CE-11001-03-15-000-2019-00260-00(AC)-2019

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR LA FALTA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / REQUISITO DE INMEDIATEZ - Término estricto y riguroso tratándose de tutela contra providencia judicial La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decidió la segunda instancia del proceso de reparación directa, se notificó por estado del 12 de julio de 2018, de manera que los seis meses del plazo de inmediatez vencieron el 14 de enero de 2019. Como la solicitud de tutela se interpuso el 24 de enero de 2019, se rechazará.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 29

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201-01, M.P. Jorge Octavio

Ramírez Ramírez, de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00260-00(AC)

Actor: MARTHA OLIVIA CADAVID MARTÍNEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA TUTELA-Requisitos de la solicitud. TUTELA-Carácter subsidiario del amparo.

TUTELA-Procede excepcionalmente contra providencia judicial. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales. INMEDIATEZ-Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo. La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Martha Olivia Cadavid Martínez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, Subsección A y el Juez Treinta y Uno Administrativo de Bogotá. SÍNTESIS DEL CASO Se impugnan las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de un juez administrativo de Bogotá, que desestimaron las pretensiones de reparación directa por la muerte de un conscripto que se evadió del servicio. Se afirma que esas providencias vulneraron los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de la víctima, pues incurrieron en defecto fáctico. ANTECEDENTES El 24 de enero de 2019, Martha Olivia Cadavid Martínez, en nombre propio, formuló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juez Treinta y Uno Administrativo de Bogotá para que se dejaran sin efectos la sentencia del 31 de agosto de 2016 y el fallo que la confirmó, proferido el 5 de julio de 2018, que desestimaron las pretensiones del medio de control de reparación directa que la solicitante interpuso contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por la muerte del conscripto Santiago Leyton Cadavid, al considerar probada la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado, pues el deceso se produjo cuando el soldado estaba evadido.

La solicitante afirmó que las providencias reprochadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de la víctima, porque incurrieron en defecto fáctico por omisión de unas pruebas. El 30 de enero de 2019 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la solicitud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca afirmó que la decisión se fundamentó en las pruebas recaudadas y en la normativa aplicable al caso. Explicó que la tutela es improcedente, porque con ella se pretende adicionar una instancia al proceso de reparación directa. La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional adujo que las providencias reprochadas no incurrieron en defecto fáctico. El Juez Treinta y Uno Administrativo de Bogotá guardó silencio.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1991 prevén los requisitos mínimos que debe contener la solicitud de tutela para quien considere tener afectado o amenazado un derecho fundamental, que se reunieron en este caso.

II. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la tutela procede contra unas providencias judiciales.

III. Análisis de la Sala

2. El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 CN y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ.

La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el reparto establecido por el artículo 1 del

Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo n°. 377 del 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena de la Corporación.

3. La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) Que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela2.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez; trasgresión absoluta del procedimiento; indebida valoración u omisión de una prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la Constitución.

4. Como la acción de tutela es un mecanismo para la protección inmediata de

derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente (art. 86 CN), se debe formular en un lapso breve que garantice la guarda efectiva, concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza3. Si el amparo se dirige contra una providencia judicial, su carácter inmediato reviste mayor importancia, pues la decisión podría afectar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos de terceros, de allí que se considera que seis meses es el plazo de inmediatez para la presentación de la solicitud, contado a partir de la notificación de la providencia que se impugna en tutela4. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decidió la segunda instancia del proceso de reparación directa, se notificó por estado del 12 de julio de 2018, de manera que los seis meses del plazo de inmediatez vencieron el 14 de enero de 2019. Como la solicitud de tutela se interpuso el 24 de enero de 2019 (f. 1 c. principal), se rechazará. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO. RECHÁZASE por improcedente la solicitud de tutela de Martha Olivia Cadavid Martínez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, Subsección A y el Juez Treinta y Uno Administrativo de Bogotá. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 1 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005 [fundamento jurídico 20 a 23]. El Consejero

Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue este criterio. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 7 de febrero de 2019, Rad. n°. 11001-03-15-000-201900022-00. 2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005 [fundamento jurídico 24 a 25]. 3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-001 de 1992 [fundamento jurídico 2]. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, Rad. n°. 11001-03-15-000-2012-02201-01 [fundamento jurídico 3.3.4]. TERCERO. NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito posible.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Presidente de la Sala

GUILLERMO SANCHEZ LUQUE