CE-11001-03-15-000-2000-0668-01(S)-2004

RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA - Improcedencia. No se configuró indebida interpretación de norma / FISCAL GENERAL - Facultad discrecional en punto a nombramiento y remoción de fiscal delegado / FISCAL DELEGADO - Naturaleza del cargo. Dependencia y subordinación del fiscal general / FACULTAD DISCRECIONAL - Desvinculación de Fiscal Delegado / RETIRO DEL SERVICIO - Procedencia. Facultad discrecional en la Fiscalía Primer Cargo. Indebida Interpretación del penúltimo inciso del artículo 250 de la Constitución Política. Tanto la Constitución como la Ley quisieron dejar en claro el vínculo de sujeción existente entre el Fiscal General y sus delegados en orden a brindar un manejo adecuado a los delicados asuntos que entraña la investigación y persecución de los delitos, amén de la responsabilidad institucional que surge para el Fiscal General de las decisiones tomadas por sus subalternos. En efecto, los Fiscales Delegados actúan siempre bajo la dependencia o subordinación jerárquica del Fiscal General, por mandato expreso del artículo 19 del Decreto 2699 de 1991 y resultan ejecutores directos del titular de la facultad constitucional de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Corolario de lo anterior, resulta razonable aplicar la consideración según la cual empleos como el referido son de estricto manejo y confianza, lo que justifica la prerrogativa discrecional del nominador en el sentido de designar y remover libremente cuando el cargo se provea en provisionalidad a quien, por delegación suya, le corresponde ejercer la potestad punitiva que la

Constitución le ha encomendado. La dependencia o subordinación jerárquica constituye una modalidad de expresión del ejercicio de la función administrativa, que se traduce, entre otras, en la posibilidad de la designación o nombramiento de ellos cuando la gravedad o complejidad del asunto lo requiera y en tales casos, en la reasignación del conocimiento de la investigación a otro fiscal delegado, con miras a asegurar su eficiencia. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar. RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA - Improcedencia. No se configuró falta de aplicación de norma / FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - Clasificación de los empleos. Facultad nominadora: alcance / POTESTAD NOMINADORA - Discrecionalidad: alcance / DESVIACIÓN DE PODERImprobado. Facultad nominadora del fiscal general: alcance / RETIRO DEL SERVICIO - Procedencia. Aplicación de la facultad nominadora del fiscal general Segundo Cargo. Falta de aplicación del artículo 66 del Decreto 2699 de 1991. Este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad. Las normas sobre la administración del personal de la Fiscalía General de la Nación se encuentran en el Estatuto Orgánico de dicha entidad –Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991–, que fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo transitorio 5° de la Constitución Política. Dicho decreto preceptúa en el numeral 4° del artículo 20, que el Fiscal General de la Nación tiene la facultad de: “Nombrar, remover y definir las situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de su dependencia en el ámbito

de su competencia, de acuerdo con las delegaciones específicas, y de conformidad con la ley”, la misma norma consagra en el artículo 73 la figura del nombramiento en provisionalidad. La normatividad descrita coloca en cabeza del Fiscal General de la Nación, la facultad nominadora en relación con los empleos de su dependencia; sin embargo, dicha facultad no puede ser ejercida de manera arbitraria, aunque sí discrecional, tal como lo establece el artículo 251 de la Constitución que le asignó al Fiscal General la competencia nominadora en relación con la dependencia que preside, “de conformidad con la ley”. La discrecionalidad consiste en que la potestad nominadora debe ejercerse buscando el mejoramiento de la función pública, aspecto sobre el cual ha puntualizado la Corte Constitucional. De acuerdo con lo anterior, únicamente procedería la nulidad del acto acusado, si se advirtiera desviación de poder, caso en el cual y atendiendo el principio de la carga de la prueba, el actor debió probar su dicho, lo cual no ocurrió en el presente proceso. Esta apreciación se encuentra reforzada por el hecho de que el nombramiento del actor era provisional, condición que, según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado no genera estabilidad. En consecuencia y como quiera que el actor no ingresó a la Fiscalía General de la Nación mediante concurso de méritos, su estabilidad allí se tornó relativa, que se materializó en la declaratoria de insubsistencia por la facultad discrecional de que goza el Fiscal General de la Nación. Por todo lo anterior, este cargo tampoco está llamado a prosperar y al desestimarse el recurso, conforme al inciso cuarto del artículo 194 de la Ley 446 de 1998, el recurrente será condenado

en costas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejera ponente: LIGIA LÓPEZ DÍAZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-15-000-2000-0668-01(S)

Actor: JAVIER VICENTE BARRAGÁN NEGRO Demandado: FISCALIA GENERAL DE LA NACION Decide la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la parte actora contra la Sentencia del 13 de julio de 2000 proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda (2ª) de la Corporación.

ANTECEDENTES En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el abogado Javier Vicente Barragán Negro demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare la nulidad de la Resolución N° 0-1188 del 20 de mayo de 1997 proferida por el Fiscal General de la Nación, mediante el cual se declaró insubsistente del cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Rosa de Viterbo (Casanare). EL FALLO SUPLICADO La Subsección “B” de la Sección Segunda (2ª) de la Corporación mediante la Sentencia objeto del recurso extraordinario resolvió la apelación instaurada, confirmando la sentencia de 14 de octubre de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. Consideró la Sección que en el expediente se probó que el actor ostentaba su

nombramiento en provisionalidad, situación administrativa a la que no le asisten los derechos de carrera, pues no participó en concurso alguno, no fue seleccionado o inscrito en el régimen de carrera ni en el escalafón judicial. Concluyó que se reiteró la jurisprudencia de la Corporación en el sentido de que el ataque a la actuación de la administración por falsa motivación “o desviación de poder en la expedición del acto debe ser probada por quien la impetra, supuesto fáctico que no fue acreditada en el sub-lite; en otras palabras no tiene respaldo probatorio que permita concluir que en efecto la administración obró con fines distintos al buen servicio público.” EL RECURSO EXTRAORDINARIO Se señalan como normas sustanciales violadas por falta de aplicación, el artículo 125 de la Constitución Política, los artículos 66, 78 y 100 del Decreto 2699 de 1991 y los artículos 130, 132 y 159 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 270 de 1996. En primer lugar, señaló que se desconoció el artículo 125 de la Constitución Política, según el cual “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. (...) El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley....” A juicio del recurrente, en la sentencia suplicada “se crea una nueva forma de provisión de cargos en la rama judicial con amplias facultades

discrecionales del nominador como es el Fiscal General de la Nación, para remover libremente a sus subalternos siendo esta limitada. Caprichosa apreciación que en la Ley no está contemplado.” En segundo lugar, en relación con las disposiciones de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, manifestó que la calidad de los empleos está taxativamente señalada en la Ley y no es cierto “que al desempeñar el cargo que ocupaba en calidad de provisional, deba ser considerado como de libre nombramiento y remoción, interpretación errada y que la misma Ley jamás ha considerado.” Agregó que según el artículo 159 ibídem, el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales de Circuito es de carrera. Señaló que de conformidad con el numeral 4° del artículo 20 del Decreto 2699 de 1991, el acto administrativo de insubsistencia o de remoción, debe estar fundamentado y motivado. En tercer lugar, agregó que mientras la Fiscalía General de la Nación crea su régimen de carrera “necesariamente tiene que regirse por las normas legales vigentes, en este caso dicha entidad no ha procedido con reglamentarla, por lo tanto no le da facultad para extralimitarse en fijar términos por fuera de la ley, en el caso de la provisión de cargos, por lo tanto es errada la interpretación que el Ad-quo y Ad-quem, en el sentido de que para dicha entidad no le es aplicable lo normado en el Art. 132 de la Ley 270 de 1.996, estando según esta apreciación por fuera de norma ibídem.” De otra parte, agregó que de acuerdo con el artículo 78 del Decreto 2699 de

1991, mientras dura el concurso al que debió convocar la Fiscalía para proveer los cargos de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales de Circuito, debió nombrarse en encargo. Reiteró que como quiera que la Fiscalía no convocó a concurso para la provisión de cargos, conforme al artículo 100 ibídem , “mi retiro debió necesariamente motivarse.” Agregó que según esta última, “hay insubsistencia discrecional, únicamente en los cargos de libre nombramiento y remoción, luego es excluyente para los cargos de carrera, así sea que estos últimos estén siendo ocupados en forma provisional.” Citó y transcribió apartes de la Sentencia T-134192 de 1998 de la Corte Constitucional, en la que se protegió el derecho al debido proceso a un empleado a quien se le desvinculó mediante acto administrativo que no estaba motivado. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La parte actora (recurrente) reiteró lo expuesto con ocasión del recurso extraordinario de súplica interpuesto y agregó que en Sentencia del 4 de octubre de 2001, la Sección Tercera de esta Corporación al resolver la acción de cumplimiento interpuesta por Carlos Mario Isaza Serrano, “deja en claro que la Fiscalía General de la Nación no ha cumplido la ley, en el sentido de que no ha expedido las órdenes necesarias para aplicar de manera rápida el régimen de carrera desde su creación en la Constitución de 1991.” De acuerdo con lo anterior, el actor concluyó que si bien es cierto, cuando se produjo su insubsistencia, el Decreto Ley 161 de 2000 - que reformó la estructura de la Fiscalía General de la Nación - no existía, debió tenerse en cuenta lo

dispuesto en los artículos 66 y 78 del Decreto 2699 de 1991 y, el acto mediante el cual se declaró insubsistente debió estar motivado, pues erró al considerar su cargo de libre nombramiento y remoción. Citó y transcribió apartes de la Sentencia Unificadora 250 de 1998 de la Corte Constitucional en relación con la motivación de los actos en virtud de los cuales se retira del servicio a un trabajador nombrado en interinidad cuando aún no se han hecho los concursos para ingresar a la carrera. De otra parte, la apoderada especial de la Jefe de la Oficina Jurídica (E) de la Fiscalía General de la Nación, reiteró lo expuesto con ocasión de los argumentos presentados en el trámite de las instancias. Agregó que “la insubsistencia de un nombramiento no conlleva una sanción, sino simplemente, es la expresión de la facultad discrecional y no existe norma legal alguna que condicione el ejercicio de tal facultad a la decisión previa de una investigación disciplinaria o penal o la subjetiva apreciación de haber desempeñado en forma correcta sus funciones.” Corolario de lo anterior, “era absolutamente procedente y legal la declaratoria de insubsistencia del nombramiento hecho a la Demandante, como quiera que se puede establecer que se trata de un funcionario en provisionalidad, que se constituye en un título precario, que no da derecho a la estabilidad.” MINISTERIO PÚBLICO No rindió concepto. CONSIDERACIONES DE LA SALA El artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, establece cuatro requisitos fundamentales para la

procedencia del recurso extraordinario:  Que se interponga contra una sentencia ejecutoriada, proferida por cualquiera de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.  Que la acusación contra la sentencia se formule por violación directa de una o varias normas sustanciales, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.  Que se indiquen con precisión, al interponer el recurso, las normas sustanciales infringidas y los motivos de la infracción.  Que se interponga dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria del fallo impugnado. En relación con el segundo requisito, se advierte que el recurso de súplica sólo encuentra causa en la violación directa de normas sustanciales, y no en la infracción indirecta de las mismas, como tampoco implica una tercera instancia. La Corte Suprema de Justicia se ha referido en varias oportunidades a la diferencia que existe entre estas dos modalidades de infracción de las normas jurídicas. Al respecto, ha manifestado lo siguiente: “… a la violación de la ley sustancial, que constituye el supuesto básico de la causal primera de casación, se puede llegar por dos rumbos diferentes, directamente o por vía indirecta … “Tiene lugar la primera modalidad cuando sin consideración a los medios de convicción que le hayan servido al sentenciador para formular su juicio, el fallo inaplica para la decisión del litigio un precepto que claramente lo rige, o le aplica el que no lo gobierna o le aplica el que sí le es pertinente pero dándole un alcance que

no le corresponde…”, mientras que se da el quebranto indirecto “…cuando el fallador en la estimación de la prueba incurre en un error de hecho o en uno de derecho, y a consecuencia de tales desaciertos, deja de aplicar al caso litigioso la norma que verdaderamente lo regula o le aplica una que le es extraña…” (Casación Civil de 28 de noviembre de 1989 y 13 de febrero de 1992, sin publicar), lo que en el terreno de las consecuencias prácticas equivale a decir, como también lo tiene afirmado la doctrina jurisprudencial, que la violación directa de ley sustancial implica, por contraposición a la que a su vez es hipótesis propia de la violación indirecta, que por el juzgador no se haya caído en desacierto alguno, de hecho o de derecho, en el manejo de las pruebas y que, por lo tanto, “tampoco exista reparo que oponer contra los resultados que en el campo de la cuestión fáctica haya encontrado el fallador, como consecuencia del examen de la prueba (G. J., tomos CXVI, página 60 y CCXIX, página. 260)”.1 (Subrayas fuera del texto para destacar). Esta posición ha sido acogida por esta Corporación, la cual ha manifestado al respecto: “El recurso extraordinario de súplica sólo procede, entonces, por los llamados errores juris in judicando, esto es, por violación directa de normas jurídicas, sin que se admita al impugnante la presentación de argumentos dirigidos a cuestionar, ni siquiera en forma limitada, el análisis probatorio efectuado por el juzgador.

Debe advertirse que no tiene ninguna injerencia, respecto de la prosperidad del recurso, el hecho de que el mismo se sustente en argumentos idénticos o similares a los alegados en las instancias, ya que éstos pueden perfectamente servir de base a la súplica; sin embargo, con ellos debe demostrarse que el fallo acusado ha incurrido en violación directa de una o varias normas sustanciales, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Sólo se exige, como ha quedado explicado, que la infracción no ocurra por contragolpe, esto es, como consecuencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas. La insistencia, en el trámite de la súplica, en la presentación, por una de las partes, de argumentos expuestos en el curso del proceso que culminó con sentencia ejecutoriada no necesariamente provoca, entonces, el debate propio de una tercera instancia.”2 En el caso concreto, la Sala entiende cumplidos los requisitos enunciados. Si los motivos expuestos resultan o no suficientes para determinar la prosperidad del recurso, es asunto cuyo estudio asume la Corporación. 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de octubre de 1994, Expediente 3972 2 Sentencia del 3 de junio de 2003, S-131, M. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. El presente recurso no tiene vocación de prosperidad por las siguientes razones: Primer Cargo. Indebida Interpretación del penúltimo inciso del artículo 250 de la Constitución Política, “El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen

competencia en todo el territorio nacional” y del artículo 19 del Decreto 2699 de 1991, “Los Fiscales delegados actuarán siempre en representación de la Fiscalía General de la Nación bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos y del Fiscal General” (subrayas fuera del texto para destacar). Tanto la Constitución como la Ley quisieron dejar en claro el vínculo de sujeción existente entre el Fiscal General y sus delegados en orden a brindar un manejo adecuado a los delicados asuntos que entraña la investigación y persecución de los delitos, amén de la responsabilidad institucional que surge para el Fiscal General de las decisiones tomadas por sus subalternos. En efecto, los Fiscales Delegados actúan siempre bajo la dependencia o subordinación jerárquica del Fiscal General, por mandato expreso del artículo 19 del Decreto 2699 de 1991 y resultan ejecutores directos del titular de la facultad constitucional de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes (C. P., artículo 250). Corolario de lo anterior, resulta razonable aplicar la consideración según la cual empleos como el referido son de estricto manejo y confianza, lo que justifica la prerrogativa discrecional del nominador en el sentido de designar y remover libremente cuando el cargo se provea en provisionalidad a quien, por delegación suya, le corresponde ejercer la potestad punitiva que la Constitución le ha encomendado, conforme a la Ley. La dependencia o subordinación jerárquica constituye una modalidad de expresión del ejercicio de la función administrativa, que se traduce, entre otras, en

la posibilidad de la designación o nombramiento de ellos cuando la gravedad o complejidad del asunto lo requiera y en tales casos, en la reasignación del conocimiento de la investigación a otro fiscal delegado, con miras a asegurar su eficiencia. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar. Segundo Cargo. Falta de aplicación del artículo 66 del Decreto 2699 de 1991: “Los empleos de la Fiscalía se clasifican según su naturaleza y forma como deben ser provistos; el de libre nombramiento y remoci6n y de carrera. Son de libre nombramiento y remoción, las personas que desempeñan los empleos de:

1. Vicefiscal General de la Nación.

2. Secretario General.

3. Jefes de Oficina de la Fiscalía General.

4. Directores Nacionales y Jefes de División de la Fiscalía

General.

5. Director de Escuela.

6. Directores Regionales y Seccionales.

7. Los empleados del despacho del Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaria General.

Los Directores Regionales y Seccionales ingresarán por concurso y solo podrán ser removidos, previa autorización del Consejo Nacional de Policía Judicial. Los demás cargos son de carrera y deberán proveerse mediante el sistema de méritos.” Este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad, por las siguientes razones: Las normas sobre la administración del personal de la Fiscalía General de la Nación se encuentran en el Estatuto Orgánico de dicha entidad - Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991 –, que fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo transitorio N° 5 de la Constitución Política.

Dicho decreto preceptúa en el numeral 4° del artículo 20, que el Fiscal General de la Nación tiene la facultad de: “Nombrar, remover y definir las situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de su dependencia en el ámbito de su competencia, de acuerdo con las delegaciones específicas, y de conformidad con la ley.”3 La misma norma consagra en el artículo 73 la figura del nombramiento en provisionalidad : “Por excepción, de acuerdo con el reglamento, los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trata 3 Esta atribución se reitera en el numeral 2° del artículo 251 de la Constitución Política según el cual: “Son funciones especiales del fiscal general de la nación : (.....) 2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia.” de proveer transitoriamente cargos vacantes temporal o definitivamente, con personal no seleccionado mediante concurso.” (subrayas fuera del texto para destacar) La normatividad descrita coloca en cabeza del Fiscal General de la Nación, la facultad nominadora en relación con los empleos de su dependencia; sin embargo, dicha facultad no puede ser ejercida de manera arbitraria, aunque sí discrecional, tal como lo establece el artículo 251 de la Constitución que le asignó al Fiscal General la competencia nominadora en relación con la dependencia que preside, “de conformidad con la ley”. La discrecionalidad consiste en que la potestad nominadora debe ejercerse buscando el mejoramiento de la función pública, aspecto sobre el cual ha puntualizado la Corte Constitucional4 en los siguientes términos: “1. De la potestad discrecional.

(.....) No debe confundirse lo arbitrario con lo discrecional. En lo arbitrario se expresa el capricho individual de quien ejerce el poder sin sujeción a la ley. El poder discrecional por el contrario, está sometido a normas inviolables como las reglas de derecho preexistentes en cabeza del órgano o funcionario competente para adoptar la decisión en cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a fin de proteger la vida, honra y bienes de los asociados, así como sus derechos y libertades. Dentro de la facultad discrecional, el poder o la competencia no tiene prefijada su decisión de una manera rígida, sino que en atención a la complejidad y variación de los factores de los asuntos sometidos a su jurisdicción, debe aplicar el precepto más adecuado y justo a la situación concreta, ateniéndose a los objetivos fijados por la Constitución y la ley, ajenos a su libre capricho.” De acuerdo con lo anterior, únicamente procedería la nulidad del acto acusado, si se advirtiera desviación de poder, caso en el cual y atendiendo el principio de la carga de la prueba (Código de Procedimiento Civil, artículo 177), el actor debió probar su dicho, lo cual no ocurrió en el presente proceso. En efecto, uno de los fundamentos de la acusación es el óptimo cumplimiento del deber por parte del actor; sin embargo, según señala la parte opositora, la insubsistencia del señor Ardila Medina no se debió al incumplimiento de sus funciones, ni fue consecuencia de un proceso disciplinario. 4 Sentencia C-031 del 2 de febrero de 1995, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara

Se trata de un delegado directo del titular de la facultad constitucional (artículo 250) de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes y aún cuando el cargo es de carrera no se ha provisto mediante concurso, motivo por el cual el actor lo ocupaba en provisionalidad, lo cual al ser un cargo de estricto manejo y confianza, ocupado provisionalmente permite utilizar la prerrogativa discrecional del nominador en el sentido de designar y remover libremente a quien, por delegación suya, le corresponde ejercer la potestad punitiva que la Constitución le ha encomendado, mientras no se haya realizado el concurso. Esta apreciación se encuentra reforzada por el hecho de que el nombramiento del actor era provisional, condición que, según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado no genera estabilidad. En la Sentencia del 12 de noviembre de 19985, tomando como referencia la decisión de la Corte Constitucional C030/97, se expresó: “Ha precisado esta Corporación en innúmeras oportunidades, conforme se dejó dicho, que no basta con desempeñar un cargo de carrera para ingresar a la misma y para gozar de todas las garantías y prerrogativas que de allí devienen y así lo precisó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento que se trae a colación en la sentencia pretranscrita (alude a la C-030/98), cuando sostuvo “... no puede existir norma alguna dentro de nuestro ordenamiento que permita el ingreso automático a cargos de carrera.” “En estas condiciones, sobre la base de que no hay ingreso automático a la carrera, no habiendo demostrado el

demandante estar escalafonado, perfectamente podía el nominador declarar insubsistente su nombramiento, como en efecto lo hizo, en el evento en que considerara que su permanencia en la administración no fuera propicia para la efectiva prestación del servicio público. (.....).” Ha sido destacado por la jurisprudencia y la doctrina que la adquisición de los derechos de carrera sólo procede una vez se agote el proceso de selección correspondiente, de manera que la situación que antecede a la inscripción en carrera debe considerarse como precaria en relación con la posibilidad de mantenerse en el empleo respectivo. Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar inexequible la norma del artículo 22 de la Ley 27 de 1992 que permitía el ingreso “automático” a la carrera de los funcionarios que pudieran acreditar unas 5 Subsección “B” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Expediente No. 13.586, M. P. Silvio Escudero Castro determinadas calidades, sin tener que competir con los demás aspirantes al cargo6. En consecuencia y como quiera que el actor no ingresó a la Fiscalía General de la Nación mediante concurso de méritos, su estabilidad allí se tornó relativa, que se materializó en la declaratoria de insubsistencia por la facultad discrecional de que goza el Fiscal General de la Nación. Por todo lo anterior, este cargo tampoco está llamado a prosperar y al desestimarse el recurso, conforme al inciso cuarto del artículo 194 de la Ley 446 de 1998, el recurrente será condenado en costas. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, administrando justicia y por autoridad de la ley, F A L L A : NO PROSPERA el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la Sentencia del 13 de julio de 2000 proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda (2ª) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. CONDÉNASE en costas a la parte recurrente. Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase. Esta providencia fue estudiada y aprobada en la Sesión de la fecha.

GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR

Vicepresidente CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GERMÁN AYALA MANTILLA 6 Corte Constitucional, Sentencia C-030 del 30 de enero de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía

REINALDO CHAVARRO BURITICÁ MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ

ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ E. MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ P.

RICARDO HOYOS DUQUE FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA

LIGIA LÓPEZ DÍAZ GABRIEL EDUARDO MENDOZA M.

OLGA INÉS NAVARRETE B. MARÍA INÉS ORTÍZ BARBOSA

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT P. JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ

DARÍO QUIÑÓNES PINILLA RAMIRO SAAVEDRA BECERRA

MERCEDES TOVAR DE HERRÁN

Secretaria General