CE-11001-03-06-000-2011-00002-00(2046)-2011

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - Estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral de la Nación sobre las entidades territoriales / SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - Asunción de competencia para la prestación de los servicios financiados / ASUNCION TEMPORAL DE COMPETENCIA - Medida correctiva para asegurar servicios financiados por Sistema General de Participaciones Por Acto Legislativo N° 4 de 2007 el Gobierno Nacional quedó facultado para definir “una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones” y para regular, entre otros aspectos, “los eventos en los cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar.” En ejercicio de esta facultad de origen constitucional, el Gobierno Nacional expidió el decreto ley 028 de 2008, “por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.” Dicho decreto previó, entre las distintas medidas de control que puede adoptar el Gobierno Nacional sobre el gasto realizado por las entidades territoriales cuando detecte alguno de los eventos de riesgo que la norma tipifica, la denominada “asunción de competencia”. En virtud de esta medida correctiva, la competencia para asegurar la prestación del servicio la asumirá temporalmente el departamento y, en el caso de los departamentos o distritos, la Nación.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 356 / ACTO LEGISLATIVO 4 DE 2007 - ARTICULO 3 / DECRETO LEY 028 DE 2008

CONTROL DISCIPLINARIO - Finalidad / ACCION DISCIPLINARIA - Titularidad. Autoridades competentes / COMPETENCIA - Concepto / ACCION DISCIPLINARIA - Factores de asignación de competencia / ACCION DISCIPLINARIA - Qué entender por “entidades” y “órganos” para efectos de la competencia por calidad del sujeto disciplinable El control disciplinario tiene como finalidad garantizar que la función pública se ejerza de conformidad con los principios que la rigen (art. 209 C.P.), en beneficio de la comunidad y en orden a la protección de los derechos y libertades de los asociados (art. 2 C.P.) (…) En consecuencia, el derecho disciplinario se enmarca dentro del derecho administrativo sancionatorio, y de manera general dentro del ejercicio del ius puniendi del Estado, correspondiéndole a la ley señalar quiénes son específicamente los titulares de la acción disciplinaria y, más concretamente, las autoridades competentes para adelantar las actuaciones a que haya lugar. (…) En materia disciplinaria la competencia, esto es, la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento o decisión de un asunto de esta naturaleza, se asigna con fundamento en los siguientes factores: la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio, el factor funcional y la conexidad (art. 74 ley 734 de 2002). (…) Cuando la ley se refiere a “entidades” debe entenderse que ellas son la Nación, los departamentos, los distritos y municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y demás personas jurídicas de derecho público. Y cuando se refiere a “órganos” lo

hace en relación con aquellos que integran las ramas del poder público o que son autónomos e independientes (art. 113 de la C.P.). Tanto las entidades como los órganos están constituidos por “dependencias”, esto es, por unidades directivas, de asesoría o coordinación, operativas o ejecutoras y para el estudio y decisión de asuntos especiales, a través de las cuales desarrollan sus actividades.

NOTA DE RELATORIA: Sobre las normas del derecho disciplinario, Corte Constitucional, sentencias C-417 de 1993, C-251 de 1994, C-427 de 1994 y C-095 de 2003.

FUENTE FORMAL: CODIGO DISCIPLINARIO UNICO - ARTICULO 2 / CODIGO DISCIPLINARIO UNICO - ARTICULO 67 / CODIGO DISCIPLINARIO UNICOARTICULO 74 / CODIGO DISCIPLINARIO UNICO - ARTICULO 75

ACCION DISCIPLINARIA - Poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación / ACCION DISCIPLINARIA - Corresponde a oficinas de control interno disciplinario sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación / CONTROL DISCIPLINARIO - Oficinas de control interno: Objeto / OFICINAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOObjeto. Facultades / PROCESO DISCIPLINARIO - Instancias i) La titularidad de la acción disciplinaria corresponde a las oficinas de control interno disciplinario, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación. En estos términos, en el ejercicio del poder

disciplinario concurren las Oficinas de Control Disciplinario con la Procuraduría. Sin embargo, por expreso mandato constitucional, ésta última tiene prevalencia o preferencia para el ejercicio de la acción disciplinaria (C.P. Art. 276, numeral 6°). ii) El control disciplinario exige la presencia de una Oficina de Control Interno, constituida por funcionarios del más alto nivel, cuyo objeto es el ejercicio de funciones relacionadas con el control disciplinario al interior de cada entidad, órgano u organismo del Estado. Ello significa, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, que en la entidad territorial, en este caso el departamento, debe existir una Oficina que cumpla tal función. iii) Las Oficinas de Control Disciplinario son las encargadas de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la entidad, en este caso el departamento. iv) Salvo disposición legal en contrario, la segunda instancia corresponde al nominador. Ello es concordante con el artículo 115 de la ley 734, que consagró la posibilidad de impugnar los fallos disciplinarios mediante el recurso de apelación. Para ser consecuentes con ese mandato, el ordenamiento jurídico debe crear una distribución funcional que permita un control efectivo de legalidad sobre las decisiones adoptadas en primera instancia. v) La asignación de competencia es un asunto de reserva de ley, y por tanto resulta contraria a derecho su modificación o variación por actos jurídicos de inferior categoría. ASUNCION TEMPORAL DE COMPETENCIA - Control disciplinario durante la vigencia de esta medida correctiva dentro del Sistema General de Participaciones / ASUNCION TEMPORAL DE COMPETENCIA - Facultades del

administrador temporal o administrador designado de la medida correctiva dentro del Sistema General de Participaciones / SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - Medida correctiva de asunción temporal de competencia: Facultades del administrador temporal o administrador designado / PROCESO DISCIPLINARIO - Competencia en segunda instancia del administrador temporal o administrador designado para la asunción temporal de competencia dentro del Sistema General de Participaciones / SERVICIO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL - Intervención por la Nación: Asunción temporal de competencia / SERVICIO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL - Acción disciplinaria durante la medida correctiva de asunción temporal de competencia En los departamentos y municipios que han sido objeto de la medida correctiva de asunción temporal de competencia prevista en el decreto ley 028 de 2008, el administrador temporal designado ejerce las competencias y facultades propias del jefe de la entidad intervenida para la administración del servicio público de educación, incluida expresamente la de nominador, razón por cual debe conocer de la segunda instancia en los procesos disciplinarios adelantados en la entidad intervenida, de conformidad con lo dispuesto en la ley 734 de 2002. Compete a la Oficina de Control Interno Disciplinario existente en la entidad territorial o en el sector educativo, adelantar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios de la entidad intervenida. Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el administrador temporal para organizar, siguiendo los propósitos y finalidades de la intervención, un grupo interno de trabajo específico para el sector educativo encargado de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios.

NOTA DE RELATORIA: Autorizada la publicación con oficio 2011EE12259 de 17

de marzo de 2011.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 028 DE 2008 - ARTICULO 4 / DECRETO LEY 028 DE 2008 - ARTICULO 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil once (2011) Radicación numero: 11001-03-06-000-2011-00002-00(2046) Actor: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Referencia: Competencia disciplinaria sobre servidores departamentales y municipales con ocasión de la medida correctiva de asunción temporal de competencia prevista en el decreto 028 de 2008. La señora Ministra de Educación Nacional, Dra. María Fernanda Campo Saavedra, consulta a la Sala sobre la titularidad de la competencia disciplinaria cuando a los departamentos o a los municipios se les imponga la medida correctiva de asunción temporal de competencia prevista en el decreto 028 de 2008.

I. ANTECEDENTES La señora Ministra informa a la Sala que, con fundamento en el artículo 3° del Acto Legislativo 04 de 2007 y el decreto 028 de 2008, el Ministerio de Educación Nacional intervino en dos departamentos la prestación del servicio educativo en los niveles de educación preescolar, básica y media, y que para tal efecto designó en cada uno de ellos administradores temporales.

Agrega que, de acuerdo con el artículo 13, numeral 13.3.1 del decreto 028 de 2008, el decreto reglamentario 2613 de 2009 y el CONPES Social No. 124 de

2009, el administrador o tercero contratado tiene las facultades propias del jefe del organismo intervenido para la administración del servicio público y le corresponde disponer para tal fin de los recursos del Sistema General de Participaciones como ordenador de gasto y nominador. En la consulta se cita, igualmente, el artículo 153 de la ley 115 de 1994, relativo alas facultades de administración de la educación en los municipios. Expuestos los anteriores hechos, la señora Ministra indica que en uno de esos departamentos el administrador temporal para el sector educativo ha conocido y fallado en primera instancia varios procesos disciplinarios relacionados con docentes de esa entidad territorial y que, en cumplimiento de la ley 734 de 2002, ha solicitado al Ministerio de Educación conocer la segunda instancia. Ante esta circunstancia el Ministerio ha considerado que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la ley 734 de 2002, la autoridad competente para conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos docentes, directivos docentes y administrativos del departamento es el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad territorial o el funcionario que haga sus veces, y que la segunda instancia corresponde al Administrador Temporal del sector educativo del respectivo departamento, por haber asumido las facultades propias del Gobernador para la administración de dicho sector.

II. INTERROGANTES En consideración a los antecedentes expuestos, la Ministra de Educación Nacional formula las siguientes preguntas: 1. “¿En los departamentos y municipios que han sido objeto de la medida correctiva de Asunción Temporal de Competencia de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, cómo debe estar

organizada la función disciplinaria? ¿Con el mismo esquema existente antes de la Asunción Temporal de Competencia, o con una estructura propia durante el tiempo de la intervención?” 2. “¿La designación de un particular como administrador temporal, en los términos señalados, convierte al Ministro de Educación Nacional en su superior jerárquico que deba conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios, teniendo en cuenta que hacer tal designación no equivale a la provisión de un cargo de planta del Ministerio? ¿Para los mismos efectos, qué sucede si el designado como administrador temporal es un servidor público, de la planta de personal de este Ministerio?”

III. CONSIDERACIONES

1. Planteamiento del problema jurídico De los antecedentes expuestos y las preguntas transcritas se colige que la consulta indaga sobre las reglas de competencia que en materia disciplinaria rigen en los departamentos donde se ha adoptado la medida correctiva de asunción temporal de competencia prevista en el decreto 028 de 2008, particularmente en cuanto se refiere al administrador temporal y a la segunda instancia.

Para tal efecto la Sala analizará en primer lugar la figura de la asunción temporal de competencia como medida correctiva dentro del marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, de que tratan el Acto Legislativo N° 4 de 2007 y el decreto 028 de 2008. A continuación se estudiará el marco jurídico general del control disciplinario interno en las entidades estatales, para proseguir con la determinación de las facultades del

administrador temporal como autoridad disciplinaria y concluir con lo relativo a la primera instancia en materia disciplinaria en los casos en que se esté adelantando una asunción temporal de competencia.

2. El Acto Legislativo N° 4 de 2007 y la asunción temporal de competencia como medida correctiva Por Acto Legislativo N° 4 de 2007 el Gobierno Nacional quedó facultado para definir “una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones” y para regular, entre otros aspectos, “los eventos en los cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar.” En ejercicio de esta facultad de origen constitucional, el Gobierno Nacional expidió el decreto ley 028 de 2008, “por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.” Dicho decreto previó, entre las distintas medidas de control que puede adoptar el Gobierno Nacional sobre el gasto realizado por las entidades territoriales cuando detecte alguno de los eventos de riesgo que la norma tipifica, la denominada “asunción de competencia”. En virtud de esta medida correctiva, la competencia para asegurar la prestación del servicio la asumirá temporalmente el departamento y, en el caso de los departamentos o distritos, la Nación (artículo 13.3).

La asunción temporal de competencia implica las siguientes atribuciones, de conformidad con el artículo 13.3.1 del decreto ley 028 de 2008:

“El departamento o la Nación, según el caso, ejercerán las atribuciones referentes a la programación presupuestal, ordenación del gasto, competencia contractual y nominación del personal en relación con los recursos del Sistema General de Participaciones asignados para la financiación del correspondiente servicio. En este evento, el departamento o la Nación, están facultados para determinar quién tendrá a su cargo la administración del servicio y para celebrar los contratos con terceros para este fin. El administrador o el tercero contratado para estos efectos tendrá las facultades propias del jefe del organismo intervenido para la administración del servicio público y podrá disponer para tal fin de los recursos del Sistema General de Participaciones como ordenador de gasto y nominador dentro de los límites de la ley…” Y agrega el artículo 13.3.2 del mismo decreto ley: “3.3.2. El departamento o la Nación, según el caso, adoptarán las medidas administrativas, institucionales, presupuestales, financieras y contractuales, necesarias para asegurar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios y la ejecución de los recursos dispuestos para su financiación, para lo cual se le girarán los respectivos recursos del Sistema General de Participaciones.” La aplicación de estas disposiciones de orden constitucional y legal llevó a que el Ministerio de Educación Nacional asumiera la administración del sector de educación y de los respectivos recursos del SGP en dos departamentos, por medio de un administrador temporal. Es en este punto donde surge la cuestión de las competencias en materia disciplinaria.

3. Control disciplinario y reglas de competencia Los artículos 4, inciso segundo, y 95 de la Constitución Política (C.P), establecen

expresamente el deber de obediencia al ordenamiento jurídico, el cual se complementa con el artículo 6 ibídem cuando dispone que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y que los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En el caso de las autoridades públicas el deber de obediencia al ordenamiento jurídico constituye, además, un presupuesto fundamental para el ejercicio de las competencias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Carta, según el cual “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. A su vez, el artículo 124 C.P. dispone: “Artículo 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva”. En este contexto, el control disciplinario tiene como finalidad garantizar que la función pública se ejerza de conformidad con los principios que la rigen (art. 209 C.P.), en beneficio de la comunidad y en orden a la protección de los derechos y libertades de los asociados (art. 2 C.P.) En tal sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho disciplinario "... está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que los servidores públicos no sólo responden por la infracción a la Constitución y a las leyes sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (CP Art. 6°)"1. En consecuencia, el derecho disciplinario se enmarca dentro del derecho administrativo sancionatorio, y de manera general dentro del ejercicio del ius

puniendi del Estado, correspondiéndole a la ley señalar quiénes son específicamente los titulares de la acción disciplinaria y, más concretamente, las autoridades competentes para adelantar las actuaciones a que haya lugar. Sin perjuicio de que el Estado sea el titular de la acción disciplinaria, la ley ha definido expresamente las autoridades que en nombre de aquel ejercen dicha potestad. En efecto, ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Unico”, dispone en lo pertinente lo siguiente: “Artículo 2. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con 1 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-417/93, C-251/94, C-427/94, C095 de 2003, entre otras. potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias…”. (Subraya la Sala) Por su parte, el artículo 67 establece: “Artículo 67. Ejercicio de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los consejos superior y seccionales de la judicatura; la Superintendencia de Notariado y Registro; los personeros distritales y municipales; las oficinas de control disciplinario interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos, en los casos a los cuales se

refiere la presente ley.” (Ibídem). Corresponde a la ley señalar no sólo el titular de la acción, sino también la autoridad competente para conocer en cada caso del proceso a seguir. Y ello es así porque la competencia está estrechamente ligada al debido proceso, tal como lo dispone el artículo 29 de la C.P., y lo reitera el artículo 6 de la ley 734 en los siguientes términos: “Artículo 6. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público”. En materia disciplinaria la competencia, esto es, la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento o decisión de un asunto de esta naturaleza, se asigna con fundamento en los siguientes factores: la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio, el factor funcional y la conexidad (art. 74 ley 734 de 2002). Respecto del primer factor de competencia, el artículo 75 ibídem, dispone: “Artículo 75. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios, disciplinar a sus servidores o miembros. El particular disciplinable conforme a este código lo será exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación, salvo lo dispuesto en el artículo 59 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas

intervengan servidores públicos y particulares disciplinables la competencia radicará exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los primeros. Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo la segunda en todo caso al respectivo personero. Donde ello no fuere posible la segunda instancia le corresponderá al respectivo Procurador Regional”. Cuando la ley se refiere a “entidades” debe entenderse que ellas son la Nación, los departamentos, los distritos y municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y demás personas jurídicas de derecho público. Y cuando se refiere a “órganos” lo hace en relación con aquellos que integran las ramas del poder público o que son autónomos e independientes (art. 113 de la C.P.). Tanto las entidades como los órganos están constituidos por “dependencias”, esto es, por unidades directivas, de asesoría o coordinación, operativas o ejecutoras y para el estudio y decisión de asuntos especiales, a través de las cuales desarrollan sus actividades. Pero si, en principio, son las entidades las competentes para disciplinar a sus servidores, cabe preguntarse qué dependencia específica o servidor público desarrolla esa función. La respuesta se encuentra en el artículo 76 de la ley 734, a saber: “Artículo 76. Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita

preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias. En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para los fines anotados. En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia. PAR. 1º—La oficina de control interno disciplinario de la Fiscalía General de la Nación conocerá y fallará las investigaciones que se adelanten contra los empleados judiciales de la entidad. La segunda instancia será de competencia del señor Fiscal General de la Nación. PAR. 2º—Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. PAR. 3º—Donde no se hayan implementado oficinas de control interno disciplinario, el competente será el superior inmediato del investigado y la segunda instancia corresponderá al superior jerárquico de aquél”. (Subraya la Sala). La interpretación sistemática de las normas expuestas, así como de la jurisprudencia constitucional sobre la materia2, permite extraer las siguientes conclusiones que resultan de utilidad para resolver el problema planteado en la

consulta: i) La titularidad de la acción disciplinaria corresponde a las oficinas de control interno disciplinario, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación. En estos términos, en el ejercicio del poder disciplinario concurren las Oficinas de Control 2 Corte Constitucional, sentencias C – 095 y 1061 de 2003. Disciplinario con la Procuraduría. Sin embargo, por expreso mandato constitucional, ésta última tiene prevalencia o preferencia para el ejercicio de la acción disciplinaria (C.P. Art. 276, numeral 6°). ii) El control disciplinario exige la presencia de una Oficina de Control Interno3, constituida por funcionarios del más alto nivel, cuyo objeto es el ejercicio de funciones relacionadas con el control disciplinario al interior de cada entidad, órgano u organismo del Estado4. Ello significa, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, que en la entidad territorial, en este caso el departamento, debe existir una Oficina que cumpla tal función. iii) Las Oficinas de Control Disciplinario son las encargadas de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la entidad, en este caso el departamento. iv) Salvo disposición legal en contrario, la segunda instancia corresponde al nominador. Ello es concordante con el artículo 115 de la ley 734, que consagró la posibilidad de impugnar los fallos disciplinarios mediante el recurso de apelación. Para ser consecuentes con ese mandato, el ordenamiento jurídico debe crear una distribución funcional que permita un control efectivo de legalidad sobre las decisiones adoptadas en primera instancia.

1. La asignación de competencia es un asunto de reserva de ley, y por tanto resulta contraria a derecho su modificación o variación por actos jurídicos de inferior categoría.

De las reglas enunciadas se deriva que en una entidad territorial, como el departamento en el presente caso, pueden existir para el sector central de la administración, según la organización interna de los sectores, una o varias oficinas de control interno disciplinario cuya función es conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la entidad, correspondiéndole la segunda instancia al nominador. Será pertinente estudiar, a continuación, si las competencias así establecidas sufren variación cuando en un departamento se adopta la medida correctiva de asunción temporal de competencia de que trata el decreto 028 de 2008, y específicamente en relación con las atribuciones del administrador temporal.

4. La asunción temporal de competencia y facultades del administrador temporal como autoridad de segunda instancia en materia disciplinaria Las facultades y deberes del administrador temporal, también denominado administrador designado, conforme al decreto reglamentario 2613 de 2009 (“Por el 3 La ley 734 dispone en el numeral 32 del artículo 34 referente a los deberes de todo servidor público, la de implementar u organizar en toda entidad u organismo del Estado una unidad u oficina de control disciplinario interno al más alto nivel. 4 Según ha expresado la Corte Constitucional en las sentencias C 095 y C – 1061 de 2003, “Ello significa que la ley 734 de 2002 ha modificado la manera tradicional como se desarrollaba el control disciplinario al interior de las distintas entidades del Estado. En efecto, con anterioridad a

dicha ley, el control interno suponía una relación jerárquica-funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado.” cual se reglamenta el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008, referido a la medida correctiva de asunción temporal de competencia y, se dictan otras disposiciones”), se estipulan en los artículos 4 y 5 en los siguientes términos: “Artículo 4. Administración de plantas de personal. La atribución nominadora de personal dentro del sector o servicio objeto de medida, será ejercida por la Nación o el departamento, según el caso, a través de la persona que aquella o éste designe. La nominación y administración de la planta comprenderá la facultad de expedir los correspondientes actos administrativos generales y particulares relacionados con todas las situaciones administrativas derivadas de la relación laboral, legal y reglamentaria, tales como, nombramientos, traslados, comisiones, permisos, licencias, vacaciones, retiros, encargos, ascensos, reintegros y las demás señaladas en la ley. En todo caso y dependiendo del tipo de atribución o competencia nominadora que se ejerza, el personal sobre el cual recaigan las medidas pertenecerá o continuará perteneciendo a la plan