CE-11001-03-06-000-2012-00167-00(C)-2012

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS – Entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Procuraduría General de la NaciónProcuraduría Segunda Distrital de Bogotá / DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTESControl disciplinario interno / DNESupresión / CONTROL DISCIPLINARIO

INTERNO EN LA DIRECCIÓN ACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN

LIQUIDACIÓN – Inexistente [L]a Dirección Nacional de Estupefacientes había asignado el conocimiento de los procesos disciplinarios, en primera instancia, al secretario general de la entidad, y en segunda instancia al director de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El Gobierno Nacional, mediante decreto 3183 del 2 de septiembre de 2011, ordenó la supresión y liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y en el artículo 5° dispuso que la liquidación se adelantaría a través de una entidad fiduciaria, la cual debía designar un apoderado general. A su vez, el parágrafo segundo del mismo artículo suprimió el cargo de Director Nacional de Estupefacientes que, como se anotó, tenía a su cargo la segunda instancia de los procesos disciplinarios. Adicionalmente, se le aceptó la renuncia al secretario general y la oficina de control interno disciplinario se suprimió del organigrama institucional, con lo cual desapareció de la estructura de la Dirección Nacional de Estupefacientes toda la organización que le permitía ejercer internamente el poder disciplinario, incluida la posibilidad de una primera y una segunda instancia para el trámite de los respectivos procedimientos. (…) De las funciones (…) otorgadas al

liquidador se desprende que su intervención se limita a iniciar e impulsar las acciones a que haya lugar, es decir, a dar noticia de las faltas, y a interponer las demandas y denuncias ante el funcionario competente. (…) en la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación no existe dependencia ni autoridad que pueda iniciar o continuar acciones disciplinarias en contra de servidores o de ex servidores de la entidad suprimida FUENTE FORMAL: DECRETO 2568 DE 2003 / DECRETO 3183 DE 2011 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 3183 DE 2011 – ARTÍCULO 5 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Competencia reglamentaria / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – No puede reglamentar funciones para los órganos de la Rama Ejecutiva [L]as funciones asignadas al Procurador General de la Nación en el decreto 262 de 2000 se refieren únicamente a la posibilidad de “expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley”. (…) El análisis de las normas (…) permite advertir que ninguna de ellas faculta al Procurador General de la Nación para fijar competencias administrativas a los órganos de la Rama Ejecutiva del poder público, y mal podría hacerlo dado que, como bien se sabe, la Constitución Política ha radicado esta atribución, de manera exclusiva, en el legislador FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 275 / DECRETO 262 DE 2000 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – Representante legal /

LIQUIDADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – Carece de facultad legal para ejercer poder disciplinario en la entidad El representante legal de la DNE en Liquidación es su liquidador, quien carece de facultad legal para ejercer el poder disciplinario en la entidad, porque no se la confieren las leyes generales, ni el Estatuto Disciplinario Único, ni el régimen legal de liquidación, ni los decretos que regularon el proceso de liquidación de la entidad

FUENTE FORMAL: DECRETO 183 DE 2011

CONTROL DISCILINARIO INTERNO – Radicado en las oficinas de control interno disciplinario / CONTROL DISCIPLINARIO EXTERNO – En cabeza del Ministerio Público / DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN – No es posible garantizar doble instancia disciplinaria / COMPETENCIA EN INVESTIGACIÓNES DISCIPLINARIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – A cargo de la Procuraduría General de la Nación [L]a norma establece la titularidad del control disciplinario en dos niveles. Uno interno, radicado en las oficinas de control interno disciplinario, que por regla general y expreso mandato legal deben existir en todas las entidades del Estado con garantía de la segunda instancia. Y uno externo, en cabeza del Ministerio Público, en ejercicio de la cláusula general de competencia, y del poder preferente, que opera de manera excepcional. (…) Ahora bien, puesto que no es posible preservar la garantía de la doble instancia en la estructura jerárquica de la DNE en Liquidación y, por ende, no es posible garantizar la segunda instancia por

razones de estructura organizacional, el artículo 76 da la respuesta a este inconveniente en el inciso primero: “Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias”. A esta solución de naturaleza legal se acoge la Sala. Finalmente, si se tratara de investigaciones disciplinarias en contra del Director o representante legal de la DNE, la competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con las reglas del decreto 262 de 2000

FUENTE FORMAL: DECRETO 262 DE 2000

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Titular de la cláusula general de competencia disciplinaria [C]abe recordar que el numeral 6° del artículo 277 de la Carta Política confía a la Procuraduría General de la Nación tres funciones distintas (…) La norma transcrita consagra una especie de cláusula general de competencia que ubica a la Procuraduría como el órgano máximo en materia disciplinaria, y de esta manera garantiza que, a pesar de vacíos legales o de anomalías organizacionales que pudieran presentarse en la administración pública, no habrá faltas disciplinarias que queden sin sanción (…) [A]nte la actual inexistencia de una oficina de control interno disciplinario en la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, y dada la imposibilidad jurídica y material de garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional en dicha entidad, corresponde a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el artículo 76 de la ley 734 de

2002 y en su condición de titular de la cláusula general de competencia en materia disciplinaria, continuar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 277 NUMERAL 6 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 76

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: AUGUSTO HERNÁNDEZ BECERRA (E)

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012) Radicación número: 11001-03-06-000-2012-00167-00(C) Actor: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Procuraduría General de la NaciónProcuraduría Primera Distrital de Bogotá. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pasa a resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, para determinar la autoridad que debe continuar con la investigación disciplinaria que había iniciado la Dirección Nacional de Estupefacientes en el expediente radicado con el número 383.

I. ANTECEDENTES Con base en la información relacionada por las autoridades de la referencia, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. Con fecha 11 de junio de 2010, la Secretaria General de la Dirección Nacional de Estupefacientes en su calidad de Directora del Grupo de Control Disciplinario Interno, dispuso la apertura de indagación preliminar, bajo la radicación 383, con base en el informe-denuncia presentado por el Subdirector de Bienes de la misma entidad con relación a la administración de la finca Panamá, en jurisdicción del municipio de Montenegro, Quindío, por parte de un depositario provisional. En el mismo Auto ordenó el desglose y la remisión a la Procuraduría General de la Nación, de lo correspondiente al depositario provisonal por tratarse de un particular. (Fls. 61-65).

2. El 27 de octubre de 2011, la representante legal de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación solicita al señor Procurador General de la Nación ejercer el poder preferente sobre los expedientes que tenía a cargo la oficina de control interno diciplinario de la entidad. Dicha solicitud la hace teniendo en cuenta que mediante decreto 3183 de 2011 se ordenó la supresión y liquidación de la entidad y se suprimió el cargo de Director Nacional de Estupefacientes y mediante resolución 0045 del 11 de octubre de 2011 se aceptó la renuncia del Secretario General, personas encargadas de adelantar las investigaciones disciplinarias en primera y segunda instancia de los funcionarios y ex funcionarios de la entidad.

(Fls. 186, 187).

3. Por Auto del 23 de enero de 2012, la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá ordenó devolver a la Dirección Nacional de Esupefacientes en liquidación, varios expedientes, entre ellos el número 383. (Fls.187 A y 187 B).

4. Mediante Acta de Reunión No. 02, del 2 de marzo de 2012, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación entregó varios expedientes disciplinarios al Grupo de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Justicia y del Derecho, entre ellos el correspondiente a la radicación 383.(Fls. 199-204).

4. El Grupo de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Justicia y del Derecho, el 30 de marzo de 2012 profirió Auto que avoca conocimiento y confiere comisión respecto de las diligencias radicadas con el número 383. (Fl. 205).

5. En oficio del 25 de septiembre de 2012, el Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho se dirigió al Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y resumió la situación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, así: i) mediante el decreto 3183 de 2011 el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la entidad; ii) se dispuso que la liquidación se adelantaría por una fiduciaria que debería designar un apoderado general de la liquidación; iii) en el decreto se suprimió el cargo de Director Nacional de Estupefacientes, a quien correspondía la segunda instancia de los procesos disciplinarios de la entidad.

Además, dentro de las medidas derivadas del proceso de liquidación se le aceptó renuncia al secretario general, quien tenía a su cargo la primera instancia de los procesos disciplinarios de la entidad; iv) la oficina de control interno fue suprimida del organigrama institucional. Para sustentar el rechazo de la competencia aduce algunos pronunciamientos de Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado. (Fls. 207-209).

6. El Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, en respuesta del 10 de octubre de 2012 al Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho, manifestó que la resolución 317 de 2004 expedida por el Procurador General de la Nación, en la cual se fijaron parámetros para determinar la competencia en relación con el conocimiento de las faltas disciplinarias cometidas y los procesos disciplinarios en curso en contra de servidores públicos de las entidades suprimidas y liquidadas, goza de presunción de legalidad, razón por la cual no puede debatir el contenido de dicho acto administrativo. Agregó que la resolución de los conflictos de competencia que hace el Consejo de Estado es vinculante únicamente entre las autoridades que son parte en el conflicto y no puede extender sus efectos a casos similares. Y finalmente declaró que, aun cuando encuentra coherente y lógico el análisis de la Sala de Consulta y Servicio Civil, no puede conceptuar de manera diferente hasta tanto se modifique o aclare la resolución 317 de 2004 o se resuelva el conflicto de competencias por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Fls. 210-214).

7. El 12 de octubre de 2012, el Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho declara la nulidad del proceso disciplinario radicado bajo el número 383, por falta de competencia; y plantea conflicto negativo de competencias administrativas frente a la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, ordena remitir la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado (Fls. 215-218).

II. ACTUACION PROCESAL La presente actuación correspondió por reparto al Consejero Augusto Hernández Becerra. Se fijó edicto en la Secretaría de esta Corporación por el término de 5 días con el fin de que las partes y las personas con interés en el asunto presentaran sus alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Fls.

222-225). En escrito allegado en tiempo (Fls. 226-229), el Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que la competencia para conocer de las diligencias disciplinarias 009-DNE,sea asignada a la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta:

1. Por razón de la supresión de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el trámite de la liquidación, ordenados por el decreto 3183 de 2011, fueron eliminados dependencias y empleos, entre ellos los de la oficina de control interno disciplinario y el secretario general.

2. Si bien en las facultades de la liquidadora no está el adelantamiento de procesos disciplinarios, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, fundamentada en al Resolución 317 del 2004, del Procurador General de la Nación emitió el concepto PAD No. C-197 de febrero de 2011, concluyendo que los procesos disciplinarios debían ser remitidos al Ministerio de Justicia y del

Derecho.

3. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en varios pronunciamientos en los cuales intervienen organismos o entidades que están en

liquidación, ha concluido que los procesos disciplinarios deben seguir bajo la competencia de la Procuraduría General de la Nación.

4. En los disciplinarios recibidos en razón del trámite liquidatorio de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha insistido ante la Procuraduría General de la Nación para que asuma el conocimiento; y ésta ha negado su competencia con base en la citada Resolución 317 de 2004, cuya aplicabilidad cuestiona el Ministerio por considerar que las competencias de los organismos y entidades públicas son asunto de la ley.

Así mismo, en escrito allegado en tiempo (Fls. 230-243) el Procurador Primero

Distrital de Bogotá manifestó:

1. Conforme a la ley disciplinaria la acción disciplinaria debe ser ejercida directamente por las Ramas y örganos del Estado, lo que se cdenomina el Control Disciplinario Interno; por lo cual en cada órgano y entidad debe existir la oficina competente y debe garantizarse la doble instancia.

2. La Constitución Política en su artículo 277 numeral 6, la ley 734 de 2002 artículos 3 y 69 y la resolución 346 de 2002 proferida por el Procurador General de la Nación, contemplan el ejercicio del poder preferente como una facultad de carácter discrecional.

3. El decreto 3183 de 2011 “por el cual se suprime la Dirección Nacional de Estupefacientes, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones”, en su

artículo 6° dispuso:

“ARTICULO 6. DE LAS FUNCIONES DEL LIQUIDADOR.

(…)

13. Promover, en los casos previstos por la ley, las acciones disciplinarias, contenciosas, civiles o penales necesarias contra los servidores públicos, personas o instituciones que hayan participado en el manejo de los bienes y haberes de la entidad en liquidación”.

4. Conforme al aparte antes transcrito, la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación debería continuar conociendo de los procesos disciplinarios, pero ante la eliminación definitiva de la respectiva estructura interna, le corresponde esa función al Ministerio de Justicia y del Derecho, organismo al cual se encuentra adscrita.

5. El concepto C-197 de 2011 emitido por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios según el cual la vigencia de la Resolución 317 de 2004, del Procurador General de la Nación, impide a la Procuraduría General y a sus dependencias asumir el conocimiento de los procesos disciplinarios de las entidades suprimidas y en liquidación o liquidadas, sin perjuicio de compartir la posición de esta Sala expresada al resolver varios conflictos de competencia planteados en razón de trámites liquidatorios.

6. Finaliza solicitando que se acojan sus planteamientos y “… consecuentemente, resolviendo de manera positiva el presente conflicto de competencias, a favor de la Procuraduría General de la Nación.”

III. CONSIDERACIONES La Sala revisará en primer lugar la situación actual de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, a fin de determinar si la entidad cuenta con una oficina de control interno disciplinario que le permita fallar en primera y segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Y en

su defecto, si el régimen legal a que está sujeta la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación permite el ejercicio de la potestad disciplinaria a su Liquidador o a alguna otra autoridad en su estructura interna. En segundo lugar analizará la constitucionalidad de la Resolución 317 de 2004 del Procurador General de la Nación a efecto de establecer la validez de la solución allí propuesta “Cuando no se determine en la normatividad que regule el proceso de supresión o liquidación a quién corresponde la función disciplinaria y ninguna entidad estatal ha asumido las funciones”. De no resultar jurídicamente válida la anterior fórmula, de naturaleza reglamentaria, la Sala explorará la legislación a fin de determinar si eventualmente corresponde a la Procuraduría General de la Nación la competencia disciplinaria, en virtud de disposiciones legales expresas y de la cláusula general de competencia de que está revestida la institución.

1. Ausencia de autoridad interna que ejerza el control disciplinario Atendiendo al mandato legal que ordena a todas las entidades del Estado implementar el control interno disciplinario, la Dirección Nacional de Estupefacientes había asignado el conocimiento de los procesos disciplinarios, en primera instancia, al secretario general de la entidad, y en segunda instancia al director de la Dirección Nacional de Estupefacientes.1

El Gobierno Nacional, mediante decreto 3183 del 2 de septiembre de 2011, ordenó la supresión y liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y en el artículo 5° dispuso que la liquidación se adelantaría a través de una entidad fiduciaria, la cual debía designar un apoderado general. A su vez, el parágrafo

segundo del mismo artículo suprimió el cargo de Director Nacional de Estupefacientes que, como se anotó, tenía a su cargo la segunda instancia de los procesos disciplinarios. Adicionalmente, se le aceptó la renuncia al secretario general y la oficina de control interno disciplinario se suprimió del organigrama institucional, con lo cual desapareció de la estructura de la Dirección Nacional de Estupefacientes toda la organización que le permitía ejercer internamente el poder disciplinario, incluida la posibilidad de una primera y una segunda instancia para el trámite de los respectivos procedimientos. Ahora bien, el artículo 6° del decreto 3183 de 2011 estableció, dentro de las funciones del liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, la de “Promover, en los casos previstos por la ley, las acciones disciplinarias, contenciosas, civiles o penales necesarias contra los servidores públicos, personas o instituciones que hayan participado en el manejo de los bienes y haberes de la entidad en liquidación”. De las funciones así otorgadas al liquidador se desprende que su intervención se limita a iniciar e impulsar las acciones a que haya lugar, es decir, a dar noticia de las faltas, y a interponer las demandas y denuncias ante el funcionario competente. Se trata de una tarea genérica, que no comporta la de adelantar y fallar los procesos disciplinarios en la entidad en liquidación. Debe anotarse de otra parte que, de acuerdo con la ley, la finalidad única del ente en liquidación es liquidar los activos y pagar pasivos, con el fin de extinguir en definitiva la persona jurídica, objetivo que no admite distracción alguna ni permite al liquidador asumir funciones

incompatibles con la liquidación. De todo lo anterior se concluye que en la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación no existe dependencia ni autoridad que pueda iniciar o continuar acciones disciplinarias en contra de servidores o de ex servidores de la entidad suprimida.

2. El acto reglamentario de la Procuraduría General de la Nación La Procuraduría General de la Nación, con fundamento en la resolución 317 de 2004 proferida por el señor Procurador, sostiene que compete al Ministerio de Justicia y del Derecho adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra los funcionarios y exfuncionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes en

Liquidación. La mencionada resolución 317 de 2004, “Por medio de la cual se fijan parámetros para determinar la competencia en relación con el conocimiento de las faltas disciplinarias cometidas y procesos disciplinarios en curso en contra de los servidores públicos de las entidades suprimidas, liquidadas o en liquidación” dispuso en el artículo cuarto: 1 Decreto 2568 de 2003. Por el cual se modifica la estructura de la Dirección Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. “Cuarto. Cuando no se determine en la normatividad que regule el proceso de supresión o liquidación a quien corresponde la función disciplinaria y ninguna entidad estatal ha asumido las funciones, deberá conocer de las faltas disciplinarias atribuidas o de procesos disciplinarios pendientes, el Ministerio, Departamento Administrativo, Departamento o Municipio al cual se Encontraba (sic) adscrito o vinculado.” El epígrafe de la resolución 317 de 2004 enuncia como fundamento las

atribuciones del artículo 7°, numerales 7, 18 y 36 del decreto ley 262 de 20002 que dicen así: “ARTICULO 7o. FUNCIONES. El Procurador General de la Nación cumple las siguientes funciones: (…)

7. Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.

(…)

18. Coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria.

(…)

36. Expedir, como supremo director del Ministerio Público, las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercicio de las funciones públicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos”.

Se observa que las funciones asignadas al Procurador General de la Nación en el decreto 262 de 2000 se refieren únicamente a la posibilidad de “expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley”. Con fundamento en estas atribuciones, el Procurador desarrolla la labor administrativa que le es propia como supremo Director del Ministerio Público (artículo 275 de la Constitución Política). El análisis de las normas trascritas permite advertir que ninguna de ellas faculta al Procurador General de la Nación para fijar competencias administrativas a los órganos de la Rama Ejecutiva del poder público, y mal podría hacerlo dado que, como bien se sabe, la Constitución Política ha radicado esta atribución, de manera exclusiva, en el legislador.

Así las cosas, al contrastar las normas constitucionales con la resolución 317 de 2004, surge una manifiesta incompatibilidad, razón por la cual la Sala atenderá al deber que le impone el artículo 4° de la Constitución Política3 y aplicará la excepción de inconstitucionalidad. Al respecto, la Corte Constitucional ha insistido en el deber que todas las autoridades de la República tienen de asegurar la supremacía de la Constitución4, consideración que la ha llevado a declarar: 2 Decreto ley 262 de 2000 “por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”. 3 Constitución Política. “Artículo 4º. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.” 4 Corte Constitucional, sentencias: T-614 de 1992, C-069 de 1995, C-037 de 1996, T-556 de 1998, T-826 de 2008, entre otras. “25.- En primer término, en atención a la jurisprudencia constitucional, la excepción de inconstitucionalidad es una figura cuyo fundamento normativo se encuentra en el artículo 4 de la Constitución, del cual se deriva la obligación de

aplicar preferentemente las normas constitucionales, cuando las normas de inferior jerarquía resultan incompatibles con las primeras. La jurisprudencia ha venido evolucionando en la compresión del contenido normativo descrito, y en los últimos años ha desarrollado la interpretación según la cual, la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales…” 5 Precisamente en anterior oportunidad la Sala de Consulta y Servicio Civil6, al definir un conflicto de competencias administrativas, ya se había referido a la resolución 317 de 2004 expedida por el señor Procurador General de la Nación, y había aplicado la excepción de inconstitucionalidad. En esa oportunidad señaló: “… Con posterioridad al inicio del trámite de éste conflicto de competencias, se expidió Resolución 317 de 12 de agosto de 2004, publicada en el Diario Oficial N° 45.646, en la cual el Procurador General de la Nación fija los parámetros de competencia para conocer de los procesos disciplinarios que cursen en las entidades suprimidas o liquidadas. Ambas resoluciones deben ser inaplicadas por inconstitucionales, en cuanto su objeto es llenar vacíos legislativos relacionados con la determinación del órgano competente para ejercer el poder

disciplinario, lo cual no corresponde con los mandatos que la Constitución y la ley le han otorgado al Jefe del máximo organismo del Ministerio Público. Es así como, en desarrollo de los principios de división de poderes y legitimidad del derecho, se ha establecido para materias como la disciplinaria la “reserva legal” en consideración a que de su carácter sancionador se desprende una mayor y necesaria protección al derecho fundamental del “debido proceso”, que defiende el postulado según el cual el organismo competente de ejercer la potestad punitiva del Estado, adquiere vigencia sólo en la medida en que previamente así lo haya determinado el órgano legislativo en su libertad de configuración legislativa que de manera exclusiva le ha reconocido el constituyente. Principios éstos reconocidos en instrumentos internacionales como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7 y el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José-8. Igualmente, múltiples disposiciones de la Constitución Política lo consagran de manera expresa, entre otros, los artículos 6° (responsabilidad de servidores públicos), 29 (debido proceso), 122 (funciones detalladas de los empleos públicos), 123 (definición de servidores públicos y sus funciones) y 124 (responsabilidad de servidores públicos)” 9 5 Corte Constitucional. Sentencia T-389 de 2009. Ver también T-808 de 2007. 6 No escapa a la Sala que, en relación con una resolución anterior, similar a la que ahora se analiza, existe un

pronunciamiento de la Sección Primera del Consejo de Estado en sentido contrario. Al respecto ver sentencia radicación 11001032400020040021601 del 19 de junio de 2008. 7 “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.” 8 “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter.” 9 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Conflicto de competencias administrativas, radicado: 2004-0432. Deseable hubiera sido que el decreto 3183 de 2011, por el cual se suprimió la Dirección Nacional de Estupefacientes y se ordenó su liquidación, hubiera señalado quién debía ejercer las competencias en materia disciplinaria en la entidad suprimida10. No ha sido así y, por tanto, será necesario escrutar la Constitución y la ley a efecto de determinar cuál