CE-11001-03-15-000-2014-00752-00(AC)-2014

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega porque la providencia cuestionada no incurre en desconocimiento del precedente jurisprudencial Afirma el apoderado de la actora que el juez de segunda instancia al resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial relacionado con el principio de favorabilidad que hace procedente la aplicación de la Ley 100 de 1993 para los reconocimientos de pensión de sobrevivientes, en los eventos en que la muerte del causante ocurrió antes de la entrada en vigencia de dicha norma…considera la Sala que no le asiste razón al apoderado de la accionante cuando afirma que el juez de segunda instancia incurrió en vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque no tuvo en cuenta el principio de favorabilidad para aplicar la Ley 100 de 1993 y reconocer la pensión de sobreviviente a favor de la actora, aunque la misma no se encontrara vigente para la fecha en que falleció el señor Emilio Lasso Garzón. Lo anterior, toda vez que se encuentra que el juez de conocimiento realizó un estudio completo de los supuestos de hecho y de derecho planteados y debatidos por las partes al interior del proceso, ante lo cual concluyó que no se había logrado desvirtuar la legalidad del acto acusado, en la medida en que para la fecha en que falleció el agente de la Policía Nacional, Emilio Lasso Garzón, cónyuge de la hoy actora, la norma vigente era el Decreto 2063 de 1984, el cual regulaba el reconocimiento pensional solicitado por la

cónyuge supérstite y por tanto aplicable, al caso concreto. Igualmente, consideró el Tribunal que no se accedía a la solicitud realizada por la parte demandante de aplicar el reconocimiento pensional de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha norma no se había expedido para la fecha en que falleció el causante, y por tanto, no podían otorgarse efectos retroactivos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 153 de 1887. Ahora bien, en cuanto al supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado por el apoderado de la actora, señala la Sala que no encuentra que el Tribunal haya incurrido en una vía de hecho al adoptar la decisión acusada, pues en la misma se consideró que si bien anteriormente se habían resuelto asuntos en los cuales se debatía un problema jurídico similar al planteado por la demandante, en los cuales se aplicó la Ley 100 de 1993 para casos en los que se reclamaba pensión de sobrevivientes por hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia; posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado, rectificó la posición sobre este asunto, concluyendo que no era posible efectuar un reconocimiento pensional en tales eventos porque ello contrariaba el principio de irretroactividad de la ley.

FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 / LEY 100 DE 1993 / DECRETO 2063 DE

1984

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00752-00(AC)

Actor: ALBA LUCIA ZAPATA ORTIZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA CUARTA DE DECISION Decide la Sala la solicitud de tutela presentada por Alba Lucía Zapata Ortiz, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala

Cuarta de Decisión.

1. La solicitud y las pretensiones.

La señora Alba Lucía Zapata Ortiz, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales estimó lesionados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al definir el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la hoy accionante contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Se pretende con el ejercicio de la acción constitucional que: I) se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; II) se deje sin efectos la sentencia dictada el 30 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión; III) se tomen las medidas necesarias y pertinentes para el restablecimiento de los derechos de la accionante.

2. Los hechos.

Como hechos y consideraciones en los que sustenta sus pretensiones, la parte actora expuso los siguientes: Señala el apoderado que la señora Alba Lucía Zapata Ortiz estuvo casada con el Agente de la Policía Nacional, Emilio Lasso Garzón, quien laboró al servicio de

dicha institución por un lapso de 11 años, 4 meses y 4 días y falleció el 19 de noviembre de 1985 en un accidente de tránsito. Indica que el 16 de febrero de 2010 presentó petición ante la Dirección General de la Policía Nacional, en la cual se solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la actora, la cual fue resuelta de manera negativa mediante acto administrativo No. 5044-ARPRE-GRUPE del 11 de marzo de 2010. Con el fin de controvertir dicha negativa, la señora Alba Lucía Zapata Ortiz, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue resuelta por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Medellín mediante sentencia del 11 de julio de 2012, en la que se accedió a las pretensiones. Contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante fallo del 30 de enero de 2014 en el que se revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda. Afirma el apoderado que el Tribunal al proferir la sentencia acusada incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial y de los derechos fundamentales de la accionante, pues no aplicó la norma más favorable y benéfica para la accionante, es decir, la Ley 100 de 1993, bajo el argumento de que la misma no se encontraba vigente para la fecha en que falleció el Agente de la Policía y por

tanto, el reconocimiento pensional debía hacerse según lo dispuesto en el Decreto 2063 de 1984, con el cual no se cumplían los requisitos para acceder a la pensión solicitada. A juicio de la parte actora, la posición acogida por el juez de segunda instancia desconoce la jurisprudencia constitucional sobre la dignidad humana y el principio de favorabilidad, según la cual es posible en materia laboral aplicar normas posteriores para otorgar derechos pensionales.

3. Intervenciones Mediante providencia del 2 de abril de 2014, se ordenó la notificación a la parte accionada y se puso en conocimiento la admisión de la demanda de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso (fls. 35 y 36).

Surtidas las comunicaciones de rigor, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión (fls. 46-52) manifestó que en el caso bajo estudio no se encuentra configurada ninguna vía de hecho, pues en ella se dio aplicación a la sentencia dictada por el Consejo de Estado dentro del proceso 1605-2009, mediante la cual se rectificó la posición que se había venido sosteniendo sobre el tema puesto a consideración por la accionante, definiendo en aquella oportunidad que el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado, por lo que las normas que se deben aplicar son la vigentes para la época de la ocurrencia del evento. Por lo anterior, considera que no se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues se tuvo en cuenta la última posición proferida por el Consejo de Estado, superior jerárquico en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Por su parte, el Secretario de la Policía Nacional (fls. 67-70) señaló que aunque la acción de tutela excepcionalmente procede como mecanismo de defensa contra providencias judiciales, está supeditada al cumplimiento de unos requisitos previos y causales de procedibilidad, pues considera que no es dable para el juez constitucional bajo cualquier circunstancia cuestionar a las autoridades judiciales en sus actuaciones, pues ello atentaría contra la seguridad jurídica. Igualmente, afirmó que el sujeto activo de la presente acción contó con la oportunidad procesal y los derechos de defensa y contradicción, no solo de las determinaciones adoptadas por la institución en sede administrativa, sino también contra las decisiones judiciales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de la presente acción ejercida contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, el cual establece reglas para el reparto de la acción de tutela.

2. Generalidades de la acción de tutela Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede hacer uso de la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta acción tiene dos particularidades esenciales a saber: la subsidiariedad y la

inmediatez; la primera, por cuanto sólo resulta procedente cuando el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y; la segunda, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso administrar la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental sujeto a vulneración o amenaza.

3. La acción de tutela contra decisiones judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, mediante sentencias de tutela, la misma Corte permitió de forma excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, es el principio que inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, indicando que ésta se configura cuando se

presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Esta doctrina constitucional ha sido precisada y reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. En la referida sentencia SU-1184 de 2001, la Corte Constitucional precisó el ámbito de la vía de hecho por defecto fáctico y señaló que la violación al debido proceso ha de ser grave porque el juez de tutela tiene el deber de respetar, en el mayor grado posible, la valoración que del material probatorio hace el juez natural. De ahí que se fijaron las siguientes pautas para constituir el anterior defecto: “cuando se omite la práctica o consideración de pruebas decisivas1, las pruebas existentes se valoran de manera contra-evidente2, se consideran pruebas inadmisibles3 o cuando la valoración resulta abiertamente contraria a

los postulados constitucionales. Empero, tal como lo sostuvo la Corporación en la sentencia T-025 de 20014, las pruebas omitidas o valoradas indebidamente, “deben tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo”, de suerte que si las pruebas en cuestión no son determinantes para la decisión, al juez de tutela le está vedado entrar a analizar la valoración que de ellas hizo el juez”. Y en la sentencia SU -159 de 2002 se dijo: 1 Sobre el particular ver, entre otras, sentencias SU-477 de 1997, T-329 de 1996. Sobre la omisión de práctica de pruebas decisivas ver sentencias T-488 de 1999, T-452 de 1998, T-393 de 1994, entre otras 2 Sobre el particular ver, entre otras, la sentencia T-452 de 1998: “en relación con la valoración que hacen los jueces de la pruebas dentro de un proceso, la posible configuración de una vía de hecho en la misma requiere de un comportamiento del funcionario que la adelanta, claramente irregular, en donde se impone su voluntad, en contravía de lo que puede arrojar objetivamente el cuaderno de pruebas allegado o solicitado para su práctica...” 3 El artículo 29 de la Carta dispone que “[E]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. En la sentencia T-008 de 1998 la Corte señaló al respecto: “Esta Sala no puede menos que indicar que sólo en aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y

cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción.” 4 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En similar sentido T-329 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. “Finalmente, la Corte debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que sólo es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”5. En otros de los apartes de la sentencia anterior, se efectúa la distinción entre el debido proceso de alcance constitucional del simplemente legal para referir que el primero de ellos comprende no solamente las garantías previstas en el artículo 29 de la C.P. sino agrupa todos los derechos constitucionales fundamentales: “El constituyente no abordó todas las posibles violaciones al debido proceso, de carácter legal, si no sólo aquellos elementos que forman parte del ámbito de protección constitucional”. El ámbito del debido proceso constitucional acorde a la referida sentencia, comprende “las formalidades legales esenciales”. En ese sentido, se adujo que correspondía al juez constitucional examinar si a pesar de la irregularidad que presente una prueba, pueden subsistir otras con fundamento en las cuales pudo

adoptarse la decisión; vale decir, siempre que no haya sido determinante para la misma, a la prueba irregular se le resta importancia. Igualmente aplicando los estrictos términos del artículo 86 de la C.P., es pertinente examinar la procedencia de la acción de tutela cuando aún existiendo medios de defensa judicial, aquélla se utilice como MECANISMO TRANSITORIO para evitar un perjuicio irremediable. La evolución jurisprudencial, condujo a proferir la sentencia C-590/05, en la cual la Corte Constitucional resaltó el carácter sumamente excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la anterior providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la 5Cfr. sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell. autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público. En otro aparte la mencionada decisión, precisó: “…22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura

del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales…”. En ese orden, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente en la tarea de identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de establecer si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si la misma no alcanza a vulnerar tales derechos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional: lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable: señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez: es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: con fundamento en este presupuesto, se precisa que la irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad; la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. (e). Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible: indica la Corte que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (f). Que no se trate de sentencias de tutela: lo anterior se justifica bajo el riguroso proceso de selección que hace la Corporación. Igualmente, bajo el rótulo de las CAUSALES DE PROCEDIBILIDAD se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales,

superando la noción de VÍA DE HECHO por la de DECISIÓN ILEGÍTIMA con la finalidad de resaltar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente. Al respecto, indica los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga: (a) Defecto orgánico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia (b) Defecto procedimental absoluto: que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (c) Defecto fáctico: que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. (d) Defecto material o sustantivo: como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (e) Error inducido: que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. (f) Decisión sin motivación: que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. (g) Desconocimiento del precedente: según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. (h) Violación

directa de la Constitución: procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional respecto de la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, no porque considere que deba seguir estrictamente sus criterios interpretativos, sino por otras importantes razones: La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado Social de Derecho la prevalencia de los derechos fundamentales compromete la actuación de “cualquier autoridad pública” (C. P. artículo 86) incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos y sus respectivos órganos de cierre. En segundo lugar, se trae a colación la jurisprudencia constitucional respecto de la tutela contra decisiones judiciales por cuanto muestra que ha sido la misma jurisdicción constitucional la que se ha encargado de destacar, que si bien la acción resulta procedente, ella es absolutamente excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico. En tercer lugar porque la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema. Finalmente es pertinente destacar, que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que había sostenido que la acción de tutela

es improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su posición mediante la sentencia del 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer que la 6 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 Ene. 1992, r AC – 009, Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 Ene. 1992, r AC – 016, Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 Feb. 1992, r AC – 015, Luis Eduardo Jaramillo]. 4) 27 Ene. 1993, r AC-429, Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 Jun. 2004, e 2000-10203-01, Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 Nov 2004. e 2004-0270-01, Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 Jun. 2006, e 2004-03194-01, Ligia López Díaz. 8) 16 Dic. 2009, e 2009-00089-01, Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 7 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C.P. María Elizabeth García González. acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, observando los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la Ley y la Jurisprudencia, parámetros que esta Subsección con anterioridad al fallo antes señalado viene aplicando en los términos arriba expuestos8.

4. Problema jurídico Corresponde a la Sala establecer si en la sentencia proferida por el Tribunal

Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la hoy accionante contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial; y en consecuencia, procede el amparo a los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

5. Análisis del caso concreto La parte accionante plantea que se vulneran sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Alba Lucía Zapata Ortiz contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Afirma el apoderado de la actora que el juez de segunda instancia al resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial relacionado con el principio de favorabilidad que hace procedente la aplicación de la Ley 100 de 1993 para los reconocimientos de pensión de sobrevivientes, en los eventos en que la muerte del causante ocurrió antes de la entrada en vigencia de dicha norma. Visto lo anterior, debe revisarse en primer lugar el contenido de la providencia 8 Entre otras, de esta Subsección pueden consultarse la siguiente providencias: 1) 28 Ago. 2008, e 200800779-00, Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 Oct. 2009, e 2009-00888-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 3)

22 Oct. 2009, e 2009-00889-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 Feb. 2010, e 2009-01268-00, Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 Feb. 2010, e 2009-01082-01, Victor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 May. 2010, e 2010-00293-00, Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 Jun. 2011, e 2010-00540-00, Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 Nov. 2011, e 2011-01218-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 Feb. 2012, e 2011-01581-00, Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 Feb. 2012, e 2011-01741-00, Victor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 Mar. 2012, e 2012-00250-00, Gerardo Arenas Monsalve. acusada, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda.  Sentencia del 30 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión. “(…) al momento de fallecimiento del señor EMELIO LASSO GARZÓN, agente de la Policía Nacional, éste era beneficiario del régimen especial contenido en el Decreto 2063 de 19849, en cuyo artículo 120 en materia pensional establecía: “ARTÍCULO 120.- MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía

Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a. A que por el Tesoro Público se les pague una indemnización equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 98 del presente Estatuto. b. Al pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante. c. Si el Agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que por el Tesoro Público, se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del causante.”. Pues bien, debe advertirse que el Art. 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su ámbito de aplicación a los miembros de la fuerza pública, cuando dispuso: “ARTÍCULO 289. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. (…)” Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado10 había definido que en circunstancias especiales, si el régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías que sí contempla el régimen general, resultando más favorable que el especial, debe preferirse su aplicación: En ese contexto, la Sección Segunda de la Alta Corporación, en sentencia de

7 de febrero de 2002, Exp. No. 2939-01, M.P. Dr, Jesús María Lemos Bustamante, manifestó lo siguiente: 9 El Decreto 609 de 1977, fue derogad