CE-11001-03-15-000-2013-01552-01(AC)-2014

IMPEDIMENTO EN ACCION DE TUTELA - Competencia y procedimiento para resolver / COMPETENCIA PARA DECIDIR SOBRE IMPEDIMENTO EN SEDE DE TUTELA - Corresponde a la Sala a la que pertenece el magistrado que manifiesta estar impedido El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 señala que las causales de impedimento de los jueces que conocen de procesos de tutela son las del Código de Procedimiento Penal. No consagra el procedimiento para decidirlo, si es de ponente o si corresponde a la Sala. Tampoco determina que deban resolverse con fundamento en el estatuto procesal penal. El Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, dispone en el artículo 4 que para interpretar las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela que prevé el Decreto 2591 de 1991 se apliquen los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sea contrario a dicha norma. Estos principios, que orientan el ordenamiento procesal en pro de cumplir la garantía constitucional al debido proceso y la igualdad de las partes, conciernen, entre otros, a la economía procesal, a la inmediación, a la buena fe, a la gratuidad, a la publicidad, a la lealtad y a la imparcialidad. La filosofía de postulados debe entonces tenerse en cuenta para resolver situaciones procesales en el marco del trámite de impedimentos que se presenten en los procesos de tutela… Es de destacar que recientemente la Sala Plena del Consejo de Estado y la Sección Quinta han considerado que es la Sala a la que pertenece el magistrado que manifiesta estar

impedido, la competente para decidir sobre el mismo.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTICULO 39 / DECRETO 306

DE 1992 - ARTICULO 4 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTICULO 56 NUMERAL 1 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 149 / LEY 1437 DE 2011 - ARTICULO 131 NUMERAL 3

NOTA DE RELATORIA: Sobre la competencia para decidir el impedimento manifestado por un Magistrado de la Sala, ver: auto del 4 de febrero de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alfonso Vargas Rincón, exp. 25000-23-42-000-2013-06871-01, actor: Gustavo Francisco Petro Urrego; auto del 11 de febrero de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P.

Alfonso Vargas Rincón, exp. 25000-23-42-000-2013-06871-01; y auto del 21 de mayo de 2014, de la Sección Quita, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. 11001-03-15-000-2013-01771-01, Actor: Lina María Guarnizo Tovar y otros. IMPEDIMENTO - Infundado porque el concepto rendido por el Procurador Delegado se efectúa en defensa del interés general La naturaleza jurídica del concepto que emite el Procurador Delegado en un proceso judicial, desde el punto de vista procesal, tiene por característica que éste no es oponible a las partes. Emitir éste no implica que al Ministerio Público se le

deba tener como contradictor de la parte a la que le desfavorece su postura, o como coadyuvante de aquella a la cual le fue favorable. El Procurador Judicial representa al Ministerio Público y actúa en interés general. En la presente solicitud de tutela ocurre que el reproche o la atribución de la razón de ser de la vulneración que la entidad tutelante alega, no se hace recaer en el concepto que rindió el Ministerio Público en el trámite de la segunda instancia del proceso ordinario de reparación directa Nº 1998-02615-01 (22886). Además, sobre la sentencia proferida en ese proceso, que es el motivo por el cual el tutelante solicita la protección constitucional, la señora Consejera de Estado, no se ha pronunciado. Su participación, se reitera, fue a título de Ministerio Público, intervención por mandato de la ley que atañe a la defensa del ordenamiento jurídico en protección del interés general. En consecuencia, no se estructuran en este caso las causales que aduce para solicitar se le autorice separarse del conocimiento y decisión de la tutela.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTICULO 56

CAUSAL 4 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTICULO 56 CAUSAL 6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

Consejera ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-15-000-2013-01552-01(AC)

Actor: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA SUBSECCION C Se aborda la definición del impedimento que manifestó la señora Consejera doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, para conocer de la solicitud de amparo constitucional de la referencia.

Invocó como sustento las causales 4 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que dentro del proceso de reparación directa Nº 1998-02615-01 (22886) que se definió con la sentencia ordinaria que motivó esta tutela por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, “(…) participé como sujeto procesal, en calidad de Procuradora Quinta Delegada ante esta Corporación, emití concepto sobre el asunto materia del proceso con escrito en el que me pronuncié frente a la existencia de responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad tutelante, así como del Congreso de la República por las consecuencias que se derivan de la aplicación de los tratados internacionales, específicamente, por ratificar la Convención de Viena con la cual se estableció una excepción para el acceso a la administración de justicia de algunos ciudadanos, como sucedió para el caso de la señora María del Carmen Valdés de Sanabria, quien en definitiva salió favorecida con la sentencia que ahora vía tutela es controvertida”. Para resolver, SE CONSIDERA 1.- Competencia en materia de tutela para resolver impedimento de los Consejeros integrantes de la Sala de Decisión Desde ya anticipa la Sala que el competente para resolver el impedimento que presente un integrante de la Sala de Decisión no es el magistrado que le sigue en

turno a quien manifiesta el impedimento, sino la Sala a la que éste pertenece. Esta postura se fundamenta en las siguientes razones: El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 señala que las causales de impedimento de los jueces que conocen de procesos de tutela son las del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo no consagra el procedimiento para decidirlo, esto es, si es de ponente o si corresponde a la Sala. Tampoco determina que se resuelvan con fundamento en el estatuto procesal penal o en otro. El Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, dispone en el artículo 4° que para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991, se apliquen los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sea contrario a dicha norma. Estos principios, que orientan el ordenamiento procesal en pro de cumplir la garantía constitucional al debido proceso y la igualdad de las partes, conciernen, entre otros, a la economía procesal, a la inmediación, a la buena fe, a la gratuidad, a la publicidad, a la lealtad y a la imparcialidad. La filosofía que estos postulados reviste debe tenerse entonces en cuenta para resolver situaciones procesales en el marco del trámite de impedimentos que se presenten en los procesos de tutela. El principio de imparcialidad, lleva a limitar la participación del juez cuando existan circunstancias que pueden incidir en su objetividad para decidir el asunto sometido a consideración. En materia procesal civil, este principio se encuentra plasmado

en los artículos 149 y subsiguientes del mismo estatuto procesal -que desarrollan el trámite y resolución de impedimentos-. En tanto no se opone a las disposiciones reglamentarias de la acción de tutela, tal disposición resulta aplicable para resolver la manifestación de impedimento en el trámite de la acción de tutela. Así, el Código de Procedimiento Civil para resolver el trámite de los impedimentos, dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 149. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627><Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los magistrados, jueces y conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra la causal configurada y procedente asumirá por auto su conocimiento; en caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva sobre la legalidad del impedimento. Si el superior encuentra fundado el impedimento, enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido; si lo considera infundado, lo devolverá al juez que venía conociendo de él. El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del magistrado que le sigue en turno en la respectiva sala, con

expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que ésta resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el negocio al magistrado que deba reemplazarlo, o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez si hubiere lugar a ello. El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no son susceptibles de recurso alguno”. Entonces, cuando en una tutela hayan de resolverse impedimentos de magistrados, la manifestación se hace ante el magistrado de la Sala que le siga en turno, para que ésta (o sea la Sala), resuelva lo pertinente. En el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé igual procedimiento, como se lee del numeral 3 del art. 131: “ARTÍCULO 131. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: (…)

3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez”.

Ahora bien, cuando la parte final del artículo 29 del Código de Procedimiento Civil señala que “corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos

que resuelvan sobre la apelación contra el que rechace o resuelva el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión 1 ”, tal norma corresponde o está dirigida a los procesos ordinarios de los que conozca esa jurisdicción. Se trata de una disposición general, luego no es aplicable al trámite de la tutela, que como antes se vio, cuenta con una norma especial para la decisión de los impedimentos, a partir de la remisión que a dicha disposición hace el Decreto 306 de 1992 en virtud del principio de imparcialidad. Es de destacar que recientemente la Sala Plena del Consejo de Estado y la Sección Quinta han considerado que es la Sala a la que pertenece el magistrado que manifiesta estar impedido, la competente para decidir sobre el mismo2. 2.- Del caso concreto: El impedimento que expresa la señora Consejera de Estado Los numerales 4 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), aplicables al trámite de tutela por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, señalan: “ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:(…)

4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o

compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar”. Revisada la situación fáctica que fundamenta el planteamiento de la Dra. Lucy 1 Lo subrayado fuera de texto. 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; C.P. Alfonso Vargas Rincón. Auto de 4 de febrero de 2014. Rad. 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; C.P. Alfonso Vargas Rincón. Auto de 11 de febrero de 2014. Rad. 25000-23-42-000-2013-06871-01. Consejo de Estado, Sección Quita; C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Auto de 21 de mayo de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2013-01771-01. Actor: Lina María Guarnizo Tovar y Otros. Jeannette Bermúdez Bermúdez de considerarse impedida para conocer y decidir esta tutela por estar inmersa en los eventos antes transcritos, la Sala no advierte que se tipifique o se estructure, por las siguientes razones: La naturaleza jurídica del concepto que emite el Procurador Delegado en un proceso judicial, desde el punto de vista procesal, tiene por característica que éste no es oponible a las partes. Emitir éste no implica que al Ministerio Público se le deba tener como contradictor de la parte a la que le desfavorece su postura, o como coadyuvante de aquella a la cual le fue favorable. El Procurador Judicial

representa al Ministerio Público y actúa en interés general. En la presente solicitud de tutela ocurre que el reproche o la atribución de la razón de ser de la vulneración que la entidad tutelante alega, no se hace recaer en el concepto que rindió el Ministerio Público en el trámite de la segunda instancia del proceso ordinario de reparación directa Nº 1998-02615-01 (22886). Además, sobre la sentencia proferida en ese proceso, que es el motivo por el cual el tutelante solicita la protección constitucional, la señora Consejera de Estado, no se ha pronunciado. Su participación, se reitera, fue a título de Ministerio Público, intervención por mandato de la ley que atañe a la defensa del ordenamiento jurídico en protección del interés general. En consecuencia, no se estructuran en este caso las causales que aduce para solicitar se le autorice separarse del conocimiento y decisión de la tutela. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, RESUELVE DECLARAR INFUNDADA la manifestación de impedimento que formuló la Consejera, doctora LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, a cuyo despacho se regresará el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBERTO YEPES BARREIRO

Presidente Aclaro voto

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

Consejera de Estado

MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ

Conjuez

SUSANA MONTES DE ECHEVERRI

Conjuez

CON ACLARACION DE VOTO DEL CONSEJERO ALBERTO YEPES

BARREIRO