CE-11001- 03- 15- 000-2020-04072-00 (AC) -2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO / BLOQUEO EN VÍAS – Se presentó después de vencida la oportunidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo [En]n el presente caso, el actor pretende que se dejen sin efecto los proveídos de 11 de febrero y 27 de mayo de 2020, proferidos por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, por medio de los cuales se declaró probada la excepción previa de caducidad, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2018-00462-01. (…) [L]a Sala advierte que pese a que el actor no indicó con exactitud en qué defecto incurrió la providencia cuestionada, lo cierto es que de sus argumentos se puede inferir que lo invocado es un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues se alega un presunto error del Tribunal en el cómputo del termino de caducidad y la omisión de la aplicación del principio de la supremacía del derecho sustancial, por lo que el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar su configuración. (…) [E]actor considera que el Tribunal accionado (…) afectó sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa, sin tener en cuenta los bloqueos viales por los paros que se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. durante los días

11, 12 y 13 de diciembre de 2018, situación de fuerza mayor y/o caso fortuito que ocasionó que presentara la demanda hasta el 14 de diciembre de ese mismo año. Sea lo primero advertir que, en el presente caso, la pretensión resarcitoria se originó en los supuestos perjuicios causados al actor por el retardo injustificado de su nombramiento en el cargo de Auxiliar I de la Fiscalía dentro de la Convocatoria núm. 015-2008, el cual se realizó el 14 de octubre de 2016, mediante Resolución núm. 0-3210, fecha a partir de la cual se debía computar el término de caducidad de la demanda de reparación directa, según lo expuesto por el Tribunal en el auto cuestionado, que por demás no fue controvertido en la presente acción de tutela. (…) [L]a Sala no advierte que la interpretación que el Tribunal dio a la situación fáctica presentada en el proceso ordinario desborde el marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica razonable y, por ende, que se haya tratado de una actuación arbitraria que amerite la intervención del juez constitucional para redefinir el asunto. (…) Por lo precedente, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal al concluir que el medio de control de reparación directa se encontraba caducado, pues los dos (2) años que establece el ordenamiento jurídico para presentar la respectiva demanda vencían el 15 de octubre de 2018 y el actor solo radicó la solicitud de conciliación prejudicial hasta el 31 de octubre de ese año y, posteriormente, instauró la demanda el 14 de diciembre de ese mismo año, es

decir, por fuera del término legalmente establecido. (…) Al respecto, la Sala considera que las dificultades que alega el actor para justificar su tardanza en la presentación del medio de control objeto de estudio se dieron con posterioridad al vencimiento del término de caducidad de la demanda, por lo que las mismas no incidieron en su cómputo.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –ARTÍCULO 164 – LITERAL I

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Referencia: Acción de tutela Número único de radicación: 110010315000-2020-04072-00 (AC)

Actor: DANIEL ARTURO RODRÍGUEZ MORA.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO, LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA NO VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL

ACTOR, NI INCURRIÓ EN EL DEFECTO ALEGADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela instaurada por el actor contra los proveídos de 11 de febrero y 27 de mayo de 2020, proferidos por el Juzgado 64 Administrativo

Oral del Circuito de Bogotá1 y la Sección Tercera -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, respectivamente.

I. ANTECEDENTES I.1.- La Solicitud El señor DANIEL ARTURO RODRÍGUEZ MORA, actuando a través de apoderada judicial, promovió acción de tutela contra el Juzgado y el Tribunal, debido a que, a su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y buena fe, al 1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal. haber proferido las providencias de 11 de febrero y 27 de mayo de 2020, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2018-00462-01.

I.2.- Hechos Afirmó que en el año 2008 se presentó al concurso de méritos convocado por la Fiscalía General de la Nación3 en el cargo de Auxiliar I y luego de superar todo el proceso de selección fue incluido en la lista de elegibles el 13 de julio de 2015. Indicó que mediante Resolución núm. 0-3210 de 14 de octubre de 2016, la Fiscalía realizó su nombramiento en período de prueba, y sólo hasta el 1o. de noviembre de 2016, se efectuó su posesión al cargo de Auxiliar I en dicha entidad. Señaló que con el fin de obtener la respectiva indemnización de los perjuicios causados por la demora de su nombramiento y posesión, instauró demanda en

ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Fiscalía, la cual le correspondió por reparto al Juzgado que, mediante auto proferido en audiencia inicial celebrada el 11 de febrero de 2020, declaró probada la excepción previa de caducidad de la demanda y rechazó la demanda. Manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación ante el Tribunal que, a través de proveído de 27 de mayo de 2020, confirmó la decisión del a quo, en los siguientes términos: “[…] PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida en audiencia inicial de fecha 11 de febrero de 2020 proferido por el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el cual rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3 En adelante la Fiscalía.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para que continúe con el trámite procesal pertinente

[…]”. I.3. Fundamentos de derecho El actor aseguró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que, a su juicio, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues la solicitud de conciliación prejudicial que suspende dicho término se radicó el 31 de octubre de 2018 ante la Procuraduría Delegada, es decir, cuando faltaban 3 días, y la misma fue declarada fallida mediante acta de 10

de diciembre de 2018, que le fue notificada en esa misma fecha. Sostuvo que debido a los bloqueos por los paros presentados en la ciudad de Bogotá D.C. durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2018, radicó la demanda hasta el 14 de diciembre de ese año, fecha en la que, a su juicio, aún no había operado la caducidad debido a la situación de fuerza mayor y caso fortuito presentada. Precisó que tanto el Juzgado como el Tribunal desconocieron los principios de prevalencia del derecho sustancial y buena fe, por lo que la acción de tutela incoada resulta procedente. Recordó que este mecanismo de protección constitucional procede contra providencias judiciales cuando: “[…] la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como vía de hecho […]”. I.4.- Pretensiones El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia: “[…] REVOCAR en todas y cada una de sus partes, la sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo de 2020, notificado por correo electrónico el día veintinueve (29) de julio de 2020 proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B, Magistrada Ponente OLGA LUCÍA HENAO MARÍN.

SEGUNDO: E igualmente les solicito Honorables Magistrados ORDENAR seguir con el correspondiente trámite procesal del proceso tramitado en el

Juzgado Sesenta y Cuatro (64) a favor de mi defendido DANIEL ARTURO

RODRÍGUEZ MORA […]”.

I.5.- Defensa I.5.1. La Fiscalía solicitó que se declare improcedente la presente acción constitucional, toda vez que el actor no identificó ni sustento de manera precisa los hechos y derechos vulnerados, ni la configuración de algún defecto en el que habría incurrido el Tribunal accionado, a pesar de que tenía la carga de la prueba. I.5.2. El Juzgado se limitó a informar que no se encuentra en su Despacho el expediente contentivo del medio de control de reparación directa que le fue solicitado a través del auto admisorio de la presente acción de tutela, toda vez que desde el 20 de febrero del presente año fue enviado al Tribunal. I.5.3. El Tribunal solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por inexistencia de vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados. Indicó que el actor radicó la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público el 31 de octubre de 2018 y la demanda fue presentada ante el Juzgado el 14 de diciembre de ese mismo año; sin embargo, dichas actuaciones se realizaron cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad frente al medio de control de reparación directa, razón por la que confirmó la decisión de primera instancia. Adujo que si en gracia de discusión se admitiera el argumento del actor, relativo a que el término de caducidad debía contarse a partir del día siguiente de la expedición del acto de posesión, el plazo para presentar la demanda expiraba el 13 de diciembre de 2018 y la misma solo fue radicada un día después, es decir,

cuando ya había operado la caducidad. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela. La acción de tutela contra providencias judiciales Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos

que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01). En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección

alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado

tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto) Análisis del caso concreto La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea, con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales; contra la decisión

cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable4 y la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados. Verificado lo anterior, la Sala advierte que, en el presente caso, el actor pretende que se dejen sin efecto los proveídos de 11 de febrero y 27 de mayo de 2020, proferidos por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, por medio de los cuales se declaró probada la excepción previa de caducidad, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2018-0046201. 4 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 201202201, Consejero ponente doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez). A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y buena fe, los cuales, a juicio del actor, fueron vulnerados por las autoridades judicial accionadas al declarar probada la excepción previa de caducidad del citado medio de control. Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos, tanto la providencia dictada el 11 de febrero de 2020 como la proferida el 27 de

mayo del presente año, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales originada en el proveído dictado por el Tribunal, toda vez que fue este el que dio por terminado el proceso y contra el cual se dirige la argumentación jurídica del actor. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que pese a que el actor no indicó con exactitud en qué defecto incurrió la providencia cuestionada, lo cierto es que de sus argumentos se puede inferir que lo invocado es un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues se alega un presunto error del Tribunal en el cómputo del termino de caducidad y la omisión de la aplicación del principio de la supremacía del derecho sustancial, por lo que el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar su configuración. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es necesario hacer un recuento del trámite surtido dentro del medio de control de reparación directa objeto de estudio: - El señor DANIEL ARTURO RODRÍGUEZ MORA, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Fiscalía, por los presuntos perjuicios ocasionados con la demora en su nombramiento en el cargo de Auxiliar I, derivado de un concurso celebrado por dicha entidad. - La anterior demanda le correspondió por reparto al Juzgado que, mediante auto de 5 de abril de 2019, la admitió. - Con auto de 11 de febrero de 2020, proferido en el curso de la audiencia inicial, el Juzgado declaró probada la excepción previa de caducidad del medio de control de reparación directa.

• El recurso de alzada fue resuelto por el Tribunal que, a través de proveído de 27 de mayo de 2020, confirmó la decisión del a quo.

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado5 lo siguiente: “[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso […]”6. De otra parte, se ha afirmado que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara denegación de justicia7. Se incurre en esta modalidad cuando, entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo a la administración de justicia […]”. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de

2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001031500020180402301. 6[?] “Sentencia T-327 de 2011”. 7[?] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”. En ese mismo sentido, la Corte Constitucional discurrió sobre el particular en sentencia T-398 de 20178, en la cual consideró: “[…] El segundo se llama defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, y se configura cuando“(…) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”; es decir, el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando “(i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”. […] En esta medida, se puede entonces concluir que las formalidades procesales son esenciales en los procesos judiciales para garantizar el respeto de un debido proceso, a efectos de que las personas puedan defender sus derechos conforme a un conjunto de etapas y actos que lo que buscan es asegurar el funcionamiento de la administración de justicia, la validez de las actuaciones de las partes y la garantía de sus derechos. No obstante, estas no se pueden convertir en fórmulas sacramentales y rigurosas que sacrifiquen el goce efectivo de los derechos

subjetivos, pues el fin último del derecho procesal es precisamente contribuir a la realización de la justicia material. De hecho, cuando se aplican de manera taxativa las normas procesales en desmedro del amparo de los derechos de las personas, se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales […]”. De acuerdo con la postura de la Sala, una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela por defecto procedimental es el exceso ritual manifiesto, en el cual el juez hace nugatoria la prevalencia del derecho sustancial, al aplicar de manera rigurosa el derecho procesal, afectando el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. En el caso sub examine, el actor considera que el Tribunal accionado incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y afectó sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa, sin tener en cuenta los bloqueos viales por los paros que se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2018, situación de 8 Corte Constitucional, Sentencia T-398 de 23 de junio de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. fuerza mayor y/o caso fortuito que ocasionó que presentara la demanda hasta el 14 de diciembre de ese mismo año. Sea lo primero advertir que, en el presente caso, la pretensión resarcitoria se originó en los supuestos perjuicios causados al actor por el retardo injustificado de su nombramiento en el cargo de Auxiliar I de la Fiscalía dentro de la Convocatoria

núm. 015-2008, el cual se realizó el 14 de octubre de 2016, mediante Resolución núm. 0-3210, fecha a partir de la cual se debía computar el término de caducidad de la demanda de reparación directa, según lo expuesto por el Tribunal en el auto cuestionado, que por demás no fue controvertido en la presente acción de tutela. Al respecto, el Tribunal, en la providencia censurada de 27 de mayo de 2020, dispuso lo siguiente: “[…] Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que el debate jurídico se centra en determinar “si la demanda fue presentada dentro del término legal correspondiente para su trámite”. Pues bien, en la medida en que la parte demandante pretende la reparación directa con la correspondiente indemnización de los perjuicios ocasionados como consecuencia del retardo injustificado del nombramiento del señor Daniel Arturo Rodríguez Mora en el cargo de Auxiliar I, al cual aspiró en la Convocatoria No. 15 de 2008 adelantada por la Fiscalía General de la Nación, dentro de la cual superó todas las fases del concurso de méritos, es necesario tener en cuenta el mencionado artículo 164 del CPACA, respecto a la oportunidad para presentar la demanda, esto es, dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. Al respecto, el Consejo de Estado ha dicho sobre el particular: “La Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación

administrativa fuente o causa del perjuicio. De otro lado, es posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue en el tiempo, con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, sin embargo, lo cierto es que ello no puede significar que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma no consagra dicho supuesto. Es decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad empieza a correr en el momento en que el daño se concreta por completo, sino que por el contrario determina que el mismo debe empezar a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo.” Así mismo, el Consejo de Estado se pronunció al resolver una acción constitucional frente al cómputo del fenómeno jurídico de la caducidad en un caso similar, esgrimiendo lo siguiente: Para la Sala es claro que (…) la accionante confunde los efectos que pueden derivarse de un daño, como es, en su caso, las afectaciones económicas que para su situación se producen por el acto administrativo reprochado, con una situación muy distinta cuando los daños son continuados y de tracto sucesivo, en aquellos eventos en que el propio hecho dañoso se produce por una acción u omisión prolongada en el tiempo. Esto, como cuando la administración realiza varios actos administrativos derivados, o cuando no realiza una acción que le corresponde (…) [L]as autoridades judiciales

accionadas determinaron que el daño se produjo al proferirse el acto administrativo de nombramiento en un cargo de carrera administrativa para el cual concursó, pues, de una parte, cualquier omisión que se hubiera ge