CE-11001-03-15-000-2016-03430-00(AC)-2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera los derechos a elegir y debido proceso / NULIDAD DE ACTOS DE ELECCIÓN - El Consejo de Estado tiene competencia para fijar el alcance de los fallos mediante los cuales declara la nulidad de actos de elección en los eventos en que el ordenamiento no fije una regla al respecto Para la Sala, la solicitud de amparo no está llamada a prosperar, por cuanto la Sección Quinta del Consejo de Estado si tiene competencia para fijar el alcance de los fallos mediante los cuales declara la nulidad de actos de elección en los eventos en que el ordenamiento no fije una regla al respecto, como ocurre cuando la anulación versa sobre una elección que no es de carácter popular y se basa en condiciones subjetivas del electo. (…). En este orden, la decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo de 13 de octubre de 2016 sobre los efectos de la nulidad, se enmarca en los parámetros establecidos en la citada sentencia de unificación teniendo en cuenta que la nulidad del Acuerdo N 032 de 28 de octubre de 2015, se basó en un aspecto que concierne a las condiciones del señor [J.M.Á.V.], y no a irregularidades en el trámite previo a ese acto de elección. Ahora bien, la existencia de una regulación de orden estatutario para proveer el cargo de director general de la CARDER, no desvirtúa, excluye o anula la competencia que tiene el Consejo de Estado para señalar los efectos de sus decisiones en los procesos de nulidad electoral, pues debe entenderse que la

actuación que corresponde adelantar el Consejo Directivo de la CARDER, en cumplimiento de la orden dada por el Consejo de Estado, igualmente está sujeta a las normas estatutarias, es decir, debe continuarse, a partir de la citación a la sesión para la elección del director general siguiendo las disposiciones estatutarias. De otra parte, la sentencia cuestionada no desconoce el artículo 53 del Acuerdo 005 del 26 de febrero de 2010, que contiene los estatutos de la CARDER, porque esta disposición resulta inaplicable en el caso concreto, como consecuencia de la limitación de los efectos del fallo al acto mismo de elección por el Consejo Directivo de la CARDER, en cuanto ello implica que existe un proceso de elección de director general en curso que debe rehacerse, a partir de la citación para llevar a cabo la sesión en la que el Consejo Directivo de CARDER elija al director general. Así las cosas, yerra el accionante al considerar que la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 13 de octubre de 2016, genera una situación de vacancia definitiva que da lugar a aplicar el artículo 53 de los estatutos del CARDER, pues lo que define el fallo cuestionado es que el procedimiento de elección debe rehacerse a partir de la citación a la sesión en la cual se elige al director general, pues toda la actuación previa, como lo indicó la autoridad accionada, no estaba afectada por irregularidades que impusieran invalidar todo el proceso. De otro lado, el artículo 22, numeral 9, del Decreto 1768 de 1994 señala que el consejo directivo de la corporación autónoma removerá al director general por orden o decisión judicial, más no establece un procedimiento

particular a seguir cuando ello sucede como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de elección, en tanto los efectos de esta decisión judicial compete definirlos a la autoridad judicial, como se indicó en precedencia.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 288 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 / DECRETO 1768 DE 1994 - ARTÍCULO 22 NUMERAL 9 / ACUERDO 005 DEL DE 2010

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Plena de esta Corporación admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial cuando la misma vulnera derechos fundamentales, al respecto consultar sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), M.P. María Elizabeth García González. Así mismo, la Sala Plena aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, tal mecanismo puede ser ejercido contra cualquier autoridad pública, sobre el particular ver sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15000-2012-02201-01(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba

Triviño. Sobre efectos de las sentencias que anulan una elección, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de unificación del 26 de mayo de 2016, exp: 2015-00029, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. CAUSAL DE IMPEDIMENTO - Por haber proferido la providencia cuestionada / IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO - Se declara fundado y ordena sorteo de conjuez [E]l 31 de enero de 2017, la Sala Plena del Consejo de Estado encargó de las funciones del [Consejero doctor Guillermo Vargas Ayala] (…) al doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, quien manifestó su impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por encontrarse incurso en la causal señalada en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. En tal virtud, se procede a integrar la Sala para resolver el impedimento manifestado con el Dr. Juan Carlos Henao Pérez designado Conjuez, impedimento que es aceptado, por cuanto el doctor Carlos Enrique Moreno Rubio hizo parte de la Sala de la Sección Quinta que profirió la providencia cuestionada. En consecuencia se le separará del conocimiento de la presente acción de tutela. Aceptado el impedimento e integrada la Sala con el Dr. Juan Carlos Henao Pérez, quien ha sido previamente designado como Conjuez, se procede a resolver la acción de tutela.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 56

NUMERAL 6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03430-00(AC)

Actor: ANIBAL GUSTAVO HOYOS FRANCO Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Se decide la acción de tutela presentada por el señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a elegir y al debido proceso, con ocasión de la sentencia proferida el 13 de octubre de 2016, que declaró la nulidad del Acuerdo No. 032 de 28 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, en el medio de control de nulidad electoral identificado con número 11001-03-28-000-2015-00044-00.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA.

El accionante se apoya en los siguientes hechos: Señala que dada su condición de Alcalde del Municipio de Belén de Umbría (Risaralda), en febrero de 2016 fue elegido como miembro del Consejo Directivo de la CARDER, en representación de los Alcaldes del Departamento de Risaralda. Indica que dicho Consejo Directivo, mediante Acuerdo Nº 032 el 28 de octubre de 2015, eligió al señor Juan Manuel Álvarez Villegas como Director General de la CARDER, para el periodo comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2019. Refiere que contra dicha elección fueron presentadas cuatro demandas, y en la radicada bajo el número 2015-00045, mediante providencia de 3 de marzo de

2016, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de los efectos del acto de elección del señor Juan Manuel Álvarez Villegas. Manifiesta que las demandas fueron acumuladas bajo el número 2015-00044 y decididas mediante sentencia de 13 de octubre de 2016, en la cual la autoridad accionada declaró la nulidad del Acuerdo Nº 032 el 28 de octubre de 2015 y dispuso que los efectos del fallo serían hacia el futuro, por lo que “se tiene que el demandado ostentó la calidad de director general del CARDER, desde su posesión en tal dignidad, y la mantendrá, hasta la ejecutoria de esta sentencia”; y allí mismo estableció que “la declaratoria de dicha nulidad implicará la realización de una nueva citación para llevar a cabo la sesión en la que el Consejo Directivo de CARDER elija al director general de este ente autónomo, de la lista de candidatos admitidos con exclusión del señor Juan Manuel Álvarez Villegas”. Indica que esta decisión fue aclarada mediante providencia de 3 de noviembre de 2016, en la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, precisó que: “para todos los efectos legales, se tiene que el demandado ostentó la calidad de director de CARDER, desde su posesión en tal dignidad, y la mantuvo hasta la fecha que fue ejecutada la medida cautelar decretada por la Sala”. Considera que la decisión de condicionar la nueva elección del director del CARDER a que se realice de la lista de candidatos admitidos, con exclusión del señor Juan Manuel Álvarez Villegas, constituye un defecto orgánico porque desborda la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado e invade la

autonomía e independencia de los miembros del Consejo Directivo de la Corporación y desconoce que el procedimiento previsto en la ley y en los estatutos obliga a hacer una convocatoria pública, amplia y democrática para la inscripción de candidatos. Sostiene que la nulidad de la elección genera una falta absoluta en el cargo, en los términos del artículo 22, numeral 9, del Decreto 1768 de 1994, y el procedimiento para elegir su reemplazo es el previsto en el artículo 53 del Acuerdo 005 del 26 de febrero de 2010, que contiene los estatutos de la CARDER. Señala que, en la providencia del 3 de noviembre de 2016, la Sección Quinta del Consejo de Estado reconoce que carece de competencia para pronunciarse sobre las especificidades de cómo adelantar la elección del nuevo director general o de quiénes deben participar en ésta; sin embargo, no accede a aclarar la sentencia al respecto. Sostiene que esa decisión de la autoridad accionada viola su derecho a elegir, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, porque le obliga a hacerlo solo entre los candidatos inscritos en un procedimiento desarrollado el año anterior, cuando él aún no hacía parte del Consejo Directivo.

II. LAS PRETENSIONES.

El actor solicita: “1º. Que se me TUTELEN los derechos fundamentales a elegir y al debido proceso de los cuales soy titular como miembro del Consejo Directivo de la CARDER, vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir la sentencia de única instancia del 13 de octubre de 2016 dentro del medio de control de Nulidad Electoral Radicado No. 2015-00044.

2º. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 13 de octubre de 2016 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de control de Nulidad Electoral Radicado No. 2015-00044. 3º. Se ORDENE a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de un término prudencial, proceda a proferir una nueva sentencia en reemplazo de la proferida el 13 de octubre de 2016 dictada dentro del medio de control de Nulidad Electoral, Radicado No. 2015-00044, absteniéndose de ordenar que la elección del Director General de la CARDER, para terminar el periodo institucional 2016-2019, se haga "de la lista de candidatos admitidos con exclusión del señor Juan Manuel Álvarez Villegas".

III. TRÁMITE DE LA TUTELA.

Mediante auto del 30 de noviembre de 2016, el Magistrado Sustanciador admitió la acción de tutela presentada por el señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y negó la medida provisional solicitada por el accionante. En la misma decisión dispuso vincular como terceros con interés a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, y a los señores Jhon Jairo Bello Carvajal, José Fredy Arias Herrera y Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro.

IV. ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y PERSONAS

VINCULADAS AL PROCESO.

IV.1. Intervención de la Sección Quinta del Consejo de Estado El Magistrado Alberto Yepes Barreiro, de la Sección Quinta del Consejo de

Estado, ponente de la sentencia proferida el 13 de octubre de 2016, solicita se niegue el amparo por cuanto corresponde al Consejo de Estado fijar los efectos de los fallos que declaran la nulidad de una elección, lo cual desvirtúa la existencia de defecto orgánico. Advierte que, mediante sentencia de unificación del 26 de mayo de 2016, la Sección Quinta de esta Corporación determinó que corresponde al fallador fijar los efectos de la nulidad y de no hacerlo, la autoridad puede decidir si retoma el procedimiento previo a la actuación viciada o lleva a cabo un nuevo procedimiento, siempre que no desconozca derechos adquiridos. Precisó que con la sentencia no se pretende modificar el procedimiento fijado en la ley y en los estatutos de CARDER para la designación del director general, sino preservar la actuación del Consejo Directivo, previa a la expedición del acto anulado, que no se vio viciada, de acuerdo a la regla adoptada en la sentencia de unificación del 26 de mayo de 2016. IV.2. Intervención de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda,

CARDER.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, mediante apoderado judicial, considera que la Sección Quinta del Consejo de Estado desbordó la órbita de su competencia al señalar que la elección debía efectuarse entre los candidatos de la lista de admitidos, pues desconoce el procedimiento establecido en el artículo 53 de los estatutos de la CARDER. De otra parte, manifiesta el apoderado judicial de la mencionada corporación que “por mandato de la ley 99 de 1993 y los estatutos de la CARDER, en lo que

respecta a las funciones de la Corporación, vemos que la CARDER no tiene dentro de sus funciones participación o responsabilidad en la designación, postulación, nombramiento y posterior posesión del director general de la misma corporación; lo cual implica que no es la llamada a dar cumplimiento a las pretensiones del Actor Constitucional, razón por la cual de manera respetuosa solicitamos desvincular a la entidad que represento”. Por lo anterior presenta como “excepción de mérito”, la falta de legitimación por pasiva, pues afirma que no es la responsable de solucionar las pretensiones del accionante. Y, como solicitud especial pide se desvincule a la CARDER y se niegue el amparo por cuanto no ha vulnerado los derechos invocados por el accionante.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

V.1.- Competencia. Esta Sala es competente para conocer en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. V.2. Cuestión Previa. Admisión de un impedimento. Considerando que a partir de la terminación de la gestión como Consejero del doctor Guillermo Vargas Ayala no existía quorum para resolver la acción de tutela, el Magistrado Sustanciador dispuso efectuar el sorteo de conjuez mediante auto del 17 de enero de 2017 y, en tal virtud, fue designado el Dr. Juan Carlos Henao Pérez para integrar la Sala que decide la presente acción de tutela.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, la Sala Plena del Consejo de Estado encargó de las funciones del referido despacho al doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, quien manifiestó su impedimento para actuar en el proceso de la referencia, por encontrarse incurso en la causal señalada en el numeral 6º del artículo 561 del Código de Procedimiento Penal. En tal virtud, se procede a integrar la Sala para resolver el impedimento manifestado con el Dr. Juan Carlos Henao Pérez designado Conjuez, 1 Código de Procedimiento Penal. “Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, o del funcionario que dictó la providencia a revisar” impedimento que es aceptado, por cuanto el doctor Carlos Enrique Moreno Rubio hizo parte de la Sala de la Sección Quinta que profirió la providencia cuestionada. En consecuencia se le separará del conocimiento de la presente acción de tutela. Aceptado el impedimento e integrada la Sala con el Dr. Juan Carlos Henao Pérez, quien ha sido previamente designado como Conjuez, se procede a resolver la acción de tutela. V.3. Problema Jurídico. Corresponde a la Sala establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir del señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco, en su condición de miembro del Consejo Directivo de la

de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, al ordenar en la sentencia proferida el 13 de octubre de 2016 que como consecuencia de la nulidad del Acuerdo Nº 032 el 28 de octubre de 2015, dicho consejo directivo debe realizar la elección del director general para terminar el periodo institucional 2016-2019, “de la lista de candidatos admitidos con exclusión del señor Juan Manuel Álvarez Villegas". A fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, para posteriormente examinar el caso concreto. V.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 20122, consideró que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el 2 Rad.: 2009-01328, Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional. Esta Sección, con fundamento en los criterios definidos en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, de la Corte Constitucional, ha señalado que son requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, los siguientes: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios ordinarios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio

irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela. Del mismo modo, como lo señaló la mencionada sentencia C–590 de 2005, para el otorgamiento del amparo es imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que de “verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”3. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución. En este orden, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los mencionados defectos especiales. 3 Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:

11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez. V.5. El caso concreto El señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco presenta acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado porque considera que al proferir la sentencia del 13 de octubre de 2016, dentro del medio de control de nulidad electoral Nº 11001-03-28-000-2015-00044-00, incurrió en un defecto orgánico pues condicionó la nueva elección del director del CARDER a que se realice de la lista de candidatos admitidos, con exclusión del señor Juan Manuel Álvarez Villegas, sin tener competencia para hacerlo y con desconocimiento del procedimiento de elección del director general de la CARDER, previsto en la ley y en los estatutos. Sostiene que la nulidad de la elección genera una falta absoluta en el cargo, conforme al artículo 22, numeral 9, del Decreto 1768 de 1994 y, por tanto, el procedimiento para elegir su reemplazo es el previsto en el artículo 53 del Acuerdo 005 del 26 de febrero de 2010, que contiene los estatutos de la CARDER. La modificación de este procedimiento, señala el accionante, viola el derecho que tiene, como miembro del Consejo Directivo de la CARDER a elegir, porque lo obliga a hacerlo solo entre los candidatos inscritos en un procedimiento desarrollado el año anterior. El doctor ALBERTO YEPES BARREIRO, Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado indica que esa Corporación tiene competencia para fijar los

efectos del fallo y, en tal virtud, disponer que la nueva elección del director general de la CARDER se realizara a partir de la lista de candidatos admitidos, con exclusión del señor Juan Manuel Álvarez Villegas, para de este modo preservar la actuación previa al acto anulado, como quiera que no se encuentra afectado por las irregularidades que llevaron a declarar la nulidad del Acuerdo Nº 032 del 28 de octubre de 2015. A partir de lo anterior procede la Sala a examinar si se cumplen los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra la sentencia proferida el 13 de octubre de 2016 por la sección Quinta del Consejo de Estado. En relación con los primeros, el asunto planteado en la solicitud de tutela tiene relevancia constitucional en cuanto implica la presunta afectación del derecho al debido proceso por el supuesto desbordamiento de la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado al resolver el medio de control de nulidad electoral y la incidencia en el derecho a elegir del accionante. Para reclamar la protección de sus derechos frente a la decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 13 de octubre de 2016, el señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco no tiene otro medio de defensa judicial, de modo que se cumple el requisito de subsidiariedad. Del mismo modo se atiende al presupuesto de inmediatez, teniendo en cuenta que la solicitud de amparo frente a la mencionada providencia judicial se radicó pasado poco más de un mes de haber sido proferida, esto es, el 21 de noviembre de 2016. De otra parte, la acción de tutela no se dirige contra un fallo dictado en una acción

de la misma naturaleza, y en el escrito el ciudadano Aníbal Gustavo Hoyos Franco identifica los supuestos fácticos que, en su criterio, generan la afectación sus derechos fundamentales. Establecido el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la Sala para a pronunciarse respecto del defecto orgánico que el accionante considera existe en la sentencia proferida el 13 de octubre de 2016 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En la referida sentencia la autoridad judicial accionada resolvió “DECLARAR la nulidad del Acuerdo No. 032 de 28 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en adelante CARDER, por el cual fue designado como director general de dicha entidad el señor Juan Manuel Álvarez Villegas, para el período institucional comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, con los efectos expuestos en las consideraciones de esta providencia.”, lo anterior, considerando que se demostró que el señor Álvarez Villegas, con anterioridad a la expedición del acto acusado, fue elegido en dos ocasiones como director general de CARDER bajo la vigencia de la Ley 1263 de 2008, lo cual le impedía nuevamente ser designado en dicho cargo. En relación con el alcance de esa decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado indicó en la sentencia cuestionada que “corresponde al juez electoral, ante la ausencia de norma que los establezca, fijar los efectos de sus decisiones anulatorias, como ya lo anticipó esta Sección en reciente

Sentencia de Unificación, pero para los eventos de expedición irregular4”. Y agregó “dado que el vicio por el cual se declarará la nulidad del acto acusado surgió de la situación personal en la que se encontraba el demandado y no del procedimiento electoral adelantado, la declaratoria de dicha nulidad implicará la realización de una nueva citación para llevar a cabo la sesión en la que el Consejo Directivo de CARDER elija al director general de este ente autónomo, de la lista de candidatos admitidos con exclusión del señor Juan Manuel Álvarez Villegas” (resaltado fuera del texto). 4 Cfr. Sentencia de 26 de mayo de 2016. Demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 2015-00029. Esta determinación, a juicio del señor Aníbal Gustavo Hoyos Franco, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir, pues considera que la Sección Quinta del Consejo de Estado no está facultada para ordenar al Consejo Directivo de la CARDER, del cual hace parte, que proceda a la elección de la lista de candidatos admitidos exceptuando al señor Juan Manuel Álvarez Villegas, pues la nulidad genera una vacancia absoluta que debe ser provista adelantando el procedimiento fijado en los estatutos. Para la Sala, la solicitud de amparo no está llamada a prosperar, por cuanto la Sección Quinta del Consejo de Estado si tiene competencia para fijar el alcance de los fallos mediante los cuales declara la nulidad de actos de elección en los eventos en que el ordenamiento no fije una regla al respecto, como ocurre cuando la anulación versa sobre una elección que no es de carácter popular y se basa en

condiciones subjetivas del electo. Al efecto cabe señalar que el artículo 288 del CPACA, no establece cuáles son las consecuencias de la decisión anulatoria, en casos como el examinado en el proceso Nº 11001-03-28-000-2015-00044-00, de allí que corresponda al juez electoral fijar los alcances de la decisión. Ante esta situación, el Consejo de Estado en la sentencia de unificación proferida el 26 de mayo de 2016, y citada en el fallo cuestionado, fijó los siguientes parámetros a considerar en la determinación de los efectos de las sentencias que anulan una elección5: “… con la finalidad de unificar criterio sobre las consecuencias que se pueden derivar de la declaratoria de nulidad del acto de elección por irregularidades en su expedición, cuando no se modulen los efectos, esta Sala precisará las posibles consecuencias: 5 Demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 2015-00029. Si la irregularidad no afecta todo el procedimiento de elección, y se puede establecer concretamente el momento a partir del cual se ocasionaron las irregularidades, podría, ante la falta de un pronunciamiento en la sentencia:

1. Retomarse el procedimiento justo en el momento antes de que se presentó la irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza que parte de la actuación no estuvo viciada.

2. Llevarse a cabo un nuevo procedimiento y una nueva convocatoria, siempre y cuando no se desconozcan derechos adquiridos. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que la lista de elegibles es

inmodificable una vez ha sido publicada y está en firme, toda vez que los aspirantes que figuran en dicho listado no tienen una mera expectativa de ser nombrados sino que, en realidad, son titulares de derechos adquiridos, empero en aquellos casos en los cuales solo se ha adelantado la etapa de inscripción, no puede hablarse de derechos adquiridos, porque hasta ese momento solo se tiene una mera expectativa de participar y eventualmente de acceder al cargo al que se postula. Sobre el particular esta Corporación ha dicho: “En lo relativo a la supuesta vulneración del derecho al trabajo, se debe resaltar que la presentación del concurso de méritos constituye una mera expectativa que sólo puede concretarse con la superación de todas las etapas del mismo, por lo que no se puede hablar de la vulneración del derecho al trabajo sino de la presunta afectación de una aspiración de acceder a un empleo público. Distinto sería cuando la persona acreedora a un nombramiento en un cargo de carrera no es designada pese a integrar la lista de elegibles y haber obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso”6. Esta postura ha sido reiterada por la Sección Quinta de esta Corporación, la cual en sentencia del 7 de julio de 20167, sostuvo: “El artículo 288 del CPACA, norma especial electoral, se ocupa de las consecuencias de la sentencia de anulación electoral, y en lo que respecta a la anulación de elecciones por vicios subjetivos, como la que nos ocupa, 6 Sentencia de 29 de noviembre de 2012, expediente número: 23001-23-33-000-2012-00067-01.

M.P. Gerardo Arenas Monsalve 7 Radicación: 76001-23-33-000-2015-01487-01 (acumulado), Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, actor: Mary Julieth Cortés Andrade y Johann Wolfgang Patiño Cárdenas. dispone: “Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias: (…) 3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la nulidad del acto de elección por voto popular implica la cance