CE-1001-03-15-000-2021-00641-00 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISTO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende reabrir el debate jurídico y probatorio / DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / IMPROCEDENCIA – Por incumplimiento de la carga argumentativa mínima [L]os artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. (…) Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales. (…) En el caso bajo estudio, y en los términos de la acción de tutela, el reproche formulado por el señor [J.J.M.O.]

radica en que el Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia del 3 de noviembre de 2020, incurrió en los defectos i) procedimental absoluto, ii) fáctico y iii) desconocimiento del precedente. A su juicio, el señor [J.V.S.C.] se encontraba inhabilitado para ser elegido concejal, por haber incurrido en la prohibición de doble militancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, lo cual quedó demostrado con las pruebas allegadas al proceso y que el Tribunal accionado valoró inadecuadamente. Además, considera que se vulneró su derecho al debido proceso, ya que el accionado omitió requerir al partido político Alianza Verde para que allegara el informe sobre la fecha de desafiliación del señor [S.C.] a dicho movimiento político, el cual había sido decretado durante la audiencia inicial y que, en su concepto, era la prueba fundamental para demostrar el cargo de doble militancia que se le endilgaba al demandado en el proceso de nulidad electoral. La Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, justamente porque se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario de nulidad electoral, improcedencia que se configura independientemente de que este hubiese sido tramitado en una única instancia. En efecto, en el escenario que propone el accionante, la Sala tendría que examinar nuevamente in integrum los cargos que el actor propuso como coadyuvante en la demanda instaurada con el propósito de anular tanto el acto de

elección del señor [J.V.S.C.] como concejal del Municipio de Sabana de Torres por el movimiento político Colombia Humana UP, para el período constitucional 20202023 (…) Resulta más que evidente que el señor [J.J.M.O.] acudió a la acción de tutela con el propósito de insistir en sus argumentos relacionados con la posible conducta de doble militancia del demandado en el proceso de nulidad electoral, por estar afiliado simultáneamente a dos partidos políticos y por incurrir en actos públicos de apoyo a un candidato de un movimiento político distinto al suyo, los cuales presenta ahora bajo el cariz de defectos o causales específicas de procedibilidad. (…) Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso de nulidad electoral, que aunque se tramitó en única instancia, fue abordada y decidida razonablemente en la providencia cuestionada, en la que se concluyó que el señor [J.V.S.C.] no perteneció a dos partidos políticos simultáneamente, toda vez que el 28 de julio de 2019 renunció al partido político Alianza Verde y se inscribió al Movimiento Político Colombia Humana UP el 2 de agosto de 2019. Así mismo, con las pruebas obrantes en el plenario, el Tribunal accionado concluyó que no se logró demostrar que el concejal demandado incurriera en actos de apoyo a candidatos diferentes a los avalados por el movimiento político al cual pertenecía. (…) A la Sala le resulta extraño, por decir lo menos, que el mismo accionante exprese la falta de relevancia de la aceptación

de la renuncia presentada por el señor [S.C.], cuando el objetivo de su solicitud probatoria era demostrar la fecha y hora exacta en la que fue aceptada dicha renuncia. De modo que si el propio actor le restó relevancia a este hecho en sus alegatos de conclusión presentados en el proceso de nulidad electoral, no puede ahora pretender que para el juez de tutela esa misma situación tenga la relevancia constitucional necesaria para entrar a resolver de fondo dicho cargo de la solicitud de amparo. Asimismo, se observa que el accionante en la demanda de tutela expuso los mismos argumentos presentados en su escrito de coadyuvancia y en sus alegaciones finales, temas que fueron resueltos por la autoridad judicial accionada, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente, lo cual indica, sin ambages, que lo pretendido es reabrir un debate judicial finalizado, utilizando la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario de nulidad electoral. En este punto, conviene señalar que el hecho de que el señor [J.J.M.O.] no comparta los argumentos expuestos en la decisión atacada no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el Tribunal Administrativo de Santander, con suficiente motivación. (…) En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga. (…) Por último, frente al cargo de desconocimiento del precedente alegado por el accionante, esta Sala considera que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima requerida para

demostrar su configuración en el caso concreto, sino que se limitó a enunciar extractos de algunas providencias proferidas por esta Corporación y por la Corte Constitucional, valga decir, las mismas que citó en el proceso de nulidad electoral; sin embargo, no explicó cuáles reglas o subreglas contenidas en esos fallos y que eran aplicables al caso concreto, fueron desconocidas con la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y que ahora se cuestiona. De manera que la Sala carece de parámetros para estudiar de fondo este cargo

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / DEFECTO PROCEDIMENTAL /

IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISTO DE SUBSIDIARIEDAD / TACHA DE FALSEDAD DE UN DOCUMENTO - Debía proponerse en el curso de la audiencia que ordene tenerlo como prueba La parte actora aduce que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto procedimental absoluto, toda vez que omitió requerir al partido Alianza Verde, para que diera cumplimiento a la orden impartida durante la audiencia inicial, tendiente a que allegara un informe sobre la fecha exacta en que se hizo efectiva la desafiliación del señor [J.V.S.C.] a ese movimiento político. Además, adujo que la prueba documental allegada por el demandado al proceso de nulidad electoral, consistente en la certificación expedida por el partido Alianza Verde, en la que dan cuenta de que la fecha de desafiliación del señor [S. C.] fue el 28 de julio de 2019, no era válida, ya que no estaba acreditado su origen, y aseguró que

se encontraba pendiente por resolver una tacha de falsedad que propuso en el escrito de alegatos de conclusión, en contra de dicha prueba. (…) Frente a esta prueba, el ahora accionante aduce que la tachó de falsa durante su escrito de 2 alegaciones finales, solicitud que, a su juicio, está pendiente de resolver; sin embargo, se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 del Código General del Proceso, la tacha de falsedad de un documento debe proponerse en el curso de la audiencia que ordene tenerlo como prueba, lo cual en este caso ocurrió durante la audiencia inicial llevada a cabo el 4 de febrero de 2020, por lo que era ese el momento procesal oportuno para proponerla y no durante las alegaciones finales cuando ya había vencido la oportunidad para ello. Además, durante dicha audiencia el coadyuvante interpuso recurso de reposición en contra de la decisión de negar una solicitud probatoria que hizo respecto al partido político Cambio Radical; sin embargo, no se evidencia en el acta de la audiencia inicial, que el señor [M.O.] hubiese interpuesto recurso en el mismo sentido contra la decisión que ordenó tener como prueba el documento que posteriormente tachó de falso y frente al cual ahora manifiesta su inconformidad. Aunado a lo anterior, se tiene que, el 13 de febrero de 2020, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual se interrogó a las partes sobre la advertencia de posibles irregularidades o nulidades que debieran ser saneadas, pero el ahora demandante no efectuó manifestación alguna frente a su inconformidad con la prueba documental allegada por el señor Sandoval Camacho con la contestación

de la demanda. La Sala considera pertinente resaltar que el fundamento de la subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos. En ese aspecto particular, resulta evidente la improcedencia de la acción de tutela objeto de análisis, dado que la parte accionante no ejerció adecuadamente los mecanismos de defensa judicial con los que contaba en el proceso de nulidad electoral, estos son, el recurso de reposición y la tacha de falsedad, para efectos de salvaguardar el derecho fundamental invocado.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6 / CÓDIGO

GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 269

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00641-00 (AC)

Actor: JHON JAIRO MORANTE ORTIZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon Jairo Morante Ortiz contra el Tribunal Administrativo de Santander.

3

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda 1.1. Pretensiones El 16 de febrero de 2021, el señor Jhon Jairo Morante Ortiz interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones: Para amparar los derechos constitucionales fundamentales que fueron vulnerados por la accionada, declárese la nulidad de todo lo actuado en la etapa de pruebas, en sentencia de única instancia, medio de control de nulidad electoral, Radicado No. 680012333000-2019-00897-00. De fecha 3 de noviembre de 2020. Adelantado por la accionada, por ilegal e inconstitucional.

Ordénese regresar las cosas a su estado normal antes de presentarse la vulneración de mis derechos fundamentales. 1.2. Hechos De la solicitud de amparo y los documentos obrantes en el expediente se extraen los siguientes hechos: En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Juan Gabriel Peñaloza, coadyuvado por el señor Jhon Jairo Morante Ortiz, solicitó la nulidad (i) del acto de elección del señor José Vicente Sandoval Camacho, como concejal del Municipio de Sabana de Torres, por el movimiento político Colombia Humana UP, para el período constitucional 2020-2023 y (ii) del formulario electoral E-26 CON del 2 de noviembre de 2019, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal. A juicio del señor Peñaloza Hernández, «el ciudadano José Vicente Sandoval Camacho se encontraba inhabilitado para ser elegido concejal, por

haber incurrido en la prohibición de doble militancia», de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. El ahora demandante, en su escrito de coadyuvancia presentado en el proceso de nulidad electoral, solicitó que se oficiara al partido Alianza Verde, para que allegara un informe en el que se indicara la fecha y hora en la cual el señor José Vicente Sandoval Camacho presentó su renuncia a dicho movimiento político, así 4 como la fecha y hora en la que esta se recibió, en la que se le dio respuesta y se hizo efectivo el registro de desafiliación formalmente del partido. El señor Sandoval Camacho, demandado en el proceso de nulidad electoral, contestó la demanda y allegó como prueba, entre otras, una certificación expedida por el partido político Alianza Verde, en la que se hacía constar que su desafiliación de dicho movimiento político se había efectuado a partir del 28 de julio de 2019. El 4 de febrero de 2020 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual, luego de fijar el litigio, se procedió a decretar las pruebas solicitadas por los intervinientes, entre ellas, la solicitud de oficiar al partido Alianza Verde para que rindiera el respectivo informe frente a la fecha efectiva de la renuncia del señor Sandoval Camacho. Igualmente, se le dio valor probatorio a los documentos allegados por las partes con la demanda y con la contestación de esta, dentro de los cuales se encontraba incluida la certificación expedida por el partido Alianza Verde al demandado, en la cual constaba su fecha de desafiliación de dicha colectividad.

La decisión de decretar pruebas fue notificada en estrados, oportunidad en la cual el coadyuvante presentó recurso de reposición, frente a la negativa del Tribunal de oficiar al partido Cambio Radical, recurso que fue resuelto por la referida corporación. El 13 de febrero de 2020, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual se interrogó a las partes sobre la advertencia de posibles irregularidades o nulidades que debieran ser saneadas; sin embargo, estas no se manifestaron al respecto. Posteriormente, se practicaron los testimonios que habían sido decretados durante la audiencia inicial. El 9 de marzo de 2020, se expidió una constancia secretarial en la que se informó que, vencido el término para aportar las pruebas solicitadas, el Consejo Nacional Electoral y el movimiento político Colombia Humana UP dieron respuesta a los oficios que les habían sido remitidos; sin embargo, el partido político Alianza Verde <<no ha dado respuesta a los presuntos oficios diligenciados por el coadyuvante>>. 5 El señor Jhon Jairo Morante Ortiz presentó <<solicitud de medida correctiva a que haya lugar en contra de Partido ALIANZA VERDE>>, toda vez que había hecho caso omiso al requerimiento efectuado y pidió que se hiciera efectiva la orden impartida el 4 de febrero de 2020, durante la audiencia inicial. El 11 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó requerir al partido político Alianza Verde, para que, dentro de las 24 horas siguientes, rindiera el informe solicitado, referente a la fecha y hora en que se hizo efectiva la desafiliación del señor Sandoval Camacho a dicho movimiento político.

El 5 de agosto de 2020, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, oportunidad en la cual los intervinientes allegaron sus respectivas alegaciones finales. En esta oportunidad, el señor Morante Ortiz reiteró lo dicho a lo largo del proceso y, además, manifestó que la prueba documental allegada por el demandado, consistente en la certificación expedida por el partido político Alianza Verde, en la cual constaba que su renuncia y desafiliación se hizo efectiva el 28 de julio de 2019, no era válida, pues no estaba demostrado su origen, por lo cual manifestó que la tachaba de falsa. Mediante providencia de única instancia del 3 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, por considerar que: [E]l demandado no incurrió en doble militancia en ninguna de las modalidades alegadas, porque el señor José Vicente Sandoval Camacho no perteneció a dos partidos políticos simultáneamente, toda vez que el día 28 de julio de 2019, renunció al Partido Verde y se inscribió al Movimiento Colombia Humana UP, el día 2 de agosto de 2019. Así mismo, dado que no tenía la condición de directivo ni ostentaba curul por el partido Verde con antelación a su inscripción como candidato al concejo para las elecciones –período constitucional 2020-2023, razón por la cual, la renuncia como ciudadano militante, podía ser presentada en cualquier tiempo, antes de la inscripción por el nuevo partido al que deseaba pertenecer. Así mismo, no puede concluirse de las pruebas obrantes en el plenario que las publicaciones realizadas por el

concejal demandado en su red social Facebook, constituyan actos de apoyo a candidatos diferentes a los avalados por el movimiento político al cual pertenecía. 1.3. Argumentos de la tutela 6 El señor Jhon Jairo Morante Ortiz considera que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en: 1.3.1. Defecto procedimental absoluto, por cuanto omitió requerir el cumplimiento de la prueba que había sido decretada, consistente en el informe que debía rendir el partido Alianza Verde, en relación con la fecha de desvinculación formal del demandado con ese partido político. Adujo que, antes de cerrar la etapa probatoria, el accionado debió requerir el cumplimiento de su orden judicial para que se allegara el referido informe, el cual era fundamental para demostrar si existió o no la primera causal, alegada en la demanda, de doble militancia por parte del señor Sandoval Camacho. Aseguró que la autoridad judicial accionada lo engañó cuando profirió el auto que cerró la etapa probatoria, pues en dicha providencia adujo que no quedaban pruebas por practicar, lo cual creyó de buena fe y por lo que no interpuso recurso alguno. 1.3.2. Defecto fáctico, porque valoró erróneamente el acervo probatorio, toda vez que la accionada confundió la fecha de afiliación y/o militancia con la fecha de aceptación de la inscripción y no tuvo en cuenta que la carta de renuncia, al partido político Alianza Verde, fue presentada por el señor Sandoval Camacho el domingo 28 de julio, después de las cinco de la tarde y la afiliación al movimiento político Colombia Humana UP ocurrió el 29 de julio, por lo que solo transcurrieron

algunas horas entre uno y otro acto. Por lo anterior, consideró que no le asiste razón al Tribunal al señalar en la sentencia que quedó demostrado que el señor Sandoval Camacho se inscribió al partido Colombia Humana UP el 2 de agosto de 2019 y mucho menos que quedó desafiliado del partido Alianza Verde el 28 de julio de 2019, «por la sencilla razón» de que la simple presentación de la carta de renuncia no surte el efecto de desvinculación del afiliado, pues el retiro debe quedar registrado en el sistema de identificación y registro de militantes, como lo exige el artículo 7 de los estatutos del partido Alianza Verde. Por lo anterior, consideró que no se logró establecer la fecha exacta de desafiliación del demandado al partido Alianza Verde, dado que el despacho descartó u omitió la prueba sin ningún sustento ni motivación legal. 7 Agregó que el tribunal demandado incurrió en <<falta de análisis crítico>> e indebida valoración probatoria de las pruebas documentales, consistentes en imágenes de publicaciones en redes sociales como Facebook y Whatsapp, las cuales fueron aceptadas por el señor Sandoval Camacho como ciertas. Para el efecto, realizó una descripción de cada una de esas pruebas y expuso los motivos por los que consideraba que con ellas se había demostrado que el señor Sandoval Camacho había incurrido en doble militancia en la modalidad de apoyo, luego de lo cual reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso de nulidad electoral. 1.3.3. Desconocimiento del precedente, por cuanto el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya se han pronunciado sobre la doble militancia y los actos

positivos de apoyo. El actor citó algunos extractos de varias sentencias proferidas por dichas autoridades judiciales; sin embargo, no expuso los motivos por los cuales la sentencia con la que culminó el proceso de nulidad electoral desconoció las reglas o subreglas jurisprudenciales fijadas en las providencias enunciadas.

2. Trámite impartido e intervenciones 2.1. Mediante auto del 22 de febrero de 2021, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar tal decisión a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, en calidad de parte demandada, y a los señores Juan Gabriel Peñaloza Hernández y José Vicente Sandoval Camacho, en calidad de terceros con interés. También se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 2.2. El Tribunal Administrativo de Santander adujo que para la adopción de la decisión objeto de cuestionamiento se efectuó un análisis crítico y razonado de las pruebas obrantes en el expediente, logrando concluir que no se encontraba configurada la causal de doble militancia en las modalidades de apoyo ni de pertenecer simultáneamente a dos partidos o movimientos políticos al cual se encontraba afiliado el señor José Vicente Sandoval Camacho.

Agregó que en el proceso de nulidad electoral se respetaron todas las garantías del debido proceso y que no se observa que el ahora demandante dentro de alguna etapa procesal haya interpuesto recurso alguno que tradujera su motivo de inconformidad. 8 Señaló que el control de constitucionalidad apunta a un juicio de validez del fallo objeto de discusión y no a un juicio de corrección, lo que significa que la acción de

tutela no es un mecanismo en el que se puedan ventilar asuntos probatorios o de interpretación del derecho que dieron origen a la controversia, manejándose como una nueva instancia, debido a que al interior del proceso judicial, están dados los recursos judiciales y extraordinarios para combatir las decisiones que se estimen arbitrarias, contrarias a la ley o erradas. 2.3. Los demás vinculados al proceso de tutela guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados del auto admisorio de la tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela. En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 20121, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte

Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho fundamental. Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del 1 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González. 9 ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones. Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela

contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales. El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así: 10 a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con

base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución. Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional. Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y

que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente. 11 Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos2, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema jurídico En primer lugar, corresponde a la Sala determ