CE-11001-03-15-000-2019-00238-00(AC)_2-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / AUSENCIA

DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE NEXO CAUSAL / CONFIGURACIÓN DEL

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CULPA

EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

FUNDAMENTALES

[S]e advierte que la declaración del patrullero dio cuenta de la presencia de la imputada en el lugar de los hechos en la fecha y hora del allanamiento, situación que la vinculaba a la actividad ilícita que allí se desarrollaba y, además, de que con ocasión de “labores de verificación posteriores” se llegó a la conclusión de que no residía en el lugar sino que era consumidora habitual, de lo que se desprende que el Tribunal no tergiversó el contenido de la prueba sino que le otorgó el valor probatorio que correspondía para estudiar, desde el punto civil, la culpa de la víctima en los hechos que la vincularon al proceso penal. Tal valoración resulta razonable y totalmente carente de arbitrariedad, al tiempo que corresponde exactamente a los lineamientos jurisprudenciales sobre el título de imputación de privación injusta que exigen verificar en el proceso las circunstancias que puedan constituir causales de exoneración de la responsabilidad y valorar las pruebas referidas al comportamiento de la víctima de la privación en relación con los hechos punibles imputados. En el sub examine se encuentra plenamente

acreditado que, al analizar las circunstancias particulares en las que ocurrió la detención de la [Actora], para evidenciar si concurrían todos los elementos de la responsabilidad, el Tribunal accionado no encontró acreditado el tercero de ellos que es el nexo causal, toda vez que las pruebas apreciadas en su conjunto llevaban a la conclusión de que la investigada en el proceso penal actuó con culpa la cual fue determinante, desde el punto de vista de la causalidad adecuada, no solo de la investigación penal sino de imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Lo anterior, por cuanto en el proceso ordinario de reparación directa se demostró que la actuación de la investigada fue contraria a las normas jurídicas que determinan la obligación de denunciar una actividad ilícita y no de cohonestarla, como ocurrió en el sub examine y lo concluyó la autoridad judicial accionada, lo cual argumentó en debida forma, sin que la parte accionante haya desvirtuado en esta sede las conclusiones a las que arribó, en ejercicio de su autonomía funcional. (…) Los accionantes consideraron que la sentencia censurada incurrió en defecto por violación directa de la Constitución por vulneración de la presunción de inocencia, que es parte del derecho al debido proceso constitucional. Lo anterior, al considerar que el daño no tenía el carácter de antijurídico y, adicionalmente que, en el caso concreto se presentó una ruptura del nexo causal, por la culpa exclusiva de la víctima, quien en su condición de consumidora habitual de estupefacientes estaba en el lugar de los hechos al momento de la captura teniendo conocimiento de la actividad ilícita

que allí se desarrollaba, de tal manera que este derecho fundamental no se vio afectado. Al respecto, la Sala advierte que no es posible confundir la responsabilidad penal, de la cual fue absuelta la imputada, en aplicación del principio in dubio pro reo y de la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad, que es muy diferente y se estudia desde perspectivas jurídicas autónomas, la cual únicamente se puede producir cuando concurren todos los elementos, esto es, el daño antijurídico, la imputación al Estado y el nexo causal. En el caso concreto, contrario a lo afirmado por la parte actora, la culpa de la víctima se verificó desde el punto de vista civil y no penal

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00238-00(AC)

Actor: DIANA ESTEFANÍA HERRERA RIVERA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Referencia: TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial – Examen de los defectos fáctico y violación directa de la Constitución – Título de imputación de responsabilidad de privación injusta – Culpa exclusiva de la víctima.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la solicitud formulada por los señores Diana Estefanía Herrera Rivera, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad,

Laura Valeria Montes Herrera y Juan José Herrera; Ana Lucía Rivera Cerquera; Edixon Orlando Herrera Tovar; Juan Diego Herrera Rivera; Evelin Yaslin Herrera Rivera; Yesica Viviana Herrera Rivera; Nicol Yuleidy Bernal Herrera y Luisa Fernanda Bernal Herrera, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 23 de enero de 20201, en la Secretaría General del Consejo de Estado, los accionantes referidos, por intermedio de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila – Sala Sexta de Decisión, con el fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. Tales derechos los consideraron vulnerados con ocasión de la sentencia dictada por la referida autoridad judicial el 11 de julio de 2019, por medio de la cual revocó el fallo proferido el 30 de octubre de 2017, por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva que había accedido a las pretensiones de la demanda y, 1 Folio 1 del expediente de tutela. en su lugar, las negó, en el proceso de reparación directa que instauraron en contra de la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación. 1.2. Petición de amparo constitucional

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos

invocados y, en consecuencia, pidió: “… SEGUNDO: Que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por parte del Tribunal Administrativo del Huila – Sala Sexta de Decisión del 11 de julio de 2019, con constancia de ejecutoría del 23 de julio de 2019.

TERCERO: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Huila – Sala Sexta de Decisión modificar la sentencia del día 23 de julio de 2019, de acuerdo a los derechos de reparación que les asiste a los demandantes por la privación injusta de la libertad de DIANA ESTEFANÍA HERRERA RIVERA y a su núcleo familiar y se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva del 30 de octubre de 2017.”2. 1.3. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la

decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Los señores señores Diana Estefanía Herrera Rivera, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, en calidad de víctima directa, Laura Valeria Montes Herrera y Juan José Herrera ; Ana Lucía Rivera Cerquera3; Edixon Orlando Herrera Tovar4; Juan Diego Herrera Rivera; Evelin Yaslin Herrera Rivera; Yesica Viviana Herrera Rivera5; Nicol Yuleidy Bernal Herrera y Luisa Fernanda Bernal Herrera6, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.

5. Como sustento fáctico de las pretensiones indemnizatorias, señalaron que

Diana Estefanía Herrera Rivera fue capturada el 20 de mayo de 2013, por funcionarios de la SIJIN por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

6. El 21 de mayo de la citada anualidad, el Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva le dictó medida de aseguramiento, con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Rivera.

7. En la audiencia de juicio oral del 7 de mayo de 2014, se absolvió a la procesada de los cargos imputados y se ordenó el levantamiento de la medida de detención preventiva, por lo que estuvo privada de la libertad, entre el 21 de mayo de 2013 hasta el 7 de mayo de 2014. 2 Folio 10 del expediente de tutela. 3 En su calidad de madre de la víctima. 4 En condición de padre. 5 En su condición de hermanos de la víctima directa. 6 En calidad de sobrinos.

8. Previo agotamiento del trámite procesal correspondiente, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Neiva, dictó sentencia del 30 de octubre de 2017, en la que declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada y, en su lugar, las declaró administrativa y patrimonialmente responsables y las condenó al pago de los perjuicios causados.

9. La parte demandada interpuso recurso de apelación -en escritos presentados tanto por la Rama Judicial como por la Fiscalía General de la Nación-, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 11 de julio de 2019, que revocó el fallo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

10. Para arribar a la citada resolutiva, el ad quem del proceso ordinario hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado – Sección Tercera, sobre el título de imputación de privación injusta contenido en las sentencias de unificación de jurisprudencia, concretamente la del 15 de agosto de 20187, que se han dictado sobre el tema y aplicó las reglas de unificación al caso concreto, estudiando los elementos de la responsabilidad del Estado.

11. Sobre el punto precisó que, en el caso concreto el daño no era antijurídico, no podía ser imputado al Estado y no concurría el nexo causal, por existir culpa exclusiva de la víctima, toda vez que se demostró en el proceso que la señora Diana Estefanía Herrera Rivera dio lugar con su comportamiento a que se le investigara penalmente, recordando que “nadie puede sacar provecho o ventaja de su propia culpa”, toda vez que fue capturada en flagrancia por encontrarse en el inmueble donde funcionaba el expendio de drogas, por cuanto es consumidora de estupefacientes y acudía regularmente a comprarlos, siendo conocedora de la actividad ilícita que se desarrollaba. 1.4. Sustento de la vulneración

12. La parte actora afirmó que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que, con el fallo censurado se “transgrede el derecho fundamental a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho a la igualdad, así mismo, se han ejercido los medios de defensa más idóneos y ordinarios (sic).”8

13. Como requisitos específicos de procedibilidad, invocó el defecto fáctico, con el

fallo del 11 de julio de 2019, teniendo en cuenta “que al realizar la valoración probatoria del proceso incurrió en una errónea interpretación de las pruebas aportadas y no valoró en debida forma el caso en concreto.”9

14. Se refirió, concretamente, a los testimonios de los patrulleros que participaron en el operativo que terminó con la captura, entre otros, de quien demandó como víctima directa, afirmando que “los mismos con sus relatos lo que confirman en sus investigaciones es que la conducta de la señora DIANA ESTEFANÍA no tiene nada que ver con los delitos que se encontraba imputando la Fiscalía y, por el contrario, lo que se afirma con dichos testimonios es que era una simple consumidora de estupefacientes y no expendedora como se le pretendía imputar.”

15. Recordó que fue la propia Fiscalía General de la Nación la que solicitó que se absolviera a la procesada de los cargos imputados, por no contar con los 7 Que modificó el fallo del 17 de octubre de 2013, dictado por la Sección Tercera del Consejo de Estado. 8 Folio 1 del expediente de tutela. 9 Folio 2 del expediente de tutela. elementos probatorios que permitieran sustentar la petición de proferir condena en su contra.

16. Como segundo cargo, invocó la violación directa de la Constitución, por desconocimiento de la presunción de inocencia, que constituye una de las garantías consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política, para lo cual desarrolló ampliamente el derecho a la libertad personal, desde las perspectivas constitucional y legal. 1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

17. Mediante auto del 28 de enero de 202010, se admitió la demanda de tutela y se dispuso la notificación a la parte actora y a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Huila – Sala Sexta de Decisión, como autoridad judicial accionada.

18. En la misma providencia, se dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva, de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. 1.5.2. Intervenciones 1.5.2.1. Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

19. Por medio de abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2020, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

20. Lo anterior, por considerar que las decisiones judiciales señaladas por la parte actora, se dictaron de acuerdo con las normas sustanciales y procesales que regulaban la materia.

21. Consideró que, en el caso concreto no concurría el requisito de inmediatez, por haber transcurrido más de seis (6) meses, desde el proferimiento de la decisión censurada.

22. Adicional a lo anterior, alegó que no se habían vulnerado los derechos reclamados, toda vez que en la sentencia se aplicó la interpretación unificada del Consejo de Estado – Sección Tercera, en punto del título de imputación de

responsabilidad por privación injusta. 1.5.2.2. Fiscalía General de la Nación

23. La entidad rindió informe, a través de la coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, quien adujo que en el presente caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 consagra el recurso extraordinario de revisión y los accionantes no indicaron las razones para no haberlo interpuesto ni pusieron de presente un 10 Folios 103 a 104 del expediente de tutela. perjuicio irremediable que justificara la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

24. Señaló que, con la sentencia de unificación de jurisprudencia, dictada el 15 de agosto de 2018 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, quedó establecido el régimen de responsabilidad para resolver los asuntos de privación injusta de la libertad y precisó que el Estado no podía declararse responsable si la conducta de la víctima fue la causa eficiente de la investigación penal que se adelantó en su contra y condujo a la privación de su libertad.

25. Concluyó señalando que, la parte actora no demostró que la actuación adelantada por la Fiscalía General de la Nación hubiera sido abiertamente arbitraria o violatoria de los procedimientos legales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo constitucional presentada por los señores Diana Estefanía Herrera Rivera y otros, según lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado

por los Decretos 1834 de 2017 y el 1983 de 2017 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Problemas jurídicos

27. De cara al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado y de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas en la demanda, los problemas jurídicos que subyacen en el sub

lite son los siguientes:

28. Si concurren en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva que tornen procedente la acción de tutela.

29. En el evento de concurrir los anteriores presupuestos, se resolverá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasión del proferimiento, por el Tribunal Administrativo del Huila – Sala Sexta de Decisión, de la sentencia del 11 de julio de 2019, mediante la cual se revocó el fallo dictado el 30 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, que había accedido a las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por los accionantes en contra de la

Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.

30. Concretamente, se resolverá el subproblema referido a si la sentencia censurada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas y en violación directa de la Constitución por desconocimiento de la presunción de inocencia.

31. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) estudio de los

requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) análisis del caso concreto, con fundamento en los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la valoración en su conjunto de las pruebas allegadas a la actuación. 2.3. Razones jurídicas de la decisión 2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su procedencia.13

33. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

34. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que

incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

35. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva 2.3.2.1. Tutela contra tutela

36. En la presente solicitud de amparo se advierte que no se trata de una tutela contra tutela, puesto que la providencia judicial que censura la parte actora, fue proferida dentro del proceso de reparación directa que promovieron los accionantes contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.

2.3.3.2. Inmediatez

37. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela pretende cuestionar la sentencia dictada el 11 de julio de 2019, notificada por estado el 19 de julio de la misma anualidad, ejecutoriada el 24 del mismo mes y año, según constancia secretarial obrante a folio 80 del cuaderno principal del expediente de tutela. Por su parte, la demanda de tutela se presentó el 23 de enero de 2019, es decir, se formuló dentro de un término que –a juicio de la Sala– resulta razonable, toda vez que transcurrió un poco menos de seis (6) meses, a que se refiere, entre otras, la sentencia del 5 de

11Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:

Nery Germania Álvarez Bello, M.P.: María Elizabeth García González. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” agosto de 2014 dictada en sede de unificación por la Sala Plena del Consejo de Estado.14 2.3.2.3. Subsidiariedad

38. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa para controvertir la decisión que, en concepto de la parte actora, vulnera sus derechos fundamentales, se advierte que no cuenta con otro medio de defensa judicial ordinario para el efecto, por cuanto la providencia cuestionada resolvió el recurso de apelación interpuesto por las autoridades demandadas en el juicio ordinario –

Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación–.

39. Tampoco proceden en el caso concreto los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, por cuanto las alegaciones de la parte actora no corresponden a las causales consagradas por el legislador para la procedencia de los mismos. 2.3.3.4. Relevancia constitucional

40. La noción de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, en tanto busca excluir, las vulneraciones de derechos fundamentales que sean de carácter meramente legal.

41. Esa especial trascendencia atiende a la importancia que tiene el asunto para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su eficacia y para la

determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

42. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, en este caso con carácter restrictivo, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

43. Lo anterior ocurre, de manera ejemplificativa cuando: i) se plantea un problema o una faceta del derecho fundamental sobre el cual no haya doctrina constitucional; ii) la Alta Corte deba aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de una reflexión interna o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes, para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio de interpretación de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por Colombia; iii) la vulneración provenga de la ley o de una disposición de carácter general; iv) la vulneración se genere de la reiterada jurisprudencia que la Corte Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y, por ende, necesario proclamar otra interpretación conforme con la Constitución Política; v) las demás jurisdicciones no cumplan la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental; vi) existan interpretaciones contradictorias sobre el mismo derecho; vii) un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional o viii) 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad.1001-03-15-000-201202201-01 (IJ) En esta sentencia, se precisó que: “…la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el

caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad”. cuando el caso plantea una cuestión jurídica elemental de gran repercusión social o económica o tenga consecuencias políticas generales.

44. En el presente caso la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, se advierte que ésta solicita la garantía del debido proceso, del derecho a la igualdad y del acceso a la administración de justicia, que considera vulnerado con la sentencia que le negó la reparación directa

45. En virtud de lo expuesto, el caso se debe analizar desde una perspectiva constitucional, de protección del núcleo esencial de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso e igualdad. 2.3.3.5. Conclusión en relación con los requisitos de procedibilidad adjetiva

46. Al estar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, corresponde a la Sala estudiar el fondo del asunto, para lo cual, por razones de orden metodológico, analizará el defecto fáctico y el cargo por violación directa de la Constitución. 2.3.4. Análisis del caso concreto

2.3.4.1. Defecto fáctico

47. Para resolver el cargo formulado, la Sala de Sección destaca que, en decisión del 12 de noviembre del 2015,15 delimitó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de analizar un defecto fáctico en una providencia judicial.

48. En la citada decisión, con respecto al defecto fáctico por indebida valoración probatoria, la Sala consideró que procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

49. Como carga argumentativa en cabeza del demandante, se requiere entonces que: i) Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii) La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

50. El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el 15 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01, Accionante: Jaime Rodríguez Forero; Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Esta providencia ha sido reiterada por esta Corporación, entre otras, en las siguientes decisiones: Sentencia del 17 de marzo de 2016, Rad. No. 11001-03-15000-2015-02115-01, Sociedad I.A. S.A. Ingenieros Asociados, M.P. Rocío Araújo Oñate; del 30 de agosto de 2018, Rad. 11001-03-15-000-2018-01973-01; Sentencia del 6 de febrero de 2020, Rad. : 11001-03-15-000-2019-03696-01; 13 de febrero de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. juez de instancia, de ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

51. Al abordar la alegación de la parte actora, se evidencia que la misma cumplió con señalar las pruebas que, a su juicio, fueron indebidamente valoradas por el Tribunal Administrativo del Huila y que corresponden a los testimonios de los patrulleros de la Policía Nacional. Sin embargo, al desarrollar el cargo únicamente se refirió al señor Juan de Dios Feria Caviche, quien efectivamente participó en el allanamiento que dio lugar a la captura de los tres (3) individuos que se encontraban en la vivienda destinada al expendio de estupefacientes.

52. Como justificación, de la que califica como “errónea interpretación”, precisó que “los declarantes, con sus relatos lo que confirman en sus investigaciones es que la conducta de la señora DIANA ESTEFANÍA no tiene nada que ver con los delitos que se encontraba imputando la Fiscalía y, por el contrario, lo que afirma con dichos testimonios es que era una simple consumidora de estupefacientes y no expendedora como como se le pretendía imputar.”16

53. Agregó que, si el “comportamiento de consumidora” no es un delito, no podía

el Tribunal valorarlo como un indicio de un comportamiento contrario a los deberes civiles.

54. En consecuencia, la Sala considera que se cumple en el sub lite la carga argumentativa mínima que permite abordar el fondo del asunto. Al respecto, reitera que, si bien la parte actora hace referencia a varios testimonios en realidad se limita a cuestionar el valor probatorio que se le otorgó a la declaración del patrullero de la Policía Nacional que intervino en el operativo que terminó con la captura.

55. Sobre esta declaración cabe resaltar que no fue ni pedida por la parte demandante ni decretada en el proceso de reparación directa, sino que fue apreciada por el Tribunal, en su conjunto con los demás elementos de convicción, como prueba trasladada del proceso penal adelantado contra la víctima directa, sin que fuera convalidada en el juicio, por concurrir los requisitos que ha destacado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado17, en particular el hecho de constar en el proceso penal y haberse hecho referencia al mismo, por la parte demandada.

56. En concreto, de la prueba en cuestión se tomó el siguiente aparte: “En su testimonio el P.T. JUAN DE DIOS FERIA CAVICHE, relató la diligencia de registro y allanamiento, la forma en que fue encontrada la base de coca, que en el lugar se encontraban tres personas, que la misma fue atendida por el señor que se encontraba en la habitación N°1. Esbozó que según fuente humana que recibiera, se mencionaba el nombre de “DIANA” como una de las personas m