CE-1001-03-15-000-2021-01420-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DE

LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO FÁCTICO /

CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO

DEL PRECEDENTE / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA /

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INDEBIDA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DENTRO DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO / FALLA EN EL SERVICIO MÉDICO / VALOR PROBATORIO

DE LA HISTORIA CLÍNICA / CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

[E]s válido concluir que la omisión de la administrada en aportar la historia clínica constituye un indicio de su interés en ocultar un hecho que le resulta adverso; además, también se infiere que cuando la prueba de falla en el servicio médico se torne extraordinariamente difícil o compleja de acceder para la parte actora, la carga de la prueba se invierte, en virtud del principio de equidad que orienta la actividad judicial. (…) para la Sala la decisión del Tribunal vulneró los derechos fundamentales invocados por los actores, comoquiera que a quien correspondía allegar la historia clínica del señor [I.J.H.V.] Q.E.P.D. era al INPEC, por lo que no era válido exigirle a la parte actora aportar un elemento material probatorio al que le era imposible acceder, máxime cuando la entidad demandada fue requerida en múltiples oportunidades para que allegara tal prueba dentro del proceso contencioso, haciendo caso omiso a los requerimientos judiciales, lo cual, por

demás, constituye un indicio de su interés en ocultar un hecho que le resulta adverso.(…) la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente, toda vez que realizó una indebida valoración probatoria e inaplicó los criterios expuestos por la jurisprudencia contenciosa para los casos en los cuales se pretenda la responsabilidad Estatal por indebida prestación de los servicios de salud dentro de un establecimiento penitenciario.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591

DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01420-00(AC)

Actor: ROSALBA RIVERA CASTRILLÓN Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los actores contra el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Los señores ROSALBA RIVERA CASTRILLÓN, BLANCA MARY

HERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ, OMAR, NUBIOLA, LUZ EDITH,

GLORIA AMPARO, BLANCA NORA y JOSÉ HERNEY HERNÁNDEZ VALENCIA, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el Tribunal al proferir la sentencia de 8 de julio de 2020, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 76001-33-33-018-201500448-01. I.2. Hechos Indicaron que el señor IRNE JAIME HERNÁNDEZ VALENCIA Q.E.P.D., fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar con pena privativa de la libertad en el centro penitenciario y carcelario con una duración equivalente a cuatro (4) años, condena que a partir del 27 de marzo de 2014, cumplió en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 1 En adelante el Tribunal. Mediana Seguridad de la ciudad de Santiago de Cali – Villahermosa. Refirieron que el 17 de marzo de 2015, encontrándose aun recluido, el señor IRNE JAIME HERNÁNDEZ VALENCIA Q.E.P.D. fue trasladado al Hospital Universitario del Valle a causa de complicaciones de salud relacionadas con un “infarto agudo del miocardio”, lugar en el cual fue declarada su muerte. Señalaron que, en calidad de compañera permanente y hermanos del señor IRNE JAIME HERNÁNDEZ VALENCIA Q.E.P.D., promovieron

demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario2, con el fin de que se le declarara responsable por los perjuicios de índole material e inmaterial ocasionadosSostuvo que el proceso correspondió al Juzgado Dieciocho (18) Administrativo Oral del Circuito de Santiago de Cali3 que, mediante sentencia de 24 de septiembre de 2018, declaró administrativa y extracontractualmente responsable al INPEC por los perjuicios materiales e inmateriales causados con la muerte del señor IRNE JAIME HERNÁNDEZ VALENCIA Q.E.P.D., al considerar que tal entidad no cumplió con su deber de custodia, pues no se logró probar su actuar diligente y, a su vez, desvirtuar la falla del servicio al no prestar atención médica oportuna. Mencionaron que el INPEC, inconforme con lo anterior, interpuso recurso 2 En adelante el INPEC. 3 En adelante el Juzgado. de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal que, mediante sentencia de 8 de julio de 2020, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en que el daño padecido por los demandantes no resultó atribuible a la demandada, por lo que no existió relación entre la falla en el servicio y el nexo de causalidad. I.3 Fundamentos de la solicitud A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al denegar las pretensiones de la demanda con fundamento en la falta de la historia clínica del área de sanidad del Establecimiento

Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de la ciudad de Santiago de Cali - Villahermosa, correspondiente al señor IRNE JAIME HERNÁNDEZ VALENCIA Q.E.P.D., como si tal carencia fuera atribuible a los demandante y no al INPEC, que fue quien incumplió con su obligación legal de aportarla al expediente, pese a ser requerida en varias oportunidades por el Juzgado. Sostuvieron que la omisión del INPEC en allegar la historia clínica del señor IRNE JAIME HERNÁNDEZ VALENCIA Q.E.P.D., conllevó a que se dejara de analizar en debida forma la responsabilidad de la demandada, lo que demuestra que el Tribunal dejó pasar por alto el fondo del asunto, como lo es la falta de atención médica oportuna a su familiar, máxime cuando la historia clínica constituye el medio probatorio por excelencia en los casos en los que se debate la responsabilidad del Estado por falla médica. En igual sentido, adujeron que de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado4, el no aportar una historia clínica clara y completa es un indicio de falla del servicio médico, máxime cuando tal prueba le es imposible acceder a la parte actora. I.4. Pretensiones Los actores solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia: “[…] SEGUNDA. Se deje sin efecto la sentencia No. 111 dictada en segunda instancia el 8 de julio de 2020 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa promovido por los accionantes en contra de la Nación –

Instituto Nacional al Penitenciario y Carcelario (INPEC). TERCERA. Se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca resolver el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia No. 134 proferida en primera instancia el 24 de septiembre de 2018 por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Santiago de Cali, conforme con los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales ventilados en la presente acción que evitarían la configuración de un defecto fáctico y un defecto sustantivo en la decisión judicial resultante […]”. I.5. Defensa I.5.1.- El Tribunal pese a ser notificado en debida forma de la acción de tutela de la referencia, guardó silencio. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 14 de septiembre de 2017, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico (E), identificada con número único de radicación 25000-23-26-000-2003-02367-01(38515). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 25 de abril de 2012, C.P. Enrique Gil Botero, identificada con número único de radicación 05001-23-25-000-1994-02279 01(21861). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 10 de septiembre de 2015, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03476-01. I.6. Intervinientes

I.6.1.- El INPEC solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa entidad, por cuanto no ha violado o amenazado los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela de la referencia.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia. La Sala advierte que el INPEC solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie

sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna

circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala). Comoquiera que el INPEC fue parte demandada en el medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2015-00448-01, le asiste interés en las resultas de la acción de tutela de la referencia, por lo que la Sala denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva de la misma, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. La acción de tutela contra providencias judiciales Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01). En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección

alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que

esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto) En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 8 de julio de 2020 proferida por el Tribunal, por medio de la cual revocó la decisión del Juzgado y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 2015-00448-01. A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia habida cuenta que, a juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al denegar las pretensiones de la demanda con fundamento en la falta de la historia clínica del área de sanidad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de la ciudad de Santiago de Cali – Villahermosa, correspondiente al señor IRNE JAIME HERNÁNDEZ VALENCIA Q.E.P.D., como si tal carencia fuera atribuible a los demandantes y no al INPEC, quien fue que incumplió con su obligación legal de aportarla al expediente, pese a ser requerida en varias oportunidades por el Juzgado. Sostuvieron los actores que la omisión del INPEC en allegar la historia clínica del señor IRNE JAIME HERNÁNDEZ VALENCIA Q.E.P.D., conllevó que se dejara de analizar en debida forma la responsabilidad de la demandada, lo que demuestra que el Tribunal dejó pasar por alto el fondo del asunto, como lo es la falta de atención médica oportuna a su familiar, máxime cuando la historia clínica constituye el medio probatorio por excelencia en los casos en los que se debate la responsabilidad del Estado por falla médica. Finalmente, señalaron que de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado5, la no aportación de una historia clínica clara y completa es un indicio de falla del servicio médico, máxime cuando tal prueba le es

imposible acceder a la parte actora. En este punto, la Sala pone de presente que si bien los actores no adecuaron tal inconformidad a un defecto en especial, se evidencia que la misma está encaminada a demostrar la existencia de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, razón por la cual será analizada bajo ese precepto. Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si el Tribunal incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente alegados al proferir la providencia cuestionada. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 14 de septiembre de 2017, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico (E), identificada con número único de radicación 25000-23-26-000-2003-02367-01(38515). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 25 de abril de 2012, C.P. Enrique Gil Botero, identificada con número único de radicación 05001-23-25-000-1994-02279 01(21861). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 10 de

septiembre de 2015, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03476-01. jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación. La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable6 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados. Verificado lo anterior, corresponde determinar si el Tribunal incurrió en defecto fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial al proferir la providencia de 8 de julio de 2020, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2015-00448-01. Del defecto fáctico En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en sentencia T-362 de 20137, explicó lo siguiente: 6 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez). 7 M.P Luis Ernesto Vargas Silva. “[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios. Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”. En esa medida, a juicio de la referida Corte: “[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el

mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original). De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 18968 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C836 de 9 de agosto de 200110; C-816 de 1o. de noviembre de 201111; C179 de 13 de abril de 201612; y T-102 de 25 de febrero de 201413. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así: “[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].”14 (Destacado fuera de texto). Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la 8 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable). 9 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. 10 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina probable). 11 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial).

12 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial). 13 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). 14 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional15, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos anál