CE-11001-03-06-000-2020-00251-00(C) (1)-2020

PRESUNTO CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS – Entre la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental del Meta / SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL – Elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; iii) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 39 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 112 NUMERAL 10

DECISIÓN QUE RESUELVE LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN FUNCIONAL EXCEPCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – No proceden recursos en contra / ACTOS DEFINITIVOS DE LAS AUTORIDADES EN EJERCICIO DE SU FUNCIÓN ADMINISTRATIVA – Terminan la actuación cuando deciden de fondo la petición Sobre la decisión de la solicitud de intervención funcional excepcional de la Contraloría General de la República no procede recurso, conforme lo dispone el artículo 26 del Decreto Ley 403 de 2020. Así las cosas, la Resolución ORD-801120001026-2020 del 6 de noviembre de 2020 es un acto administrativo de carácter

definitivo y en firme mediante el cual el contralor general de la República accedió a la solicitud de la autoridad departamental y ordenó la intervención funcional excepcional de la Contraloría General de la República. Los actos definitivos de las autoridades, en ejercicio de su función administrativa, terminan la actuación, cuando deciden de fondo la petición que dio origen a la misma. Terminada la actuación, no es ni jurídica ni prácticamente posible plantear un conflicto de competencias.

FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 4 DE 2019 – ARTÍCULO 2 / DECRETO LEY 403 DE 2020 – ARTÍCULO 22 / DECRETO LEY 403 DE 2020 – ARTÍCULO

26 CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – Definitivos o de fondo, de trámite y de mera ejecución / FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – Noción / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – Alcance / REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – Como posibilidad de que las autoridades remuevan del mundo jurídico sus propios actos / FALTA DEL CONSENTIMIENTO DEL PARTICULAR PARA PROCEDER A LA REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Medio de control procedente Como la Sala lo ha señalado en anteriores oportunidades, dentro de las múltiples clasificaciones que la jurisprudencia y la doctrina han hecho de los actos administrativos, existe aquella que distingue entre los actos administrativos «definitivos, de fondo o conclusivos», los actos administrativos de trámite y los actos administrativos de «mera ejecución». (…) Se entiende que el anterior

artículo [87 de la Ley 1437 de 2011] define el momento en el que la autoridad administrativa ha tomado una decisión definitiva frente a una situación general o particular, poniendo fin a un procedimiento administrativo. Asimismo, debe tenerse claro que todos los actos administrativos se presumen legales hasta que dicha presunción sea desvirtuada en sentencia judicial que declare nulo el correspondiente acto administrativo. Solo a partir de la firmeza de la providencia judicial, desaparece del mundo jurídico el respectivo acto administrativo. (…) La presunción de legalidad aquí regulada debe aplicarse por igual a todo tipo de actos administrativos en firme, bien sean de contenido general o particular, de trámite, definitivos o de ejecución, o cualquier otra distinción que traiga la ley. Esta presunción y su firmeza hacen que sean obligatorios (…). El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también faculta a las autoridades para que remuevan del mundo jurídico sus propios actos administrativos. De esta manera, el artículo 93 del CPACA regula la revocatoria directa (…). Vale la pena señalar que la jurisprudencia ha sido clara en explicar que en los casos en los que no se obtiene el consentimiento del particular al que se le reconoce un derecho, y no es posible que la administración pueda revocar directamente el acto sin consentimiento, esta debe acudir a demandar su propio acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con la denominada «acción de lesividad» , que en el régimen jurídico colombiano se ejerce mediante el medio de control de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 43 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 87 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 88 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 89 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 93 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 97

PRESUNTO CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS / INEXISTENCIA DEL CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS / INHIBITORIO – Por no existir actuación administrativa en trámite / INHIBITORIO – Una de las entidades en conflicto resolvió de fondo la solicitud mediante un acto administrativo definitivo [L]a Sala no puede pronunciarse de fondo para resolver un conflicto de competencia que se plantea en relación con una actuación administrativa que ya ha terminado mediante un acto administrativo definitivo o de fondo. La competencia de la Sala opera cuando en la actuación administrativa se han expedido actos administrativos de simple trámite o de ejecución que no conllevan la terminación de la respectiva actuación. Es claro que en este caso la actuación administrativa no ha terminado sino que se encuentra en curso, mientras que, en el primer evento, la decisión tomada por la autoridad es definitiva y pone término a la actuación. (…) En el caso analizado, la Resolución ORD-80112-0001026-2020 del 6 de noviembre de 2020 de la Contraloría General de la República es un acto administrativo en firme porque no admite recurso, amparado por la presunción de legalidad y que decidió de fondo la solicitud que hiciera el gobernador del Meta

para que, en ejercicio de la intervención funcional excepcional, sea el órgano de control fiscal nacional, y no el departamental, el que asuma el control de las denuncias núm. 046 y 104 del 2020, relacionadas con presuntas irregularidades de los contratos de prestación de servicios núm. 093, 102, 122 y 128 de 2020, suscritos por el Instituto de Turismo del Meta y el Convenio Interadministrativo núm. 0186 del 2020 suscrito por el gobernador del Meta, respectivamente. Por lo tanto, mientras el acto administrativo goce de la presunción de legalidad, las autoridades administrativas deben darle cumplimiento. Es decir, la actuación iniciada con la mencionada solicitud terminó con la decisión de fondo adoptada por el órgano fiscal nacional. Si no hay actuación en curso no es factible la existencia de un conflicto de competencias. Por consiguiente, tampoco se configura la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil. (…) Por lo anterior, la Sala debe declararse inhibida para decidir el presunto conflicto de competencias planteado por la Contraloría Departamental del Meta frente a la Contraloría General de la República, por la inexistencia del mismo.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 39

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-06-000-2020-00251-00(C)

Actor: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Referencia: PRESUNTO CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIAS

ADMINISTRATIVAS

Partes: Contraloría General de la República y Contraloría Departamental del

Meta.

Asunto: Inexistencia de conflicto de competencias administrativas. La Contraloría General de la República asumió el control excepcional. Acto administrativo definitivo y en firme. Inhibitorio.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), procede a estudiar el conflicto positivo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES De la información consignada en los documentos que obran en el expediente, se

resumen los antecedentes, así: a. Denuncia núm. 046 de 2020

1. El 16 de marzo de 2020, el Consorcio Borrero Martín Abogados S.A.S. y el Instituto de Turismo del Meta celebraron el contrato de prestación de servicios núm. 093, con el siguiente objeto: «[…] prestación de servicios profesionales como abogado para la representación judicial, extrajudicial y asesoría jurídica externa del Instituto de Turismo del Meta», el valor del contrato fue de $83.883.100, provenientes de recursos propios del Instituto1. 1 Folios 466 a 474 del expediente magnético.

2. El 27 de marzo de 2020, el abogado Andrés Felipe Díaz Cuellar y el Instituto de Turismo del Meta celebraron el contrato de prestación de servicios núm. 102, con el siguiente objeto: «[…] prestación de servicios profesionales como asesor

jurídico en desarrollo de los procesos y actividades pre contractuales, contractuales, y pos contractuales para la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto», el valor del contrato fue de $54.800.000, provenientes de recursos propios de la entidad2.

3. El 17 de abril de 2020, la Contraloría Departamental del Meta recibió denuncia anónima, vía whatsapp, con el radicado interno núm. 1507. En ella se puso en conocimiento del órgano de control las presuntas irregularidades que se presentaron en los contratos de prestación de servicios profesionales núm. 093 y 102 del 2020, suscritos por la Instituto de Turismo del Meta3.

4. El 15 de mayo de 2020, la señora Mayra Alejandra Zambrano Miranda y el Instituto de Turismo del Meta celebraron el contrato de prestación de servicios núm. 122, cuyo objeto fue: «[…] prestación de servicios profesionales como asesor jurídico en desarrollo de los procesos y actividades pre contractuales, contractuales, y pos contractuales para la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto», el valor del contrato fue de $13.200.000, provenientes de recursos propios de la entidad4.

5. El 12 de junio de 2010, el señor Diego Andrés López y el Instituto de Turismo del Meta celebraron el contrato de prestación de servicios núm. 128, cuyo objeto fue la «[…] prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión para el seguimiento en los procesos y actividades precontractuales que adelanta la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto […]», el valor del contrato fue de $5.202.000, provenientes de recursos propios de la entidad5.

6. En el mes de julio de 2020, el señor J.F.R. amplió la queja del mes de abril y

solicitó que, adicionalmente, se investigaran los contratos de prestación de servicios núm. 122 y 128 del año en curso, suscritos por el Instituto de Turismo del Meta6. A la denuncia principal y su ampliación les correspondió el núm. 46.

7. El 28 de septiembre de 2020, la Contraloría Departamental del Meta emitió el informe de denuncia en el cual se revisó cada uno de los contratos y se estableció la existencia de 5 hallazgos, razón por la cual continuó con la correspondiente investigación de responsabilidad fiscal7.

8. El 8 de octubre de 2020, la Contraloría Departamental del Meta expidió la Resolución núm. 335, y ordenó al gobernado del Meta la suspensión inmediata de la directora general de Turismo, con fundamento en las irregularidades que evidenció en el curso de la investigación del proceso de responsabilidad fiscal producto de la denuncia núm. 0468.

b. Denuncia núm. 104 de 2020 2 Folios 476 al 484 del expediente magnético. 3 Folio 50 del expediente magnético. 4 Folios 485 al 493. 5 Folios 6 Folio 51 a 52 del expediente magnético. 7 Folios 65 a 97 del expediente magnético. 8 Folios 39 a 47 del expediente magnético.

1. El 7 de septiembre de 2020, la Contraloría Departamental del Meta recibió denuncia del señor R.G. En ella pone en conocimiento de esa entidad presuntas irregularidades que se presentaron en el Convenio Administrativo núm. 0186 de 2020, celebrado entre la Gobernación del Meta y la Asociación de Cabildos

Indígenas del Meta (ACIM). A esta denuncia se le asignó el núm. 1049. Según la información suministrada por la Contraloría Departamental del Meta en el trámite de esta denuncia solo se ha emitido el auto de apertura y la comunicación de las partes. c. Antecedentes comunes de las denuncias

1. El 13 de octubre de 2020, el gobernador del departamento del Meta solicitó a la Contraloría General de la República que interviniera de forma excepcional y avocara conocimiento de las denuncias núm. 46 y 104 de 2020, que están siendo adelantadas por la Contraloría Departamental del Meta. Estas tratan de presuntas irregularidades de los contratos de prestación de servicios núm. 093, 102, 122 y 128 de 2020, suscritos por el Instituto de Turismo del Meta y el Convenio interadministrativo núm. 0186 del 2020 suscrito por el gobernador del Meta. La anterior solicitud se hizo conforme a lo dispuesto en el literal f) artículo 6º del Decreto 403 de 2020 y la Resolución Organizacional núm. OGZ. 0767 del 24 de julio de 2020 expedida por ese órgano de control10.

2. El 6 de noviembre de 2020, la Contraloría General de la República expidió la Resolución Ordinaria núm. ORD-80112-1026 y resolvió decretar la intervención funcional excepcional sobre las denuncias núm. 046 y 104 de 202011.

3. El 13 de noviembre de 2020, la Contraloría Departamental del Meta solicitó a la

Sala de Consulta y Servicio Civil resolver el conflicto positivo de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y la Contraloría General de la República para conocer de las denuncias núm. 46 y 104 de 2020, en relación con presuntas irregularidades de los contratos de prestación de servicios núm. 093, 102, 122 y 128 de 2020, suscritos por el Instituto de Turismo del Meta y el Convenio interadministrativo núm. 0186 del 2020 suscrito por el gobernador del Meta12.

II. ACTUACIÓN PROCESAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas pudieran presentar alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto, de estimarlo pertinente13.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Contraloría Departamental del Meta, a la Contraloría General de la República, al Instituto de Turismo del Meta, al representante legal del Consorcio Barrero Martín Abogado S.A.S., a la señora Mayra Alejandra Zambrano Miranda, al señor Diego Andrés López, a la 9 Folio 51. 10 Folios 223 a 229. 11 Folios 212 al 222. 12 Folios 1 al 26. 13 Folio 183. Asociación de Cabildos Indígenas del Meta (ACIM), a la señora Esperanza Vargas Quimbaya, al señor Andrés Felipe Días Cuellar, a la Gobernación del Meta, al procurador regional del Meta y a la Defensoría Regional del Pueblo14.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala15 en el sentido de que se recibieron alegatos de la Contraloría General de la República16, de la Contraloría Departamental del Meta17; y consideraciones de la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Meta18, del señor Javier Mauricio Gómez Cruz, como asesor jurídico (suspendido) del Instituto de Turismo del Meta (suspendido), y de la señora Mónica Cristina Solano Piedrahita19, en su calidad de directora (actualmente suspendida) del Instituto de Turismo del Meta.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES a) De la Contraloría Departamental del Meta Alegó que la actuación del contralor general de la República, Resolución Ordinaria núm. ORD-80112-1026 del 6 de noviembre de 2020, constituyó una vía de hecho que atentó contra los principios de autonomía, independencia, descentralización y debido proceso, en atención a que no observó los artículos 23, 24, 25 y 26 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020. Para sustentar su posición, señaló que:

(i) La Resolución núm. ORD-80112-1026 desconoció los artículos 11, 12 y 14 de la Resolución Organizacional núm. OGZ-0767-2020 del 24 de julio de 2020 y no dio cumplimiento al plazo establecido. (ii) La petición del señor gobernador del Meta no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Resolución Organizacional núm. OGZ0767-2020 del 24 de julio de 2020, expedida por el contralor general de la

República. Debido a que no demostró la actuación subjetiva y falta de imparcialidad de la Contraloría Departamental, que permitirían el ejercicio del control excepcional. (iii)No se adelantó el proceso de verificación previa para intervención funcional excepcional, contemplado en el artículo 13 de la Resolución Organizacional núm. OGZ-0767-2020 del 24 de julio de 2020. (iv)No se vinculó o notificó a la Contraloría Departamental de las actuaciones adelantadas, para permitirle controvertir la posición del gobernador. En este sentido, recordó que la decisión es discrecional del contralor general, pero no lo es el trámite, que debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 (deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros). Por último, señaló que con la decisión que se tomó en la Resolución ORD-801121026 del 6 de noviembre de 2020, se desconoció la autonomía e independencia de las contralorías territoriales. b) De la Contraloría General de la República 14 Folios 185 a 189. 15 Folios 713. 16 Folios 192 al 206. 17 Folios 231 al 243. 18 Folios 291 al 303. 19 Folios 298 al 712. A través de apoderado judicial, argumentó que lo expresado por la Contraloría Departamental del Meta no buscaba desvirtuar la competencia de la Contraloría General de la República para hacer uso del control excepcional, sino que más bien parecía dirigir cargos de nulidad en contra del acto administrativo, el cual, recordó, no es susceptible de recurso.

Esbozó que la Contraloría Departamental pretendía desconocer la facultad constitucional y legal que se le otorgó a la Contraloría General de la República a partir de la reforma constitucional de 2019 y procedió a explicar el marco legal del «nuevo esquema de control fiscal». Explicó que, además del control excepcional sobre las cuentas de las entidades territoriales, la Contraloría General de la República fue dotada de una competencia prevalente para adelantar el procedimiento fiscal, en virtud del cual, desplaza las competencias de las contralorías territoriales, sin que eso implique el «vaciamiento» de sus competencias. Señaló que de la solicitud hecha por el gobernador del Meta se logró evidenciar indicios para considerar una posible falta de imparcialidad, razón por la cual se tomó la decisión de intervenir de forma excepcional. De igual forma, destacó que la solicitud fue presentada de acuerdo con las exigencias previstas en el artículo 11 de la Resolución Organizacional núm. OGZ-0767-2020 del 24 de julio de 2020. c) De la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Meta En primer lugar, reseñó que la decisión adoptada por la Contraloría General de la República se ajustó a la Constitución, al Decreto 403 de 2020 y a la Resolución Organizacional núm. OGZ-0767-2020 del 24 de julio de 2020. A su vez, señaló que la solicitud hecha a la Contraloría General de la República cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución Organizacional núm. OGZ-0767-2020 del 24 de julio de 2020.

De igual forma, destacó que: Atendiendo la delimitación del problema jurídico que nos ocupa (conflicto de competencias), saldría de la esfera de competencia de la H. Sala, realizar un análisis de fondo a la Resolución No. ORD-80112-001026-2020 del 6 de noviembre de 2020, pues cualquier juicio de reproche a las consideraciones legales y fácticas en que el Contralor General de la República soportó su decisión, al colegir la existencia de indicios de falta de imparcialidad del órgano de control territorial, correspondería a un debate de otro medio de control judicial. Por último, solicitó a la Sala declarar improcedente la colisión de competencias administrativas debido a que hay una decisión válida de la Contraloría General de la República y en caso de que se decida tomar una decisión de fondo, pidió que se declarara la competencia de dicha autoridad de control. d) Del señor Javier Mauricio Gómez Cruz En su calidad de asesor jurídico del Instituto de Turismo del Meta (suspendido), solicitó a la Sala que se declarara la competencia de la Contraloría General de la Nación, para conocer de la denuncia núm. 046 de 2020. Para sustentar su posición, presentó los hechos que consideró relevantes sobre la investigación fiscal adelantada por la Contraloría Departamental del Meta y señaló que el órgano de control territorial ha desconocido el procedimiento establecido en el manual de denuncias de responsabilidad fiscal acogido por esa autoridad, vulnerando con ello su derecho al debido proceso, y demostrando su falta de imparcialidad. Por esta razón, consideró que la entidad que debe conocer de la

denuncia es la Contraloría General de la Nación, con fundamento en la Constitución, al Decreto 403 de 2020 y a la Resolución Organizacional núm. OGZ0767-2020 del 24 de julio de 2020. e) De la señora Mónica Cristina Solano Piedrahita En su calidad de directora del Instituto de Turismo del Meta (suspendida), destacó que conforme a la Resolución núm. ORD-80112-001026-2020 del 6 de noviembre de 2020, la competencia para conocer de la denuncia 046 de 2020 es de la Contraloría General de la República. Asimismo, destacó que la citada decisión de la Contraloría General de la República de decretar la intervención funcional excepcional sobre las denuncias 046 y 104 del 2020, se ajusta a la Constitución, la Ley y la Resolución Organizacional núm. OGZ-0767-2020 del 24 de julio de 2020.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general» cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada.

La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en

relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]. En este mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil es la siguiente: Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; iii) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo. En el presente caso, la Sala se declarará inhibida por la inexistencia del conflicto de competencias planteado, como pasa a explicarse en el análisis del caso concreto.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «[m]ientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»20. En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones. El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones. Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

1. Análisis del caso concreto. Inexistencia de conflicto de competencias administrativas ante control fiscal excepcional asumido por la Contraloría General de la República 1.1. La normativa aplicable al caso concreto. Reiteración21 20 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria

1755 de 2015. 21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 9 de noviembre de 2020 con el radicado núm. 11001-03-06-000-2020-00189-00. El Acto Legislativo 4 de 201922 reformó el régimen del control fiscal en Colombia, y particularmente en el artículo 2º dispuso: ARTÍCULO 2o. El artículo 268 de la Constitución Política quedará así: Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: […]

14. Intervenir en los casos excepcionales previstos por la ley en las funciones de vigilancia y control de competencia de las Contralorías Territoriales. Dicha intervención podrá ser solicitada por el gobernante local, la corporación de elección popular del respectivo ente territorial, una comisión permanente del Congreso de la República, la ciudadanía mediante cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, la propia contraloría territorial o las demás que defina la ley.

El Decreto Ley 403 de 202023 se expidió para la implementación de lo dispuesto en el Acto Legislativo 4 de 2019. En el artículo 22 del referido decreto ley se desarrolló la intervención funcional excepcional de la Contraloría General de la República, así: ARTÍCULO 22. INTERVENCIÓN funcional excepcional. La Contraloría General de la República podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las contralorías territoriales, desplazándolas en sus competencias y asumiendo directamente el conocimiento de los asuntos objeto

de intervención, a solicitud de los siguientes sujetos calificados: a) El gobernador o el alcalde distrital o municipal respectivo. […] 1.2. La actuación administrativa A solicitud del gobernador del Meta, el contralor general de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, mediante Resolución ORD-801120001026-2020 del 6 de noviembre de 2020, resolvió: ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR LA INTERVENCIÓN FUNCIONAL EXCEPCIONAL, sobre las actuaciones adelantadas por el Contralor Departamental del Meta en el Instituto De Turismo del Meta en desarrollo de la investigación por la denuncia No. 046 de 2020, específicamente sobre el contrato de prestación de servicios No. 093 de 2020 suscrito con el Consorcio Borrero Martin Abogados S.A.S., el contrato de prestación de servicios No. 102 de 2020 suscrito con Andrés Felipe Díaz Cuellar, el contrato de prestación de servicios No. 122 de 2020 suscrito con Mayra Alejandra Zambrano Miranda, el contrato de prestación servicios No. 128 de 2020 suscrito con Diego Andrés López, y sobre la investigación que adelanta dicha Contraloría en relación con la denuncia No. 104 de 2020, específicamente, respecto del convenio interadministrativo No. 0186 de 2020, celebrado entre la Gobernación del Departamento del Meta y la Asociación Cabildos Indígenas del Meta ACIM. 22 Acto legislativo 04 de 2019 (septiembre 18), «[p]or medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal». 23 Decreto Ley 403 de 2020 (16 de marzo), «[p]or el cual se dictan normas para la correcta

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal». PARÁGRAFO. La presente intervención opera sobre todas las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, así como sobre los modificatorios suscritos si los hubiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR EL CONOCIMIENTO Y TRÁMITE de los hechos relacionados con los objetos de control identificados en el artículo primero del presente acto administrativo, a la Gerencia Departamental del Meta.

PARÁGRAFO. La presente intervención funcional excepcional opera sobre todos los ejercicios de vigilancia y control iniciados por la contraloría territorial sobre los objetos de control fiscal, incluyendo auditorías, actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares y procesos de res