CE-1001-03-15-000-2021-00164-00 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / APLICACIÓN DE

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL 28 DE AGOSTO DE 2018 / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende una instancia adicional para reabrir el debate jurídico La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural. Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. (…) A juicio de la Sala, el argumento de la parte actora respecto a que es errado aplicar la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 para casos que iniciaron su curso bajo otra postura judicial no cumple el requisito de relevancia constitucional, debido a que esa misma inconformidad fue planteada en el recurso de apelación interpuesto por la tutelante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior denota que aquella está empleando la tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues parte del debate expuesto en el escrito de tutela no es otro que el que ya se estudió en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: demostrar que la Sentencia de Unificación de 28 de

agosto de 2018, a juicio de la parte actora, es inaplicable para casos interpuestos cuando aún estaba vigente la postura contenida en la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010. (…) De la comparación entre lo dicho en el escrito de tutela y el recurso de apelación interpuesto en el medio de control es evidente que el argumento es igual. Inconformidad que fue plenamente resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “C” (…) Todo lo cual le permite concluir a esta Sección que el propósito de la tutelante no es otro que convertir esta acción en una tercera instancia, al menos frente al argumento descrito, para así reiniciar el debate jurídico planteado. Motivo por el cual este no se estudiará de fondo y se declarará la improcedencia de la acción de tutela con relación a ese cargo.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se aplicó la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018 y la providencia invocada no es una sentencia de unificación / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN – Carácter vinculante / PRECEDENTE HORIZONTAL – Se puede apartar en virtud del principio de autonomía judicial / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE TUTELA – No guarda identidad fáctica y jurídica con el sub judice / PENSIÓN

DE JUBILACIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN /

RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN / FACTORES SALARIALES

PARA DETERMINAR EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN - Aquellos sobre los cuales se hubiera cotizado Se debe precisar que, tratandose del precedente horizontal, su observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos. En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal propio), la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su criterio, que, en todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad. (…) Con base en lo anterior, la Sala considera que en el caso analizado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “C” no desconoció precedente alguno, pues la Sentencia de 13 de febrero de 2020, radicado 2017-00322-02, alegada por la tutelante no constituye un verdadero precedente vinculante. Contrario a lo sucedido con la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, en la que se dispusieron una serie de parámetros para decidir los casos de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En esta, como ha reiterado esta Sección en otras oportunidades, se establecieron dos subreglas para establecer el IBL de aquellos empleados públicos a quienes deba reconocerse pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985 por ser beneficiarios del

régimen general de transición en pensiones (…) Con ocasión de esas subreglas, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado replanteó en ese fallo la tesis que había adoptado la Sección Segunda de la Corporación, en la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3º de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que únicamente los enunciaba, de manera que no se impedía la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio.(…) Al revisar la providencia objeto de censura, se observa que en el caso de la señora [A.M.V.H.] la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección C guarda consonancia no solo con la regla establecida por la Corte Constitucional, sino con la posición que asumió la Sala Plena de esta Corporación, en el sentido que para establecer el IBL de quienes aplica la Ley 33 de 1985 por ser beneficiarios del régimen de transición, se hace en los términos de la Ley 100 de 1993 y solo se tienen en cuenta factores sobre los que se hubiera cotizado. Por lo que no hay lugar a aceptar la interpretación de la parte actora frente a que debía aplicársele la Ley 33 de 1985 “integralmente”, en razón a que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 20 años de servicios, pues más allá de esa circunstancia, lo cierto es que para ese momento no cumplía con todos los requisitos para acceder a la pensión. De manera que como únicamente

estaba próxima a adquirir el derecho, lo cual ocurrió el 12 de agosto de 1996, solamente tenía derecho a las ventajas otorgadas a los beneficiarios del régimen de transición. No puede considerarse que contara con un derecho adquirido. (…) Finalmente, no se advierte que el Tribunal accionado haya incurrido en desconocimiento del precedente contenido en la Sentencia SU–354 de 2017 de la Corte Constitucional, debido a que el asunto allí resuelto no guarda semejanza fáctica con los hechos por los que la señora [V.H.] presentó la acción de tutela. Las reglas allí descritas no aluden a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sino a un caso relacionado con el reintegro y devolución de salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de una desvinculación ilegal.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 33 DE 1985 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1158 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00164-00 (AC)

Actor: AURA MARÍA VELOZA HUERTAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

SEGUNDA – SUBSECCIÓN “C” Y JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedencia. La Relevancia constitucional. – Defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente. Ingreso base de liquidación a los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. – SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Aura María Veloza Huertas, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1983 de 2017.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 14 de enero de 2021, Aura María Veloza Huertas instauró, mediante apoderado judicial, acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección SegundaSubsección C, por considerar vulnerados sus derechos al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “Con todo respeto me permito solicitar a los señores MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA, se conceda la tutela de los DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES, de la señora AURA MARÍA VELOZA HUERTAS Y, en virtud de lo anterior: PRIMERO: se ordene dejar sin efectos la sentencia del 29 de enero de 2020, dictada por el

juzgado segundo administrativo del circuito de Girardot y la sentencia del 10 de diciembre de 2020 dictada por el tribunal administrativo de Cundinamarca, en el proceso de AURA MARÍA

VELOZA HUERTAS.

SEGUNDO: y como consecuencia de lo anterior se ordene dictar nueva sentencia donde se ordene la aplicación integral de la ley 33 de 1985 en el reconocimiento y liquidación de la pensión de vejez de la señora AURA MARÍA VELOZA HUERTAS, por haber logrado 21 años de servicio al estado antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, y donde se acate el precedente jurisprudencial vigente al momento de iniciar la acción de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, por la señora AURA MARÍA VELOZA HUERTAS, y que corresponde con la Sentencia De Unificación Del 4 De Agosto De 2010, dictada en Sala Plena por EL CONSEJO DE ESTADO, misma línea jurisprudencial que el mismo Juzgado Segundo Administrativo venía desarrollando en sus decisiones anteriores”.

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Aura María Veloza Huertas demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – U.G.P.P., pretendiendo la reliquidación de la pensión de vejez reconocida en su favor, con base en todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. 2.2. Del asunto conoció el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot (Radicado 25307-33-33-002-2017-00329-00) que, mediante

Sentencia 29 de enero de 2020, dictada en audiencia inicial, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en el precedente de la Corte Constitucional sobre el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado. 2.3. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección C, que la confirmó por Sentencia de 10 de diciembre de 2020, según la cual: “…está probado que la demandante adquirió el estatus pensional el 12 de agosto de

1996. Así, partiendo de lo observado en el plenario, es pertinente advertir que cumple efectivamente con las condiciones exigidas para ser beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para la fecha en la cual entró a regir dicha norma en materia pensional a nivel nacional, a saber, el 01 de abril de 1994, contaba con más de 15 años de servicios, toda vez que laboró para la E.S.E. Hospital Sanatorio de Agua de Dios del 1 de abril de 1973 al 30 de septiembre de 2003.

Así las cosas, atendiendo a que acreditó las exigencias requeridas para acceder al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se desprende siguiendo el precedente atrás estudiado, que mientras lo relativo a la edad, el tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y la tasa de reemplazo, se

encuentran regulados por el régimen pensional anterior, la forma de liquidar dicha prestación se sujeta a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ahora bien, en el escrito de demanda la parte actora solicita la reliquidación pensional con el 75% de todos los factores salariales percibidos durante su último año de servicios, en aplicación de lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985. Al respecto la Sala debe indicar que dicha pretensión no está llamada a prosperar, pues de acuerdo con lo expuesto en el acápite precedente, en las pensiones reconocidas por transición, el IBL se obtiene conforme a las reglas previstas en la Ley 100 de 1993 y los factores de salario que se tienen en cuenta, son aquellos dispuestos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, ya que para efectos de la transición, solo se conservan de la normativa anterior las condiciones de edad, tiempo y porcentaje de la base de liquidación. Así las cosas, le asiste razón al Juzgado de instancia cuando en su fallo no ordena la reliquidación del IBL de la pensión de la demandante con el 75% del promedio de todos los factores que percibió habitualmente durante el último año de servicios.”

3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte actora argumentó que su caso debía ser resuelto como se hizo en la Sentencia de 13 de febrero de 2020, radicado 2017-00322-02, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A, en la que se indicó -en palabras de la parte actoraque “si el trabajador logró los 20

años de servicio al estado, antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, entonces tiene pleno derecho a que su pensión sea reconocida bajo los parámetros estrictos de la ley 33 de 1985 y que el requisito de la edad es solo para exigir la prestación, mas no para que nazca el derecho, pero una vez completo el servicio ya existe un derecho cierto para el trabajador”1. Postura que debe aplicarse en su caso, debido a que para el año 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, ya contaba con 21 años de servicios prestados, pues empezó a trabajar en el Hospital Sanatorio de Agua de Dios en 1973. De ahí que tiene derecho a que su pensión se reliquide sobre el 75% de los factores salariales que devengó en el último año de servicios. A lo que añadió que su caso es idéntico al resuelto en la Sentencia de 13 de febrero de 2020, radicado 2017-00322-01, en tanto que la accionante de ese proceso también trabajó en el Hospital Sanatorio de Agua de Dios, y a que en ambos, las accionantes contaban con más de 20 años laborados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 3.2. Por otro lado, argumentó que las autoridades judiciales accionadas, al resolver su caso con base en la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018, específicamente la regla consistente en solo tener en cuenta para la liquidación pensional los factores cotizados, incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente. Frente al defecto sustantivo, sostuvo que se configuró porque es incorrecto

decidir casos en curso y que solo estaban a la espera de que se dictara fallo con nuevos parámetros de decisión, pues tal conducta implica la transgresión a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Precisó que lo que se reprocha, más allá de la postura asumida en la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018, es la aplicación de un precedente nuevo a casos que ya estaban en curso. Por ende, lo que se debió hacer fue utilizar tal postura, pero solamente para los asuntos posteriores al 28 de agosto de 2018. Y e relación con el desconocimiento del precedente, precisó que se configuró porque en la Sentencia SU–354 de 2017 la Corte Constitucional indicó que “el precedente que se debe aplicar es anterior al caso que se presenta”. En el caso esto se traduce a que las reglas con las que debió resolverse su asunto eran con las contenidas en la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado. Por último, aseguró que en la Sentencia SU–354 de 2017 la Corte Constitucional se refirió a la igualdad de trato en las actuaciones judiciales. Derecho que en su criterio fue transgredido, debido a que asuntos con mismos hechos al suyo, resueltos antes de la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018, sí fueron favorables a las pretensiones solicitadas por las partes, mientras que los casos que no alcanzaron a resolverse antes del 28 de agosto de 2018, por la congestión de los despachos judiciales, fueron decididos de forma negativa para los trabajadores.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En Auto de 26 de enero de 2021, se admitió la acción de tutela interpuesta por Aura María Veloza Huertas contra el Juzgado Segundo Administrativo del 1 Escrito de tutela. Página 2. Circuito de Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C; se ordenó notificar en calidad de tercero a la UGPP; y se ordenó efectuar las demás las notificaciones correspondientes. 4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “C” sostuvo que no incurrió en los defectos alegados por la accionante, debido a que el caso fue resuelto con base en las normas pertinentes y en la interpretación que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han efectuado sobre estas. Acorde con el precedente de tales órganos, y teniendo en cuenta que la accionante es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su pensión debía ser liquidada con i) la edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo contempladas en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993; ii) el IBL contenido en esa última ley; y iii) los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994. Finalmente, sostuvo que la parte actora estaba empleando la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia. 4.3. La U.G.P.P. se refirió al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, al concepto de ingreso base de liquidación y al precedente de la Corte

Constitucional y del Consejo de Estado sobre tales temáticas, contenido en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU–210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-661 de 2017, T-039 de 2018, T-078 de 2014, T-034 de 2018, T-212 de 2018, T-497 de 2017 y T-018 de 2018; y en la Sentencia de Unificación 28 de agosto de 2018. También indicó i) que en el caso no se configura un perjuicio irremediable o una transgresión a la vida digna o mínimo vital, ya que la parte actora se encuentra activa en la nómina de pensionados y activos en el servicio de Salud; ii) que la acción de tutela no es vía adecuada para reclamar prestaciones económicas; iii) que en el caso no se cumple ninguno de los requisitos generales ni específicos de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iv) que debe prevalecer la autonomía de los jueces naturales de la causa. 4.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot señaló que las decisiones judiciales censuradas se fundamentaron en las normas y jurisprudencia aplicables, particularmente en la ratio decidendi contenida en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por la Sala Plena del Supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la que se aclaró que “las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como

en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada”2.

5. Manifestación de impedimento Por escrito del 2 de marzo de 2020, el consejero Julio Roberto Piza Rodríguez manifestó impedimento para conocer del presente asunto por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. A su juicio, 2 Contestación del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot. la controversia planteada exige adoptar, de algún modo, una posición frente a la forma de liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición, situación que influye de manera directa en su caso.

Sin embargo, por auto del 9 de marzo de 2020, el impedimento fue declarado infundado por el despacho ponente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela contra providencias judiciales procede de manera excepcional, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y dada

su excepcionalidad, es que la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente. Es por lo anterior, que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela.

3. Planteamiento del problema jurídico De los antecedentes expuestos, se advierte que la accionante expone dos argumentos principales: Por una parte, argumentó que en su caso se desconoció lo dicho por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A en Sentencia de 13 de febrero de 2020, radicado 2017-00322-02; providencia en la que, de acuerdo con la accionante, se dispuso que “si el trabajador logró los 20 años de 3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)

que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. servicio al estado, antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, entonces tiene pleno derecho a que su pensión sea reconocida bajo los parámetros estrictos de la ley 33 de 1985”6. Por otra parte, aseguró que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente, debido a que es incorrecto emplear la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 para decidir casos en curso y que solo estaban a la espera de que se dictara fallo. Y que dicha situación generó un tratamiento desigual entre casos de igualdad fáctica, lo cual desconoce lo establecido en la Sentencia SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional. Atendiendo a lo anterior, la Sala establecerá si en el caso se cumplen a cabalidad

los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, específicamente el de la relevancia constitucional, frente a los dos argumentos desarrollados por la parte actora. De superar dicho estudio, se analizará si al proferir la Sentencia de 10 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente y sustantivo, en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25307-33-33-002-2017-00329-00/01. Se precisa que si bien la parte actora controvirtió las decisiones proferidas tanto en primera como en segunda instancia, la Sala circunscribirá su estudio únicamente a la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “C”, por ser esta la que culminó el debate judicial.

4. El requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos

que son de relevancia constitucional y los que no, la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018 han señalado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para 6 Escrito de tutela. Página 2. discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron

expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural8. De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los

planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido 7 Ibidem 8 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018, T715 de 2016, C-590 de 2005. en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la ca