CE-11001-03-06-000-2014-00167-00(C)-2014

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Entre la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal y la Procuraduría General de la Nación / EJERCICIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS - Rama Judicial del Poder Público / ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO - Superiores funcionales y administrativos La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal y la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial para determinar cuál de los dos organismos debe resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Wilmer Andrés Endo Sánchez en su condición de investigado dentro del proceso disciplinario que adelanta un Magistrado del Tribunal Superior de Florencia. La distinción entre la función jurisdiccional propia del cuerpo de jueces que integran la Rama Judicial, y las funciones administrativas atinentes a la capacidad de autogestión o gobernanza interna de la Rama, se encuentra ampliamente desarrollada en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, cuyo título IV se denomina justamente “De la administración, gestión y control de la Rama Judicial.” Dicho título establece y regula las funciones administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, así como también las

funciones, actividades y tareas administrativas a cargo de las diferentes corporaciones y despachos judiciales. El título VI (“Disposiciones generales”) de la Ley Estatutaria regula otros asuntos de carácter administrativo que conciernen no solo a los órganos de administración general de la Rama Judicial sino que involucran a todas las corporaciones y funcionarios judiciales. Se trata de asuntos tales como: nombramiento de funcionarios y empleados judiciales, verificación de requisitos para el desempeño de los cargos, provisión de los empleos, traslados, comisiones de servicios, provisión de vacancias temporales, licencias, permisos, autorización a invitaciones de gobiernos extranjeros, suspensión en el empleo, vacaciones, retiro del servicio y carrera judicial, temas todos que conciernen directamente a la organización interna y al adecuado funcionamiento de la Rama. De la precedente relación de funciones se desprende que las Altas Cortes y los tribunales, bien sea por medio de sus órganos de gobierno o de sus salas, ejercen rutinariamente numerosas funciones de naturaleza administrativa y, como adelante se explicará, lo hacen en su condición de superiores jerárquicos, respectivamente, de los magistrados de los tribunales y de los jueces. PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA EMPLEADOS JUDICIALESCompetencia En el análisis que sigue la Sala se referirá exclusivamente a los procesos disciplinarios que se adelanten contra empleados judiciales, y dejará de lado los procesos disciplinarios contra funcionarios judiciales, cuyo conocimiento compete a las Salas Disciplinarias del Consejo Superior y de los consejos seccionales de la

judicatura, con excepción de aquellos que se tramiten contra funcionarios que gocen de fuero constitucional. Como se expuso en los antecedentes, el proceso disciplinario contra Wilmer Andrés Endo Sánchez fue iniciado y tramitado, por el doctor Omar Alberto García Santamaría, quien en su condición de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia era el superior inmediato del investigado (folio 19, cuaderno 1). Ahora bien, en punto a la segunda instancia, la Ley Estatutaria establece que los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales administrativos son elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, respectivamente, motivo por el cual tales Corporaciones, en su condición de nominadoras de los referidos magistrados, deben considerarse como sus superiores jerárquicos para efectos administrativosdisciplinarios. Por todo lo expuesto la Sala declarará competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Endo Sánchez a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que en su calidad de nominadora del Magistrado Omar Alberto García Santamaría, es su superior jerárquico desde el punto de vista administrativo. NOTA DE RELATORIA: En el mismo sentido, ver: decisión del 2 de octubre de 2014, Rad. 11001-03-06-000-2014-00121-00(C), MP. William Zambrano Cetina. Sobre recursos contra decisiones adoptadas en procesos a funcionarios judiciales, ver: Decisión del 18 de mayo de 2011, Rad. 11001-03-06000-2011-00024-00(C), MP. Augusto Hernández Becerra

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 254 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 228 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 256 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 257 / LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 11 / LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 136 / LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 139 / LEY 270

DE 1996 - ARTICULO 140 / LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 142 / LEY 270 DE 1996ARTICULO 146 / LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 147 / LEY 270 DE 1996ARTICULO 132 / LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 172 / LEY 270 DE 1996ARTICULO 175 / LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 204 / LEY 270 DE 1996ARTICULO 125 / LEY 270 DE 1996 - ARTICULO 115 / DECRETO 1660 DE 1978 / DECRETO 052 DE 1987 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOARTICULO 74 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 67 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 76 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: AUGUSTO HERNÁNDEZ BECERRA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-06-000-2014-00167-00(C)

Actor: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ -SALA PLENAReferencia: Conflicto negativo de competencias entre el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Plenay Procuraduría General de la Nación. Proceso disciplinario Nº ID 2011-001

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Plena y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, con el fin de establecer cuál de los dos organismos debe resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Lyly Rocío Real Rodríguez contra el fallo mediante el cual el Juez Sexto (6°) de Familia de Bogotá le impuso una sanción disciplinaria dentro del proceso disciplinario radicado con el Nº ID 2011-001.1

I. ANTECEDENTES

1. En providencia del 25 de marzo de 2014 el Juez Sexto (6°) de Familia de Bogotá encontró responsable disciplinariamente a la señora Lyly Rocío Real Rodríguez, quien se desempeñaba como Oficial Mayor de ese Juzgado, por algunas irregularidades en la radicación y el trámite de un proceso judicial, y la sancionó con suspensión de tres (3) meses e inhabilidad especial por el mismo término. En dicha

decisión se indicó que contra el citado fallo procedía el recurso de apelación para ante la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial (folios 224 a 234 del cuaderno principal Nº 2).

2. Inconforme con tal determinación, la investigada interpuso el recurso de apelación, que le fue concedido por el mismo Juez en el efecto suspensivo “ante el inmediatamente superior de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la ley 734 de 2002” (folio 251).

3. El recurso, con el correspondiente expediente, fue enviado por la Secretaria AdHoc del Juzgado a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial mediante oficio del 9 de abril del año en curso (folio 251 ibídem).

4. Mediante auto del 29 de abril de 2014 la Procuraduría Delegada consideró que no era competente para resolver el recurso de alzada, motivo por el cual ordenó remitir el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, y advirtió que si este no compartía su posición proponía de una vez conflicto de competencias administrativas ante la Sala 1 Este es el número del proceso en la primera instancia. En la segunda instancia, el número asignado por el Tribunal Superior de Bogotá es 2014-0007. de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (folios 252 a 255 del mismo cuaderno).

5. Una vez recibido el expediente en el Tribunal Superior de Bogotá fue asignado inicialmente a un magistrado de la Sala de Familia, quien mediante auto del 7 de

mayo de 2014 ordenó que se devolviera a la Secretaría General para ser repartido entre todos los magistrados de esa Corporación (folio 4 del cuaderno N° 3).

6. Por medio de auto del 21 de julio de 2014, la Sala Plena del Tribunal declaró que no era competente para tramitar y resolver el recurso de apelación presentado por la señora Lyly Rocío Real, al considerar que, de acuerdo con el criterio doctrinal expuesto desde antes por esa misma Sala y por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de distrito judicial no son superiores de los jueces en el campo administrativo – disciplinario. Por la misma razón manifestó que aceptaba el conflicto de competencias propuesto por la Procuraduría y ordenó que el expediente se enviara a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver el conflicto (folios 3 a 7 del cuaderno Nº 4).

II. TRÁMITE En cumplimiento de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 39 del CPACA se fijó edicto en la Secretaría de la Sala durante cinco (5) días hábiles (folio 10 ídem).

Así mismo se comunicó sobre el inicio de esta actuación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al doctor Gerson Chaverra Castro, Magistrado del mismo Tribunal, a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, al Juzgado Sexto de Familia de Bogotá y a la señora Lyly Rocío Real Rodríguez (folios 11 y 12 ibídem).

La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de su Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, presentó alegatos (folios 13 a 21 del mismo expediente) según hace constar la Secretaria de la Sala (folio 22 ídem).

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Posición del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Plena La Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá manifiesta en el citado auto del 21 de julio de 2014 que, de acuerdo con el criterio mayoritario de dicha Corporación, basado en la posición que a este respecto sostiene la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, los jueces y demás funcionarios judiciales, si bien tienen superiores en el plano funcional, es decir, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, no los tienen en el campo administrativo y, específicamente, para el control disciplinario sobre los empleados de sus propios despachos. A este respecto, cita un auto del 9 de diciembre de 20042 proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema, en el cual se expresa: “(…) la recta interpretación que corresponde al artículo 76 de la Ley 734 de 2002, analizado en concordancia con la aludida norma estatutaria, impone concluir que en aquellos casos en que el empleado judicial es disciplinado por su superior jerárquico, distinto del nominador, será este quien conozca de la segunda instancia. Es el evento de los empleados que cumplen funciones bajo la dirección y control del Secretario, respecto de los cuales, la primera y segunda instancia estarán a cargo del Secretario y el Juez, en su orden.

“Pero si fue el nominador, por ser el superior jerárquico, quien profirió la decisión disciplinaria apelada, la segunda instancia será del conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, por así preverlo el artículo 76 de la Ley 734 de 2002. Es la hipótesis de los Secretarios, que en primera instancia son disciplinados por el Juez. “Por lo tanto, en este último caso, no puede ser llamado el nominador del Juez o magistrado que conoció de la primera instancia, para decidir la impugnación interpuesta por el empleado contra el acto administrativo que los sancionó, no sólo porque la Corte – o, en su caso, los Tribunales – no son superiores jerárquicos de los funcionarios que nominan, sino también porque el Código Disciplinario, para dicha hipótesis, estableció una competencia especial en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, la que debe ser respetada por esta Corporación. “(…)”.

2. Posición de la Procuraduría General de la Nación La Procuraduría General de la Nación manifiesta por conducto del Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial que, con similares argumentos a los expuestos por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación había expedido la Resolución Nº 77 del 5 de marzo de 2012, mediante la cual modificó el artículo 19, inciso 10º de la Resolución Nº 17 de 2000, dictada por el mismo funcionario, con el propósito de asignar expresamente a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial la competencia para conocer en segunda instancia de los

procesos disciplinarios contra empleados judiciales que hubiesen sido tramitados en primera instancia por los respectivos despachos judiciales. Señala sin embargo que, a raíz de la decisión adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 13 de agosto de 2013, en la cual, a su juicio, resulta “… evidente que el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo modificó la postura que venía siendo decantada respecto del conocimiento en 2 Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. segunda instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra los empleados de la Rama Judicial…”, el Procurador General expidió la Resolución Nº 539 del 30 de octubre de 2013, por medio de la cual modificó el artículo 1º de la Resolución Nº 77 de 2012, para establecer que la competencia de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, en relación con los procesos disciplinarios contra empleados judiciales, se limita a aquellos eventos en los que la Procuraduría decida intervenir en ejercicio de su poder preferente. Adicionalmente la Procuraduría expone en sus alegatos los siguientes argumentos que solicita a la Sala evaluar, con el fin de mantener y reforzar la posición adoptada por esta Corporación en la citada decisión del 13 de agosto, y evitar cualquier duda que pueda subsistir en esta materia: (i) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), en armonía con el 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), debe concluirse que la competencia para conocer en segunda instancia de los procesos

disciplinarios contra empleados judiciales corresponde al “superior administrativo o funcional” del empleado o funcionario que haya tramitado o tramite el proceso en primera instancia. (ii) Agrega que como la Corte Suprema de Justicia ha definido que los funcionarios judiciales no tienen “superior jerárquico”, es decir, superior en el campo administrativo, sino únicamente en el funcional, resulta forzoso entender que el superior de tales funcionarios, al que alude el artículo 74 del CPACA, es el superior funcional, a quien le corresponde, por lo tanto, decidir los recursos de apelación y, en general, conocer en segunda instancia de los procesos disciplinarios llevados a cabo por sus subalternos funcionales. (iii) Conforme a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en armonía con el Código Disciplinario Único, es evidente que todos los funcionarios y las corporaciones judiciales tienen potestad disciplinaria, en lo que respecta a los empleados de sus propios despachos y dependencias. Siendo ello así se pregunta la Procuraduría qué impide a un magistrado o a una corporación judicial revisar en segunda instancia las actuaciones y decisiones adoptadas por sus inferiores en materia disciplinaria. (iv) Para el Procurador Delegado no existe un vacío en la normatividad vigente en cuanto a la competencia para tramitar en segunda instancia los procesos disciplinarios contra empleados judiciales, pues dicha competencia se deriva de lo preceptuado en el artículo 115 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en armonía con lo dispuesto en el CPACA y en el Código Disciplinario Único. Distinta

sería la situación si el proceso disciplinario fuese tramitado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, pues en su condición de órganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones, no tienen superior jerárquico ni funcional, por lo cual habría que aplicar en dichos casos, de manera residual, lo previsto en el inciso 4º del artículo 76 de la Ley 734 de 2002, sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación para conocer de tales procesos en segunda instancia. (v) Finalmente la Procuraduría explica que, de acuerdo con las normas constitucionales y legales pertinentes, a ese órgano de control no le corresponde ejercer el control disciplinario sobre todos los servidores públicos de manera general, pues en principio dicha función debe ser cumplida internamente por cada entidad, organismo, rama o dependencia, sin perjuicio del poder preferente que en materia disciplinaria le ha sido otorgado a la Procuraduría. Por tal razón, así como por la autonomía constitucional de la Rama Jurisdiccional, el control disciplinario sobre los funcionarios y empleados judiciales en sus dos instancias debe ser ejercido en principio por la misma Rama así: en el caso de los empleados judiciales, por sus superiores inmediatos, en la primera instancia, y por los superiores de estos en la segunda; y en el caso de los funcionarios judiciales (jueces, magistrados y fiscales), por la denominada “Jurisdicción Disciplinaria”, integrada por el Consejo Superior de la Judicatura y los respectivos Consejos Seccionales. De esta manera la intervención

de la Procuraduría en los procesos disciplinarios contra empleados judiciales está limitada al ejercicio del poder preferente y a aquellos casos excepcionales en los que deba intervenir de forma residual, ante la verdadera inexistencia de un superior jerárquico dentro de la Rama Judicial que pueda conducir la segunda instancia. Por las razones anteriores la Procuraduría General de la Nación estima que no es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Real Rodríguez.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por el artículo 82 del Código Disciplinario Único, que dice así: “Artículo 82. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. “Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. “El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente”. (Se subraya).

En el presente caso no cabe aplicar esta disposición debido a que las dos partes en

conflicto, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Plena - y la Procuraduría General de la Nación no tienen un superior común de ninguna índole, en virtud de la autonomía que el artículo 228 de la Constitución confiere a la Rama Judicial y que el artículo 275 y siguientes de la misma Carta reconocen al Ministerio Público. Dada la imposibilidad de aplicar en este caso el artículo 82 de la Ley 734 de 2002 le corresponde al Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, ejercer su función general de resolver los conflictos de competencias administrativas que se presenten entre dos o más autoridades, entidades u organismos del Estado, en los términos previstos en los artículos 39 y 112, numeral 10 del CPACA. En efecto, el citado artículo 112 relaciona entre las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la de: “(…) 10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.” Así mismo el inciso primero del artículo 39 ibídem estatuye: “Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional… En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales…

conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado”. De acuerdo con los antecedentes, el presente conflicto de competencias enfrenta a la Procuraduría General de la Nación, organismo autónomo del orden nacional, y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que forma parte de la Rama Judicial, la cual a su vez ejerce funciones en todo el territorio nacional. El asunto que se discute es de naturaleza administrativa, como ha reconocido la jurisprudencia y también la doctrina de esta Sala, y lo aceptan sin reservas las dos partes en conflicto. Este versa sobre un punto concreto, consistente en determinar quién debe resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Lyly Rocío Real Rodríguez contra la decisión adoptada por quien fue su superior inmediato, el Juez Sexto de Familia de Bogotá, en el sentido de encontrarla responsable disciplinariamente y aplicarle sanciones, dentro del proceso disciplinario radicado con el número ID 2011-001. En atención a las razones expuestas la Sala de Consulta y Servicio Civil encuentra que es competente para conocer de este asunto.

2. Ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial La autonomía constitucional de la Rama Judicial no solo se refiere a la forma como los órganos, dependencias y funcionarios que la integran cumplen su función primordial de administrar justicia, es decir, de declarar y hacer efectivos los derechos individuales y colectivos de las personas, sino que también alude a la manera como la Rama se organiza internamente y gestiona sus recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para cumplir de manera más eficiente su objetivo constitucional y misional.

Por tal razón el artículo 228 de la Constitución, además de señalar que las

decisiones de la Administración de Justicia son independientes, establece que “su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. Por el mismo motivo la Carta Política dio existencia a un Consejo Superior de la Judicatura, con una Sala Administrativa (artículo 254) entre cuyas funciones se encuentran las de “administrar la carrera judicial”; “crear, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia” y “dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (artículos 256 y 257). La distinción entre la función jurisdiccional propia del cuerpo de jueces que integran la Rama Judicial, y las funciones administrativas atinentes a la capacidad de autogestión o gobernanza interna de la Rama, se encuentra ampliamente desarrollada en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, cuyo título IV se denomina justamente “De la administración, gestión y control de la Rama Judicial.” Dicho título establece y regula las funciones administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, así como también las funciones, actividades y tareas administrativas a cargo de las diferentes corporaciones y despachos judiciales. El título VI (“Disposiciones generales”) de la Ley Estatutaria regula otros asuntos de carácter administrativo que conciernen no solo a los órganos de administración general de la Rama Judicial sino que involucran a todas las corporaciones y

funcionarios judiciales. Se trata de asuntos tales como: nombramiento de funcionarios y empleados judiciales, verificación de requisitos para el desempeño de los cargos, provisión de los empleos, traslados, comisiones de servicios, provisión de vacancias temporales, licencias, permisos, autorización a invitaciones de gobiernos extranjeros, suspensión en el empleo, vacaciones, retiro del servicio y carrera judicial, temas todos que conciernen directamente a la organización interna y al adecuado funcionamiento de la Rama. De la precedente relación de funciones se desprende que las Altas Cortes y los tribunales, bien sea por medio de sus órganos de gobierno o de sus salas, ejercen rutinariamente numerosas funciones de naturaleza administrativa y, como adelante se explicará, lo hacen en su condición de superiores jerárquicos, respectivamente, de los magistrados de los tribunales y de los jueces.

3. Superiores funcionales y administrativos en la estructura jerárquica de la

Rama Judicial a. Jerarquías en la Rama Judicial. En su decisión del 13 de agosto de 20133 esta Sala explicó que la Rama Judicial está organizada de forma jerárquica, es decir, que cuenta con una estructura organizacional compuesta por diferentes niveles o grados de autoridad, dentro de los cuales se ubican los distintos jueces, tribunales y demás corporaciones judiciales, en la forma establecida en la Carta Política y en el artículo 11 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La Ley Estatutaria diferencia, en la estructura organizacional de la Rama, dos categorías de superioridad jerárquica: i) los superiores jerárquicos en el orden

jurisdiccional (o funcional) y ii) los superiores jerárquicos en el orden administrativo. Ambas superioridades (en el orden jurisdiccional y en el administrativo) se predican de los funcionarios judiciales, como lo reconoce expresamente el artículo 5º, cuando dispone: “Artículo 5º. Autonomía e independencia de la Rama Judicial. La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia. “Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.” (Se resalta). 3 Ocasión en la cual se decidió un conflicto entre la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Boyacá en relación con la autoridad que debía resolver la recusación presentada en contra del Juez Promiscuo Municipal de la Uvita (Boyacá), dentro del proceso disciplinario adelantado en contra de la Secretaria de dicho juzgado. Si esta distinción no existiera o careciera de relevancia, la norma transcrita no se hubiera referido a superiores jerárquicos “en el orden administrativo o jurisdiccional”, pues sencillamente hubiese utilizado la expresión “superior jerárquico” o simplemente “superior”. Debe inferirse, por tanto, que no es lo mismo un superior en el orden jurisdiccional que un superior en el orden administrativo, aunque con frecuencia tales calidades confluyan en un mismo servidor o en una misma corporación de la Rama

Judicial. La diferencia legal entre estas dos categorías de superiores, los “funcionales o judiciales”, y los “administrativos”, resulta confirmada por otras disposiciones constitucionales y legales-estatutarias. Esta distinción la confirma también el hecho de que en el campo administrativo o gubernativo de la Rama Judicial existen órganos, dependencias y empleados que carecen de la facultad de administrar justicia. Allí se ubican, por ejemplo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con sus respectivas dependencias, seccionales y empleados. Tales órganos y empleados pueden ser superiores de empleados y funcionarios judiciales, aunque no laboren en sus mismas dependencias, para ciertos asuntos o tareas administrativas específicas, como lo referente a la carrera judicial o a la definición de los horarios y condiciones físicas y operativas para la prestación del servicio al público, entre otros, sin que tengan sobre dichos empleados y funcionarios, en el desempeño de sus deberes jurisdiccionales, facultades de control, revisión, tutela, supervisión o alguna otra que denote superioridad jerárquica en el ámbito funcional. b. Algunos actos de superioridad administrativa. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, así como otras leyes y decretos reglamentarios parcialmente vigentes, regulan diversos trámites administrativos internos de la Rama Judicial en los que la decisión compete a determinados empleado