CE-1001-03-15-000-2021-01898-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A

LA IGUALDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR / PERSONA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL / SOLICITUD DE CRÉDITO BECA EN LA PLATAFORMA DEL ICETEX - Incumplimiento de requisitos En este caso, (…) no fue aprobada su solicitud por no contar con el requisito del certificado que acreditara su discapacidad emitido por la E.P.S. con vigencia no mayor a un año contado a partir del proceso de inscripción. Pero sucede que en la actualidad, el accionante cuenta con los soportes médicos que indican que se trata de una persona que padece una discapacidad mental, de manera que este requisito estaría acreditado por una vigencia que todavía no supera un (1) año. (…) Por lo tanto, y si bien no es posible acceder a las pretensiones de la demanda de tutela, ya que, por una parte no se advierte una conducta por parte del ICETEX trasgresora de los derechos fundamentales del actor, pues la entidad ha obrado en el marco de sus competencias; y por otra, porque impartir una orden en los términos que pretende el actor desconocería los procedimientos en igualdad de condiciones para este grupo de estudiantes con discapacidad que se han venido postulando con el cumplimiento de requisitos para optar a este beneficio educativo, la Sala considera oportuno instar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, con el propósito de que brinde el acompañamiento necesario al accionante en relación con los trámites que debe adelantar ante esa entidad, y estudie la solicitud que presente el actor

en las próximas convocatorias, teniendo en cuenta la condición de discapacidad que acredita con el certificado emitido por la I.P.S. autorizada para el efecto, y que fue expedido hace menos de un año, cumpliendo de esta manera con la vigencia que se requiere de este documento.

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A

LA IGUALDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR / PERSONA EN CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD MENTAL / SOLICITUD DE CRÉDITO BECA EN LA

PLATAFORMA DEL ICETEX / COBERTURA DE COSTOS DE INSCRIPCIÓN EN

UNIVERSIDAD PRIVADA - Improcedente / SUMINISTRO DE EQUIPOS

TECNOLÓGICOS PARA ACCESO A EDUCACIÓN DE MANERA VIRTUALImprocedente

[E]n cuanto al segundo problema jurídico que tiene que ver con la cobertura de los costos de inscripción que pueda tener establecida una determinada institución educativa de educación superior de naturaleza privada, no es posible que se ordene a las entidades accionadas que cubran costos administrativos como los costos de inscripción que son del resorte del aspirante. No desconoce la Sala las condiciones de vulnerabilidad que manifiesta al no contar con un ingreso fijo, pero la decisión de optar a una determinada institución educativa son del aspirante, y de considerar que los medios económicos no le permiten la obtención de un formulario o de unos derechos de inscripción establecidos por las universidades privadas, eventualmente puede verificar la posibilidad de inscribirse y postularse a universidades públicas o a instituciones educativas que no exijan costos elevados en los procesos de inscripción a sus programas, o que contemplen la posibilidad

de exonerar de dicho pago a las personas que por sus condiciones particulares lo soliciten. Por otra parte, el suministro de equipos tecnológicos para acceder a la educación de manera virtual dependerá, primero de contar con la calidad de estudiante y de las posibilidades que eventualmente le ofrezca la institución de educación superior respectiva, y de la forma como se desarrollará el programa académico en el que sea matriculado, esto es, si dadas las actuales condiciones de pandemia será de manera virtual, presencial o en alternancia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 67 / CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 115 DE 1994 / LEY 361 DE 1997 / LEY 1346 DE 2009 / LEY 1618 DE 2013 - ARTÍCULO 11 / DECRETO 2591

DE 1991 / DECRETO 1421 DE 2017 / DECRETO 1784 DE 2019 - ARTÍCULO 12

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01898-00(AC)

Actor: MARLON EDILFO ACEVEDO BELTRÁN

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL E INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO

EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “ICETEX”

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sección Cuarta, decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el señor Marlon Edilfo Acevedo Beltrán, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 23 de abril de 20211, el señor Marlon Edilfo Acevedo Beltrán, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

1 Información extraída del correo electrónico en el que consta la remisión del escrito de tutela por parte del Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. “ICETEX”, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y a la vida digna. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2: “1) Solicito que la Presidencia de la República, el Icetex y el Ministerio de Educación paguen el proceso de inscripciones para el acceso a la educación superior universitaria de las universidades a la que me escribí en fin de ser admitido por una de ellas. 2) Solicito que en caso de ser admitido por alguna de las universidades que presente en esta demanda me sea cancelado ante la universidad el 100% del valor de la matrícula de toda la carrera de pregrado para cursar el programa escogido. 3) Solicito que el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex y la Presidencia de la República me incluyan en un programa de acceso a la educación superior otorgándome un crédito condonable para pagar mi pregrado universitario en caso de ser admitido por

el valor total de la matrícula de pregrado durante toda la carrerea sin codeudor y con facilidades de pago al terminar la misma. 4) Solicito una intervención mía ante este despacho y ante estas entidades de forma virtual para ser escuchado y comprendido del por qué presento este mecanismo de tutela como último recurso de derecho ya que veo perjudicado de una manera directa por el Estado. 5) Solicito un equipo tecnológico (computadora o tableta) para el acceso a las clases de educación superior en caso de ser admitido en un programa de pregrado y de crédito condonable de estas entidades”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Marlon Edilfo Acevedo Beltrán afirma que cuenta con 25 años de edad y vive en Sierra Morena 3 en la localidad de Ciudad Bolívar. Informa que vive solo en una casa de propiedad de su madre, ya que ella vive con su abuela, a quien cuida por ser una persona de la tercera edad, enferma y que vive en Gachetá (Cundinamarca). 2.2. Sostuvo que sobrevive del “rebusque diario” como vendedor ambulante con lo que consigue aproximadamente $7.000 pesos diarios, y que no ha podido conseguir un trabajo formal, incluso, que por la pandemia actual en varias ocasiones no ha podido trabajar. 2.3. Indicó que es una persona en condición de discapacidad. El 30 de noviembre de 2020 fue valorado por Medicina del Trabajo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y se dictaminó una pérdida de capacidad funcional, certificando que el actor padece de dos enfermedades mentales:

2 Hoja 5 del escrito de tutela. Se transcribe con los posibles errores del texto original. esquizofrenia paranoide y trastorno depresivo mayor moderado, por lo que actualmente recibe tratamiento y medicina. 2.4. El actor es bachiller académico egresado del Colegio Ciudad Bolívar Argentina de la localidad de Ciudad Bolívar en el año 2013, y presentó la prueba del ICFES aún con la discapacidad padecida y obtuvo un puntaje de 254 puntos que no le alcanzaron para presentarse a una universidad pública y que no cuenta con recursos económicos para acceder a una universidad privada. 2.5. Relató que en el año 2017 se postuló ante el Ministerio de Educación y el ICETEX para acceder a la educación superior pero su solicitud fue negada por no cumplir con las especificaciones exigidas. 2.6. En el año 2018 se postuló en tres ocasiones al programa del Fondo de Educación Superior para Personas con Discapacidad, pero no fue seleccionado por no estar inscrito ni admitido en una institución de educación superior a la que -insisteno puede acceder, por no contar con el dinero para pagar la inscripción y no contar con un deudor solidario. 2.7. Explicó que ese mismo año 2018 salió el programa Generación E que beneficiaba a estudiantes bachilleres destacados por su prueba ICFES otorgándoles el acceso a la educación superior y un apoyo de sostenimiento del 100% del valor de la matrícula a lo que tampoco pudo acceder dado su puntaje bajo en las pruebas del ICFES. 2.8. Manifestó que no puede solicitar un crédito educativo u otro crédito que

cubra el 100% del valor de la matrícula, y que se pague después de haber culminado los estudios, porque los intereses son muy altos, y dada su condición de discapacidad nadie le sirve de deudor solidario.

3. Fundamentos de la acción Para el accionante se desconocen sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y a la vida digna, ya que por su condición de discapacidad y de pobreza extrema, en la actualidad no puede acceder a la educación superior, lo que le impide superarse y buscar una mejor calidad de vida y de supervivencia.

Afirma no contar con los medios para poder inscribirse y menos matricularse en una institución universitaria, sumado al hecho de haber obtenido un puntaje del ICFES muy inferior que no le permite aspirar a la universidad pública ni a los programas del Gobierno como el denominado “Generación E” que exigen acreditar puntajes muy superiores, que no obtuvo al haber sido medido con una prueba en la que los demás participantes estaban en óptimas condiciones a diferencia suya quien ya contaba con la discapacidad mental. Sostiene que también se desconocen los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, y que conforme lo ordena el artículo 93 de la Constitución Política prevalecen sobre el orden interno. La vulneración de sus derechos comienza desde la falta de políticas públicas de acceso a la educación superior para las personas con discapacidad -como en su caso-, por tener una condición de discapacidad mental; situación que incluso, lo llevó a presentar el examen del ICFES en el año 2013 cuando ya padecía su patología, quedando en absoluta desventaja, ya que no existía una reglamentación jurídica y constitucional que favoreciera a las personas con

discapacidad. Sostuvo que en el año 2013 no existía el programa de «Generación E» ni «ser pilo paga» y menos aún los programas de inclusión para personas en condición de discapacidad y de existir dijo que no había información clara para el acceso a los mismos. Dijo no contar con recursos económicos para financiar su carrera profesional ni tampoco cuenta con un deudor solidario para optar a un crédito con el ICETEX, situación que le impide acceder a un empleo por falta de educación, capacitación y experiencia, sumado a que el Estado no le da garantías para poder acceder a este derecho de rango fundamental. Expuso que en varias ocasiones buscó solicitar al Ministerio de Educación y al ICETEX un crédito condonable para las personas con discapacidad u otro crédito condonable, pero que no obtuvo respuesta satisfactoria ni asignación de recursos para acceder a la educación superior. Precisó que el derecho a la educación no solo está contemplado en la Constitución política sino en la Declaración de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad (artículo 24) y en diferentes disposiciones tales como la Ley 1618 de 2013 (artículo 11), Ley 1346 de 2009, Ley 115 de 1994, Ley 361 de 1997, Decreto 1421 de 2017 y en las diferentes sentencias de la Corte Constitucional T-743 de 2013, C-765 de 2012, T-850 de 2014, T-068 de 2012, T141 de 2013. De la Convención de Personas con Discapacidad, mencionó que allí se señala el derecho que tienen estos sujetos a la educación en todos los niveles, lo que debe

ser respetado y garantizado por los Estados parte en todos los niveles y a lo largo de toda su vida, creando un sistema educativo en el que desarrollen su talento, creatividad, dignidad, personalidad, autoestima, aptitudes mentales y físicas, asegurando su inclusión en el sistema general de educación obligatoria y gratuita en igualdad de condiciones.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 30 de abril de 2021, el despacho ponente admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la Nación – Presidencia de la República, al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “ICETEX”, en calidad de accionados. 4.2. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “ICETEX”, rindió informe y explicó que el 29 de enero de 2010 se celebró entre el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX y la Fundación Saldarriaga Concha, convenio de Cooperación N° 44 de 2010, mediante el cual se constituyó el Fondo "APOYO FINANCIERO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR", con el fin de otorgar créditos educativos condonables a estudiantes con discapacidad.

Dijo que el fondo está dirigido a estudiantes ciudadanos colombianos con discapacidad, debidamente certificada por una EPS o de una Junta de Invalidez, registrados en el «Registro Localización y Caracterización de Discapacidad del Ministerio de Salud», que pertenezca a los estratos 1, 2 o 3

y que estén admitidos en una Institución de Educación Superior Colombiana. Que los requisitos establecidos y publicados en el Reglamento Operativo del «FONDO APOYO FINANCIERO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR» para participar en las Convocatorias 2018-2 y 2019-1 eran los siguientes: Requisitos de Inscripción y Solicitud de Crédito:

1. Inscribirse a través del sitio web que se informe en la convocatoria.

2. Diligenciar todos los datos que allí se indican, como son: nombre, documento de identidad, teléfono de contacto, correo electrónico, entre otros.

3. Presentar el certificado que acredite el tipo de discapacidad expedido por una E.P.S. o Junta de Invalidez, con una vigencia no mayor a un año, contado a partir del proceso de inscripción en la plataforma web del ICETEX. Dicha certificación debía ser remitida en original a la Fundación

Saldarriaga Concha, Carrera 11 N° 94-02 Ofc. 502, en la ciudad de Bogotá, D.C en un sobre cerrado con el asunto “Certificación postulación Fondo Apoyo Financiero para Estudiantes con Discapacidad en Educación Superior Convenio MEN-ICETEX.FSC”. Requisitos mínimos de los aspirantes:

1. Ser ciudadano colombiano y hacer parte de la población con discapacidad a la que se refiere el artículo 3 del Reglamento Operativo.

2. Hacer parte de la población con discapacidad, para lo cual debe estar en el Registro Único de Localización y Caracterización de Discapacidad del

Ministerio de Salud.

3. Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.

4. No tener o haber tenido apoyo económico de entes nacionales públicos para adelantar estudios de pregrado en educación superior.

5. Estar admitido en una Institución de Educación Superior reconocida por el Estado Colombiano para cursar un programa académico de pregrado.

6. Haber presentado la Prueba de Estado SABER 11 o la Prueba de Estado equivalente para aspirantes a primer y segundo semestre.

7. Haber terminado satisfactoriamente el nivel o periodo académico inmediatamente anterior para aspirantes que ya se encuentran cursando grado académico de pregrado a partir de tercer semestre.

8. No tener título profesional de nivel universitario.

9. El documento de identidad con el cual es aspirante se identifica al momento de hacer su inscripción a la convocatoria del Fondo, debe coincidir con el certificado médico que se remite a la Fundación

Saldarriaga Concha.

10. Diligenciar completa y correctamente el formulario de solicitud del crédito, en el sitio web que se indicara en la convocatoria.

Advirtió que revisadas las bases de datos, encontró que el accionante se presentó a las convocatorias de adjudicación de los períodos 2018-2 y 20191 del mencionado fondo, para los programas de Relaciones Internacionales en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y Geociencias en la Universidad de los Andes, pero que el resultado fue el de “no aprobado”, por no cumplir con el requisito de “Presentar el certificado que acredito el tipo de discapacidad expedido por una E.P.S. o Junta de Invalidez, con una vigencia no mayor a un año, contado a partir del proceso de inscripción en la plataforma web

del ICETEX. Dicha certificación será remitida en original a la Fundación Saldarriaga Concha, Carrera 11 N° 9402 Ofc. 502, en la ciudad de Bogotá, D.C en un sobre cerrado con el asunto “Certificación postulación Fondo Apoyo Financiero para Estudiantes con Discapacidad en Educación Superior Convenio MEN – ICETEX.FSC”. En relación con la solicitud de crédito con donación del 100%, informó que el ICETEX no ofrecía créditos condonables por las líneas “Tú eliges” para pregrado, pero que sí ofrecía una serie de alternativas de financiación flexible y debía postular un deudor solidario que cumpliera con una serie de requisitos que se exigían, pero que también ofrecía una línea de pregrado sin deudor solidario, no condonable, para lo que se requería cumplir con los siguientes requisitos:

1. Haber aplicado a las líneas de crédito educativo con Fondo de Garantías Codeudor (Tú Eliges 0%, 10% o 25%).

2. Pertenecer a los estratos 1, 2 y 3 y encontrarse registrados en el SISBEN IV en los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación

Nacional.

3. Para quienes solicitan financiación para el primer semestre académico, acreditar en las Pruebas Saber 11 un puntaje igual o superior a 320 puntos o percentil equivalente; o si pertenece a la población indígena acreditar un puntaje en estas pruebas igual o superior a 250 o percentil equivalente.

4. Los estudiantes que ingresan a segundo semestre deben acreditar el resultado de las Pruebas del Saber 11 o acreditar promedio de notas del

primer semestre cursado no inferior a 4.0, sobre 5.0 o equivalente.

5. Los estudiantes que ingresan de segundo semestre en adelante deben tener un promedio de notas no inferior a 4.0, sobre 5.0 o equivalente, en el último periodo cursado o acumulado.

6. No contar con codeudor, lo cual se acreditará con el cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones: • El estudiante que acredite que su madre, o padre, o que ambos progenitores han sido casos confirmados de coronavirus COVID-19; recuperados o fallecidos. Para acreditar lo anterior, se debe aportar copia del certificado expedido por la autoridad competente o por el Ministerio de Salud y Protección Social. • El estudiante que acredite la afectación económica de núcleo familiar por razones relacionadas con el coronavirus Covid-19 y/o por el aislamiento preventivo obligatorio del que trata el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, para lo cual, la madre o el padre o ambos progenitores del estudiante no deberán estar reportados en centrales de riesgos antes del 1 de marzo de 2020. Para acreditar la afectación económica por el Covid-19, deberá presentar lo siguiente para por lo menos uno de sus progenitores.

Sostuvo que al accionante se le dio respuesta clara y de fondo a la solicitud que en su momento presentó ante la entidad, lo que soportó con la guía de entrega por el correo 472 de fecha 7 de mayo de 2021. Indicó que teniendo en cuenta que las líneas de protección constitucional Tú eliges 0%, 10% y líneas del fondo de garantías COVID estaban sujetas a

disponibilidad de recursos en tasa subsidiada y subsidio de sostenimiento, de manera que invitaban al accionante a registrar su solicitud de crédito de acuerdo con el siguiente calendario: En esa medida, consideró que el derecho a la educación del accionante no se ha desconocido y sostuvo que el aspirante debe ajustarse al reglamento operativo del fondo que rige para todos los aspirantes en igualdad de condiciones y oportunidades. 4.3. La Presidencia de la República, manifestó que consultada la base de datos de radicación de documentos, no encontró ninguna solicitud radicada a nombre del joven Marlos Edilfo Acevedo Beltrán de manera que ni el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ni el Presidente de la República ni la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas en condición de Discapacidad han vulnerado derecho fundamental alguno en cabeza del accionante. Así, el informe presentado tiene dos partes: una relacionada con las consideraciones que la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad rinde y la otra con argumentos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Presidente de la República. Consideraciones de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 1784 de 2019 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República" la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad ejercía como instancia rectora del Sistema Nacional de Discapacidad - SND, considerado como el mecanismo de coordinación de los diferentes actores que intervienen en la integración social de esta población, en el marco de los Derechos Humanos.

Que en esa medida, también tenía la función de coordinar y articular a las instancias y actores que hacen parte del Consejo Nacional de DiscapacidadCND establecido por la Ley 1145 de 2007 como organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1145 de 2007 "Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones". En esa medida y luego de citar la totalidad de las funciones que le asisten en virtud del citado artículo 12 del Decreto 1784 de 2019, indicó que no era responsable del desarrollo de los proyectos, planes o programas dirigidos a las personas con discapacidad en virtud de los principios de descentralización, delegación y desconcentración que rigen la función administrativa. En este sentido, advirtió que eran las entidades del orden nacional como los Ministerios o Departamentos Administrativos y las entidades departamentales o municipales que hacen parte del Sistema Nacional de Discapacidad – SND, los responsables del desarrollo de los planes, proyectos y programas dirigidos a la población con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la Ley 1145 de 2007. Concretamente en lo que tiene que ver con el derecho a la educación y la solicitud del tutelante de que le sea otorgado un crédito condonable para estudiar, sostuvo que conforme con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 11 del Decreto 1618 de 2013 correspondía al Ministerio de Educación adoptar criterios de inclusión educativa con calidad y, a nivel territorial sostuvo que lo sería la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá en

atención al domicilio del accionante. En cuanto a la pretensión de ser escuchado por parte de las distintas entidades, manifestó que la Consejería estaba atenta a coordinar un espacio con el Ministerio de Educación Nacional para escuchar al actor “en la semana del 10 al 14 de mayo para lo cual se le informará al tutelante al correo electrónico señalado en la demanda de tutela marlonedilfoacevedobeltran@gmail.com a través del correo electrónico de sandrajimenez@presidencial.gov.co la fecha y la hora de la reunión”. Argumentos de defensa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del señor Presidente de la República. Manifestó que existía una ausencia de legitimación en la causa por pasiva en la medida en que no estaba dentro de sus competencias la entrega de ninguna ayuda humanitaria, inscripción, inclusión y/o actualización o registro en los programas de ayudas sociales, en la medida en que correspondía en el ámbito de sus competencias a otras entidades del orden nacional, departamental y municipal. Sostuvo que el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en la Ley 1145 de 2007, artículo 2º y que el objeto que perseguía era impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada con las entidades públicas nacionales, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos. 4.4. El Ministerio de Educación Nacional, pese haber sido notificado, no se

pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con las pretensiones de la acción de tutela presentada y los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: i) El primero será determinar si es posible ordenar a las autoridades accionadas el pago del 100% del valor de la matrícula de todo el pregrado

correspondiente a la carrera universitaria escogida o la inclusión en un programa de acceso a la educación superior, otorgándole un crédito condonable por el valor de la matrícula durante todo el programa de pregrado universitario escogido, sin codeudor y con facilidades de pago al terminar la carrera. ii) Lo segundo, si es posible ordenar el pago de la inscripción al respectivo programa por parte de las autoridades accionadas y si es posible ordenar el suministro de un equipo tecnológico (computador o tableta) para poder acceder a las clases respectivas.

3. El derecho fundamental a la educación y el derecho a la educación superior

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 3.1. El derecho a la educación (art. 67 C.P.), de conformidad con la jurisprudencia constitucional4 y los tratados internacionales que reconocen derechos humanos5, ostenta las siguientes características: (i) es de naturaleza fundamental; (ii) de aplicación inmediata; (iii) es inherente al ser humano; (iv) su ejercicio conlleva la elección de un proyecto de vida y, por lo tanto, la materialización de otros principios propios del ser humano; y (iv) tiene como fin permitir al individuo acceder a un proceso de formación personal, social y cultural de forma permanente6. El derecho a la educación superior, por su parte, también ostenta la condición de fundamental. Sin embargo, no es de aplicación inmediata; en otras palabras, su garantía es progresiva. En efecto, la Corte Constitucional7, al referirse al tema, precisó: “La Corte ha sostenido que la naturaleza de derecho fundamental del derecho a la educación superior, contiene dentro de su núcleo esencial la garantía de que su goce efectivo está a cargo del Estado, lo que significa que si bien éste último no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo.” El carácter progresivo de la garantía del derecho a la educación superior implica, por lo menos, lo siguiente: (i) que el Estado debe adoptar medidas, en un plazo razonable, para lograr la protección del derecho al mayor número de personas; (ii) que no se pueden imponer barreras injustificadas

respecto de determinados grupos vulnerables; y (iii) que el Estado no puede adoptar medidas regresivas respecto de la garantía de este derecho. 3.2. El artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, de manera que lo que buscó el constituyente fue garantizar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 4 Corte Constitucional T-068 del 14 de febrero de 2012. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 5 Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 13 de Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; y el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 6 Cfr. Ibídem. Nota 2. 7 Ibídem. Nota 2. Es así como recae en cabeza del Estado la r