CE-1001-03-15-000-2021-00304-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO - La autoridad judicial contabilizó erróneamente el término para contestar la demanda / DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – Configuración / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NOTIFICACION PERSONAL - Se rige por las reglas dispuestas en el artículo 199 del CPACA En la jurisdicción de lo contencioso administrativo el trámite de la notificación personal del auto admisorio o del mandamiento de pago a las entidades públicas, a personas privadas que ejerzan funciones públicas o que estén obligados a estar inscritos en el registro mercantil se rige por lo establecido en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del CGP, y no por lo previsto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, pues antes de la entrada en vigencia de la referida disposición se contaba con la habilitación legal de notificar personalmente a través de correo electrónico. (…) la Sala considera que la decisión de la Sala Unitaria del Tribunal aquí accionado resulta lesiva del derecho fundamental del debido proceso de la entidad aquí accionante, en la medida en que dispuso contabilizar el término de 30 días para contestar la demanda, a partir del segundo día hábil en que se envió el mensaje de datos, conforme lo dispone el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, desconociendo con ello el artículo 199 del CPACA, modificado por el 612 del CGP, que regula la forma en que debe practicarse la notificación personal del auto admisorio de la demanda y la fecha a partir de la cual se debe contabilizar el

término del traslado de la misma. (…) En ese orden de ideas, es claro que el despacho judicial aquí accionado transgredió de manera directa el derecho del debido proceso de la accionante, (…) la interpretación que realizó la autoridad judicial accionada de los artículos 172 y 199 de la Ley 1437 de 2011 no resulta aceptable y, a juicio de esta Sección, resulta contra legem porque al aplicar el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 eliminó una garantía procesal de la parte demandada, contemplada en el proceso contencioso administrativo, como lo era el término de veinticinco días consagrado en el inciso cuarto del artículo 199, (…) la Sala advierte que ante la omisión del Decreto 806 de 2020 de derogar, modificar o suspender la aplicación del término de veinticinco días consagrado en el inciso cuarto del artículo 199, no resultaba admisible que el juez contencioso accionado inaplicara la aludida norma y afectara, con ello, la garantía del debido proceso de la parte demandada dentro del proceso ordinario. (…) esta Sala de Decisión amparará el derecho fundamental al debido proceso (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 612 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 199 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 806 DE 2020 - ARTÍCULO 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00304-00(AC)

Actor: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA UNITARIA Sentencia de primera instancia La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de apoderado judicial, en contra de la

Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Quindío.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – en adelante SSPD, 1. a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso y derecho a la defensa», cuya vulneración le atribuyó a la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Quindío1, con ocasión de que el despacho judicial accionado: i) fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, sin que se hubiera vencido el término del traslado de la demanda, ii) omitió impartir el trámite legal que le corresponde al recurso de reposición, y iii) se abstuvo de «dar aplicación al principio de oralidad»; irregularidades que, a juicio de la accionante, ocurrieron en 1 Despacho a cargo del doctor Luis Carlos Alzate Ríos. el interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 63001-23-33-000-2020-00335-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

De conformidad con lo planteado en la demanda de tutela, los hechos y razones 2. que motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente: Refirió que la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. promovió demanda 2.1. de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SSPD, con el propósito de obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le impuso sanción por valor de setecientos cuarenta y cinco millones trescientos cuatro mil cuatrocientos pesos. Señaló que «estando corriendo el término del traslado de la demanda, el día 11 2.2. de noviembre de 2020 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO con ponencia del H.M.P. Dr. Luis Carlos Alzate Rios profirió el auto S. No. 050 por medio del cual fijó fecha para audiencia inicial para el día 30 de noviembre de

2020. Esto al considerar que: “vencido el termino de traslado de la demanda procede la sala unitaria de decisión el Tribunal Administrativo del Quindío a convocar a audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011”».

Inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de reposición el cual fue 2.3. declarado improcedente. Indicó que el día 30 de noviembre de 2020 se celebró la audiencia inicial, 2.4. diligencia en la que «puso de presente la vulneración al derecho del debido proceso al haber contabilizado el término del traslado de manera equivocada, decisión que

el despacho indicó que era una petición reiterada y que eso ya había sido respondido en el auto que resolvió el recurso de reposición contra al auto que fijó fecha y se remitió a lo allí decidido. Antes esta situación, el suscrito apoderado interpuso y sustentó recurso de reposición en contra del auto que negó el saneamiento por ser el único recurso que procede en los términos de la Ley 1437 de 2011». Manifestó que el recurso de reposición fue resuelto desfavorablemente, por lo que 2.5. la diligencia continúo su curso. Posteriormente, el 9 diciembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y se corrió traslado para la presentación de alegatos por escrito. Consideró que la decisión de la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del 2.6. Quindío de fijar fecha de audiencia inicial sin que se hubiese vencido el traslado para contestar la demanda vulnera su derecho fundamental al debido proceso, puesto que le coartó la posibilidad de presentar los argumentos en favor de su defensa en tanto se contabilizó el término de 30 días a partir del 10 de septiembre de 2020, sin incluir los 25 días comunes de que trata el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso. Sostuvo que sus derechos fundamentales también se vieron afectados por la 2.7. autoridad judicial aquí accionada al no haber corrido traslado del recurso de reposición que interpuso en contra del auto que fijó fecha para celebrar audiencia inicial.

III. PRETENSIONES La parte accionante, en su demanda constitucional, solicitó lo siguiente:

3. […] A) Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y derecho a la defensa de la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios. B) Se ordene dejar sin efectos el auto S. No. 050 por medio del cual fijó fecha para audiencia inicial proferido dentro del proceso con radicado 630012333000-2020-00335-00 que se adelanta ante TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.

C) En consecuencia se ordene a dicha Corporación judicial que, en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo, profiera la decisión que en derecho corresponda, atendiendo las consideraciones expuestas en la parte motiva de la sentencia que decida la presente acción de tutela […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA Mediante auto de 29 de enero de 2021, se admitió la presente acción de tutela y 4. se dispuso notificar al doctor Luis Carlos Alzate Ríos, magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío. Asimismo, se vinculó como tercero con interés directo en las resultas del proceso, al representante legal de la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. y, al Ministerio Público para lo de su competencia.

En la misma providencia, se negó la medida provisional pedida por la parte 5. actora y se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío que remitiera en calidad de préstamo, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, el expediente contentivo del medio de control objeto de amparo. Las notificaciones se efectuaron el 5 de febrero de 2021, tal y como consta en el

6. expediente de la referencia.

V. INTERVENCIONES Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,

7. intervinieron en los siguientes términos: La empresa de energía del Quindío S.A. E.S.P., a través de apoderado 7.1. judicial, rindió informe en el que se opuso a las prosperidad de las pretensiones de amparo, por cuanto el despacho judicial accionado «le informó [a través del auto admisorio de la demanda] a la entidad accionante la forma cómo se iban a contar los términos de traslado de la demanda».

Aunado a lo anterior, agregó lo que a continuación se enseña: 7.2. […] El Tribunal Administrativo del Quindío que el artículo 8 Decreto 806 de 2020 modificó de forma íntegra la forma de realizar la notificación personal, la cual estaba regulada en los artículos 199 y 200 del Código General del Proceso. De igual manera, considera que, en aplicación del principio del efecto útil de las normas, los 25 días para consultar las copias de la demanda y sus anexos en la secretaria de los despachos y para recibir las remitidas a través de servicio postal no tienen utilidad en la situación actual (en la que no hay atención presencial); porque la demanda y sus anexos son remitidos virtualmente con la presentación de la demanda. Posición que comparto. Por ello, en el auto mediante el cual admitió la demanda le informó a la SSPD la forma como se surtiría la notificación de la demanda y el traslado de esta. Es así como la SSPD fue debidamente informada del término que tenía para contestar la demanda. Resalto que este auto no fue recurrido por

la SSPD. Luego, el auto que fija fecha para la audiencia inicial no tiene recursos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 180 del CPACA. Por lo tanto, el recurso de reposición interpuesto contra este fue bien rechazado por improcedente. Ahora bien, la SSPD contestó extemporáneamente la demanda; no obstante, el tribunal administrativo accedió a incorporar al proceso las pruebas documentales aportadas por esta entidad, quien no solicitó pruebas adicionales en su contestación. En consecuencia, la SSPD tiene dentro del proceso los elementos de prueba que requiere para su defensa y la argumentación jurídica de su contestación la planteó en los alegatos de conclusión. Por lo cual, considero que no se ha vulnerado el debido proceso a la SSPD […]. Por último, señaló que: 7.3. […] Acceder a las pretensiones de la SSPD tendría como único efecto dilatar el proceso, porque, los elementos de la contestación de la demanda de la SSPD ya están dentro del proceso; pues, se incorporaron los documentos que requería para su defensa y en los alegatos de conclusión planteó la argumentación jurídica de esta. Motivo por el cual declarar por contestada en tiempo la demanda en nada cambiaria la situación actual del proceso […]. El doctor Luis Carlos Alzate Ríos, magistrado del Tribunal Administrativo del 7.4. Quindío, dentro de la oportunidad procesal para ello, guardó silencio en el interior de las presentes diligencias.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela 8. promovida, en primera instancia, por la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, a través de apoderado judicial, en contra de la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Quindío, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173 y, en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184, respecto de la distribución de negocios en el interior de las Secciones del Consejo de Estado. 2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.” VI.2. Problemas jurídicos De acuerdo con la situación fáctica y jurídica planteada, a la Sala le corresponde

9. establecer lo siguiente: a) Si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad de este medio de amparo contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar: b) Si la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Quindío5 vulneró los derechos fundamentales del extremo accionante: i) al fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA,

sin que se hubiera vencido el término del traslado de la demanda; ii) al omitir impartir el trámite legal que le corresponde al recurso de reposición, y iii) al «no dar aplicación al principio de oralidad»; irregularidades que, a juicio de la accionante, ocurrieron en el interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 63001-23-33000-2020-00335-00. 5 Despacho a cargo del doctor Luis Carlos Alzate Ríos. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos 10. planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia genéricos y específicos de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales. VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en 11. sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte 12. Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia 13. constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al 14. juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución8. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una 15. demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de

análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión»9 que se encaje en dichos parámetros. 7 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 8 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental

vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de 16. procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la 17. Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. VI.4. El caso concreto La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de 18. apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso y derecho a la defensa», como consecuencia de ello, deprecó que se dejara sin efectos el auto de 11 de noviembre de 2020, proferido por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Quindío10, mediante el cual fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del 9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 10 Despacho a cargo del doctor Luis Carlos Alzate Ríos. CPACA, en el interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 63001-23-33-000-2020-00335-00.

En este punto es preciso para indicar que si bien es cierto la parte accionante no 19. específica el defecto en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada, de los argumentos desarrollados en el escrito tutelar se advierte que sus motivos se encausan dentro de la causal de procedibilidad consistente en violación directa de la Constitución. VI.4.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso sub judice De acuerdo con los parámetros planteados en precedencia, la Sala entrará a 20. examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación. La Sala de Decisión encuentra que, en efecto, se cumplen los requisitos 21. generales de procedibilidad, en razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional porque pretende la protección inmediata de derechos de naturaleza constitucional fundamental, como en efecto lo es el debido proceso; ii) la acción de amparo se dirige contra las supuestas irregularidades atribuidas al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Unitaria, contra la cual no es procedente promover recurso alguno para reclamar la protección de las garantías iusfundamentales que se invocan como quebrantadas, superando así el requisito de subsidiariedad; iii) respecto al presupuesto de inmediatez, la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues la solicitud de amparo se radicó el 20 de enero de 2021, mientras que la irregularidad endilgada a la Corporación

judicial accionada se ocasionó a partir del 11 de noviembre de 2020; iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales deprecados fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; además, v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto y, por último, vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza y/o índole. VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela Encontrándose satisfechos y cumplidos los requisitos generales de procedencia 22. de la acción de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el extremo accionante. Para este caso concreto, le corresponde a la Sala de Decisión estudiar, la presunta configuración de la violación directa de la constitución. VI.5.2.1. Análisis de la violación directa de la constitución Esta causal se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión alejada 23. de la Carta Política porque: i) deja de aplicar una decisión ius fundamental a un caso concreto, eventos que se configuran, (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, y c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró los derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme a

derecho con la Constitución; o porque: ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Carta Política, desconociendo que de conformidad con su artículo 4º la Constitución es norma de normas, por lo que en caso de incompatibilidad entre ella y la ley u otra norma jurídica «se aplicarán las disposiciones constitucionales». Descendiendo en el sub examine, se tiene que la parte accionante sostuvo que 24. la decisión de la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Quindío de fijar fecha de audiencia inicial sin que se hubiese vencido el traslado para contestar la demanda vulnera su derecho fundamental al debido proceso, puesto que le coartó la posibilidad de presentar los argumentos en favor de su defensa, al contabilizar el término de 30 días a partir del 10 de septiembre de 2020, sin incluir los 25 días comunes de que trata el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso. Como sustento de su afirmación, explicó que: 25. […] Es claro que la interpretación dada por el Tribunal Administrativo afecta el derecho al debido proceso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y su derecho a la defensa amparados en el artículo 29 de la Constitución política y se vulneró el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 612 del C.G del P., por cuanto en trámite del traslado no solo tendrá la oportunidad de contestar la demanda, sino de solicitar pruebas y aportar los documentos relacionados con la copia de los actos demandados y de sus antecedentes administrativos. […] Vale la pena mencionar que la vulneración del derecho al debido

proceso ha tenido impacto en el derecho al derecho a la defensa de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios, porque le impidió a la entidad la presentación de la contestación de la demanda, que configura la primera oportunidad de ejercer la defensa de los actos administrativos demandados y exponer su fundamentación fáctica y jurídica de la defensa, frente a cada uno de los cargos expuestos en la demanda. Así mismo, no pide considerarse inocua la vulneración, porque si bien no se solicitaron prueba en la contestación, diferentes a los actos demandados y sus antecedentes administrativos que ya fueron decretados como pruebas, si existe una consecuencia jurídica por no tener por contestada la demanda en término […]. (Se destaca) En virtud de lo anterior, y con el ánimo de determinar si, en efecto, en el caso 26. bajo estudio la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en la vulneración de debido proceso de la accionante, la Sala de Decisión estima pertinente precisar lo siguiente:  La Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le impuso sanción por valor de setecientos cuarenta y cinco millones trescientos cuatro mil cuatrocientos pesos.  El Despacho a cargo del doctor Luis Carlos Alzate Ríos, magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto de 27 de agosto de 2020, resolvió admitir el medio de control promovido por la Empresa de

Energía del Quindío S.A. E.S.P. y, además, dispuso lo siguiente: […] SEGUNDO: NOTIFÍQUESE personalmente de la admisión de la demanda a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme al inciso 5º del artículo 6º y del artículo 8º del Decreto 806 de 2020; remitiéndose a la demandada el auto admisorio de la demanda, al igual que a la Agencia, mientras que al Ministerio Público se enviará además de la presente providencia, copia de los anexos de la demanda, pues el demandante cumplió de forma incompleta con dicha carga.

TERCERO: Realizadas las notificaciones y transcurridos los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, conforme al inciso 3º del artículo 6º del Decreto 806 de 2020, CÓRRASE traslado de la demanda por TREINTA (30) DÍAS, para los efectos consagrados en el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011 […]  Mediante auto de 11 de noviembre de 2020, el despacho judicial aquí accionado fijó fecha para celebrar la audiencia inicial el 30 de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m., al considerar que, de acuerdo con la constancia secretarial obrante en el expediente, el término para contestar la demanda venció el 23 de octubre de 2020.  Inconforme con la anterior decisión, la hoy accionante presentó recurso de reposición el cual fue declarado improcedente, mediante auto de 19 de noviembre de 2020, en razón de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 180

del CPACA. Sin perjuicio de ello, la autoridad judicial expuso las siguientes consideraciones: […] no resulta procedente el recurso impetrado por la parte actora, máxime que, los numerales segundo y tercero del auto admisorio del 27 de agosto de 2020, notificado el 8 de septiembre de 2020 se precisaron de forma clara cómo se realizaría la notificación personal y se contabilizaría el traslado, por lo que el desacuerdo frente a estos aspectos debió expresarlos contra esa providencia, la que cobró fuerza ejecutoria el 11 de septiembre de 2020 a las 5:00 p.m., sin reparo alguno de esta parte, y no frente a el auto ahora impugnado. Adicionalmente, en el auto admisorio del H. Consejo de Estado citado por el recurrente se precisa que, “por tratarse de una demanda presentada con anterioridad al 4 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Decreto 806 del 2020, no es exigible el requisito de envío previo o simultáneo de la demanda y sus anexos a los demandados previsto en su artículo 6.”; y (iii) de manera que, en ese caso la entidad demandada no había tenido la oportunidad de conocer la demanda previo a la admisión de ella, situación diferente a la que ocurre en el presente proceso, que como se indicó, la Superintendencia conoce la demanda desde que se radicó el día 22 de julio de 2020, fecha para la cual ya se encontraba vigente el Decreto 806 del 4 de junio de 2020. Aunado a lo anterior, el Decreto 806 de 2020 tiene como objeto no solo implementar el uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones en las actuaciones judiciales, sino también “agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la … jurisdicción de lo contencioso administrativo, … durante el término de vigencia del presente decreto.” que el artículo 16 dispone será durante de los dos años siguientes a partir de su expedición. Seguidamente el parágrafo de artículo 1º del Decreto establece que en aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicia