CE-11001-03-15-000-2017-01873-00(AC)-2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN

DEL DERECHO A LA IGUALDAD / RECONOCIMIENTO A DOCENTE DE SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS Si bien es cierto, la sentencia de unificación SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional fue proferida con posterioridad al fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, se debe tener en cuenta que desde la sentencia C486 de 2016, se había reconocido que los docentes oficiales deben ser considerados como servidores públicos y, en esa medida, deben gozar de las prerrogativas contempladas en el ordenamiento legal, en igualdad de condiciones que los demás empleados del sector oficial. De otra parte, como lo señaló uno de los fallos de la Sección Segunda del Consejo de Estado antes mencionado, a pesar de que hasta el momento no se ha proferido una sentencia de unificación sobre esta materia, lo cierto es que hay una posición reiterada y uniforme que apunta al reconocimiento del derecho de los docentes oficiales a percibir el pago de un día de salario por cada día de mora, en el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o parciales. Por último, aunque en el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima se hace una exposición jurídica razonable para apartarse de la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado que se debe privilegiar la prevalencia de los principios constitucionales de igualdad y equidad para distribuir de manera justa el derecho a percibir la sanción por mora en cuanto al pago de las cesantías parciales o definitivas a favor de los docentes oficiales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01873-00(AC)

Actor: STELLA NIETO CASTAÑO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS La señora Stella Nieto Castaño, a través de apoderado especial, promueve acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que se dejen sin efectos las providencias proferidas el 21 de septiembre de 2016 y el 6 de febrero de 2017, respectivamente, por considerar que son violatorias de los derechos fundamentales del debido proceso y la igualdad. 1.1. Pretensiones La accionante señaló como pretensiones las siguientes:

1. Que se protejan los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN y el derecho de IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES, además los principios constitucionales como FAVORABILIDAD LABORAL, SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA Y CERTEZA DEL DERECHO vulnerados por las decisiones adoptadas por EL JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, que resolvió negativamente las pretensiones de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por mi poderdante en contra LA NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y MUNICIPIO DE IBAGUÉ, sentencia que fue confirmada o revocada según el caso por el Tribunal Administrativo Del Tolima […].

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, ordene a quien corresponda, decretar la nulidad de los mencionados fallos, dejando sin efecto jurídico las providencias […] las cuales fueron proferidas por el

JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el Tribunal Administrativo del Tolima respectivamente, que denegaron las pretensiones de la demanda y que en su lugar se declare la Nulidad del acto administrativo […], los cuales resolvieron no reconocer, ni pagar la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías de mi mandante, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante las entidades demandadas y hasta cuando se hizo efectivo del pago de la misma, establecida en la ley 1071 de 2006.

3. Que se declare que el (la) docente tiene derecho a que las entidades demandadas LA NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-MUNICIPIO DE IBAGUE le reconozcan y paguen la SANCIÓN POR MORA, equivalente a un (1) día de retardo contados desde los setenta (70]) días hábiles, después de haber radicado la solicitud de las cesantías ante la entidad demandada y hasta cuando

se hizo efectivo el pago de la misma.

4. Que una vez reconocido derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la sanción por mora a favor del (la) docente STELLA NIETO CASTAÑO y en contra

de la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOMUNIPIO DE IBAGUE, equivalente a un (1) día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de las cesantías ante la entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. […] 1.2. Hechos de la solicitud Señala como hechos relevantes, los siguientes: Se desempeñó como docente en el Municipio de Ibagué durante 23 años y, luego de su retiró del servicio, solicitó el reconocimiento y pago de la cesantía parcial ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el día 7 de marzo de 2012, destinadas a reparación de vivienda. Por medio de la resolución número 71001604 del 9 de julio de 2012, expedida por el Secretario de Educación de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se ordenó reconocer la prestación reclamada, con la deducción del valor correspondiente al último pago efectuado por el mismo concepto, en el año 1998. Afirma que entre la fecha de radicación de la solicitud del pago de la cesantía parcial y la del desembolso efectivo de la suma liquidada, transcurrieron (78) días de mora. El 12 de junio de 2015, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria

ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, petición que fue negada según comunicación del 16 de junio del 2015, razón por la cual instauró demanda de nulidad y restablecimiento cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué. Mediante fallo del 21 de septiembre de 2016, el despacho judicial negó las pretensiones de la demanda decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante fallo del 6 de febrero del 2017, por considerar que la accionante pertenece a un régimen especial que no contempla la sanción moratoria sobre las cesantías. 1.3 Fundamentos jurídicos del accionante El apoderado de la accionante estima que las decisiones de primera y segunda instancia no se ajustan a principios constitucionales, entre ellos el de favoraliadad laboral y se desconoce el precedente jurisprudencial, toda vez que en casos similares a los de la señora Stella Nieto, el Consejo de Estado1 ha accedido al reconocimiento de la sanción moratoria teniendo en cuenta que según jurisprudencia de la Corte Constitucional los docentes hacen parte de la categoría general de los servidores públicos. Expone brevemente los antecedentes normativos que han regulado la prestación de cesantías, para concluir que no existe ninguna razón para que los docentes sean excluidos de la mora o pago tardío de las cesantías debidamente acusadas. Por último, se refiere a la sentencia de la Corte Constitucional SU-336 del 18 de mayo del 2017, en la que establece que a los docentes oficiales se les debe dar un trato equivalente al de los empleados públicos y, por tanto, tienen derecho al

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas. 1.4. Actuación Procesal La acción de tutela fue admitida por esta Corporación mediante auto del 1º de agosto de 2017, en el que se ordenó notificar como demandados a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Tolima y al Juez Décimo Administrativo de Ibagué y, como tercero interesado en las resultas del proceso, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Magisterio y al Departamento del Tolima. 1.5. Intervenciones El Tribunal Administrativo del Tolima, aduce en su informe que no se vulneró ningún derecho fundamental de la accionante, teniendo en cuenta que la decisión 1 Consejo de Estado, Sección Segunda. Actor: Celia Nelly Mendoza Castellanos. Radicación 201600252-00. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado, Sección Segunda. Actor: Hugo Carlos Pretelt Naranjo. Radicación: 20040000692-02. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Paez. (entre otras). se ajustó a la normatividad legal vigente y a lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado que constituye precedente vertical de carácter vinculante. Argumenta que los docentes pertenecen a un régimen especial consagrado en la ley 91 de 1989, que no contempla el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías. De igual manera expone que en materia de sujeción de precedentes judiciales, el Consejo de Estado en sentencia del 11 de febrero de 2016, Consejera Roció Araujo Oñate, se estimó que solo era obligatorio y

vinculante el precedente vertical del órgano de cierre que, en este caso, es el Consejo de Estado. En este sentido se refiere al fallo de unificación SU-336/17 del 18 de mayo de 2017 proferido por la Corte Constitucional, en el que se le ordenó al Tribunal elaborar un fallo de reemplazo, sin que se pueda extender al caso de la accionante ya que la sentencia solo produce efectos para quienes fueron parte en los procesos ordinarios objeto de estudio en instancia de revisión constitucional. La Fiduprevisora solicita su desvinculación del proceso por falta de legitimación por pasiva, ya que el objeto de la petición de amparo recae sobre decisiones judiciales respecto de las cuales carece de competencia. Por otra, parte aduce que la acción de tutela debe ser rechazada porque no cumple con los requisitos generales de procedibiliadad, cuando se instaura contra providencia judicial. El Ministerio de Educación, por intermedio de apoderada judicial manifiesta que la presente acción se debe rechazar por no reunir los requisitos generales de procedibiliadad de tutela contra providencia judicial. Solicita que se desvincule del presente trámite constitucional toda vez que no tiene legitimación en la cusa por pasiva por carecer de competencia para pronunciarse sobre los hechos objeto de inconformidad por la accionante.

2. Consideraciones 2.1. Competencia De acuerdo con el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, según el cual «cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado», esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, establecer si en el presente caso la accionante tiene derecho a que se le reconozca la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, conforme a los lineamientos de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que han fijado el alcance de interpretación de las disposiciones legales que regulan la materia. Para abordar el problema se debe verificar: (i) el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) ámbito de aplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; (iii) lineamientos jurisprudenciales en relación con la sanción moratoria de las cesantías a favor de los empleados del servicio docente en el nivel territorial; (iv) los hechos probados, el caso concreto y las conclusiones. 2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública». El Decreto 2591 de 1991, reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados

inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución. Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados. En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se

trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que esta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Observa la Sala que el asunto bajo examen reviste relevancia constitucional, en cuanto se trata de establecer si existe mérito para el reconocimiento de un 2 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. derecho laboral, al amparo de las disposiciones contendías en la Constitución Política, que expresan el principio pro homine, en consonancia con otros axiomas constitucionales como el de la seguridad jurídica y el derecho a ser tratado en condiciones de igualdad frente al ordenamiento jurídico. También se verifica que se cumple con el principio de inmediatez, ya que la acción de tutela ha sido instaurada dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta que el fallo de segunda instancia fue proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 6 de febrero de 2017. De igual manera se han expuesto las razones de inconformidad con la decisión judicial, planteando algunas tensiones de carácter constitucional que pueden ser

definidas por el juez de tutela dentro de los límites restringidos en el ámbito de su competencia. La decisión impugnada fue proferida en segunda instancia dentro de un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, por lo que no existen otros medios de controversia que la accionante pueda ejercer y, por contera, no se trata de controvertir un fallo de tutela En cuanto a las causales específicas de procedibilidad para el estudio de la providencia que se ataca, la jurisprudencia constitucional indica las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución; haciéndose especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos. El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la 3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 2.4. Defectos que se le endilgan al fallo del Tribunal Administrativo del Tolima Según la accionante el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en desconocimiento del precedente vertical, ya que no tuvo en cuenta los fallos proferidos por el Consejo de Estado en los cuales se ha accedido a reconocer la sanción moratoria a favor de los servidores docentes. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el desconocimiento del precedente jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad excepcional de la acción de tutela4 contra providencia judicial, en tanto que permite modular la autonomía de la actividad de los jueces reconocida en el artículo 230 de la Constitución Política, cuando sea necesario observar en forma vinculante el precedente judicial. En todo caso, el respeto por el precedente jurisprudencial no puede ser entendido de manera absoluta, pues se trata de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales para garantizar la igualdad de trato frente al ordenamiento jurídico. Por esta razón se ha admitido que el juez pueda apartarse de una decisión que constituya precedente judicial, siempre que se expongan las razones que justifican su decisión. Sobre este particular, la Corte Constitucional en sentencia T-446/13 se pronunció en los siguientes términos: […] es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y

por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho. un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede 4 T-446/13; T-360/14 y T-309/15. admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia” (requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores judiciales […] Igualmente aduce la accionante, que el juzgador incurrió en error inducido, lo cual explica desde su entendimiento como una interpretación inadecuada de la ley 1071 de 2006, relacionada con el derecho que le asiste a que se le reconozca la sanción moratoria por haber recibido el pago de sus cesantías parciales como

docente del departamento del Tolima, por fuera del término establecido por el legislador para los servidores públicos. Sobre el defecto antes señalado, la Sala interpreta que por el contenido de la sustentación que hace la accionante, se trata es de discutir el denominado defecto sustantivo que se presenta cuando se interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas del asunto y, por tanto, resulta improcedente. Sobre ello, en sentencia T043 de 2005, la Corte Constitucional señaló: La procedencia de la tutela debido a la existencia de un defecto sustantivo, se presenta cuando la decisión adoptada por el fallador se funda en una norma claramente inaplicable al caso concreto, bien porque (i) ha sido derogada y no produce efectos en el ordenamiento jurídico; (ii) porque resulte claramente inconstitucional y ante ello no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; (iii) porque la aplicación al caso concreto es inconstitucional; (iv) por declaratoria de inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional, o (v) porque a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador. 2.5. La sanción moratoria de las cesantías en la ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 De estas disposiciones se destacan, como aspectos puntuales, por una parte, el procedimiento administrativo para el reconocimiento y pago de las cesantías

parciales o definitivas y, de otra parte, los destinatarios de dicha obligación laboral. En cuanto a lo primero, se tiene que el artículo primero de la ley 244 de 1995, subrogado por el artículo 4º de la ley 1071 de 2006, prevé que la entidad empleadora o aquella que tenga a cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir el acto administrativo correspondiente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del peticionario. En el artículo segundo, subrogado por el artículo 5º ibídem, establece que la entidad pagadora tiene un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la firmeza del acto administrativo de reconocimiento, para cancelar esta prestación. Más adelante, en el parágrafo de este artículo, establece que «[…] en caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago […]». En relación con los destinatarios de esta disposición, el artículo primero de la ley 1071 de 2006, indica que son los trabajadores y servidores del Estado. No hace distinción alguna respecto a los niveles de la administración en los cuales se encuentre vinculado el servidor, así como tampoco contempla que están excluidos de su aplicación los docentes por el hecho de existir un régimen especial para la forma en que se causan y reconocen sus prestaciones sociales. De igual modo en el artículo segundo contempla que «[…] Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro […]». Ahora bien, es preciso referirse a la finalidad que motivó la expedición de la ley 244 de 1995, al indicar lo siguiente: […] Si bien es cierto el inciso tercero del artículo 53 de la Constitución Nacional establece que ‘…el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales…’, ello no significa que las demás prestaciones y retribuciones por el trabajo no deban ser pagadas oportunamente. Todo lo contrario, los salarios y prestaciones sociales deben ser pagados oportunamente entre otras razones porque ese fruto es el sustento de los trabajadores y de sus familias. No obstante lo anterior, la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción […]5. Estas disposiciones guardan concordancia con la cláusula general de los servidores públicos consagrada en el artículo 123 de la Constitución Política, según la cual gozan de esta naturaleza los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades

descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio de la comunidad y ejercen sus funciones conforme a la Constitución, la ley y el reglamento. Finalmente, vale la pena señalar que no se ha mantenido una posición uniforme respecto a la aplicación de la ley 1071 de 2006 a favor de los docentes oficiales, en relación con su derecho a percibir lo que corresponda por el reconocimiento o pago tardío de sus cesantías parciales o definitivas. 2.6. Lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con la sanción moratoria de las cesantías a favor de los empleados del servicio docente 5 Gaceta del Congreso 225 de 1995, página 1. Con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1071 de 2006, la Sección Segunda del Consejo de Estado6, señaló que el reconocimiento de la mora en el pago de las cesantías, no se extendía a los empleados del servicio docente por no haber quedado contemplados dentro de esta legislación. Más adelante, esta Corporación reorientó su posición respecto a los destinatarios de la ley 1071 de 2006, en lo referente al derecho a percibir el pago por concepto de la mora causada en el reconocimiento y liquidación de las cesantías a favor de los docentes del sector oficial. Así se refirió en uno de sus pronunciamientos más destacados sobre este tema: En ese orden de ideas, son varios los casos en los que la Sección Segunda de la Corporación se ha pronunciado en torno al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de docentes a quienes no se les ha cancelado en forma oportuna el auxilio de

cesantías, entre los que vale citar: sentencia de 21 de mayo de 2009, Expediente No. 23001-23-31-000-200400069-02 (0859-08), actor. Hugo Carlos Pretelt Naranjo, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; sentencia de 21 de octubre de 2011, Expediente No. 19001-23-31-0002003-01299-01 (0672-09), actor: Eduardo Montoya Villafañe, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; sentencia de 10 de julio de 2014, expediente No. 17001-23-33-000-2012-0080-01 (2099-13), actor: Martha Lucía Hernández Clavijo, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero; sentencia de 22 de enero de 2015, expediente No. 73001-23-31-00192-01 (0271-14), actor: Yaneth Lucía Gutiérrez Gutiérrez, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y con posterioridad al fallo acusado en esta ocasión, la sentencia del 14 de diciembre de 2015, expediente número No. Expediente: 66001-23-33-0002013-00189-01 (1498-2014), Actor: Diva Liliana Diago Del Castillo, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, que aunque no es exigible su aplicación al Tribunal accionado debido a su fecha, hace parte de la línea jurisprudencial sobre la materia y consolida de forma inequívoca la misma. […] Así las cosas, considera la Sala que, si bien no hay una

sentencia de unificación sobre la materia proferida por 6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de 2009. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número 2004-01655-01. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 5 de julio de 2012. C.P. Gustavo Gómez Aranguren. Radicación número 2012-00947-00. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 27 de junio de 2013. C.P. Bertha Lucía Ramírez. Radicación número 2013-00446-00. la Sección Segunda de esta Corporación, en la actualidad existe una posición reiterada y uniforme que constituye precedente jurisprudencial, y por tanto, los términos antes señalados la Subsección recoge su posición frente a casos similares al sub judice, en los que en anteriores oportunidades se ha negado el amparo solicitado aduciendo que no había una posición jurisprudencial uniforme sobre la materia y que la acción de tutela no era el escenario natural para definir la interpretación correcta o si régimen de la Ley 1071 de 2006 es aplicable a los docentes en un proceso ordinario7. Bajo esta nueva perspectiva, se ha concluido que no existe obstáculo legal para el reconocimiento de la sanción moratoria de las cesantías a favor de los docentes, puesto que la ley 1071 de 2006, en realidad no hizo distinción alguna respecto a los beneficiarios de este derecho y tampoco se opone a la aplicación del régimen especial para estos servidores, en la medida que no se afectan los términos y condiciones para el reconocimiento de la mencionada prestación, así como

tampoco se genera un menoscabo al derecho de los docentes de recibir el valor que corresponda por el pago tardío de sus cesantías. Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado que los empleados del servicio docente deben ser considerados como empleados públicos en sus respectivos niveles de la administración, tal como lo expresó en sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016. En forma explícita la sentencia C-486 de 2016, mediante la cual se declaró la inexequibilid