CE-11001-03-15-000-2016-03068-01(AC)-2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir el requisito de inmediatez / INMEDIATEZ - Seis (6) meses es el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencia judicial / PERJUICIO IRREMEDIABLE - Inexistencia [E]n el sub lite se observa que no se colma el requisito de inmediatez en razón a que la sentencia objeto de controversia constitucional quedó ejecutoriada el 18 de febrero de 2016 y la solicitud de amparo se interpuso el 14 de octubre siguiente, es decir, siete (7) meses y veintiséis (26) días después, término que no evidencia la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que hace necesario solicitar su protección oportunamente (…). Asimismo, el auto al que se hace referencia en el libelo introductorio, mediante el cual presuntamente la sección tercera del Consejo de Estado, expediente 54001-23-31-000-2002-01809-01, estimó que la competencia para asumir los procesos judiciales adelantados contra el desaparecido DAS no estaba en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, fue emitido el 22 de octubre de 2015 y notificado el 9 de noviembre siguiente, esto es, antes de dictarse la sentencia cuestionada, por lo que no se evidencia que tenga incidencia en el término de inmediatez, como lo sugiere la demandante, (…) razón por la que se impone confirmar la sentencia impugnada, por medio de la cual se rechazó por improcedente la acción de tutela.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO

2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 302 DE 1992 / DECRETO 1382 DE

2000

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se vulneran derechos fundamentales, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 2012, expediente: 11001-03-15000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. En relación con la regla general del plazo razonable para interponer la acción de tutela contra las decisiones judiciales proferidas por el Consejo de Estado como órgano de cierre, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 201202201(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Respecto a los requisitos generales de procedencia y causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En cuanto al requisito de inmediatez, ver: Corte Constitucional, sentencia T-954 de 25 de noviembre de

2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03068-01(AC)

Actor: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la demandante contra la sentencia de 15 de diciembre de 2016, proferida por la sección primera del Consejo de Estado, que rechazó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de amparo (ff. 1 a 18 c. 1). La Nación – Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderada, presenta acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho constitucional fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los señores magistrados de la sala cuarta (4.ª) de decisión del Tribunal

Administrativo de Antioquia. Como consecuencia de lo anterior, solicita se deje sin efectos la sentencia de 11 de febrero de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de decisión) confirmó el fallo de 23 de febrero de 2015, con el que el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-0292013-00096-00 incoado por el señor Gonzalo Efraín Basante Apráez y, en su lugar, se ordene proferir una nueva providencia en la que se nieguen las súplicas de la mencionada demanda. 1.2 Hechos. Relata la accionante que a través de oficio 1-2012-1092 de 8 de agosto de 2012, el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) le

negó la reliquidación de las prestaciones sociales al señor Gonzalo Efraín Bastante Apráez, quien se desempeñaba como investigador del organismo, bajo el argumento de que la prima de riesgo no tenía incidencia prestacional, por lo que este interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que pidió anular esa decisión y acceder a lo deprecado en sede administrativa. Que mediante sentencia de 23 de febrero de 2015, el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación, ya que la prima de riesgo no es factor salarial, desatado por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de decisión), con fallo de 11 de febrero de 2016, en el sentido de confirmarla. Dice que la providencia de segunda instancia incurre en defecto sustantivo, toda vez que en ella se obligó a la Fiscalía General de la Nación a pagar las prestaciones sociales del señor Gonzalo Efraín Bastante Apráez con inclusión de la prima de riesgo, sin tener en cuenta que no era competente para ello, dado que no expidió el acto administrativo acusado y el ordenamiento jurídico no le atribuyó el deber de asumir los procesos contencioso-administrativos que se adelantaban contra el extinguido DAS. Que el fallo acusado también adolece de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada desconocimiento del precedente, pues el Consejo de Estado, en auto de unificación de 22 de octubre de 2015, expediente 54001-23-31-000-2002-01809-01 (42523), inaplicó por

inconstitucional el artículo 7.º del Decreto 1303 de 2014, al estimar que los procesos judiciales iniciados contra el entonces DAS debían ser asumidos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, situación que relevaba a la Fiscalía General de la Nación de pagar la condena judicial impuesta por los señores magistrados tutelados. Asevera que el lapso transcurrido entre la notificación de la providencia cuestionada y la interposición de la acción de tutela resulta razonable y se ajusta al requisito de inmediatez, porque en ese interregno se superó el vacío normativo referente a la entidad que debía asumir las obligaciones a cargo del DAS, que no es la Fiscalía General de la Nación. 1.3 Contestaciones de la demanda. 1.3.1 La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República1 pidió desvincular a esa agencia estatal del trámite constitucional de la referencia (ff. 67 a 69 c. 1), al considerar que no vulneró la garantía superior invocada en el libelo introductorio, puesto que no fue vinculada al proceso contencioso-administrativo dentro del que se dictó la providencia atacada. 1.3.2 El jefe de la oficina jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó negar el amparo deprecado (ff. 75 a 80 c .1), dado que la llamada a pagar la condena judicial impuesta en la sentencia controvertida es la Fiscalía General de la Nación, en virtud del Decreto ley 4057 de 2011, norma en la que se 1 Vinculado mediante auto de 31 de octubre de 2016.

estipuló que los procesos judiciales iniciados por investigadores del suprimido DAS serían asumidos por aquella. 1.3.3 Los señores magistrados de la sala cuarta de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia guardaron silencio. 1.4 Providencia impugnada (ff. 97 a 102 c. 1). Con sentencia de 15 de diciembre de 2016, la sección primera del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela del epígrafe, debido a que no colmaba el requisito de inmediatez, por cuanto entre la notificación del fallo objeto de controversia y la interposición de la solicitud de amparo transcurrieron «8 meses y 23 días», término que no atiende la regla jurisprudencial de seis (6) meses prevista por la sala plena de la Corporación para refutar providencias judiciales mediante este mecanismo constitucional. 1.5 Impugnación (ff. 110 a 121 c. 1). La accionante, inconforme con la anterior decisión, la impugnó bajo el argumento de que la regla jurisprudencial de seis (6) meses para interponer la acción de tutela no es imperativa, ya que el término de inmediatez debe verificarse de acuerdo con las particularidades del caso concreto, mandato que aplicado en el presente asunto impone dar por satisfecha tal exigencia, en razón a que durante la expedición del fallo cuestionado y la interposición de la solicitud de amparo se superó el vacío normativo relacionado con la competencia para asumir los procesos judiciales adelantados contra el suprimido DAS. Sostiene que las autoridades accionadas condenaron a la Fiscalía General de la

Nación, pese a que el ordenamiento jurídico no establece que este ente debía responsabilizarse de las diligencias judiciales iniciadas contra el extinguido DAS, máxime cuando el artículo 18 del Decreto ley 4057 de 2011 prevé que debieron transferirse a la rama ejecutiva.

II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia. En virtud de los artículos 322 del Decreto ley 2591 de 19913 y 2 2 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». 3 «por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

(letra b)4 del Acuerdo 55 de 2003, expedido por la sala plena del Consejo de Estado5, esta sección es competente para conocer de la presente impugnación. 2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 11 de febrero de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de decisión) confirmó el fallo de 23 de febrero de 2015, con el que el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-029-2013-00096-00 incoado por el señor Gonzalo Efraín Basante Apráez contra la Nación – Fiscalía General de la Nación; y en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso, invocada en la solicitud de amparo. 2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista 4 «Impugnación de providencias de tutela proferidas en primera instancia. Las impugnaciones contra

providencias expedidas en los procesos de que trata el inciso primero del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, serán repartidas a la sección o subsección que siga en orden a aquélla que dictó la providencia, teniendo en cuenta las secciones o subsecciones que conocen de este tipo de acciones en los términos del presente acuerdo». 5 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público. En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó: […] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […]. Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de

aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como

ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación. Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos. En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico. En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema. Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos8. 2.5 Caso concreto. Frente a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que no se colma el requisito de inmediatez en razón a que la sentencia objeto de controversia constitucional quedó ejecutoriada el 18 de febrero de 20169 (f. 221 c. 2) y la solicitud de amparo se interpuso el 14 de octubre siguiente (f. 1 c. 1), es decir, 6 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, CP. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, CP. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, CP. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, CP. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, CP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, CP. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, CP. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 7 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. CP. María Elizabeth García González.

8 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-0029300, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 201101741-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 9 Notificada electrónicamente el 12 de febrero de 2016. siete (7) meses y veintiséis (26) días después, término que no evidencia la

efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que hace necesario solicitar su protección oportunamente. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 201010, sostuvo: […] esta Corporación ha precisado que en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable”11. Ese “plazo razonable” es consustancial a las regulaciones procedimentales de la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, “en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. (…) Incluso, la real configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que supuestamente la generó12”. Asimismo, el alto Tribunal Constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico no establece expresamente un término dentro del cual se deba incoar la solicitud de amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar en atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la acción fue interpuesta en un lapso razonable. Sobre este punto, afirmó lo siguiente: La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que si bien, la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del

cual deba ser ejercida, como propugna por la protección de derechos fundamentales vulnerados o con amenaza inminente de vulneración, cabe promoverla dentro de un término razonable contado a partir de la ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los derechos. La Corte ha advertido que frente a cada caso concreto, le corresponde al juez de tutela evaluar la razonabilidad de dicho término, para concluir si, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez o si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se torna improcedente.13 En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la 10 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 11 Sentencia T-265 de 2009, M. P. Antonio Sierra Porto. 12 Sentencia T-158 de 2006, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 13 Sentencia T-519 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. jurisdicción contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria. En ese fallo esta Corporación discurrió así: Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un

plazo razonable. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable. Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto14. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. Así las cosas, comoquiera que el término de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de las

acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contenciosoadministrativa comporta una regla jurisprudencial y en el sub lite la demandante no justificó su omisión de interponer el amparo constitucional dentro de ese lapso, la Sala encuentra que el requisito de inmediatez no se colma. Resulta oportuno advertir que la actora sostiene que el interregno transcurrido entre la ejecutoria de la sentencia acusada y la interposición de la acción de tutela de la 14 La sección primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La sección segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las secciones cuarta y quinta han fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses. referencia es razonable, habida cuenta que existía un vacío jurídico sobre la competencia para asumir los procesos judiciales adelantados contra el suprimido DAS, que fue superado en ese período. No obstante, para la Sala tal aseveración no justi