CE-11001-03-15-000-2017-00828-00(AC)-2017

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES Realizado el examen sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción tutela contra providencias judiciales, encuentra la Sala insatisfecho el término de la inmediatez y, por tanto, desde ahora se anticipa su rechazo por improcedente. Bajo estas condiciones y de conformidad con el principio de la inmediatez, el término para interponer la acción de tutela vencía el día 12 de febrero de 2017; no obstante, la acción de la referencia fue interpuesta el 30 de marzo de 2017 lapso de tiempo que claramente supera los seis meses establecidos por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra providencias judiciales. Para la Sala, el accionante desconoció “el término válido y razonable” que toda acción de tutela debe cumplir como requisito previo para proceder con su estudio de fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la eficacia de la protección invocada y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos que, por su inactividad, acudieron inoportunamente a solicitar el amparo constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00828-00(AC)

Actor:JADER ALFONSO FIGARO ROMERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Jader Alfonso Figaro Romero, en contra de la providencia del 4 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

1. Antecedentes 1.1. La solicitud de tutela El ciudadano Jader Alfonso Figaro Romero, en nombre propio, promueve acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, consecuencia del supuesto defecto fáctico presente en la sentencia de segunda instancia del 4 de agosto de 2016, proferida dentro del proceso de reparación directa número 20001-33-33-001-2012-00328-00. 1.2. Las pretensiones Busca el accionante que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad y, en consecuencia, solicita que se revoque la sentencia del 4 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, para que, en su lugar, proceda a proferir una nueva decisión «donde se declaren la responsabilidad de la entidad y se reconozcan los perjuicios ocasionados». 1.3. Hechos de la solicitud Como hechos relevantes, el accionante expone los siguientes: 1.3.1. El 11 de diciembre de 2012, presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por «el retardo injustificado en la entrega de la libreta militar por un término superior a 9 años». 1.3.2. El 19 de junio de 2015, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar

profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a las entidades demandadas. 1.3.3. Inconformes con la anterior decisión, ambas partes decidieron presentar el correspondiente recurso de alzada. 1.3.4. Mediante sentencia de 4 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió revocar el fallo de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda. 1.3.5. Por tratarse de una sentencia de segunda instancia, proferida por un órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, no le quedan más recursos judiciales efectivos para poder desvirtuar los «errados argumentos del fallador (…) [que] ante la gravedad de los derechos fundamentales vulnerados (sic), hace imperativo interponer la acción de tutela, al [presentarse] una clara vía de hecho». 1.4. Fundamentos jurídicos del accionante 1.4.1. El derecho fundamental al debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución, en tanto las actuaciones emanadas de las autoridades deben ceñirse al imperio de la ley, garantizando el respeto de las formas propias de cada litigio y la juridicidad que impone el Estado Social y de Derecho. A su juicio, la vulneración del derecho se materializa debido a que la decisión del Tribunal «es contraria a la Constitución y a la ley, ya que desconoce la obligación del juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo». 1.4.2. El derecho a la defensa, comoquiera que «nadie podrá ser juzgado sino

conforme a las leyes prexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio». 1.4.3. El principio de la confianza legítima, a partir del cual los ciudadanos tienen el derecho a que las normas y reglamentos establecidos por la Administración sean respetados y permanentes en el tiempo, pues bajo esta convicción es que acuden al ejercicio de los trámites y procedimientos establecidos sin que prevean un cambio intempestivo y abrupto de estos. En su sentir, «la Administración siempre venía señalando que dicho documento [la libreta militar] se encontraba en trámite, engañando [su] buena fe pese a tener pleno conocimiento [de] que había cumplido a cabalidad [el] servicio militar obligatorio». 1.5. Trámite procesal La acción de tutela fue admitida por esta Corporación mediante auto del 17 de abril de 2017, en el que además se ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cesar como demandados, y a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional como terceros interesados, para que dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. 1.5.1. Intervenciones: 1.5.1.1. Del Tribunal Administrativo del Cesar Mediante escrito de fecha 24 de abril de 2017, la presidenta de la entidad, Viviana Mercedes López Ramos, contestó a la acción de tutela y solicitó su negación por no satisfacer el requisito de la inmediatez. Al respecto, indica que el tiempo transcurrido entre la última de las sentencias

cuestionadas por el accionante y la presentación del amparo, supera el requisito de los seis meses establecido jurisprudencialmente para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, comoquiera que la sentencia de segunda instancia fue proferida por el Tribunal el 4 de agosto de 2016 y el amparo se interpuso el 30 de marzo de 2017. Adicionalmente, señala que la decisión del Tribunal no puede considerarse como una vía hecho, pues tuvo soporte en el conjunto de las pruebas oportunamente allegadas al proceso, las cuales demostraron que si bien existió una dilación en el trámite de la entrega de la libreta militar al demandante, esta no le causó los perjuicios económicos y morales que alegaba, comoquiera que no se pudo establecer el nexo causal entre dicha situación y su imposibilidad para conseguir un empleo o inscribirse en la universidad. 1.5.1.2. De la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional No presentó informe.

2. Consideraciones 2.1. Competencia De acuerdo con el numeral 2.º del artículo 1.º del Decreto 1382 de 2000, según el cual «cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado», esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela satisface la totalidad de los requisitos de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales y, de ser así, analizar si el órgano judicial demandado, en la sentencia del 4 de agosto de 2016, vulneró los derechos fundamentales del señor Jader

Alfonso Figaro Romero al haber incurrido en el defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio. 2.3. Marco normativo y jurisprudencial 2.3.1. La procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales Con el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y, desde entonces, la Corte Constitucional a través del examen de constitucionalidad se dio a la tarea de estudiar la procedencia de la acción contra providencias judiciales. En la sentencia C-543 de 1992, si bien en principio se adoptó la tesis más restrictiva de improcedencia, se allanó el camino para que la Corte comenzara a determinar los casos en los que habría de proceder el amparo contra providencias judiciales, estableciendo una amplia línea jurisprudencial que finalmente convergió en la sentencia C-590 de 2005, donde reunió las causales genéricas1 y específicas2 de procedibilidad del amparo contra las decisiones judiciales. Según expuso la Corte, esta excepción tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa y, por contera, la consolidación de las bases jurídicas para la interdicción de la arbitrariedad judicial. Ahora bien, la acción de tutela como mecanismo de garantía constitucional faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, siempre que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o la de los

particulares en los casos determinados por la ley. Dada su naturaleza subsidiaria, únicamente resulta procedente cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial o, teniéndolos, no se muestran ni idóneos ni eficaces para hacer efectiva la protección deprecada, por lo que la acción constitucional puede entonces sustituirlos como mecanismo transitorio. En esa lógica, en sentencia de unificación de jurisprudencia de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado3 acogió la tesis que se venía aplicando en la mayoría de sus secciones y subsecciones respecto de la posibilidad de admitir las acciones de tutela contra providencias judiciales, e indicó que son 1 (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance, (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, (iv) Que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna, (v) Que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado su vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 2 (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la

Constitución. 3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 31 de julio de 2012, radicado Nº: 2009-01328-01. MP: María Elizabeth García González. procedentes, siempre y cuando las demandas lleven por objeto el amparo de los derechos constitucionales fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa (artículo 29 de la Constitución Política) o con el acceso a la administración de justicia (artículo 229 ejusdem). Asimismo, y como garantía del principio de la seguridad jurídica, dejó establecido en 6 meses el término prudencial para considerar satisfecho el principio de la inmediatez, el cual únicamente cabe reconsiderarse cuando el juez encuentre válidamente justificada una dilación superior.4 2.3.2. El derecho fundamental al debido proceso Dentro de la Constitución Política, el artículo 29 consagra el derecho fundamental al debido proceso. Dicho precepto constituye una garantía aplicable a «toda clase de actuaciones judiciales y administrativas»5, razón por la que tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todas las tareas, procedimientos y procesos administrativos que aparejen consecuencias para los administrados. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera amplia y reiterada que el derecho al debido proceso es uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho, razón por la que su protección y garantía es un deber fundamental.6 Sobre su contenido, la Corte ha precisado que el debido proceso se entiende «como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo

incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia».7 Asimismo, la Corte ha explicado que dentro de sus elementos esenciales se destacan: i) la garantía de acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de lograr una pronta resolución judicial y el derecho a la jurisdicción; ii) la garantía de juez natural; iii) las garantías inherentes a la legítima defensa; iv) la determinación y aplicación de trámites y plazos razonables; v) la garantía de imparcialidad; entre otras.8 Con base en estos elementos, la jurisprudencia constitucional ha precisado que para garantizar la existencia del debido proceso en las actuaciones judiciales o administrativas, es necesaria la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que, en desarrollo del principio de legalidad, se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales.9 2.3.3. El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia 4 Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. « [L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente». 5 Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 6 Al respecto, ver las sentencias T-416 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-331 de 2012 (M.P Luis

Ernesto Vargas Silva), C-034 de 2014 (M.P. María Victoria Calle) y C-083 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras. 7 Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 8 Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 9 Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo. En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos.10 2.3.4. Del requisito de la inmediatez Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de

caducidad, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que, dado el carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales en aras de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, pues todo ello desnaturalizaría la finalidad de la acción.11 Sin embargo, la Corte también ha señalado que la razonabilidad del plazo debe determinarse de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que a modo de desarrollo jurisprudencial ha identificado tres excepciones que justifican el transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición de la acción: (i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras. (ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un

término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino 10 Corte Constitucional. Sentencia T-283 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 11 La sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto. asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata. (iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.12 En ese sentido, el examen de la inmediatez no puede reducirse a verificar el paso del tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la interposición de la demanda de tutela, sino que, además, debe comprender la valoración de la razonabilidad del plazo, la cual ha de estar sujeta a los hechos que configuran el caso concreto y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la citada jurisprudencia. 2.4. Hechos probados 2.4.1. El 11 de enero de 2002, el señor Jader Alfonso Figaro Romero ingresó a prestar el servicio militar obligatorio como soldado orgánico de la Décima Brigada Blindada del batallón General Pedro Fortull, y fue retirado (por tiempo cumplido) el

18 de noviembre de 2003 (f. 30 del cuaderno 1 del expediente del proceso ordinario). 2.4.2. En dos ocasiones presentó derecho de petición ante el Ejército Nacional, donde solicitó la entrega de su libreta militar de primera categoría (ff. 29 y 30 ibidem). 2.4.3. El 11 de diciembre de 2012, radicó demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por «el retardo injustificado en la entrega de la libreta militar por un término superior a 9 años» (ff. 1 al 12 ibidem). 2.4.2. El 19 de junio de 2015, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a las entidades demandadas (ff. 120 al 135 del cuaderno 2 del expediente del proceso ordinario). 2.4.3. Inconformes con la anterior decisión, ambas partes decidieron presentar el correspondiente recurso de alzada (ff. 153 al 156 y 163 al 174 ibidem). 2.4.4. Mediante sentencia de 4 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió revocar el fallo de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda (ff. 213 al 230 ibidem). 12 Sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006, entre otras.

2.5. Análisis de la Sala En el presente caso, el señor Jader Alfonso Figaro Romero busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales considera vulnerados por el supuesto defecto fáctico en que habría incurrido el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia del 4 de agosto de 2016, a través de la cual revocó la de primera instancia del Juzgado Primero Administrativo de Valledupar y negó las pretensiones de la demanda. No obstante lo anterior, realizado el examen sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción tutela contra providencias judiciales,13 encuentra la Sala insatisfecho el término de la inmediatez14 y, por tanto, desde ahora se anticipa su rechazo por improcedente. En efecto, revisado el expediente del proceso de reparación directa 20001333300120120032801, allegado a este Despacho en calidad de préstamo por el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, se observa a folio 237 del cuaderno número 2, que la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, de fecha 4 de agosto de 2016, en tanto última providencia demandada, cobró ejecutoria el día 12 de agosto de 2016, comoquiera que su notificación se surtió personalmente a través del buzón de correos electrónicos para notificaciones judiciales el día 9 de agosto del mismo año. Además, el propio accionante reconoce en su escrito que la providencia controvertida «fue notificada por edicto de fecha 8 de agosto de 2016» (f. 1 del expediente de tutela). Bajo estas condiciones y de conformidad con el principio de la inmediatez, el término para interponer la acción de tutela vencía el día 12 de febrero de 2017;

no obstante, la acción de la referencia fue interpuesta el 30 de marzo de 2017 (f. 9 del expediente de tutela), lapso de tiempo que claramente supera los seis meses establecidos por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra providencias judiciales. Para la Sala, el accionante desconoció «el término válido y razonable»15 que toda acción de tutela debe cumplir como requisito previo para proceder con su estudio de fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la eficacia de la protección invocada y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos que, por su inactividad, acudieron inoportunamente a solicitar el amparo constitucional. Ahora, lo anterior no significa que el juez de tutela pueda simplemente adjudicar al paso del tiempo la falta de la inmediatez, pues la jurisprudencia ha subrayado la necesidad de examinar cada caso concreto según sus circunstancias, de manera que se determine si la tardanza en la interposición de la tutela estuvo justificada por una causa razonable que imposibilitó al accionante para presentarla en el debido tiempo. Conforme a este criterio, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se sustenta la presente acción, así como las razones que llevaron al 13 Al respecto, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, entre otras. 14 Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. « [L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si

la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente». 15 Ibidem. accionante a acudir a la vía constitucional, la Sala no encuentra un factor relevante que soporte o justifique su prolongada inactividad (más de seis meses) para solicitar la defensa de sus derechos fundamentales. De esta manera, con fundamento en las consideraciones precedentes y sin que sea necesario efectuar ningún otro análisis sobre el asunto, se dispondrá el rechazo de la presente acción de tutela de conformidad con el artículo 6.º, numeral 1.º del Decreto 2591 de 1991.

3. Conclusión A partir de las anteriores circunstancias, la Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente como medio de protección de los derechos fundamentales invocados, toda vez que se presentó fuera del término jurisprudencialmente establecido para ello, y dentro del expediente no se encontraron razones válidas y suficientes que justificaran la inactividad del accionante para ejercer el mecanismo de amparo.

En consecuencia, la Sala rechazará la acción de tutela interpuesta por el señor Jader Alfonso Figaro Romero en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, comoquiera que no se satisfizo el requisito de la inmediatez. En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad que la ley le confiere, Falla: RECHAZAR por improcedente la acción de tutela interpuesta por Jader Alfonso Figaro Romero en contra de la sentencia del 4 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con los razonamientos

expuestos en la parte motiva de esta providencia. Si no fuese impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS