CE-1001-03-15-000-2021-00842-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA – En el trámite de proceso ejecutivo / ETAPAS DEL PROCESO EJECUTIVO – Han sido surtidas con diligencia por la autoridad competente [S]e observa que los demandantes pretenden utilizar este medio de defensa constitucional para lograr un pronunciamiento en las sucesivas etapas procesales de la ejecución que adelanta para lograr el acatamiento de la sentencia de reparación directa que les resultó favorable. (…) En efecto, lo anterior es evidente pues los actores en ambas acciones de tutela redactaron las pretensiones de la misma manera, salvo que la causa convocada fue distinta, en tanto que la finalidad de la primera acción fue que se le diera trámite a la demanda ejecutiva y se profiriera el mandamiento de pago; mientras que con esta lo pretendido radicó en la omisión de la autoridad judicial demandada en continuar con el trámite judicial, que se dictara el auto que ordene seguir adelante con la ejecución y se resolviera lo atinente a las medidas cautelares. (…) No obstante, la Sala considera que procesalmente no existen instituciones o medios judiciales que le impongan un impulso a un proceso judicial cuando la tardanza no es atribuible a una conducta caprichosa o arbitraria del funcionario judicial. (…) Adicionalmente, se recuerda que la Corte Constitucional en la sentencia T - 230 de 2013 consideró que «…atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los

funcionarios judiciales». (…) Por lo que, se advierte que el Tribunal demandado no ha incurrido en una dilación producto de su falta de diligencia o en la omisión sistemática de sus deberes, pues para ello resulta precisar que se han surtido las etapas procesales correspondientes y, es precisamente, a la autoridad judicial demandada a la que le corresponde determinar la viabilidad de las solicitudes en cuestión. (…) A su vez, se encuentra que la falta de decisión respecto del trámite objeto de las peticiones de los actores, además ha obedecido a la realización de actuaciones judiciales necesarias para desarrollo del proceso ejecutivo, sin que de ello se pueda advertir un tiempo innecesario, prolongado e injustificado en el correspondiente impulso procesal. (…) Por lo anterior, se reitera que es de conocimiento público la situación de congestión judicial que agobia a los distintos despachos judiciales, por lo que de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional, debe tenerse en cuenta que tal situación justifica el tiempo transcurrido, aunado por supuesto, a las demás diligencias y actuaciones de carácter secretarial que se han surtido dentro del proceso ejecutivo objeto de controversia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00842-00(AC)

Actor: ORLANDO CARRILLO CARRILLO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por los señores Orlando Carrillo Carrillo, Diana Paola Moreno Delgado y Diana Valentina Carrillo Moreno, en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional Mediante escrito presentado el 1° de marzo de 2021 ante la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Orlando Carrillo Carrillo, Diana Paola Moreno Delgado y Diana Valentina Carrillo Moreno, en nombre propio1, interpusieron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, así como a su pronto y cumplido ejercicio, a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, la dignidad humana y a la seguridad jurídica.

Sostuvieron que estas garantías les han sido vulneradas con ocasión de la omisión de la autoridad judicial demandada en continuar con el trámite judicial de la acción ejecutiva interpuesta desde el 8 de julio de 2020 dentro del expediente 68001-23-31-000-2000-01872-00. En consecuencia, la parte demandante pretende: 1.-) Ruego respetuosamente, tutelar los derechos fundamentales de rango constitucional invocados, representados en derecho fundamental de ACCEDER A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD ANTE LA LEY, al DEBIDO

PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, la PRONTA y CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, la DIGNIDAD HUMANA, LA SEGURIDAD JURIDICA, y demás derechos conexos y/o derivados de éstos.

2.-) Como consecuencia de lo anterior, ruego ordenar al operador judicial demandado, que en el término perentorio que su Despacho señale, resuelva la petición planteada. La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes

2. Hechos Indicaron que, con ocasión de la falla en la prestación del servicio de salud en la atención del parto de la menor Daniela Fernanda Carrillo Moreno, quien sufrió graves e irreparables afectaciones en su salud física y mental, promovieron para el año 2004 una demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Salud, la ESE hospital Regional de García Rovira y el departamento de Santander.

Agregaron que el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 13 de noviembre de 2009 negó las pretensiones de la demanda, por lo que presentaron un recurso de apelación, del cual conoció la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado2, que con fallo del 14 de junio de 2018, 1 Escrito de demanda que fue asignada a este despacho con acta individual de reparto del 2 de marzo de 2021, expediente que ingresó al despacho el 3 del mismo mes y año. 2 Con radicación 68001-23-31-000-2000-01872-01 (38682). revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, absolver al referido ministerio y declarar responsable patrimonialmente al mencionado ente hospitalario. Precisaron que esta última providencia les fue comunicada el 14 de noviembre de esa misma anualidad. Manifestaron que en esa decisión se dispuso: «…medidas de satisfacción, rehabilitación y de no repetición, las cuales consisten: pedir disculpas en

ceremonia privada a los parientes de la niña DANIELA FERNANDA CARRILLO MORENO, si ellos consienten en ello; pagar la evaluación y el tratamiento psicológico para solventar las secuelas que ha dejado los hechos objetos del

proceso a ORLANDO CARRILLO CARRILLO (padre), DIANA PAOLA MORENO

DELGADO (madre) y DIANA VALENTINA CARRILLO MORENO (hermana)».

Agregaron que presentaron una petición al Consejo de Estado para que se adecuara o se implementara la sentencia en cuanto a los efectos del pago efectivo de las condenas ante la intempestiva liquidación patrimonial del hospital, el cual mediante providencia del 2 de octubre del 2019, en su parte motiva determinó lo siguiente: «12. Ahora bien tal como se citó en la parte considerativa de la sentencia y conforme a lo establecido en el numeral 11 de la Resolución 0297 de 28 de diciembre de 2006, ante una eventual condena a la E.S.E. Hospital Santo Domingo de Málaga, en liquidación, era claro que esa obligación debía ser asumida por el Departamento de Santander con base en el patrimonio al transferido…» Refirieron que la Alta Corporación también consideró lo siguiente: «17. Luego, el departamento (sic) de Santander debe ejecutar el fallo del 14 de junio de 2018, bajo la premisa que la providencia diferenció entre: i) la falta de legitimación por pasiva del departamento (sic) de Santander por no ser el directamente responsable del daño y ii) la carga obligacional que está en cabeza del ente territorial con base en la resolución (sic) 0297 por ser el responsable de

atender el pasivo cierto no reclamado y las obligaciones litigiosas de la E.S.E Hospital Santo Domingo de Málaga. …

20. Visto lo anterior, para la Sala es claro el departamento (sic) de Santander (con cargo al patrimonio a él entregado) era quien tenía que precaver el pago de esta obligación litigiosa y, por lo tanto, con forme a lo que se ha dicho es quien deberá pagar los perjuicios objeto de la condena del 14 de junio del 2018 en sus estrictos términos.» Destacaron que con fundamento en lo anterior, el 11 de febrero de 2020 promovieron una demanda ejecutiva de obligación de hacer ante el referido Tribunal y que, ya aclarado lo relativo a la atención virtual de la justicia, el 8 de julio de la misma anualidad presentaron una petición para que se le diera trámite a dicha ejecución y se ordenara librar mandamiento de pago en contra de las «entidades responsables (sic)».

Indicaron que, ante la falta de respuesta, el 13 de agosto de 2020, presentaron una acción de tutela en contra del Tribunal, la cual se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2020-03506-00, que conoció la magistrada María Adriana Marín del Consejo de Estado. Afirmaron que luego de notificada, la autoridad judicial libró mandamiento ejecutivo el 8 de octubre de 2020, razón por la que el amparo solicitado se «…declaró improcedente por el fenómeno de hecho superado». Agregaron que el Tribunal ordenó correr traslado del mandamiento ejecutivo y

que, el 19 de noviembre de 2020 presentaron una solicitud de seguir adelante con la ejecución, así como la petición de las medidas cautelares; pero que, la vacancia judicial se dio entre el 19 de diciembre de esa anualidad y el 11 de enero de 2021, sin que el citado memorial hubiera pasado al despacho para su respectivo trámite; por lo que ha transcurrido más de un mes sin respuesta alguna. Manifestaron que debido a la demora, el 4 de febrero de 2021 nuevamente presentaron otro memorial para reiterar el del 19 de noviembre «2021(sic)»; escrito que fue pasado al despacho el 5 de febrero de 2021, sin que a la fecha exista una respuesta, tal y como se evidencia en la plataforma Siglo XXI.

3. Sustento de la vulneración Señalaron que han pasado más de tres meses desde la petición de seguir adelante con la ejecución y la de las medidas cautelares, sin respuesta alguna por parte del Tribunal demandado, pese a que, para lo último, el artículo 588 del Código General del Proceso establece un día para ello.

Resaltaron que han pasado más de dos décadas (21 años) sin que existan resultados positivos de la acción de reparación presentada y, en la ejecución ha transcurrido más de dos meses sin que se haga efectiva; razón por la que consideran que existe una mora judicial que vulnera sus derechos fundamentales y convencionales. Citaron las sentencias T-693A de 2011, T-030 de 2005, T-052 de 2018, T-171 de 2006, SU 833 de 2020 de la Corte Constitucional, así como el artículo 2° superior y los «artículos 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos»,

entre otros, para destacar que al no ejecutarse ni siquiera las condenas no patrimoniales de satisfacción, rehabilitación y de no repetición, han sido sometidos a una «re-victimización», por la grave afectación a la vida y salud física y mental de la familia, especialmente porque al final afrontaron la muerte de su hija Daniela Fernanda, sin resultado alguno y con la esperanza de una verdadera justicia que se desvanece por la mora judicial.

4. Trámite de la solicitud de amparo Mediante auto del 5 de marzo de 2021, se admitió la solicitud de tutela y, en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el

Tribunal Administrativo de Santander. Asimismo, se requirió en forma digital el expediente, ya fuera en físico o por vía electrónica.

5. Argumentos de defensa Surtidas las notificaciones de rigor, se presentó la siguiente intervención: 5.1. Tribunal Administrativo de Santander Esta autoridad se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar que no existió alguna trasgresión de los derechos fundamentales de la parte accionante. En concreto, expuso lo siguiente: «Se procede a revisar el expediente, de cara con las actuaciones registradas en el Sistema Justicia Siglo XXI y se observa, que en el proceso ejecutivo bajo radicado 680012331-2000-01872-00, promovido por DIANA PAOLA DELGADO y OTROS contra la NACIÓNMINISTERIO DE SALUDHOSPITAL REGIONAL, el pasado 08.10.2020 se libró mandamiento ejecutivo, encontrándose el expediente en turno para determinar si hay lugar a seguir adelante con la ejecución, lo que en efecto

requiere de un análisis de fondo, y se considera de entrada que la acción constitucional no puede convertirse en el mecanismo de impulso procesal en las actuaciones judiciales, ello desconoce las garantías al debido proceso y el respeto por los turnos frente a las personas que están a la espera de las resoluciones en las actuaciones judiciales.» Recordó que el trámite de la acción de tutela es preferente y sumario, el cual se rige por principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía procesal, celeridad y eficacia, siendo procedente únicamente en eventos en donde no exista un instrumento constitucional o legal diferente al incoado, salvo que se pretenda la causación de un perjuicio irremediable, lo que no sucede en el presente asunto, pues los accionantes, pretenden dar impulso procesal al proceso ejecutivo. Agregó que los demandantes no concretaron la vulneración alegada, pues por el contrario, lo que se pretende es un impulso procesal dentro de la acción ejecutiva a fin de que se profiera sentencia que sigue adelante con la ejecución, de manera que, no se evidencia en que se traduce la vulneración al debido proceso, ni a qué actuación u omisión resulta atribuible la mora judicial. Precisó que, si en gracia de discusión se tuviera que esta existe, lo cierto es que, la Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un fenómeno multicausal y estructural la cual se presenta por el alto número de procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión judicial y que, para ello, resulta necesario verificar los presupuestos que la configuran.

Señaló que no se estructuran los elementos para considerar que existe mora judicial injustificada, dado a que no puede olvidarse que, todas las resoluciones dentro de los procesos conservan un turno, y no es la acción de tutela, el mecanismo idóneo para pretender el impulso dentro de un proceso judicial o pretender alterar los turnos en que ingresan los procesos al despacho.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el Acuerdo 080 de 2019.

2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar, en el presente evento, si se encuentra vulnerado el derecho fundamental de petición de la parte actora por parte del Tribunal Administrativo de Santander, autoridad judicial que no ha respondido las solicitudes presentadas el 19 de noviembre de 2020 y el 4 de febrero de 2021 con el fin de que se siga adelante con la ejecución que promovieron los demandantes ante la falta de cumplimiento de una sentencia de reparación directa, así como, lo relacionado con la petición de las medidas cautelares.

Conforme a lo anterior, se efectuará el correspondiente estudio de la procedencia de la acción de tutela respecto del derecho fundamental de petición, así como el ejercicio de dicha garantía respecto de autoridades judiciales, su regulación legal y jurisprudencia. De igual manera se analizará si la falta de respuesta constituye una mora judicial, por la eventual transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a

la administración de justicia.

3. De la procedencia de la acción de tutela El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19913, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad). 3.1 De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de autoridades judiciales. Ley 1755 de 2015, por la cual se reguló el referido derecho fundamental La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.» Por su parte, con la Ley 1755 de 2015 se reguló el mencionado derecho y se sustituyó el título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo (artículos 13 a 33), por violación a la reserva de ley estatutaria4. En dicha norma, se dispuso un término general para resolver las peticiones de 15 días y, como término especial el de 10 días para las solicitudes de documentos e información y, de 30 días cuando se eleve consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo. 3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 4 Sentencia C – 818 de 2011, Corte Constitucional. La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada5. Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario. A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para contestarlo6. De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración no está en capacidad de responder por las características del caso concreto, como por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha desaparecido. Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo. Ello, por cuanto el ejercicio de tal garantía «…no es aplicable a las autoridades

judiciales en el curso de los procesos, ya que estos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.»7 En relación con dicho aspecto la Corte Constitucional ha considerado: «…

5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces las sentencias T334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que: a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos.

Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”8 5 Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre otras.

6 Sentencia T – 1075 de 2003. 7 Sentencia T-178 de 2000. 8 Sentencia T-334 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo …»9 3.2 De la mora judicial frente a peticiones relacionadas con actuaciones judiciales Para la Corte Constitucional10 y para esta Sección11 no todos los incumplimientos en los términos para el ejercicio de la administración de justicia son violatorios de los derechos fundamentales, será así cuando se presenta mora judicial, y al analizar el plazo se observe que este no es razonable y la demora es injustificada. En tales términos, la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos12. Conforme a lo anterior, el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra justificado cuando13: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o c) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra justificado cuando14: a) se presente un incumplimiento en los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente,

b) cuando se desborda el concepto de plazo razonable que involucra el análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global del procedimiento, y, c) exista falta de motivo o justificación razonable en aquel retraso. A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:

4. Caso concreto Para los demandantes sus derechos fundamentales se vulneraron con ocasión de la omisión de la autoridad judicial demandada en continuar con el trámite judicial de la acción ejecutiva promovida desde el 8 de julio de 2020 dentro del expediente 68001-23-31-000-2000-01872-00. En consecuencia, la parte accionante pretende se ordene a la autoridad judicial demandada que en el término perentorio resuelva las peticiones del 19 de noviembre de 2020 y el 4 de febrero de 2021, con el fin de 9 Sentencia T-377 de 2000. 10 Sentencias T-693 A de 2011 y T-1154 de 2004. 11 Expediente 1100103150020140170701 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez 12 Sentencia T - 1019 de 2010. 13 Sentencia T - 803 de 2012. 14 Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004. que se siga adelante con la ejecución de la sentencia indemnizatoria15, así como, lo relativo a las medidas cautelares.

Conforme a lo pretendido por los actores, se procederá a analizar si se configura alguna transgresión al derecho fundamental de petición, así:

La parte demandante solicitó con los mencionados escritos que se profiera la providencia que ordene seguir adelante con la ejecución y se decreten las medidas cautelares. En lo particular, se observa que, posterior a tales actuaciones, en el módulo de consulta de la Rama Judicial se ingresó el proceso al despacho el 5 de febrero de 2021, sin que a continuación se reporte alguna decisión judicial del Tribunal demandado16. Así las cosas, la Sala precisa que las aludidas peticiones implican un acto judicial que no se encuentra regulado por las actuaciones propias de la administración pública, en tanto cuentan con un trámite previamente establecido en la ley para la ejecución de decisiones judiciales producto de una reparación directa. De manera que, constituye un trámite reglado lo relativo a que se disponga seguir adelante con la ejecución de una providencia, así como para lo relativo a las mencionadas cautelas, lo que exige del Tribunal demandado una respuesta, pero no bajo las reglas del derecho de petición, sino bajo las reglas propias del juicio ejecutivo. Es decir, para la Sala la autoridad judicial demandada no se encuentra en la obligación de responder la petición que alega la parte accionante, bajo los parámetros del derecho de petición, pues no se trata de un asunto que pueda resolverse bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas. En consecuencia, no se advierte vulneración alguna del derecho fundamental de petición invocado por la parte accionante y, por tanto, se negará el amparo solicitado. Adicionalmente, se encuentra que los demandantes consideran que existe una mora judicial que vulnera sus derechos fundamentales y convencionales, ya que llevan más de dos décadas desde que inició el proceso de reparación directa sin

que se materialice derecho pues el aludido hospital no ha accedido siquiera a realizar dicho acto de arrepentimiento y mucho menos propiciar el tratamiento psicológico a su familia y, más de tres meses de la petición de seguir adelante con la ejecución y la de las medidas cautelares, sin respuesta alguna, pese a que el artículo 588 del Código General del Proceso17 establece un día para ello. 15 Información que se corrobora con lo reportado en el módulo de consulta de procesos de la Rama Judicial. 16 Se registra a continuación lo siguiente: «09 Mar 2021 CONSTANCIA SECRETARIAL CONTESTACIÓN TUTELA VIA CORREO ELECTRONICOLN 09 Mar 2021» y «08 Mar 2021

RECEPCION DE MEMORIAL EL H.C.E DISPUSO AUTO ADMITE TUTELA RAD. 2021-842-00

SOLICITA EXPEDIENTE EN PRESTAMO»

17 «ARTÍCULO 588. PRONUNCIAMIENTO Y COMUNICACIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES.

Cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez resolverá, a más tardar, al día siguiente del reparto o a la presentación de la solicitud. Tratándose de embargo o de inscripción de demanda sobre bienes sometidos a registro el juez la comunicará al registrador por el medio más expedito. De la misma manera se comunicará el decreto de medidas cautelares a quien deba cumplir la orden.» Asimismo, citaron varios pronunciamientos de la Corte Constitucional y unos artículos de la Convención Americana, para destacar que al no ejecutarse ni siquiera las condenas no patrimoniales de satisfacción, rehabilitación y de no

repetición, han sido sometidos a una «re-victimización». Al respecto, se precisa que la presunta mora judicial no puede ser atribuida a la autoridad judicial que conoció del proceso ordinario de reparación directa por el tiempo transcurrido desde que se promovió la demanda indemnizatoria; pues esa causa tiene una naturaleza, una finalidad y un trámite procesal distinto a la ejecución que es objeto de cuestionamiento, sobre la cual recae la acción de tutela. De manera que, para la Sala, la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela para lograr un impulso procesal que se encuentra reglado, en cuyo trámite inciden no solo los términos dispuestos en el ordenamiento legal, tal y como se contempla en el artículo invocado o incluso los previstos en el artículo 120 ibidem18, sino a múltiples factores que derivan de problemas estructurales de la administración de justicia que históricamente pueden representar una congestión en los despachos judiciales. Para el caso concreto, se observa que la dilación se debe a razones constitucionalmente válidas que explican la omisión en dictar el pronunciamiento respectivo, pues tal y como lo informó la autoridad judicial, en el proceso ejecutivo se libró mandamiento ejecutivo, encontrándose el expediente en turno para determinar si hay lugar a seguir adelante con la ejecución, lo cual aplica a cualquier otra decisión que deba proferir en la causa ejecutiva que requiera de un análisis de fondo. Por tanto, en lo particular se encuentra que la autoridad judicial requiere de una actividad necesaria para adoptar una decisión fundada, lo que implica, además, no afectar los derechos de aquellos que por turno tengan una posición prevalente; por

lo que, en esa medida, la diligencia judicial cuestionada se encuentra dentro de un plazo razonable y, no constituye una «re-victimización» como lo pretende hacer valer la parte actora. De igual manera, para la Sala no pasa desapercibido que los accionantes promovieran otra acción de tutela que se identificó con el radicado11001-03-15000-2020-03506-00, de la cual conoció la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María Adriana Marín, cuyas pretensiones fueron las siguientes: «1. Ruego respetuosamente, tutelar los derechos fundamentales de rango constitucional invocados, representados en derecho fundamental de acceder a la administración de justicia, igualdad ante la ley, al debido proceso, derecho de defensa, la pronta y cumplida administración de justicia, la dignidad humana, la seguridad jurídica, y demás derechos conexos y/o derivados de éstos. 18 «ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin. En lugar visible de la secretaría deberá fijarse una lista de los procesos que se encuentren al de