CE-1001-03-15-000-2021-00951-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración de las pruebas / AUSENCIA DE DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO – Debida aplicación de las normas pertinentes / AUSENCIA DE DEFECTO POR ERROR INDUCIDO – No se acreditó / IMPROCENDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR LA EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL – Procesos civiles de carácter policivo en curso / LEVANTAMIENTO DE LA ORDEN DE

DEMOLICIÓN DE BIEN INMUEBLE

[E]l demandante afirmó que los mecanismos judiciales que llevaron consigo la decisión de declarar improcedente la acción de cumplimiento ya se habían iniciado y culminado sin que sus pretensiones hubiesen prosperado. (…) En relación con estas manifestaciones, la Sala debe precisar que la improcedencia de la acción de cumplimiento por la existencia de otro medio de defensa judicial no lleva consigo que este implique, necesariamente, la prosperidad de las pretensiones de la demanda, puesto que esta decisión deberá ser adoptada por el juez natural de cada proceso con base en las normas aplicables para cada caso y de conformidad con las pruebas allegadas al proceso. (…) Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que no se incurrió en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria alegada por la parte actora. (…) [L]a Sala debe precisar que lo que indicó la autoridad judicial demandada fue que la acción de cumplimiento no era procedente, toda vez que encontró probado que el demandante había iniciado 2

procesos en la jurisdicción civil, uno para recuperar la posesión del inmueble y otro para obtener la restitución del bien arrendado, por lo que el señor Aguilar Ángel contaba con otros medios de defensa judicial para lograr la demolición de la construcción que a su juicio fue levantada ilegalmente. (…) Por tanto, en el proceso de la acción de cumplimiento, objeto de este pronunciamiento, no estaba en discusión si la acción policiva era el mecanismo idóneo y eficaz para obtener la demolición de la construcción, sino que la acción de cumplimiento no era el medio para dirimir dicho conflicto ante la existencia de otros procesos ya iniciados. (…) En consecuencia, la Sala encuentra que el artículo 135, literal A) de la Ley 1801 de 2016 la misma no era aplicable al caso en estudio y, por tanto, se concluye que el defecto sustantivo invocado no se presentó. (…) [L]a Sala considera que no se presenta el defecto de error inducido alegado por el señor [L.M.A.A.], puesto que si bien el demandante afirma que la decisión adoptada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y por el Tribunal Administrativo de Risaralda fueron producto de manipulaciones y pruebas que no tenían que ver con el caso aportados por el Municipio de Pereira, lo cierto es que sus afirmaciones no se encuentran soportadas con ningún elemento de convicción que permita a este juez constitucional determinar que se juzgó con base en hechos que no son reales.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE

CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Medio de

defensa judicial idóneo y eficaz para cuestionar actos administrativos de carácter policivo Por último esta Sala de Decisión debe precisar que cualquier otro reparo frente a las diferentes actuaciones administrativas adelantadas por el Municipio de Pereira en relación con las quejas policivas presentadas por el hoy demandante, no pueden ser objeto de este pronunciamiento, puesto que contra estos actos administrativos el demandante podría interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en el cual es posible pedir medidas cautelares.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00951-00(AC)

Actor: LITZ MARIO AGUILAR ÁNGEL Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor Litz Mario Aguilar Ángel contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por Decreto 1983 del 30 de noviembre de 20171.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Litz Mario Aguilar Ángel, en nombre propio, ejerció acción de tutela2 con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad y el principio de seguridad jurídica, los cuales estimó vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 11 de diciembre de 2020 y 2 de febrero de 2021, en las que se decidió la acción de cumplimiento interpuesta por este contra el Municipio de Pereira. 1 Norma que fue derogada tácitamente por el Decreto 333 de 2021, la cual entró en vigencia el 6 de abril de 2021. 2 La acción de tutela se presentó el 6 de marzo de 2021 a través de un correo de la Secretaría General del Consejo de Estado. En consecuencia, el actor solicitó: “- Pido Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso en toda su dimensión, acceso a la justicia, seguridad jurídica, igualdad, buena fe, locomoción y los que hayan resultado vulnerados y conexos, del Accionante, señor Litz Mario Aguilar Ángel, con ocasión de la actuación judicial de las señoras juezas Accionadas. - Que se revoquen los fallos de la referencia, impugnados o recurridos de la Juez Sexta Administrativo de Pereira (Sentencia del 11 de diciembre de 2020), y de la Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda (febrero 02 de 2021), por ser contrarios a la Constitución, la ley y violatorios de los derechos fundamentales antes referidos. - Que se ordene al Tribunal Administrativo de Risaralda apremiar al Alcalde

(sic) de Pereira y/o Inspector Primero de Policía, para que tramite de manera inmediata, el proceso policivo administrativo en virtud a la denuncia elevada por el Accionante desde el día 29 de mayo de 2018. Ello en cumplimiento del Artículo 135 A y Artículo 223 de la ley (sic) 1801 de 2016, en aplicación de la Ley 393 de 1997, y haber sido probada la renuencia. Y sin que omita sus deberes aduciendo caducidad alguna; por ser patente la prueba de la construcción, ampliación, solicitud e instalación de servicios públicos (año 2020) y ocupación, y aún sigue su construcción. Pruebas que obran en la Inspección de Policía Primera. - Lo demás que ordene en sentencia el Consejo de Estado.”.

2. Hechos De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela y lo evidenciado en el expediente en préstamo allegado al proceso de la referencia se pueden extraer los siguientes: Explicó que desde el 29 de mayo de 2018 denunció ante la Alcaldía de Pereira una construcción ilegal en un predio privado que, en su sentir, vulnera todas las normas contenidas en el Acuerdo 035 de 2016, el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas urbanísticas establecidas en la Ley 1801 de 2016. La

construcción se levantó sobre la calle 22 con Avenida del Río Pereira. Aclaró que la renuencia y la omisión de los deberes en cabeza del inspector de Policía lo obligó a adelantar otras acciones. El demandante, en nombre propio y en representación del señor José Albeiro Restrepo Londoño, interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de

cumplimiento con el fin de que el juez ordenara al alcalde de Pereira y al inspector de Policía Primero de la Comuna del Otún en Pereira a que, posterior al trámite correspondiente, impusiera las infracciones urbanísticas y ordenara la demolición de unas construcciones levantadas en la dirección Avenida del Rio con calles 22 y 21. La demanda referida le correspondió el radicado número 66001333300620200029100 y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, mediante auto del 13 de noviembre de 2020, admitió la solicitud de cumplimiento en relación con el señor Aguilar Ángel y rechazó la misma frente al señor Restrepo Londoño. Posteriormente, una vez surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira negó las pretensiones de la demanda toda vez que consideró que estas carecían de prosperidad porque, del análisis de las pruebas, se evidenció que la autoridad demandada rechazó la querella en virtud de la caducidad de esta, puesto que ya habían transcurrido más de 4 meses desde la perturbación por ocupación ilegal y, en consecuencia, la vía procedente era la ordinaria, sin que se evidenciara el incumplimiento de la normatividad por parte del Municipio de Pereira. El actor precisó que contra la sentencia de primera instancia interpuso los recursos de reposición y de apelación. El Tribunal Administrativo de Risaralda decidió, mediante sentencia del 2 de febrero de 2021, modificar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,

declarar improcedente la acción de cumplimiento. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que la acción de cumplimiento no era el mecanismo judicial procedente para dirimir conflictos de derechos sobre la perturbación y usurpación de la posesión de un inmueble identificado en la calle 22 con Avenida del Río de Pereira.

3. Sustento de la petición A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto fáctico porque tomaron decisiones con valoración irrazonable de las pruebas aportadas e incurrieron en suposiciones y razonamientos subjetivos y sesgados que carecen de fundamento probatorio.

Explicó que el Tribunal Administrativo de Risaralda concluyó que el asunto en estudio era de carácter civil sin acudir a los hechos, las pretensiones y las pruebas aportadas al proceso. Precisó que es función de los inspectores de Policía proteger el interés público y la legalidad en tema de convivencia, pero los jueces del proceso de la acción de cumplimiento no revisaron las pruebas allegadas al trámite, esto es, la queja del 29 de mayo de 2018 y la inexistencia del proceso policivo. Sostuvo que las decisiones judiciales atacadas no fueron congruentes con la queja y el fin perseguido con ella, pues las autoridades obligadas a realizar el control y vigilancia de las actividades urbanísticas no las realizaron, hecho que fue debidamente probado en el expediente, pero las autoridades demandadas hicieron caso omiso a dicha situación. Afirmó que el inspector de Policía negó darle trámite a la petición y con ello, no solo incumplió con la ley, sino que también aconsejó que el procedimiento

correspondiente era una querella por perturbación de la posesión, la cual se presentó y fue rechazada por una supuesta caducidad. Indicó que la autoridad de policía omitió el cumplimiento de sus deberes y las autoridades judiciales no verificaron la verdad de la situación, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso. Precisó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en falsedades, errores e interpretaciones arbitrarias, las cuales no cuentan con sustento legal ni probatorio. Explicó que tanto el Juez Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda solo debieron tener en cuenta la denuncia del 29 de mayo de 2018 y la inexistencia de un proceso policivo, el cual debía adelantarse con base en los artículos 135, literal A), y 223 del Código Nacional de Policía, por lo que las demás pruebas que se tuvieron en cuenta son distractores, puesto que lo demostrado en el expediente es que la autoridad de policía no adelantó el procedimiento pertinente. Añadió que en el expediente se encuentra probado que se realizó una visita al predio por parte de un contratista del municipio y que en ella se evidenció una construcción iniciada, sin terminar, un predio sin habitar, sin luz, ni agua y, aunque el acta de visita está incompleta si aparece el nombre de la infractora, documento que fue aportado por la parte demandada y que no fue tenida en cuenta. Mencionó que el contrato de arrendamiento referido en el fallo solo hace alusión a una parte del terreno y, en ningún caso, a una construcción, puesto que esta no existía. Sin embargo, las autoridades judiciales demandadas, bajo el argumento

expuesto por el Municipio de Pereira, afirmaron que el interés del demandante era el desalojo a quien voluntaria y legalmente se le autorizó a ingresar al predio. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que no existía incumplimiento de las normas del procedimiento policivo porque la acción caducó ya que la construcción es antigua en el predio, pero dicho argumento no está sustentado en las pruebas allegadas al proceso. Afirmó que las autoridades judiciales no verificaron la debida caducidad alegada por la autoridad administrativa para negarse a iniciar el proceso policivo, de haberlo hecho se hubieran dado cuenta que aún este término está vigente, toda vez que el mismo debe contarse a partir del momento en que se presentó la querella. Señaló que al no existir proceso policivo alguno no era posible tener como prueba la visita realizada sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, la cual no pudo ser objetada o debatida. Manifestó que no existe una norma que establezca que antes de interponer una acción para el estudio de infracciones urbanísticas se deba acudir a la jurisdicción ordinaria y esto se decidió con base en las afirmaciones del apoderado del Municipio de Pereira, sin tener en cuenta las pruebas por él presentadas. Reiteró que las pretensiones del policivo administrativo y de la acción de cumplimiento no eran la recuperación de ningún predio, pero así lo consideraron las autoridades judiciales demandadas con lo cual incurrieron en un defecto fáctico porque no tuvieron en cuenta la querella presentada y las demás actuaciones adelantadas. Anotó que se incurrió en un defecto sustantivo, dado que las autoridades judiciales

demandadas consideraron que la controversia planteada debía tramitarse a través de una acción policía civil o ante la jurisdicción ordinaria ya que, si bien la mayoría de las actuaciones sancionatorias del Código de Policía son civiles, la contenida en el artículo 135, literal A), es de carácter público y es el inspector de Policía el encargo de adelantarla, procedimiento que no se tramitó por omisión del inspector de Policía del Otún en Pereira. Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda profirieron las decisiones atacadas bajo el vicio de error inducido, dado que el apoderado del Municipio de Pereira influyó en sus decisiones, sin tener en cuenta las normas aplicables y las pruebas aportadas. En su sentir “se dejaron manipular, importando pruebas que no tienen que ver con el caso original y el resultado es un fallo adverso a la verdad, la ley, el derecho, pero sobre todo, violatorio de los derechos fundamentales como el debido proceso, transmutaron la ley 1801 de 2016, art. 135, 223 y normatividad urbanística de competencia regulada, por las normas de la jurisdicción civil”. Explicó que una vez se presentó la infracción urbanística, se acudió al inspector de Policía para denunciar la construcción ilegal, pero la autoridad nunca cumplió su deber, no obstante, la infractora continuó su construcción ilegal, pero la autoridad no realizó el procedimiento correspondiente. Pese a lo anterior, los jueces demandados afirmaron en las providencias atacadas que no se presentaron los recursos contra la decisión de declarar la caducidad de la acción sancionatoria, pues a que se presentó un escrito del 19 de febrero de 2020 en

donde se solicitó la nulidad de toda la actuación irregular adelantada por el inspector de policía. Añadió que en el memorial del 19 de febrero de 2020 se solicitó la revocatoria de la decisión proferida el 14 del mismo mes y año en la que se rechazó de plano la querella por perturbación de la posesión o se declarara la nulidad de todo lo actuado porque lo solicitado era el trámite sancionatorio por violación a las normas urbanísticas del literal A) del artículo 135 del Código Nacional de Policía y, en consecuencia, ordenar la intervención de la Inspección de Policía autoridad que omitió cumplir con los deberes que le fueron asignados por la ley. Reiteró que las autoridades judiciales demandadas desconocieron la diferencia entre una actuación policivo administrativo y un proceso civil ordinario y concluyeron que no existió incumplimiento de las normas porque las querellas presentadas fueron debidamente tramitadas, pese a que en el expediente esto no se encuentra soportado probatoriamente. Señaló que el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que para el caso en estudio existe otro mecanismo judicial, pero omitió que ya se agotaron todos, toda vez que se han interpuesto peticiones, denuncias policivas, quejas urbanísticas, quejas disciplinarias, tutelas y acciones de cumplimiento, ninguno de los cuales ha prosperado por la desidia del inspector de Policía. Sostuvo que para defender la posesión del predio se tramitó el proceso pertinente, el cual nada tiene que ver con la construcción ilegal, sobre la cual se solicitó el inicio de una investigación y posterior sanción urbanística, con base en lo dispuesto en el artículo 135, literal A), 223 y siguientes del Código Nacional de

Policía.

4. Actuación procesal en primera instancia Mediante auto del 10 de marzo de 2021, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Risaralda y a la juez Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, como parte demandada.

Además, por tener interés en el resultado de la presente tutela se dispuso la vinculación del alcalde del Municipio de Pereira y al señor José Albeiro Restrepo Londoño, como terceros con interés.

5. Contestaciones e intervenciones 5.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira La juez que profirió la decisión del 11 de diciembre de 2020 rindió el informe solicitado en los siguientes términos: Explicó que la sentencia atacada fue proferida después de un análisis jurídico y lógico referente a las pretensiones contenidas en el escrito de demanda tendientes a que se le ordenara al alcalde Municipal de Pereira que diera cumplimiento inmediato a las normas sobre control físico y urbanístico y que ordenara la demolición de dos construcciones ilegales levantadas en un lote particular ubicado en la Avenida del Río entre las calles 21 y 22 de dicho municipio.

Señaló que para el desarrollo de las diferentes etapas procesales se tuvieron en cuenta las normas contenidas en la Ley 393 de 1997, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso. Precisó que, en la sentencia de primera instancia, de conformidad con el acervo probatorio allegado al expediente, en especial la información contenida en el

procedimiento administrativo contravencional adelantado por el Municipio de Pereira y la actuación en el mismo del inspector Primero de Policía del mismo municipio, se decidió que no había lugar a ordenar el cumplimiento en los términos solicitados por el demandante. Estimó que la valoración probatoria realizada a las pruebas del expediente la llevó a concluir que, si bien el inspector de Policía inició un procedimiento administrativo por presunta infracción a normas urbanísticas y, en desarrollo de este, se logró establecer que la situación fáctica configurada exigía que la litis la resolviera un juez de la jurisdicción ordinaria. Destacó que, el demandante, bajo apreciaciones abiertamente subjetivas pretendió demeritar el rigor jurídico con el cual se analizó el caso en la jurisdicción contenciosa administrativa, pese a que en el expediente digital se puede verificar las normas aplicadas y el actuar del despacho en el marco de sus atribuciones. Sostuvo que el material probatorio oportuna y legalmente recaudado demuestra la razonabilidad y objetividad de la decisión, la cual se basó en un análisis de los medios probatorios, en el cual se aplicaron las reglas de la sana crítica, sin que pueda llegar a aseverarse que se incurrió en un engaño por parte de terceros. Solicitó que se denegara el amparo solicitado. 5.2. Municipio de Pereira El Municipio de Pereira, a través de su apoderada judicial, rindió el informe solicitado bajo los siguientes argumentos: Manifestó que el demandante ha interpuesto varias acciones policivas en las que se ha concluido que debe acudir a la jurisdicción ordinaria, pues existen terceros

que reclaman derechos, los cuales no pueden ser discutidos en sede administrativa. Añadió que el demandante también interpuso una acción de tutela en contra de la Inspección número 1 del Municipio de Pereira, al considerar que la decisión adoptada por dicha autoridad era desacertada, mecanismo judicial que le fue negada por improcedente y, posteriormente, interpuso la acción de cumplimiento objeto de este pronunciamiento. Explicó que la solicitud de amparo pretende evitar el proceso judicial, ello con el fin de escapar de un litigio en contra de terceros que pudieran llegar a tener derecho sobre lo reclamado. Precisó que el señor Aguilar Ángel presentó una queja el 29 de mayo de 2019, ante la Inspección de Policía, con el cual pretendía que a través del proceso de policía se detuviera y se ordenara la demolición de una construcción que se adelanta en el predio de este, ubicado en la Avenida del Río entre calles 22 y 22 bis y señaló como infractora a la señora María Isabel Bedoya Benítez y otros, en la cual aportó certificados de tradición que demostraba la propiedad y manifestaron la posesión sobre esos predios. Añadió que, dada la denuncia realizada, el inspector Primero de Policía de la Comuna del Otún inició la querella con radicado número 142 de 2019, se dio traslado a control físico del municipio y se le notificó a la señora María Isabel Bedoya Benítez. Manifestó que la dirección operativa de control físico, mediante el Oficio 31387 del 20 de junio de 2019, afirmó que no se evidenció ninguna actividad constructiva en

desarrollo y no se identificó la contravención urbanística, además informaron que se encontraron construcciones con más de 4 años, según manifestaciones de las personas que estaban en el sitio. Señaló que la señora Bedoya Benítez presentó una declaración en la que informó que es poseedora y tenedora hace más de 11 años y aportó un contrato de arrendamiento del año 2017 y un contrato de cesión de derechos posterior, suscrito entre esta y los señores José Albeiro y Gildardo de Jesús Restrepo Londoño. Explicó que, de conformidad con lo evidenciado en la investigación preliminar, se decidió cerrar la querella por no tratarse de una infracción urbanística y al considerar que se trata de un pleito por la posesión del bien, lo cual debía ser dirimido ante la jurisdicción civil. Alegó que después el demandante y el señor José Albeiro Restrepo Londoño han iniciado 3 denuncias más bajo los mismos parámetros, pero bajo el argumento de que se desarrolló una actividad de construcción nueva, a las cuales se les ha dado el trámite correspondiente y en los que se ha garantizado el debido proceso de las partes. Afirmó que lo pretendido por el demandante es el desalojo de una persona a la cual se le permitió el ingreso del predio de manera legal y voluntaria. Señaló que la acción de tutela interpuesta es improcedente porque lo que busca el demandante es cambiar las decisiones adoptadas en debida forma por las autoridades administrativas y judiciales. Indicó que no se presentó la violación de los derechos fundamentales invocados por el demandante, ya que en todos los trámites realizados se han respetado y garantizado los mismos.

Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o se negaran las pretensiones, teniendo en cuenta que no se han vulnerado los derechos fundamentales del actor. 5.2. Tribunal Administrativo de Risaralda Pese a haberse surtido la notificación en debida forma guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 20175 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.2. Problema jurídico En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad invocados por el demandante, con ocasión de las providencias proferidas por estas en las que se declaró improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por el señor Aguilar Ángel contra el Municipio de Pereira, decisiones en las que, a juicio del demandante, se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y error inducido.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20126, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7, y en ella concluyó: “…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo 3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.” 4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.” 5 Norma que fue derogada por el Decreto 333 de 2021 que entró a regir el 6 de abril de 2021. 6 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutelaImportancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González. 7 El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté

en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”8 (Negrilla fuera de texto). Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación. Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características. La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia9 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva–. En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos

ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia constitucional. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde 8 Ibídem. 9 Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices