CE-1001-03-15-000-2021-00817-00 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTOS FÁCTICO, PROCEDIMENTAL, SUSTANTIVO, POR

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, POR DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN Y

POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – A partir de la fecha de la última factura presentada / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES En el caso bajo estudio, la parte actora adujo que el Tribunal Administrativo del Chocó, al dictar la providencia del 19 de febrero de la presente anualidad, sin tener en cuenta la solicitud probatoria que presentó el 7 de abril de 2014, incurrió en defecto fáctico, defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente, error inducido, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, dado que las pruebas pedidas acreditaban que el señor [M.M.M.D.] solo tuvo conocimiento del daño en el año 2013 y, por tanto, no era procedente declarar la caducidad de la acción de reparación directa. (…) En igual dirección, la Sala advierte que, el 29 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió el recurso de apelación; sin embargo, no sobra precisar que en el término de ejecutoria de esa providencia el señor [D.M.] no realizó manifestación alguna respecto de la solicitud probatoria que presentó el 7 de abril de 2014. Posteriormente, se profirió el auto del 5 de noviembre de 2014,

por medio del cual se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. (…) De los anteriores documentos, que, valga anotar, sí obran en el expediente, se puede apreciar que el señor [M.D.] en ninguna de las oportunidades procesales que tuvo a su disposición advirtió a la autoridad judicial accionada que el escrito que él mismo denominó como «alegatos de conclusión» contenía una solicitud probatoria. Esto, pese a que es un deber de las partes obrar con lealtad y buena fe en todos sus actos durante el desarrollo del proceso judicial. El hecho de que la parte demandante hubiera esperado a que el Tribunal demandado profiriera sentencia para advertirle a través de la acción de tutela que no se pronunció sobre una solicitud probatoria, da cuenta de la inobservancia de ese deber de lealtad procesal. En suma, se tiene que, aunque es cierto que el Tribunal Administrativo del Chocó no se pronunció respecto del memorial presentado el 7 de abril de 2014 por el aquí accionante, también lo es que no está acreditado que dicho escrito se hubiera incorporado efectivamente al expediente, razón por la cual el Tribunal no pudo conocer de los argumentos o solicitudes allí contenidas. Esa información, se reitera, fue corroborada por la Sala en la página de consulta de procesos de la Rama Judicial y en el expediente en medio magnético que remitió la autoridad judicial accionada. A esto se suma el hecho de que el aquí demandante nunca le advirtió al referido Tribunal que en el memorial denominado «alegatos de conclusión» iba inmersa una solicitud probatoria, escrito respecto del cual, se recalca, no se encuentra demostrada su incorporación al expediente ordinario. En

todo caso, como la inconformidad de la parte actora tiene que ver también con el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó el 19 de febrero de la presente anualidad, conviene señalar que este fue razonable, pues, según se observa, concluyó que el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa (promovida bajo la premisa de que se había configurado un enriquecimiento sin causa -actio in rem verso-) se debía contar a partir de abril de 2007, fecha de la última factura presentada, a fin de que se pagaran los servicios prestados por el médico [M.D.], y, como la demanda se instauró en el mes de octubre de 2009, era claro que el término de dos años para incoar la acción de reparación directa ya había fenecido, decisión que, de hecho, se basó en la jurisprudencia y la normativa vigentes. En efecto, el Tribunal basó su decisión en jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se ha señalado que el término de caducidad de la acción de reparación directa, en aquellos eventos en los cuales se constató la prestación de un servicio ordenado por la entidad estatal, sin haberse celebrado el contrato respectivo, y que no es pagado, se deberá contabilizar a partir de la prestación del servicio y no a partir de la negativa de la entidad a realizar el pago respectivo. (…) Bajo ese contexto, en criterio de la Sala, el Tribunal Administrativo del Chocó, al proferir la sentencia del 19 de febrero de 2021, mediante la cual declaró configurada la caducidad de la acción de reparación directa, no incurrió en los defectos señalados ni vulneró los

derechos fundamentales del señor [M.M.M.D.], por lo cual se negará la solicitud de amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00817-00 (AC)

Actor: MEDARDO MARIANO MORENO DÍAZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el señor Medardo Mariano

Moreno Díaz contra el Tribunal Administrativo del Chocó.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda 1.1. Pretensiones El 1º de marzo de la presente anualidad, el señor Medardo Mariano Moreno Díaz interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, «en conexidad con el principio de seguridad jurídica (…) [y] a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal». Formuló las siguientes pretensiones: 1.Se AMPAREN los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la parte actora.

2

2. Siguiendo los principios pro actione y pro homine, previstos en los artículos 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente, así como el principio pro damato y pro actione y las subreglas jurisprudenciales establecidas en la Sentencia SU-659 DE 2015:

a. Se le ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, DEJAR

SIN EFECTO:

1. La sentencia Nro. 09 de febrero 19 de 2021 que revocó en su totalidad la sentencia Nro. 08 de febrero 05 de 2014.

b. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, que dentro de un término máximo de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión tomada, emita una nueva providencia en la que tenga en cuenta los artículos 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los principios in dubio pro DAMATO y PRO ACTIONE y las subreglas jurisprudenciales establecidas en la Sentencia SU-659 de 2015, valore las pruebas obrantes y solicitadas dentro del proceso, y como consecuencia de ello, DECLARE que el demandante MEDARDO MARIANO MORENO DÍAZ, tuvo conocimiento del daño o el hecho dañoso en el año 2013, al negársele el reconocimiento y pago de su obligación a través de la resolución Nro. 081 de 2013 que fue confirmada por la resolución Nro. 1186 de 2013. c. En acatamiento de lo anterior, se le ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, que en la nueva sentencia que debe dictar, tenga como precedente la sentencia de UNIFICACIÓN, la dictada por el H. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 73001-23-31-0002000-03075-01 (24897) y la línea jurisprudencial que se ha adelantado con

base en dicha decisión, así:

1. Sentencia dictada por el H. Consejo de Estado a través de su Consejero Ponente el Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, dictada el 27 de noviembre de 2017, bajo el radicado Nro. 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121). ii. Sentencia 2012-00087/48186 de agosto 12 de 2019, dictada bajo la radicación Nro. 70001-23-33-000-2012-00087-01 (48.186), siendo Consejera Ponente la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, entre otras.

Decisiones donde se desarrollan las hipótesis contenidas en la sentencia de UNIFICACIÓN proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, y en donde el H. Consejo de Estado fijó su posición en torno a la procedencia de la acción de reparación directa como el medio adecuado para formular pretensiones relativas al enriquecimiento sin justa causa – in rem verso-, sentencias en las cuales se previeron los casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio in rem verso y con ello, se CONFIRME en su totalidad la sentencia de primera instancia.

3. Si las anteriores pretensiones son falladas favorablemente, se oficie a la Procuraduría Departamental, por parte del señor Magistrado Ponente, para que vigile el cumplimiento inmediato de la presente acción, para así evitar dilaciones y demoras injustificadas por parte del accionado, ya que estas

decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo expresan las sentencias de tutela Nros. T-942 del 2000 y T-098 del 2002. 1.2. Hechos Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así: 3 El señor Medardo Mariano Moreno Díaz manifestó que prestó sus servicios como médico especialista al Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó – Dasalud durante varios años, sin que existiera un contrato de prestación de servicios médicos. Indicó que Dasalud le enviaba un oficio u orden en la cual le remitía a personas que se encontraban afiliadas a esa entidad y que, posteriormente, «presentaba mensualmente la cuenta de cobro para su posterior pago». Expuso que presentó las facturas a Dasalud por el servicio prestado durante el período comprendido entre 2005 y 2007, las cuales «fueron recibidas a entera satisfacción de DASALUD y no fueron objetadas y menos glosadas por dicha entidad». Adujo que, el 29 de marzo de 2007, el Ministerio de la Protección Social – Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 292, por la cual se ordenó la intervención técnica administrativa del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó – Dasalud. Agregó que, por tal situación, « procedió a presentar nuevamente -en el año 2007las facturas y sus soportesante DASALUD». En octubre de 2009, en ejercicio de la acción de reparación directa, el señor [M. M.M.D.] demandó al Departamento Administrativo de Seguridad Social del Chocó

– DASALUD, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por el enriquecimiento sin causa derivado de la falta de pago de los servicios por él prestados como médico especialista durante el período 2005-2007. A ese proceso se le asignó el radicado 2010-00080-00. Afirmó que solo tuvo conocimiento del daño cuando se profirieron las Resoluciones 0081 del 13 de agosto de 2013 y 1186 del 12 de noviembre 2013, «que es donde DASALUD manifiesta su intención de no reconocer y menos cancelar los dineros». Mediante sentencia del 5 de febrero de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Quibdó accedió a las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue apelada por Dasalud. El señor Moreno Díaz manifestó que, el 7 de abril de 2014, se pronunció «en el alegato interpuesto (…) en donde solicité unas pruebas (…) y con esas pruebas 4 pedidas era para desvirtuar esa manifestación de caducidad». Agregó que, respecto de esa solicitud probatoria, el Tribunal Administrativo del Chocó no emitió pronunciamiento alguno. Por último, manifestó que el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 19 de febrero de 2021, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción de reparación directa1. 1.3. Argumentos de la tutela Concretamente, la parte actora sostuvo que, en la providencia del 19 de febrero de 2020, la autoridad judicial accionada incurrió en: (i) Defecto fáctico, porque no se pronunció sobre la solicitud probatoria del 7

de abril de 2014. (ii) Defecto procedimental absoluto, «ya que si se hubiesen pedido las pruebas, se habría demostrado que me negaron la acreencia en el año 2013 y que a partir de esa fecha, fue que se tuvo conocimiento del daño y no antes». (iii) Defecto sustantivo, toda vez que se desconoció lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 25 y 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios pro actione, pro homine y pro damato, respecto del conteo del término de caducidad. (iv) Error inducido, porque la entidad demandada en el proceso de reparación directa, desde la presentación del recurso de reposición, «escondió» la existencia del proceso de intervención y que solo en el año 2013 le había calificado y graduado la acreencia al señor Moreno Díaz. (v) Decisión sin motivación, dado que el Tribunal desconoció las pruebas que le hubieran permitido tomar una decisión acorde con lo planteado en el proceso. (vi) Desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-659 de 2015, y el Consejo de Estado, en las sentencias del 9 de mayo de 2013, exp. 1999-00924-01, del 12 de diciembre de 2012, exp. 1 Consideró que: «La Sala, desafortunadamente evidencia que la acción en el presente asunto se encuentra caduca, toda vez, que conforme a las pruebas allegadas al plenario se puede observar que la última factura que el demandante allega como prueba, data del año 2007 (mes de abril) siendo ese el punto de partida para la contabilización de la caducidad. De igual forma, se observa

que si bien el actor no allegó la certificación de cuándo radicó en sede de procuraduría la solicitud de conciliación y en la allegada tampoco se observa fecha alguna, sino apenas la de la celebración y declaratoria de fallida, lo cierto es que después de haberse declarado ese efecto (30 de abril de 2009), el actor demoró la presentación de la demanda hasta el mes de octubre de 2009, cuando evidentemente había dejado pasar el tiempo prudente para promover en sede judicial, su acción». 5 2011-00899-01 y la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, exp. 2000-03075-01, atinente al cómputo del término de caducidad cuando no se tiene certeza del momento a partir del cual debe contarse. (vii) Violación directa de la Constitución, toda vez que la providencia cuestionada le quitó la posibilidad de debatir y establecer si la actuación de las autoridades públicas demandadas le causaron un daño antijurídico que debía ser indemnizado.

2. Trámite impartido e intervenciones Mediante auto del 5 de marzo de la presente anualidad, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y, como terceros con interés, al gobernador del departamento del Chocó, al presidente de la Fiduprevisora S.A. y al liquidador del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó – Dasalud en liquidación. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Todas las autoridades vinculadas guardaron silencio, a pesar de haber sido

notificadas del auto admisorio de la demanda.

I. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela. En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del 6 año 20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho fundamental. Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales. El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González. 7 de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la

legitimidad de su órbita funcional. g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución. Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional. Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente. 8 Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos3, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de

Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionadas, la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema Jurídico En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron o no los defectos invocados por la parte actora, en la providencia del 19 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.

3. Análisis de la Sala 3.1. Requisitos generales de procedibilidad 3.1.1. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene relevancia constitucional, toda vez que la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus derechos fundamentales «al debido proceso e igualdad en conexidad con el principio de seguridad jurídica, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal», derechos tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela. Además, se observa que la parte actora cumplió con la carga argumentativa

en relación con el defecto endilgado a la providencia objeto de tutela y que no se está utilizando el mecanismo de amparo constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario. 3.1.2. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto la providencia dictada el 19 de febrero de 2021, fue notificada por correo 3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017. 9 electrónico el 23 de febrero siguiente, mientras que la demanda de tutela fue presentada el 1 de marzo de la presente anualidad, esto es, antes de seis meses, término que resulta razonable. 3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito también está acreditado, pues contra la decisión atacada no procede ningún recurso. 3.1.4. Finalmente, la providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela. Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, corresponde a la Sala estudiar los requisitos especiales para la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales. 3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora 3.2.1. Del defecto procedimental absoluto El defecto procedimental hace referencia a aquellos casos en que el funcionario judicial actúa completamente al margen del procedimiento legalmente establecido. En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura cuando el funcionario judicial: (i)Sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde (desvío del cauce del asunto)4.

(ii) Pretermite etapas o eventos sustanciales del procedimiento, circunstancia que automáticamente conlleva al desconocimiento del derecho de defensa y contradicción5. (iii) Incurre en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones devienen en denegación de justicia6. 4 Sentencia T-1049 de 2012. 5 Ibídem. 6 Sentencia T-386 de 2010. 10 (iv) Dicta una sentencia sin conexión con los hechos y pretensiones de la demanda o sin tener en cuenta los aspectos del fallo de primera instancia que fueron objeto de impugnación, según el caso, lo que se traduce en desconocimiento del principio de consonancia o congruencia7. 3.2.2. Del desconocimiento del precedente jurisprudencial El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar precedentes8, al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una norma o resuelve un problema jurídico específico y el juez, en un caso semejante que se presenta con posterioridad, afronta la situación desconociendo que en dicho pronunciamiento se definió, en principio de manera vinculante, el alcance de la disposición aplicable o se fijó una regla para resolver esa clase de problemas jurídicos. En estos casos, entonces, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de otros principios básicos del orden constitucional. Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría

de los precedentes9, se tiene que para identificarlos, es preciso realizar un análisis técnico de la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir entre el decisum, la ratio decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte resolutiva de la sentencia, aquello que se dictamina en el caso concreto y que, dependiendo del tipo de pretensión invocada ante el juez administrativo, tendrá fuerza erga omnes o efecto inter partes10. Por su parte, la ratio decidendi «corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico»11 o, en su definición original, a la «formulación del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial»12. Finalmente, el obiter dictum será «lo que se dice de paso»13 en la providencia, esto es, «aquello que no está inescindiblemente ligado con la decisión»14. 7 Ver, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-152 de 2013. 8 Sentencia T-534 de 2017 de la Corte Constitucional. 9 Sentencia T-292 de 2006. 10 En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA. 11 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. 12 Corte Constitucional, sentencias SU-047 de 1999 y SU1300 de 2001. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-1300 de 2001. Ver también entre otras, la sentencia SU-047 de 1999. 14 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

11 Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga omnes o inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez, se impone señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro ordenamiento constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, y de amparar derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la fuerza vinculante de los precedentes judiciales que han resuelto situaciones análogas anteriores15. Lo anterior, en el sentido antes descrito, conforme al cual «únicamente se forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un caso»16. De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada como ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene que, conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la sentencia T-292 de 2006, para determinar si un precedente es relevante o no «se deben tener en cuenta factores como que: i) «En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii)La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante, iii)Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que «cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado

para no considerar vinculante el precedente». En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas17: a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció18