CE-1001-03-15-000-2021-00795-00 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUSENCIA DE DEFECTO

SUSTANTIVO / RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR A

MIEMBRO ACTIVO DEL EJERCITO NACIONAL - Aplicación del Decreto 1161 DE 2014 En el presente asunto, el accionante reprocha la sentencia de 5 de agosto de 2020 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sede de apelación, le negó al demandante el reconocimiento y pago del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000. Manifiesta, en síntesis, que dicha decisión desconoce que consolidó el derecho al subsidio familiar cuando estaba vigente el aludido Decreto 1794, por lo que es con fundamento en dicha norma que debió reconocerse ese emolumento y no con el Decreto 1161 de 2014, pues ello lo ubica en una situación de desigualdad frente a otros soldados profesionales a quienes les fue reconocido correctamente dicho subsidio. (…) El Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de 9 de octubre de 2019, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 20173182321911 de 28 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar al señor [P.C.] el subsidio familiar en los porcentajes establecidos en el Decreto 1794 de 2000, al considerar que, en efecto, para acceder a dicho auxilio, lo relevante es determinar la fecha de consolidación

del requisito que para este caso es contraer matrimonio, lo que, en el asunto bajo examen, ocurrió el 27 de diciembre de 2008, cuando el demandante se casó con la señora [M.P.M.] Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada la apeló, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de la providencia de 5 de agosto de 2020, revocó lo resuelto por el a quo, y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda (…) De lo anterior, se advierte que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de negar el reconocimiento del subsidio familiar en el porcentaje previsto en el Decreto 1794 de 2000 obedeció a que el demandante, en la actualidad, devenga el subsidio familiar de que trata el Decreto 1161 de 2014, por virtud de la solicitud que formulara a la entidad el 29 de julio de 2014 y que fuere resuelta a través de la Orden Administrativa 1919 de 30 de agosto de 2014, cuya legalidad no fue ni ha sido demandada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que implica que seguirá surtiendo plenos efectos jurídicos relativos al pago del mentado auxilio. En ese contexto, considera esta corporación que la posición jurídica asumida por el Tribunal no configura un defecto sustantivo, toda vez que, a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el proceso y las normas que sobre el subsidio familiar resultaron relevantes en el asunto, estableció que la decisión contenida en el oficio demandado se encontraba ajustada a la legalidad, puesto que al demandante ya le había sido

reconocido el subsidio familiar mediante un acto administrativo que no fue controvertido y tampoco ha desaparecido del ordenamiento jurídico. De igual forma se observa que el Tribunal siguió el criterio adoptado por la misma Sala, pues así lo señaló de manera expresa en la parte considerativa de su providencia al remitirse a la sentencia de 11 de marzo de 2020 expedida dentro del proceso radicado con el No. 11001-32-42-046-2018-00230-01, por lo que el hecho de que, como lo afirma el demandante, puedan existir ciertos asuntos en los que se adoptara una decisión favorable a las pretensiones de la demanda no evidencia la existencia de un precedente judicial de obligatorio acatamiento, sino que, por el contrario, se trata de meros antecedentes que no pueden predicarse como vinculantes o que constituyan doctrina probable en el asunto, por lo que, en este caso, debe respetarse el criterio adoptado por el fallador aquí demandado, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial. (…) De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio del juez de conocimiento prevalece frente a la opinión del juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino también porque este se encuentra amparado por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00795-00 (AC)

Actor: JESÚS ALBERTO PULIDO CHAVARRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C TEMA: Tutela contra providencia judicial – subsidio familiar – desconocimiento del precedente ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Jesús

Alberto Pulido Chavarro en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

I. ANTECEDENTES El señor Jesús Alberto Pulido Chavarro, actuando por conducto de apoderado y en ejercicio del mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución, presenta acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

2 Segunda, Subsección C, por la presunta violación de los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital y móvil, con la expedición de la providencia de 5 de agosto de 2020.

1. Hechos 1.1. El accionante ingresó al Ejército Nacional como soldado regular el 11 de octubre de 2002 y, posteriormente, como soldado profesional, el 1 de diciembre de

2004. Contrajo matrimonio el 27 de diciembre de 2008 con la señora Milena Patricia Montero Gómez, como consta en el Registro Civil de Matrimonio con indicativo serial 04848141. 1.2. En octubre de 2009, le solicitó a la aludida institución el reconocimiento del

subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el cual fue negado. Luego, el 29 de julio de 2014, reiteró la mencionada petición, por lo que la entidad le reconoció el subsidio, pero en los términos del Decreto 1161 de 2014. 1.3. El 25 de septiembre de 2017, solicitó nuevamente el reconocimiento del subsidio familiar contemplado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 con indexación e intereses corrientes, petición que fue desatada de manera negativa, a través del Oficio 20173182321911 de 28 de diciembre de 2017. 1.4. Contra dicho acto administrativo instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo conocimiento correspondió, en primera instancia, al Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, despacho que, mediante providencia de 9 de octubre de 2019, declaró la nulidad del citado oficio y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, reconocer al demandante el subsidio familiar en la forma prevista en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que, por haber contraído matrimonio el 27 de diciembre de 2008, consolidó su derecho en vigencia de dicha norma y no del Decreto 1161 de 2014. 1.5. Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de sentencia de 5 de agosto de 2020, revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al

considerar que no era dable reconocer al señor Pulido Chavarro el subsidio familiar de que trata el Decreto 1794 de 2000, toda vez que, por virtud de la orden administrativa 1919 de 30 de agosto de 2014, ya se encontraba percibiendo dicho 3 emolumento previsto en el Decreto 1161 de 2014, acto administrativo que no fue demandado y que, por tanto, goza de presunción de legalidad.

2. Fundamentos de la acción El demandante manifiesta que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoce su derecho de obtener el reconocimiento del subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1794 de 2000, toda vez que consolidó el derecho en vigencia de este, en tanto contrajo matrimonio el 27 de diciembre de

2008. Por tanto, explica que de no haber sido por la expedición del Decreto 3779 de 2009 que derogó dicha norma, habría podido pedir el subsidio familiar para que se le reconociera con fundamento en el Decreto 1794 y no con aplicación del Decreto 1161 de 2014, oportunidad que revivió cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad, con efectos ex tunc, del Decreto 3779 mediante la sentencia de 8 de junio de 2017. Adicional a ello, indica que se desconoció el precedente horizontal emanado del mismo tribunal en el que se ha reconocido el subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1794 de 2000 a quienes consolidaron el derecho durante su vigencia.

3. Pretensiones Por lo anterior, solicitó: «1.- TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y móvil y demás derechos conexos y, en consecuencia:

2.- REVOCAR la sentencia de fecha agosto 05 de 2020, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección

C, C.P. CARLOS ALBERTO ORLANDO JAIQUEL. Actor. JESUS

ALBERTO PULIDO CHAVARRO. Demandada. Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional. Radicado N° 11001333501420182223801. 3.- RECONOCER, reajustar y pagar el subsidio familiar establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000, de conformidad con la sentencia del Consejo de Estado correspondiente al radicado 11001-03-25-000-201000065-00, numero interno 0686-2010 de fecha junio 08 de 2017 y las respectivas aclaraciones. 4 4.- RECONOCER y pagar la indexación correspondiente al IPC certificado por el DANE y, 5.- RECONOCER y pagar los intereses causados conforme lo ordena el inciso 3° del artículo 192 de la ley 1437 de 2011».

4. Informes Mediante auto de 2 de marzo de 2021 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C como accionado y a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional como tercero interesado en las resultas del proceso. 4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del magistrado ponente de la decisión cuestionada, se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, argumentando que la providencia de segunda instancia no adolece de ningún defecto; por el contrario, contiene una interpretación razonable

de las normas aplicables al asunto bajo examen. 4.2. Las demás autoridades vinculadas guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico Le corresponde a la Sala determinar:  ¿La presente acción de tutela acredita los requisitos generales de procedibilidad?

Solo en caso afirmativo, se deberá establecer:  ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, al expedir la providencia de 5 de agosto de 2020, incurrió en defecto sustantivo1? 1 Si bien es cierto en la demanda no se plantea ninguna causal específica de procedencia de la acción de tutela, la Sala entiende que es trata de un defecto sustantivo, por cuanto se alega la indebida aplicación e interpretación de una norma. 5

2. La acción de tutela contra providencias judiciales En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone

el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se 2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 1100103-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García

González. 6 trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela. En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente. 2.1. En el presente caso, observa la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición. 2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados. 2.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional. 2.1.3. Se tiene igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha de notificación

de la providencia de segunda instancia (25 de agosto de 2020) hasta la radicación de la acción de tutela (25 de febrero de 2021). 2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto sustantivo en que incurrió la autoridad judicial demandada. 2.2. Del defecto sustantivo 7 De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición”6.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución”7. Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente8. 2.3. Improcedencia de la acción de tutela para discutir interpretaciones legales razonables 4 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU567 de 2015, entre otras. 5 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 6 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 7 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

8 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 8 Los artículos 228 y 230 de la Carta Política consagraron la autonomía e independencia judicial como una garantía institucional que se debe preservar para efectos de articular correctamente el principio de separación de poderes. De este modo, es claro que a pesar de que el ejercicio judicial es reglado y está sometido al imperio de la ley y la Constitución, también es evidente que la norma superior reconoció que existen situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de discrecionalidad importante para apreciar el derecho aplicable al caso, para lo cual debe ser independiente y autónomo. Respecto de la actividad de interpretación en las decisiones judiciales, se han establecido postulados que permiten aclarar en qué casos no se constituye una vía de hecho, haciendo referencia a los siguientes: i) la simple divergencia sobre la apreciación normativa, ii) la contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial, iii) una interpretación que no resulta irrazonable, no pugna con la lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a la disposición analizada y, iv) discutir una lectura normativa que no comparte, pues para ese efecto debe acudirse a las instancias judiciales ordinarias y extraordinarias y no a la acción de tutela que no es tercera instancia. En síntesis, la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela cuando estos resultan afectados por la interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas debe ser excepcionalísima y únicamente procede cuando el juez se

aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que existan distintas interpretaciones razonables, debe prevalecer la del juez de conocimiento en aras de preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial.

3. Caso concreto En el presente asunto, el accionante reprocha la sentencia de 5 de agosto de 2020 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sede de apelación, le negó al demandante el reconocimiento y pago del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000.

Manifiesta, en síntesis, que dicha decisión desconoce que consolidó el derecho al subsidio familiar cuando estaba vigente el aludido Decreto 1794, por lo que es con fundamento en dicha norma que debió reconocerse ese emolumento y no con el 9 Decreto 1161 de 2014, pues ello lo ubica en una situación de desigualdad frente a otros soldados profesionales a quienes les fue reconocido correctamente dicho subsidio. Ahora bien, de las piezas procesales que reposan en el expediente se advierte lo siguiente: El Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de 9 de octubre de 2019, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 20173182321911 de 28 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar al señor Pulido Chavarro el subsidio familiar en los porcentajes establecidos en el Decreto 1794 de 2000, al considerar

que, en efecto, para acceder a dicho auxilio, lo relevante es determinar la fecha de consolidación del requisito que para este caso es contraer matrimonio, lo que, en el asunto bajo examen, ocurrió el 27 de diciembre de 2008, cuando el demandante se casó con la señora Milena Patricia Montero. Por tanto, precisó que el requisito de informar a la entidad el cambio del estado civil es necesario para determinar los efectos fiscales del pago de dicho subsidio, sin que ello modifique la fecha de consolidación del derecho. Así lo expuso el Juzgado: «Está demostrado que el demandante Jesús Alberto Pulido Chavarro prestó sus servicios como soldado regular desde el 11 de octubre de 2002 hasta el 13 de agosto de 2004; posteriormente ingresó como soldado alumno profesional el 5 de octubre de 2004 y a partir del 1° de diciembre el mismo año pasó a ser soldado profesional, sin que conste fecha de retiro de la institución (fls. 3 y 96). Igualmente se comprobó que el SLP Jesús Alberto Pulido Chavarro contrajo matrimonio con la señora Milena Patricia Montero Gómez el 27 de diciembre de 2008, tal como consta en Registro Civil de Matrimonio que reposa a folios 6 y 109 del expediente. (…) Si bien el artículo 11 en comento dispone como deber del soldado profesional informar al comandante de Fuerza el cambio de estado civil, para proceder al reconocimiento del subsidio familiar, considera el Despacho que para adquirir el derecho al citado emolumento basta con reunir los supuestos de hecho o de derecho contemplados en la norma, es decir, haber contraído

matrimonio o constituir unión marital de hecho. En consecuencia, la 10 información que realiza el interesado es simplemente para que la entidad proceda a realizar el pago correspondiente. (..) En ese orden de ideas, cuando el inciso 11 del Decreto 1784 de 2000 impone el deber de informar el cambio en el “estado civil”, se entiende que la norma se refiere como ya se dijo, a los efectos fiscales de la fecha en la que se pagará el subsidio familiar y no a la consolidación del derecho, la cual se produce con la celebración del matrimonio o con la conformación de la UMH. Así se evidencia que el soldado profesional Jesús Alberto Pulido Chavarro tiene derecho a que la entidad demandada le reconozca el subsidio familiar en la forma prevista en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, es decir, en cuantía del 4% del salario básico mensual más la prima de antigüedad, pues no cabe duda que el demandante consolidó el derecho al reconocimiento de la prestación en la vigencia de la norma del año 2000». Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada la apeló, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de la providencia de 5 de agosto de 2020, revocó lo resuelto por el a quo, y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones: «Igualmente, reposa “Formulario Único de solicitud de Subsidio Familiar de conformidad con lo establecido en los Decretos Leyes 1211 y 1214 de 1990 y 1794 de 2000”, diligenciado por el actor, el cual fue remitido el 29 de julio

de 2014, por el Jefe de Personal de la entidad al Mayor General Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional. En el mismo sentido, reposa Orden Administrativa No. 1919 de 30 de agosto de 2014, mediante la cual le fue reconocido al demandante el 25% del subsidio familiar, con novedad fiscal 29 de julio de 2014, correspondiendo a un 20% al matrimonio que contrajo con la señora Montero Gómez, un 3% a su hijo menor, Edison Stiven Pulido Murcia, y un 2% restante a su hija menor, Ashley Carolina Pulido Montero. Ahora bien, en este asunto, el actor pretende el reconocimiento y pago del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, mismo que fuere solicitado a la entidad el 29 de julio de 2014 y reconocido al demandante a través de la Orden Administrativa de Personal No. 1919 de 30 de agosto de 2014. De lo anterior concluye la Sala, como lo hiciera en la sentencia de 11 de marzo de 20209, que el acto administrativo que reconoció el subsidio familiar al libelista está incólume en el ordenamiento legal y surte plenos efectos, mientras no haya sido demandado y anulado por esta jurisdicción. 9 En la que se decidió un caso con contornos similares al presente, dentro del proceso con radicado No. 11001-32-42-046-2018-00230-01, Magistrado Ponente Dr. Samuel José Ramírez Poveda. 11 Se debe resaltar que, de acuerdo a la normatividad antes analizada, quien devenga un subsidio con arreglo al Decreto 1161 de 2014 no puede solicitar

un subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de 2000, por cuanto del contenido de la primera disposición mencionada, así se desprende. En el asunto sub examine, resulta forzoso concluir que el demandante antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014 , no devengaba subsidio familiar alguno, y su derecho lo adquirió luego de la norma Ibidem (25 de junio de 2014), por lo tanto, su reconocimiento y pago se efectuó bajo los parámetros de esta disposición, la cual, por demás, estaba dirigida a quienes a su entrada en vigencia, no percibían dicha prestación, por lo tanto, no se podría reconocer un reajuste sobre un emolumento que el accionante no devengaba. Colorario de lo anterior, se encuentra establecido que no es posible percibir el subsidio familiar bajo los lineamientos del Decreto 1794 de 2000, como quiera que, ya le fue concedido conforme al Decreto 1161 de 2014, existiendo un acto que estableció su reconocimiento, mismo que se encuentra revestido de la presunción de legalidad sin que haya sido demandado» De lo anterior, se advierte que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de negar el reconocimiento del subsidio familiar en el porcentaje previsto en el Decreto 1794 de 2000 obedeció a que el demandante, en la actualidad, devenga el subsidio familiar de que trata el Decreto 1161 de 2014, por virtud de la solicitud que formulara a la entidad el 29 de julio de 2014 y que fuere resuelta a través de la Orden Administrativa 1919 de 30 de agosto de 2014, cuya legalidad no fue ni ha sido demandada en sede de nulidad y restablecimiento del

derecho, lo que implica que seguirá surtiendo plenos efectos jurídicos relativos al pago del mentado auxilio. En ese contexto, considera esta corporación que la posición jurídica asumida por el Tribunal no configura un defecto sustantivo, toda vez que, a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el proceso y las normas que sobre el subsidio familiar resultaron relevantes en el asunto, estableció que la decisión contenida en el oficio demandado se encontraba ajustada a la legalidad, puesto que al demandante ya le había sido reconocido el subsidio familiar mediante un acto administrativo que no fue controvertido y tampoco ha desaparecido del ordenamiento jurídico. De igual forma se observa que el Tribunal siguió el criterio adoptado por la misma Sala, pues así lo señaló de manera expresa en la parte considerativa de su 12 providencia al remitirse a la sentencia de 11 de marzo de 2020 expedida dentro del proceso radicado con el No. 11001-32-42-046-2018-00230-01, por lo que el hecho de que, como lo afirma el demandante, puedan existir ciertos asuntos en los que se adoptara una decisión favorable a las pretensiones de la demanda no evidencia la existencia de un precedente judicial de obligatorio acatamiento, sino que, por el contrario, se trata de meros antecedentes que no pueden predicarse como vinculantes o que constituyan doctrina probable en el asunto, por lo que, en este caso, debe respetarse el criterio adoptado por el fallador aquí demandado, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial. Es claro entonces que lo planteado en esta sede constitucional se limita a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación de una norma, lo

que no es suficiente para calificar una providencia como arbitraria o caprichosa, y menos aun, violatoria de derecho fundamental alguno. De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio del juez de conocimiento prevalece frente a la opinión del juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino también porque este se encuentra amparado por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada. Así pues, esta Sala concluye, siguiendo el criterio adoptado en oportunidad anterior en un asunto de similares supuestos fácticos y jurídicos10, que la negativa del tribunal en el reconocimiento del subsidio familiar confor