CE-11001-03-15-000-2016-03251-00(AC)-2017

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO EN LA ACCIÓN DE TUTELA - Por hecho superado / RECURSO DE REPOSICIÓN DESATADO EN EL TRÁMITE DE LA

ACCIÓN DE TUTELA

[E]l accionante interpuso acción de tutela a fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró trasgredidos por cuenta de la mora judicial en que presuntamente habría incurrido dicha autoridad para pronunciarse respecto del recurso de apelación que se interpuso en contra de auto de 16 de enero de 2016, mediante el cual el juzgado de instancia otorgó el reconocimiento como afectados a determinado grupo de personas (…) la Sala encuentra que al momento de decidir la presente solicitud de amparo, el recurso presentado fue resuelto con providencia de 23 de noviembre de 2016 (…) durante el trámite de la presente solicitud de amparo el hecho que dio origen a la acción que generó la presunta vulneración o amenaza cesó, razón por la cual este Juez Constitucional se abstendrá de realizar un estudio de fondo de los cargos planteados.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTICULO 26

NOTA DE RELATORÍA: La sentencia analiza ampliamente el tema de la carencia actual de objeto por hecho superado y el criterio adoptado por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, sobre el particular ver la sentencia T788 del 2013 de la Corte Constitucional y el exp. 76001-23-31-000-2004-00510-01 de esta Corporación

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03251-00(AC)

Actor: JOSÈ MAURICIO BOHÒRQUEZ ALFONSO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO Procede la Sala a resolver la solicitud que formuló el accionante en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” y del Juzgado 10º Administrativo de Bogotá,1 en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015. 1 Por ser la autoridad que profirió fallo de primera instancia dentro del proceso de Nulidad y

Restablecimiento del Derecho Nº 25000231500020030159005.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo Con escrito radicado el 20 de octubre de 2016 en la oficina de correspondencia del Consejo Superior de la Judicatura2 el señor EBERTO ROBAYO VEGA, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” y el Juzgado 10º

Administrativo de Bogotá3, con el fin de que se protegieran sus derechos

fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al “mínimo vital”, los cuales consideró transgredidos por la mora en que ha incurrido el Tribunal en resolver el recurso de apelación que se interpuso contra el auto proferido dentro de la acción de grupo No. 25000231500020030159005 que se adelantó en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

2. Hechos La petición de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que la Sala sintetiza, así: 2.1. Informó el accionante que es propietario de una de las viviendas que se vieron afectadas por los problemas de estabilidad, de la urbanización “Líbano de Bellavista III etapa” ubicadas en la localidad de Usme. 2.2. Expuso que debido al mal estado de los inmuebles algunos de los afectados iniciaron acción de grupo en contra de la Alcaldía de Bogotá y otros. 2.3. Comentó que de la anterior acción judicial conoció en primera instancia el Juzgado 10º Administrativo de Bogotá, el cual con providencia de 3 de julio de 2008 accedió a las pretensiones de la demanda. En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con sentencia de 17 de junio de 2010 confirmó la decisión adoptada. 2.4. Expuso que mediante auto de 16 de enero de 20154, el Juzgado 10º Administrativo de Bogotà, dentro de la acción de grupo No. 25000231500020030159005, lo reconoció como afectado5, razón por la cual dispuso que tendría derecho a recibir la indemnización correspondiente. 2.5. En contra del auto proferido el 16 de enero de 2015, se interpuso recurso de

apelación, para que se delimitara con claridad el grupo al cual debía hacerse acreedor de las indemnizaciones, el cual correspondió por reparto a la autoridad judicial accionada, que ingresó al despacho para darle trámite al mencionado recurso el 29 de abril de 2016. 2 Remitido a esta Corporación mediante auto del 24 de octubre de 2016. Conoció de la misma la Sección Cuarta quien a su vez remitió la tutela a este despacho de la magistrada que funge como ponente,(fl 24), para resolver en igual sentido el fallo de tutelas, el 7 de diciembre de 2016, (fl26). 3 Como tercero interesado, al ser el Juez que profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso de acción de grupo No. 25000231500020030159005. 4 Anexo, folios 27 al 30 5 En el auto del 16 de enero de 2015 no se evidencia que el señor Mauricio Bohórquez Alfonso realmente haya sido reconocido como beneficiario.

3. Sustento de la vulneración Expuso que la tardanza en decidir el recurso de apelación transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al “mínimo vital”, lo anterior argumentando que el trámite de la impugnación lleva más de un año sin que el Tribunal Administrativo lo haya decidido.

Alegó que debido a esto el pago al que tiene derecho no ha podido ser reclamado, desconociendo así la eficacia del sistema judicial, toda vez que la sentencia de segunda instancia con la que se decidió la acción grupo quedó ejecutoriada hace más de 6 años.

4. Pretensiones La parte accionante lo que pretende con la presente solicitud de amparo que se

conmine a la autoridad judicial correspondiente para que decida la apelación presentada en contra del auto proferido por el Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá el 16 de enero de 2015, dentro de la acción de grupo seguida con el radicado No 2003-01590.

5. Trámite y contestaciones de la demanda Con auto del 12 de diciembre de 20166, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela de la referencia, y ordenó notificar esta decisión como demandados a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” y al Juez Décimo Administrativo de Bogotá como tercero interesado en las resultas del proceso; A su vez dispuso oficiar al Tribunal accionado para que notificará a todos los sujetos procesales dentro del proceso de acción de grupo seguido con el radicado No. 2003-01590.

5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”. A pesar de haber sido debidamente notificado, tal y como consta en el folio 30 y 32, este guardó silencio respecto al trámite de la misma. 5.2. Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá Por intermedio de la Secretaria del Despacho allegó documento escrito7 en el que informó que hay varias tutelas en curso ante esa Corporación “por los mismos hechos, con las mismas pretensiones, y dirigidas contra las mismas autoridades, no obstante, dichas acciones de tutela han sido presentadas por diferentes personas y guardan relación con la Acción de Grupo a la que se ha hecho referencia”, y que para el presente caso la acción de tutela no es procedente, por

6 Folio 27-29 7 Folio 36-39 cuanto dentro de la presente acción no se está atacando una decisión judicial, por tal no cumple los requisitos de procedencia. Las demás sujetos vinculados, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

II CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer la tutela instaurada de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, en el numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del

Consejo de Estado.

2. Generalidades sobre la acción de tutela Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un

perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el Primario le confirió.

3. Asunto bajo análisis En el sub lite, el accionante interpuso acción de tutela contra del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” y el Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá8, a fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al 8 Como tercero interesado, al ser el Juez que profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso de acción de grupo No. 25000231500020030159005. “mínimo vital”, los cuales consideró trasgredidos por cuenta de la mora judicial en que presuntamente habría incurrido dicha autoridad para pronunciarse respecto del recurso de apelación que se interpuso en contra de auto de 16 de enero de 2015, mediante el cual el juzgado de instancia otorgó el reconocimiento como afectados a un determinado grupo de personas. Ahora bien, sería del caso entrar a realizar un estudio de fondo de los cargos planteados por el accionante en el escrito de tutela de no ser porque la Sala encuentra que al momento de decidir la presente solicitud de amparo, y según consta en la consulta realizada en el Sistema de Gestión Siglo XXI el recurso

presentado fue resuelto con providencia de 23 de noviembre de 2016, el cual a la fecha de esta sentencia está cumpliendo con las notificaciones pertinentes9. Así las cosas, encuentra la Sala que durante el trámite de la presente solicitud de amparo el hecho que dio origen a la acción que generó la presunta vulneración o amenaza cesó, razón por la cual este Juez Constitucional se abstendrá de realizar un estudio de fondo de los cargos planteados. Al respecto, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dicho, que una vez desaparece la situación que dio origen a la solicitud de amparo “decae la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia del amparo”10, pues “la desaparición de supuestos, hechos o normas que sustentan una acción, (…) ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó acudir a la jurisdicción. Como sucedería si una persona interpone una acción de tutela contra una entidad por no haber dado respuesta a un derecho de petición, y durante el curso de la acción ésta lo responde, al juez no le es posible pronunciarse ya que la causa que originó la acción desapareció, es decir, ha operado la sustracción de materia”11. Sobre la figura del hecho superado, la Corte Constitucional ha dicho: “La Corte entiende por hecho superado cuando durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestren que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha dejado de ocurrir. En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha enumerado

algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto, con el fin de confirmar si efectivamente se está frente a la existencia de un hecho superado, a saber: 9 http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ 10 Corte Constitucional. Sentencia T-788 del 2013 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección B.

Radicación número: 76001-23-31-000-2004-00510-01(2366-06).

1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”12 (Negrillas fuera de texto). “En el evento en que el juez verifique que en el transcurso de la acción de tutela la situación de hecho que dio lugar a la solicitud de protección, ya ha sido satisfecha, ninguna razón de ser tendría una eventual orden en busca de la defensa del derecho en disputa, pues la situación ya se ha superado (…) 13 (Negrillas fuera de texto).

En consecuencia, comoquiera que revisadas las pruebas que obran en el expediente es evidente para la Sala que la actuación vulnerante de los derechos fundamentales del actor cesó materialmente durante el trámite de la primera

instancia, sin que mediara orden judicial alguna, no hay lugar a realizar ningún pronunciamiento en relación con el asunto, por cuanto, cualquier decisión que se hubiera podido dictar resultaría inocua, toda vez que lo pretendido con la acción ya se cumplió. Por lo anterior, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente asunto. Advierte la sala que ya se pronunció frente al caso, en el proceso con radicado 2016-03250-00 el 15 de diciembre de 2016, por cuanto contenía los mismos supuestos fácticos, hechos, pretensiones y contra los mismos demandantes. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la acción de tutela ejercida por el señor JOSÈ MAURICIO BOHÒRQUEZ ALFONSO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 12 Corte Constitucional Sentencia T-481-2010 13 Corte Constitucional. Sentencia T – 698 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión REMITIR el expediente a la Corte Constitucional al día siguiente para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Devuélvase el expediente del proceso ordinario al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero