición de la Fiscalía General de la Nación. Refirieron que promovieron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del aludido ente investigador y la Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Hernández Robles entre el 19 de julio de 2012 y el 19 de julio de 2015, el cual correspondió en primera instancia al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que mediante sentencia del 19 de noviembre de 2018, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la absolución no implicaba la responsabilidad de las entidades demandadas, en razón de la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

Añadieron que inconformes con la anterior decisión, la apelaron y su conocimiento correspondió en segunda instancia a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en fallo del 30 de abril de 2020 la confirmó, al exponer lo siguiente: «A partir de lo anterior, entiende la Sala que la parte actora en su impugnación no está controvirtiendo la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación e impuesta por el Juez Control de Garantías contra Darío Alexander Hernández Robles, sino la negativa de la preclusión de la investigación por parte del Juzgado Penal de Conocimiento. … De esta manera, por no ser objeto de apelación, la Sala se relevará de estudiar si la medida de detención preventiva decretada contra el demandante principal cumplió con los requisitos legales para su solicitud e imposición. Por tanto, en este aspecto, esta instancia judicial se atendrá a lo resuelto por el a quo respecto a que las demandadas cumplieron con el deber estatal de investigación e imposición de medida de aseguramiento, pues al momento de restringirle la libertad a Darío Alexander Hernández contaban con todos los indicios racionales y las pruebas pertinentes que les permitieron inferir que este demandante estaba incurso en el delito investigado. … 1 Esta información se extrae de la providencia dictada por el Tribunal demandado. En tal contexto, resulta imperioso destacar por la Sala que la conducta penal endilgada contra Darío Alexander Hernández llevaba implícito como supuesta víctima a una persona menor de edad respecto de quien el Estado tiene la obligación de activar todos los organismos necesarios para salvaguardar los derechos que le

asisten, atendiendo la especial protección de la que son sujetos.» Agregaron que en dicha providencia se señaló que la procedencia de la preclusión de la investigación seguida contra Darío Hernández, estaba sujeta a que se acreditara suficientemente en el expediente penal que no existían dudas sobre la ocurrencia de los hechos que dieron origen a la denuncia impetrada por la madre de la menor, presuntamente, víctima de acceso carnal violento, contra el hoy demandante principal. Refirieron que en dicha providencia se indicó que el ente acusador debía demostrarle al Juez de manera fehaciente dicha imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, lo cual no encontró acreditado el Juez de conocimiento, cuando la Fiscalía peticionó la preclusión de la investigación. Mencionaron que el Tribunal en su decisión descartó el cargo de la apelación según el cual estaba demostrado que la privación de la libertad de Darío Alexander Hernández fue injusta, por lo cual debía confirmarse la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Alegaron que también en la referida sentencia se indicó que al no haberse acreditado la antijuridicidad del daño y la falla en el servicio atribuida a las entidades demandadas y como no era procedente abordar el nexo de causalidad como elemento de la responsabilidad, no había lugar a que la Sala examinara el cargo de apelación referido a la inexistencia de la causal-eximente de culpa exclusiva de la víctima. Precisaron que la anterior providencia se notificó el 12 de mayo de 2020.

3. Sustento de la petición 3.1. Defecto fáctico

Destacaron que las sentencias cuestionadas no tuvieron en cuenta que el señor Darío Alexander Hernández Robles fue absuelto por la justicia penal en razón de la atipicidad de la conducta, que manifestó el ente investigador y que conllevó a que se solicitara la preclusión de la investigación. Señalaron que la sentencia de primera instancia no valoró integralmente las pruebas, de forma que desligaron esta primera evidencia de la inocencia del sindicado y el hecho de que la misma quedó confirmada en el proceso cuando el ente acusador solicitó al Juzgado Penal que se profiriera sentencia absolutoria a favor del señor Hernández Robles, al no poder desvirtuar dicha presunción y no tener evidencias que permitan sostener la teoría del caso planteado. Añadieron que «…existiendo prueba de que las decisiones adoptadas dentro del proceso penal por los funcionarios judiciales de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial tuvieron como resultado el haber mantenido a un ciudadano privado de la libertad durante tres años, sin haber cometido delito alguno…como quedó posteriormente probado con la sentencia absolutoria, se advierte que no se realizó la valoración adecuada de estas pruebas en la sentencia accionada…». Resaltaron que con las providencias demandadas se configuró un defecto fáctico, ya que omitieron valorar adecuadamente las pruebas del proceso de la reparación directa, en el que quedó probado que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia del señor Hernández Robles. Aseguraron que en el proceso se demostró la omisión en la valoración de pruebas determinantes en la identificación de la veracidad de los hechos, toda vez que «…

el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá omitió en la audiencia preliminar de preclusión de la investigación la valoración objetiva de las inconsistencias de las dos versiones realizadas por la víctima; el dictamen médico legal sexológico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde no se tomaron muestras biológicas; la negativa de las denunciantes ante la Fiscalía y el Defensor de Víctimas de presentarse a reiterar sus denuncias dentro del proceso legal …». Indicaron que si dichos aspectos hubiesen sido valorados adecuadamente, se lograba demostrar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad del señor Hernández Robles; no obstante, las autoridades judiciales demandadas lo juzgaron nuevamente, al efectuar valoraciones carentes de fundamento jurídico pues consideraron que existió una conducta ilícita repetitiva de su parte, pese a que en realidad no tenía antecedente penal alguno que así lo acreditara. Sostuvieron que el juez ordinario no podía evaluar nuevamente la conducta por la cual se adelantó el juicio penal, más aún cuando el señor Hernández Robles durante el trámite del proceso penal estuvo dispuesto a «… las diligencias, ser absolutamente respetuoso de la autoridad, no resistirse al arresto, tener una conducta intachable en prisión y en las audiencias… dichas conductas procesales no ameritaban que estuviera privado de la libertad por cerca de 3 años…». Refirieron que el señor Hernández Robles no estaba en la obligación de soportar esa carga de la privación de su libertad por cerca de tres años, ya que la Fiscalía no contaba con los elementos materiales probatorios para desvirtuar su inocencia;

no obstante con la decisión demandada se consideró de manera errada que el «… demandante estuvo privado de la libertad por su propia y exclusiva culpa; sin embargo, no se entra a analizar el eximente de responsabilidad por ‘culpa exclusiva de la víctima’…» Destacaron que, en virtud de lo anterior, se invierte la lógica propia del análisis de la responsabilidad del Estado, es decir, establecer si el ciudadano tenía o no la obligación jurídica de soportar el daño causado, pero que la conclusión de las autoridades judiciales demandadas fue la de que por haber sido sorprendido por su suegra tenido relaciones ilícitas con su novia de 17 años y por tener otra denuncia penal, el demandante y su familia debía soportar los daños derivados de dicha privación de la libertad por tres años en la cárcel Modelo de Bogotá. Consideraron que en el proceso indemnizatorio se logró acreditar el daño consistente en la privación injusta de la libertad del señor Hernández Robles de aproximadamente tres años y, pese que era inocente de la conducta delictiva que se le imputó, se le atribuyó una presunta culpa grave por actuar de manera irregular, ilícita y negligente. Concluyeron que los jueces de lo contencioso administrativos no pueden convertirse en una nueva instancia judicial de discusión de la responsabilidad penal del demandante, cuando ese debate probatorio ya se dio en curso de la investigación y proceso penal, constituyéndose la figura de cosa juzgada a favor del mismo. 3.2. Costas y agencias en derecho Agregaron que con las providencias demandadas también se les vulneraron sus

derechos fundamentales, pues se les condenó en costas y agencias en derecho, siendo que ello solo procede cuando se advierte mala fe o temeridad. Sostuvieron que el daño se hace aún mayor, al imponer costas que implican que su actuación fue valorada como temeraria y de mala fe, a unos ciudadanos que solo estaban acudiendo a la justicia de manera leal a reclamar la reparación del daño causado.

4. Trámite en primera instancia Mediante auto del 18 de noviembre 2020, el a quo admitió la demanda de tutela y ordenó que se notificara a la juez Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Asimismo, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se ordenó que se remitiera copia de la solicitud de tutela a los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al director Ejecutivo de Administración Judicial y al fiscal General de la Nación. A su vez, se requirió en calidad de préstamo el expediente ordinario, objeto de la acción de tutela.

5. Contestaciones Surtidas las notificaciones correspondientes, se presentaron las siguientes

intervenciones: 5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A Al respecto, se precisa que en el fallo de primera instancia se señaló: «I.5.2. El Tribunal guardó silencio, pese a ser notificado de la presente acción

constitucional.» No obstante, de los documentos digitalizados en el expediente de tutela, se advierte lo siguiente: Mediante escrito enviado electrónicamente por la Secretaría el 14 de diciembre de 2020, dicha autoridad solicitó se declarara la improcedencia, pues no se cumplen los criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, no se materializan los requisitos específicos y generales, toda vez que no se advierte un defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, decisión sin motivación o violación directa a la Constitución en la decisión demandada. Asimismo, se observa que dicho memorial ingresó al despacho con informe secretarial del 14 de diciembre de 2020 y, el expediente de tutela pasó para fallo con informe secretarial del 3 de diciembre de la misma anualidad, en el cual se indicó lo siguiente: «En cumplimiento de la providencia de fecha 18 de noviembre de 2020, visto en el índice No. 4 del expediente digital. Índice No. 6 obra notificaciones a las partes. Índice No. 7 obra memorial procedente del Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, allegando Expediente Digital del proceso de Reparación Directa No. 11001-33-43063-2017-00321-00. Índice No. 9 obra memorial procedente de la Fiscalía General de la Nación.» 5.2. Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, luego de

considerar que no cumplía los requisitos generales para la procedencia y, además, porque no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por los accionantes. Sostuvo que a los demandantes se les garantizó el derecho al debido proceso y demás en sus actuaciones procesales y que su decisión la adoptó con fundamento en las pruebas obrantes, en el precedente jurisprudencial pertinente y lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, por lo que consideró que la acción de tutela no cumplió con la totalidad de los requisitos generales contra providencias judiciales. 5.3. Fiscalía General de la Nación La Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos también se opuso a la prosperidad de lo solicitado, al considerar que la acción de tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, ya que no se justificó el motivo para acudir a este medio constitucional, cuando existen otros mecanismos de defensa de los cuales no hizo uso la parte actora. Agregó que tampoco se sustentaron las causales específicas de procedibilidad de la tutela, ni identificaron la afectación de derechos fundamentales, por lo que indicó que la protección invocada debe ser negada. Recordó que la acción de tutela no se puede utilizar para obtener un reconocimiento de carácter económico, sino la protección de derechos fundamentales presuntamente transgredidos.

6. Sentencia de primera instancia Mediante fallo del 16 de diciembre de 2020, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente y, a su vez denegó el amparo solicitado, así: «PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, en cuanto a la

vulneración de derechos fundamentales de los accionantes por haber sido condenados en costas y agencias en derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado respecto del defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. …» Señaló en el acápite «I.5. Defensa» de los antecedentes, entre otros, lo siguiente: «I.5.2. El Tribunal guardó silencio, pese a ser notificado de la presente acción constitucional.»2

Precisó que las razones para tal decisión fueron las siguientes: Declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de la relevancia constitucional frente al cargo de vulneración de los derechos fundamentales invocados por haberse impuesto la condena en costas y agencias en derecho. Encontró superados los requisitos generales de procedencia respecto del defecto fáctico y, en el análisis de fondo, evidenció que el Tribunal centró el estudio de la responsabilidad del Estado en el hecho de que el juez de conocimiento dentro del proceso penal no accedió a la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía, circunstancia que obedeció al hecho de que existían serios indicios de que el señor Hernández Robles había cometido el delito de acceso carnal violento, motivo por el que concluyó que el daño alegado no era antijurídico y, por lo tanto, no había lugar a endilgar falla alguna a las entidades accionadas. Agregó que el Tribunal advirtió que dicha decisión fue el resultado de la convergencia de los requisitos exigidos en la normativa penal y de los elementos

2 Con negrilla dentro del texto original. probatorios recaudados, entre ellos, la denuncia de la señora Marisol Leal y la versión rendida por ella y la víctima, el examen sexológico practicado a la menor y la historia clínica en que se consignó el examen que le fue practicado por ginecobstetricia, los cuales condujeron a la parte allí demandada a presumir, de manera razonable, que el investigado había participado en la producción del hecho ilícito. Refirió que el análisis realizado por el Tribunal sobre la responsabilidad de las entidades accionadas en el medio de control de reparación directa se ajustó a los parámetros establecidos y a los elementos materiales probatorios y/o evidencias que reposaban tanto en el expediente administrativo como penal, sin que ello signifique un señalamiento de participación en el delito por el cual el señor Hernández Robles fue investigado y, mucho menos, el desconocimiento de su presunción de inocencia. Consideró que si bien en el caso del señor Hernández Robles la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, la cual fue negada, y posteriormente, el juez de conocimiento profirió sentencia absolutoria3, lo cierto es que en el momento en que se decidió sobre la petición elevada por parte del ente investigador existían elementos de convicción que permitían inferir la participación del accionante en los hechos delictivos denunciados, por lo que, tal circunstancia no comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado, al punto que implicara el deber de indemnizar el daño que pudo habérsele causado con la privación de su libertad, pues respecto de dicho menoscabo no podía predicarse antijuridicidad alguna.

Afirmó que contrario a lo manifestado por los actores, el Tribunal sí valoró en debida forma los elementos materiales probatorios allegados al proceso ordinario, pues puso de presente todas y cada una de las situaciones que acaecieron durante el trámite del proceso penal, como la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía y los argumentos que llevaron a la absolución, así como el hecho que la denunciante y la presunta víctima no comparecieran al proceso; aspectos todos que fueron relacionados y analizados en la sentencia cuestionada; no obstante, los mismos no lograron demostrar el daño antijurídico alegado y la presunta responsabilidad atribuida a la administración de justicia. Mencionó que el daño alegado por los actores, consistente en la privación de la libertad del señor Hernández Robles no resultó antijurídico ni tampoco se acreditó la falla del servicio de las entidades demandadas, motivo por el cual no había lugar a que se le indemnizara, puesto que estas en el medio de control de reparación directa observaron diligentemente la normativa aplicable al asunto y se basaron en el material probatorio con el que contaban, que les permitió inferir que existían serios indicios de la participación del sindicado en la comisión del delito de acceso carnal violento. Concluyó que debía denegarse la solicitud de tutela, por cuanto el Tribunal no incurrió en el defecto fáctico alegado por los accionantes, ni en yerros procesales 3 Por cuanto no se logró desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, debido a la negativa de la denunciante y la presunta víctima de comparecer al proceso. que desconocieran el debido proceso, pues tal como se expuso en líneas

anteriores, dictó la decisión cuestionada con fundamento en las normas aplicables al caso y al material probatorio obrante en el expediente, en tanto que lo que se advertía era la inconformidad del accionante con las razones de la providencia acusada y el análisis probatorio realizado por el juez natural del asunto.

7. Impugnación La parte actora impugnó el fallo de tutela de primera instancia, solicitó que se revoquen los numerales primero y segundo de la parte resolutiva y, se estudie de manera integral lo decidido por el a quo, la vulneración de los derechos fundamentales invocados y las providencias demandadas, por las siguientes razones: Agregó que como el Tribunal demandado no contestó la acción de tutela, conforme a lo indicado en el fallo impugnado, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que contempla la presunción de veracidad de los hechos alegados con la demanda. Para tal efecto, citó la sentencia T – 675 de 2014 de la Corte Constitucional.

Precisó que como no hubo pronunciamiento del Tribunal demandado, el a quo constitucional «… debió solicitarle al Tribunal las pruebas para poder sustentar su convencimiento y proferir su pronunciamiento; y no solo remitirse únicamente a la sentencia de Segunda Instancia con fecha del treinta (30) de abril de 2020.» Reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela y afirmó que no hubo una valoración de la sentencia demandada de primera instancia, de la cual citó apartes para resaltar que el juez se atribuyó la facultad de juzgar nuevamente

al señor Hernández Robles y de hacer valoraciones carentes de fundamento jurídico al indicar que «siendo procedente advertir una conducta ilícita repetitiva por parte del aquí demandante», a pesar de que no tenía ningún antecedente penal. Añadió, en cuant