CE-1001-03-15-000-2021-00956-00 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑOS SUFRIDOS POR UN CONSCRIPTO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - A partir del conocimiento del hecho dañino y no de la valoración de la Junta Médico Laboral / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO La Sección Primera del Consejo de Estado, en oportunidades pasadas, ha señalado que este defecto se origina por la omisión en el decreto y práctica de pruebas, la no valoración del acervo probatorio y/o la valoración defectuosa del material probatorio. Entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso, se configurará este defecto. (…) Además, esta Sección Primera ha identificado que, para la configuración del defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial. Por último, se debe recalcar e iterar que el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión; pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, porque se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares los jueces

ordinarios. (…) Cabe resaltar que la única prueba que obra en el proceso contencioso número 11001-33-43-065-2019-00042-00/01, relacionado con el accidente ocurrido el 21 de enero de 2015, es el acta de junta médico laboral No. 11103 de 10 de noviembre de 2016. (…) El Tribunal, al valorar el contenido del acta No. 11103 de 10 de noviembre de 2016, aseguró que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso desde el momento en el cual este ocurrió el incidente que produjo el daño. Aunado a ello, consideró que no era posible aseverar que los accionantes estuvieron imposibilitados para conocer del hecho dañoso desde su ocurrencia. La Sala considera que la apreciación y la valoración de la prueba que fue realizada por la Subsección accionada, se ajusta al principio de la sana crítica. (…) En tal sentido, se estima que con la información que reposa en el acta, resulta indudable para la Sala que los demandantes se encontraban en la posición de conocer el hecho dañoso y los daños padecidos por el señor Bobadilla Pacheco. La Sección no ignora que, en estos casos, el acta de junta médica precisa la magnitud de los daños padecidos. Sin embargo, ello no quiere decir que los demandantes desconocían la existencia del daño. Cuando mucho se podría afirmar que el acta de valoración médica en este caso fijó la afectación a la capacidad laboral del hecho dañoso. Empero, es innegable que los demandantes conocían, desde que ocurrió el suceso, del hecho dañoso y de sus

consecuencias. Con base en todo lo expuesto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, no incurrió en el defecto fáctico aludido por la parte accionante, en tanto que la valoración probatoria efectuada por el juez contencioso resulta: (i) razonable y ajustada al principio probatorio de la sana crítica y necesidad de la prueba, y, por ende, (ii) cobijada por los principios de autonomía e independencia característicos de la labor de administrar justicia.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE

CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑOS SUFRIDOS POR UN MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTEEn cuanto a la caracterización de este defecto, se tiene que la jurisprudencia ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso. Hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia, para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador

judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción. (…) Descendiendo al sub judice, se advierte el accionante señala que se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente porque, a su juicio, se desconoció la sentencia T - 334 de 2018 proferida por la Corte Constitucional. Igualmente, sostuvo que esta Corporación ha reiterado de forma pacífica y uniforme que «solo hasta el dictamen médico laboral el evaluado tiene la certeza de sus afecciones y las secuelas dejadas». Lo que, en criterio del accionante, quiere «decir [que] la estructuración de discapacidad solo sucede por el dictamen dado por los organismos de sanidad de la fuerza como ya se enunció y no antes, por ello se llama a junta medica laboral al personal activo y de retiro voluntario». Se tiene que, en la providencia de 11 de diciembre de 2020, el Tribunal (…) En cuanto a la responsabilidad del Estado por la indebida incorporación del hoy ex patrullero de la Policía Nacional, el Tribunal indicó que la vinculación del accionante se llevó a cabo el 1º de diciembre de 2011, por lo que, para la fecha en que se presentó la demanda de reparación directa, era palpable que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. De otra parte, en lo relacionado con la responsabilidad del Estado por las lesiones padecidas por el ex patrullero debido a los hechos ocurridos el 21 de enero de

2015, el juzgador de segunda instancia indicó que a la demanda de reparación directa únicamente se allegó el acta de Junta Médico Laboral No. 11103 de 10 de noviembre de 2016 (…) En primer lugar, debe resaltarse que el estudio de la caducidad de un medio de control se rige por un criterio objetivo y no puede estar sometido al arbitrio o a las condiciones subjetivas de las partes. Se considera que la verificación del presupuesto procesal de la caducidad es objetivo, en tanto que el funcionario judicial debe validar el término en el que debió ser promovido el medio de control y constatar que el demandante, en efecto, haya satisfecho esta carga, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU – 282 de 2019 De acuerdo con la norma en cuestión, y de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se tiene que el cómputo del término de caducidad de dos años del medio de control de reparación directa debe ser contabilizado: «a partir de: (i) el día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o (ii) el momento en el que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. Cabe precisar que la norma transcrita contiene una regla especial asociada a aquellos eventos en que la reparación directa se deriva de la comisión del delito de desaparición forzada. En este supuesto el término de caducidad «se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la

ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal». Conviene señalar que la Sección Tercera del Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse, a través de la sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2018, sobre el cómputo del fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa, en los eventos de lesiones padecidas por un conscripto. (…) Cabe aclarar que la posición jurisprudencial que ha sostenido pacíficamente esta Corporación consiste en que, a la luz del literal i) del artículo 164 del CPACA, la contabilización del término de caducidad, en estos eventos, inicia a correr a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. No obstante, es dable afirmar que en circunstancias excepcionales es posible que la víctima del daño haya tenido conocimiento del mismo con posterioridad al hecho generador, caso en el cual el cómputo de la caducidad inicia a correr desde «el momento en el que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia». Así las cosas, el análisis efectuado por el juez de segunda instancia, en la providencia enjuiciada, resulta acertado a la luz del precedente de esta Corporación, en tanto que, en efecto, la regla del cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa en el sistema jurídico nacional es, primeramente, a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u

omisión causante del daño y, en caso de que la víctima del daño haya tenido conocimiento del mismo con posterioridad al hecho dañoso, el término de la caducidad inicia a correr desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño. En este contexto, cabe aclarar que en algunos casos la Sección Tercera de esta Corporación y esta Sala (…) han advertido que el conocimiento del hecho que generó el daño ocurrió con la notificación del acta médica que evaluó al agente público de la Policía Nacional. Sin embargo, ello no significa que exista una regla especial o específica de caducidad en la materia, sino que, en el caso concreto, la víctima estuvo imposibilitada para conocer el hecho dañoso y solo tuvo conocimiento de este cuando se le notificó la referida acta. A partir de lo anterior, es admisible concluir que, con apoyo en el contenido de la sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2018, en procesos en los que se persigue la reparación de los daños padecidos por un conscripto, el cómputo del término de la caducidad puede inicia su contabilización desde la ocurrencia del hecho y, cuando convergen las circunstancias explicadas, dicho conteo se efectuará desde que se tuvo conocimiento del daño. Corresponderá, en todo caso, a la parte demandante demostrar la imposibilidad de conocer el hecho dañoso para que sea aplicable la regla del cómputo de la caducidad desde que se tuvo conocimiento del daño y no desde que tuvo lugar la acción u omisión causante del daño. (…) A juicio de la

Sala tampoco es dable afirmar que existe un desconocimiento de la providencia judicial citada, habida cuenta de que la sentencia en cuestión está reafirmando, entre otras cosas, lo expuesto en precedencia. Es decir que, cuando no se tenga conocimiento del hecho dañoso, es posible contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa desde que el demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento de este. Tal como se expuso en el análisis del defecto fáctico, es innegable que los demandantes conocieron del hecho dañoso, consistente en la herida con arma de fuego que sufrió el señor [B. P.], desde el momento mismo en que ello ocurrió, por lo que no es aceptable afirmar que tuvieron conocimiento de los efectos del hecho dañoso con posterioridad al mismo.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el análisis de la caducidad, consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2021, Rad. 48671, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; del 6 de febrero de 2020, Rad. 64877, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); sentencia del 1 de junio de 2020, Rad. 49079, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la fecha de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez como parámetro para contabilizar el término de caducidad, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de noviembre de 2018, Rad. 47308, C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número:11001-03-15-000-2021-00956-00 (AC)

Actor: MANUEL ESNEIDER BOBADILLA PACHECO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUDINAMARCA - SECCIÓN

TERCERA - SUBSECCIÓN B Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – NIEGA EL AMPARO - MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DAÑOS SUFRIDOS POR UN MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA – NIEGA – NO SE CONFIGURA DEFECTO FÁCTICO NI DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN EL SUB JUDICE Sentencia de primera instancia La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por el señor Manuel Vicente Bobadilla Carrillo, en representación de su hijo Manuel Esneider Bobadilla Pacheco, en contra de los autos de 29 de abril de 2019 y de 11 de diciembre de 2020, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Manuel Vicente Bobadilla Carrillo, actuando en representación de su hijo Manuel Esneider Bobadilla Pacheco, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya

vulneración le atribuyó a los autos de 29 de abril de 2019 y de 11 de diciembre de 2020, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, en el interior del medio de control de reparación directa número 11001-33-43-065-2019-00042-00/01, y mediante los cuales se rechazó la demanda.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente: 2.1. Manifiesta que el señor Manuel Esneider Bobadilla Pacheco prestó el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional. 2.2. Refiere que el 21 de enero de 2015, prestando el servicio militar obligatorio, el señor Manuel Esneider Bobadilla Pacheco resultó herido con un arma de fuego, cuando se encontraba en el tercer piso de la Dirección General de la Policía Nacional. 2.3. Señala que, con ocasión a lo anterior, el exagente del Estado fue internado en una clínica por haber recibido una «HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN REGION CRANEANA». 2.4. Indica que con ocasión a las lesiones padecidas por el señor Bobadilla Pacheco, se realizó el dictamen de junta médica número 11103 de 10 de noviembre de 2016, notificado el día 23 del mismo mes y año, en el cual se señala que el agente lesionado presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 100%.

2.5. Con base en lo anterior, el señor Manuel Vicente Bobadilla Carrillo, actuando en nombre propio y en representación de su hijo Manuel Esneider Bobadilla Pacheco, y su núcleo familiar, conformado por los señores Olga Lucía Pacheco Alonso, Nohora del Carmen Alonso de Pacheco, Leidy Carolina Bobadilla Pacheco, Jenny Paola Bobadilla Pacheco y Arnulfo Pacheco Ávila, promovieron el medio de control de reparación en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. 2.6. Sostiene que el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto de 29 de abril de 2019, rechazó la demanda de reparación directa por caducidad del medio de control. 2.7. Indica que, contra la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B en auto de 11 de diciembre de 2020, mediante el cual se confirmó la decisión del a quo. 2.8. En razón a lo anterior, el accionante sostiene que la decisión judicial en cuestión incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y en un defecto fáctico.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló, en su demanda de tutela, las siguientes pretensiones: […] PRIMERO: CONCEDER la Acción de Tutela por vía de hecho por defecto factico y sustantivo, instaurada por el señor MANUEL VICENTE BOBADILLA CARRILLO,

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, para protegerle los Derechos Fundamentales: El Debido Proceso, Y Acceso a la administración de Justicia, el precedente vinculante, el cumplimiento al imperio de la ley derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B al haber ratificado lo ordenado por el juzgado 65 administrativo de Bogotá al declarar el fenómeno de la caducidad de oficio y rechazar la demanda de plano, sin estudiar los argumentos de la demanda y lo expuesto en el recuso (sic) de apelación interpuesto en su oportunidad, violando con esa decisión los derechos fundamentales, la norma y precedente judicial y jurisprudencial vinculante en los casos de la lesiones sufridas por el actor como miembro de la fuerza públicapatrullero de policía nacional. SEGUNDO. Como consecuencia, se ordene revocar la decisión dada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B. M.P. FRANKLIN PEREZ CAMARGO., en cita, de fecha 18 de diciembre de 2020. Por violar flagrantemente el derecho fundamental al Debido Proceso, el derecho de Defensa, acceso a la administración de justicia y derecho a la igualdad, sin aplicación del precedente judicial y jurisprudencial vinculante y obligatorio al haber confirmado el rechazo de la demanda de oficio por el tutelado a quo quien declaró el fenómeno jurídico de la caducidad. TERCERO. Como colofón se ordene al tutelado Tribunal Contencioso Administrativo

de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B a dar trámite legal y pertinente al recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia del juzgado 65 administrativo de Bogotá, revocando la decisión del mismo llevada a cabo, precitada providencia violó el derecho a la igualdad, precedente judicial y jurisprudencial vinculante cayendo en un defecto factico y sustantivo, precedente que está obligado a aplicar los accionados en los casos de valoración de los perjuicio materiales y morales causados por las lesiones físicas y mentales sufridas a los miembros de la fuerza pública que se dictaminan por parte de la Junta Medica Laboral y/o Tribunal Medico Laboral en los cuales se declara la pérdida de capacidad laboral, se sabe a ciencia cierta el daño sufrido y secuelas definitivas como sucede con el actor tutelante […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 9 de marzo de 2021, admitió la acción de tutela promovida por el señor Manuel Vicente Bobadilla Carrillo, en representación de su hijo Manuel Esneider Bobadilla Pacheco, y que fuere promovida en contra del Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección

Tercera – Subsección B.

5. En la referida providencia se vincularon, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía

Nacional, y a los señores Manuel Vicente Bobadilla Carrillo, Olga Lucía Pacheco Alonso, Nohora del Carmen Alonso de Pacheco, Leidy Carolina Bobadilla Pacheco, Jenny Paola Bobadilla Pacheco y Arnulfo Pacheco Ávila. Asimismo, se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en calidad de préstamo, el expediente número 11001-33-43-065-2019-00042-01.

6. Las notificaciones del proveído arriba referido se efectuaron de manera electrónica el 12 y el 16 de marzo de 2021, tal y como consta en el expediente de tutela.

V. INTERVENCIONES

7. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, se produjeron las siguientes intervenciones: 7.1. La Policía Nacional, mediante escrito de 16 de marzo de 2021, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la presente acción de amparo, al considerar que las autoridades judiciales no vulneraron los derechos fundamentales del accionante porque en el medio de control objeto de censura sí operó el fenómeno de la caducidad y, por ende, era procedente rechazar la demanda a la luz del artículo 169 del CPACA. 7.2. Las demás autoridades vinculadas optaron por guardar silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por el señor Manuel Vicente Bobadilla Carrillo, en

representación de su hijo Manuel Esneider Bobadilla Pacheco, y que fuere promovida en contra del Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B. Ello en virtud de lo previsto en el el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20172 y, en armonía, con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado. VI.2. Problema Jurídico

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer: 1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 2 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. b) Si ello es así, determinar si los autos de 29 de abril de 2019 y de 11 de diciembre de 2020, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, vulneraron los derechos fundamentales del accionante, al rechazar, por caducidad, el medio de control de reparación directa número 11001-33-43-065-2019-00042-00/01, incurriendo en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

10. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11. En sentencia de 31 de julio de 20123, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

12. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de

un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015. 3 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial4, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución5.

15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión6” que se encaje en dichos parámetros.

16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad,

por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

17. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

18. El ciudadano Manuel Vicente Bobadilla Carrillo, en representación de su hijo Manuel Esneider Bobadilla Pacheco, solicitó el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a los autos de 29 de abril de 2019 y de 11 de diciembre de 2020, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, en el interior del medio de control de reparación directa número 11001-33-43-065-2019-00042-00/01, y mediante los cuales se rechazó el medio de control ante la ocurrencia del fenómeno de la caducidad. 4 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 5 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.

Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 6 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

19. En este punto, debe precisarse que el accionante dirige la acción de amparo en contra de las providencias dictadas en primera y en segunda instancia en el interior del proceso número 11001-33-43-065-2019-00042-00/01, y mediante las cuales se rechazó la

demanda de reparación directa por caducidad de la acción. Sin embargo, la Sala solamente analizará si la decisión proferida por el juez de segunda instancia incurrió en los defectos denunciados, en tanto que esta providencia fue la que puso fin al conflicto judicial e hizo tránsito a cosa juzgada. VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

20. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

21. La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: 21.1. Se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. 21.2. El accionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, en segunda instancia, pues se agotaron todos los recursos ordinarios establecidos en el procedimiento ordinario de reparación directa. 21.3. Respecto del requisito general atinente a la inmediatez, la Sala debe señalar que la acción de amparo fue promovida dentro de un término razonable, habida cuenta de que la providencia judicia