CE-11001-03-15-000-2012-01034-00(AC)-2012

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - No se cumple con el requisito de inmediatez El requisito de la inmediatez para la procedencia de la acción de tutela supone que el mecanismo constitucional sea ejercitado de manera oportuna, esto es, en un término razonable después de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos… la acción de tutela se instauró el 12 de junio de 2012, es decir, después de transcurridos más de siete (7) meses de haberse proferido la providencia acusada, lo que permite afirmar que la acción no cumple con el requisito de inmediatez.

NOTA DE RELATORIA: Sobre requisito de inmediatez ver, Corte Constitucional, sentencias T-066 de 2011 y T-076 de 2011.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO

Bogotá, D.C., doce (19) de julio de dos mil doce (2012) Radicación número: 11001-03-15-000-2012-01034-01(AC)

Actor: JOSE ROMEL GUTIERREZ SALCEDO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ ROMEL GUTIÉRREZ SALCEDO, contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO, de acuerdo con el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

I. ANTECEDENTES El señor JOSÉ ROMEL GUTIÉRREZ SALCEDO instauró acción de tutela contra el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al mínimo vital.

A. Hechos y fundamentos Del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes: El señor JOSÉ ROMEL GUTIÉRREZ SALCEDO, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio No. 1205/OAJ del 18 de febrero de 2009, por medio del que se le negó la reliquidación y el reajuste de la asignación de retiro y, el reconocimiento y pago indexado de los valores que corresponden, de conformidad con el Índice de Precios al

Consumidor – IPC-. Dicha demanda le correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Armenia, que, mediante sentencia del 30 de junio de 2011, accedió a las pretensiones de la misma. En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante providencia del 27 de octubre de 2011, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, modificó el numeral segundo y revocó los numerales cuarto y quinto de la misma por prescripción de los derechos.

B. Pretensiones: Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes: “PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO

PROCESO, A LA IGUALDAD, AL (SIC) ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, (SIC) Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO del QUINDÍO, en sentencia del 27 de octubre de 2011, incurrió en un defecto sustantivo pues se observa que de manera errada aplica el término de prescripción cuatrienal de las mesadas previsto para reclamar el pago de las diferencias correspondientes y disponen que no hay derecho al reconocimiento por prescripción del derecho, por lo que podemos presenciar que dicha corporación (SIC) incurrió en vía de hecho al negar el reajuste de la asignación de retiro del accionante; conforme al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor –I.P.C.-, desconociendo no solo el precedente judicial, sino también lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, Ley 238 de 1995 y en armonía con el artículo 48 de la Constitución Política.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sección Segunda, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación No. 2009-00850-01. (SIC) Impretrada por el señor JOSE (SIC) ROMEL GUTIERREZ (SIC) SALCEDO.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Quindío, que en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el accionante, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis”.

Una vez avocado el conocimiento de la presente acción mediante auto del 15 de junio de 2012, se ordenó notificar a las partes (fl. 46).

C. Oposición El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, por conducto del magistrado Rigoberto Reyes Gómez, rindió el respectivo informe y solicitó que se negaran las pretensiones de la presente acción de tutela, en razón a que no reúne los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para su procedencia.

Señaló que no se configuró ninguna vía de hecho pues, la providencia atacada se encuentra sustentada en el ordenamiento jurídico vigente y en las pruebas aportadas al proceso, por lo que no se vulneraron los derechos invocados por el demandante. La CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, por medio del Subdirector de Prestaciones Sociales, rindió el informe correspondiente y manifestó que la presente acción de tutela resulta improcedente pues no existe vulneración a los derechos invocados por el demandante, ni la configuración de una vía de hecho, toda vez que el despacho accionado aplicó la norma correspondiente, como también los parámetros jurisprudenciales aplicables al caso en concreto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los

particulares en los casos que señala este decreto", la cual, en principio, procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. En el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela será procedente si se alega que se propone como mecanismo transitorio con el que se busca evitar un perjuicio irremediable. Mediante el ejercicio de la presente acción, el señor JOSÉ ROMEL GUTIÉRREZ SALCEDO, pretende que se deje sin efectos la providencia del 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la que se confirmó parcialmente la decisión del 30 de junio de 2011, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia, en el sentido de modificar el numeral segundo y revocar los numerales cuarto y quinto de la misma por prescripción de los derechos. La procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ha sido reconocida de manera expresa por la Honorable Corte Constitucional. En la sentencia C-590 de 2005, con ponencia del doctor JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, recogió los requisitos generales y especiales (eventos determinantes), de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Como requisitos generales estableció los siguientes: “a. Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional.” “b. Que se hayan agotado todos los medios – ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable”.1 1 Sentencia T-504 de 2000.

“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.2 “d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.3 “e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.4 “f. que no se trate de sentencias de tutela.5 En esa providencia la Corte determinó que luego de verificarse el cumplimiento de los anteriores requisitos generales de procedencia de la tutela, se debe proceder a establecer si ha ocurrido uno de los siguientes eventos determinantes para la prosperidad de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, sucede en los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales6 o que presentan una

evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e. Error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que precisamente en la motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 2 Sentencia T-315 de 2005. 3 Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000. 4 Sentencia T.658 de 1998. 5 Sentencias T088 de 1999 y SU-1219 de 2001. 6 Sentencia T-522 de 2001. g. Desconocimiento del precedente, fenómeno que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución. Para la Sección Cuarta la acción de tutela resulta procedente, de manera excepcional, contra providencias judiciales, excluyendo las providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, máximos órganos de la respectiva jurisdicción; y por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria – como máximo

órgano en materia jurisdiccional disciplinaria, en razón a que cuando estos órganos judiciales se pronuncian, ponen fin a un largo recorrido judicial en el que los involucrados han contado con todos los medios legales para hacer valer sus derechos, amén de que la seguridad y estabilidad jurídicas ameritan necesarias definiciones que al más alto nivel pongan fin a debates que, de lo contrario, serían interminables. Caso concreto De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se tiene que uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es que se cumpla con el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable. El requisito de la inmediatez para la procedencia de la acción de tutela supone que el mecanismo constitucional sea ejercitado de manera oportuna, esto es, en un término razonable después de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos. Sobre este aspecto la Corte Constitucional en sentencia T-562 de 2009, sostuvo que: “(…) la tutela debe ser intentada dentro de un plazo razonable y oportuno. Lo que se quiere con este requisito es “evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica”7, pues la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del

derecho objeto de violación o amenaza. Así pues, “es inherente a la acción de tutela la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos derechos”8. De la presente acción de tutela se tiene que, la providencia acusada fue proferida por Tribunal Administrativo del Quindío, el día 27 de octubre de 2011; y la acción de tutela se instauró el 12 de junio de 2012, es decir, después de transcurridos más de siete (7) meses de haberse proferido la providencia acusada, lo que permite afirmar que la acción no cumple con el requisito de inmediatez. Así las cosas, al no cumplir la presente acción de tutela con los elementos generales de procedencia, resulta innecesario establecer si ha ocurrido uno de los eventos determinantes para la prosperidad de la acción de tutela contra la providencia judicial. En consecuencia, se negaran las pretensiones de la presente acción de tutela, por los argumentos expuestos. En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

1. NIÉGANSE POR IMPROCEDENTES las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE por telegrama o por cualquier otro medio expedito.

3. De no ser impugnada la presente providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-446 del 30 de mayo de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández 8 Corte Constitucional, Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, MP. José Gregorio Hernández Galindo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS Presidente de la Sección

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ

WILLIAM GIRALDO GIRALDO