CE-11001-03-15-000-2019-00494-01(AC)-2019

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – Existencia de otro medio de defensa judicial / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Medio de defensa judicial idóneo Dado que la U.G.P.P. controvierte la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado y como su inconformidad se fundamenta, en síntesis, en el hecho de que la señora María Fanny Hernández Silva no tiene derecho a la pensión gracia, porque su vinculación como docente fue del orden nacional, la Sala estima que ese aspecto se encuentra previsto dentro de la hipótesis del numeral 7 del artículo 250 del C.P.A.C.A. (…) Así las cosas, la Subsección considera que ante la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de junio de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no se cumple en este caso el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. (…) De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto no se configuró un abuso palmario del derecho, toda vez que la vinculación de la señora María Fanny Hernández Silva no fue precaria, pues tal y como se indicó en la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, esta laboró como docente desde el 1º de abril de 1975 y su última vinculación fue con la Secretaría de Educación de Caldas, a partir del 18 de abril de 1994 hasta el 31 de enero de 1998, esto es, por más de 3 años, empleo con el que se realizaron

los cálculos para su pensión gracia, por cuanto se liquidó con base en el 75% del promedio de lo devengado durante el último año en que se consolidó este derecho -entre el 5 de mayo de 1994 y el 5 de mayo de 1995-. (…) En ese sentido, la solicitud de amparo resulta en este caso improcedente. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 - NUMERAL 7.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00494-01(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Y OTRO Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2019 Subsección B de la Sección

Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S 1.- La demanda En escrito presentado el 4 de febrero de 20191, la U.G.P.P., por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos): “Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean amparados los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, en atención al desconocimiento de los principios generales de la Seguridad Social, al incurrir en los defectos material o sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y defecto fáctico, así como derivar en un abuso del derecho; al interpretar erróneamente el régimen jurídico de la pensión gracia y ordenar el reconocimiento pensional a un docente del orden NACIONAL. “Segundo. Como consecuencia de lo anterior: “aSírvase DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B del 21 de junio de 2018 y la del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA DE DECISIÓN de primera instancia de fecha 23 de noviembre de 2015, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 17001-23-33-0002014-00296-01 (Int. 1076-2016). 1 Folio 1 a 18 del cuaderno principal. “bConsecuentemente sirva ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B dictar nueva sentencia ajustada a derecho REVOCANDO el fallo de primer grado, PERO bajo los siguientes fundamentos jurídicos: “ACATAR el precedente jurisprudencial preferente y vinculante que sobre la materia (pensión gracia) ha definido la H. Corte Constitucional, consignado en las Sentencias C.-084 de 1999 y C489 de 2000, según el cual, la Ley 91 de 1989 (literal ‘A’ del numeral 2 dela artículo 15) puso fin al reconocimiento y pago de la pensión gracia, empero, respetando solo dicha prestación consagrada en las Leyes 114 de 1913, 116 de 19278 y 37 de 1933-, en favor de los docentes territoriales y nacionalizados que: (i) estando vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, (ii) además hayan adquirido o consolidado los requisitos para acceder a la misma ANTES del 29 de diciembre de 1989, es decir, a la fecha de entrada en vigor de la propia Ley 91 de 1989. “Tercero. De manera subsidiaria: “aEn caso de que su despacho determine que procede alguna acción judicial contra las sentencias acatadas, sírvase amparar los derechos invocados de manera TRANSITORIA de conformidad con los establecidos en el artículo 8 el Decreto 2591 de 1991.

“bEn consecuencia se sirva suspender los efectos de las sentencias proferidas por el CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, de fecha 21 de junio de 2018, y la del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA DE DECISIÓN de primera instancia del 23 de noviembre de 2015 proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 17001-23-33-000-2014-00296-01 (Int. 1076-2016), hasta tanto se resuelva por la autoridad judicial competente la acción que presentara esta Unidad dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del fallo de tutela” (negrillas y subrayas del original). 2.- Hechos La parte accionante manifestó que la señora María Fanny Hernández Silva nació el 3 de agosto de 1930 y que prestó sus servicios como docente de carácter nacional desde el 1º de abril de 1975 hasta el 30 de enero de 1998. Se indicó que la señora Hernández Silva, al 31 de diciembre de 1980, únicamente contaba con 6 años de servicio como docente nacional y para el 29 de diciembre de 1989 no cumplía con los 20 años de servicio en la docencia territorial o nacionalizada para tener derecho a la pensión gracia. Mediante Resolución No. RDP 009393 del 19 de marzo de 2014, la U.G.P.P. (antes Cajanal) le negó el reconocimiento de la pensión gracia a la señora María Fanny Hernández Silva, la cual fue confirmada en la Resolución No. RDP 016281 del 23 de mayo de 2014.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Hernández Silva demandó a la U.G.P.P., con el fin de que se declararan nulos los actos administrativos que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia. Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Caldas accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; ordenó reconocer y pagar la pensión gracia. A instancias del recurso de apelación, el Consejo de Estado - Sección SegundaSubsección B, por fallo de 21 de julio de 2018, confirmó la decisión de primera instancia. En cumplimiento de la anterior providencia, la U.G.P.P., mediante la Resolución RDP 044010 del 14 de noviembre de 2018, reconoció una pensión gracia en favor de la señora María Fanny Hernández Silva por valor de $253.562. Finalmente, se dijo que desde 1996, la señora Hernández Silva se encuentra recibiendo una pensión de jubilación por parte del FOMAG. 3.- Fundamentos de la demanda de tutela La parte actora alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico, porque desconocieron que las pruebas aportadas al expediente dan cuenta de que, si bien la señora María Fanny Hernández Silva laboró como docente durante más de 20 años, lo cierto es que no le computaban todos los tiempos de servicio para acceder a la pensión gracia, porque sus salarios fueron pagados con recursos provenientes de la Nación. Puntualmente, se indicó (se trascribe de manera literal, con posibles errores

incluidos): “… es claro que en el expediente administrativo de la señor MARÍA FANNY HERNÁNDEZ SILVA existen certificaciones que indican diferente tipo de vinculación para diferentes períodos, situación que ni siquiera fue evidenciada por el Consejo de Estado, quien se limitó a considerar que la docente contaba con la vinculación valida por el reconocimiento pretendido y en realidad resultó ser un docente con vinculación NACIONAL PERO CON DERECHO A PENSIÓN GRACIA”, De otra parte, señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente, dado que en sus decisiones no tuvieron en cuenta lo establecido en las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000, en las que se analizó lo referente a la pensión gracia. Asimismo, la UGPP indicó que se configuró un defecto sustantivo, por cuanto se aplicaron “… las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, extrapolando el derecho a la pensión gracia a docentes financiados con recursos del Situado Fiscal cuando éstos eran administrados por los FER como rentas transferidas (distribuidas no cedidas), por la Nación a las entidades territoriales, las cuales antes de la Ley 60 de 1993, no perdían su origen ni su carácter de constituir recursos del orden nacional y a través de las cuales se cancelaban exclusivamente las prestaciones de docentes nacionales y nacionalizados”. Finalmente, adujo que se observaba la configuración de un “abuso del derecho”

en el reconocimiento pensional, dado que, a su juicio, se malinterpretó la normativa que rige a los docentes nacionales, departamentales o territoriales y se desconocieron los precedentes vinculantes proferidos por la Corte Constitucional acerca del reconocimiento de la pensión gracia. 4.- Trámite en primera instancia 4.1. Mediante auto del 8 de febrero de 20192, se admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar a los demandados y se vinculó a la señora María Fanny Hernández Silva como tercera interesada en el proceso. 4.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que la solicitud de amparo resultaba improcedente, dado que contra la sentencia cuestionada procedía el recurso extraordinario de revisión; asimismo, afirmó que en el caso sub examine no se cumplió con el requisito de procedibilidad de inmediatez, por cuando la demanda se presentó pasados 6 meses de la notificación de dicha providencia. En cuanto al defecto fáctico, señaló que (se trascribe de manera literal): “… en la providencia acusada, analizó las circunstancias particulares del asunto planteado y concluyó que a la entonces actora le asistía el derecho al reconocimiento de una pensión gracia de conformidad con lo previsto en la normatividad atinente a dicha prestación pensional, esto es, las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989”. De otro lado, indicó que el presente asunto se aplicó la tesis expuesta en el fallo de unificación jurisprudencial dictado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, “el cual constituye una fuente normativa de obligatoria aplicación al

interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Finalmente, sostuvo que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia con el propósito de reabrir una discusión jurídica concluida, razón por la cual solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo3. 4.3. El Tribunal Administrativo de Caldas afirmó que en el caso sub examine no se cumplieron los requisitos de procedibilidad de subsidiariedad e inmediatez y, por tanto, la demanda de tutela se tornaba improcedente. Adicionalmente, indicó que la sentencia controvertida se dictó de conformidad con “los fundamentos jurídicos, probatorios, jurisprudenciales y legales suficientes que le otorgaron validez y legitimidad”4. 2 Folios 63 a 64 del cuaderno principal. 3 Folios 68 a 75 del cuaderno principal. 4.4. Por su parte, la señora María Fanny Hernández Silva sostuvo que la demanda de tutela era improcedente, dado que no se cumplió con el requisito de inmediatez. A su vez, afirmó que “la UGPP viene desarrollando una serie de acciones desde todo punto de vista abusivo e ilegal al realizar control de legalidad a los fallos de las Altas Cortes como en el caso que nos ocupa. Además, para dar cumplimiento a un fallo judicial está exigiendo documentos que ya fueron objeto de estudio” 5. 5.- La sentencia de primera instancia Mediante sentencia de 11 de abril de 20196, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela presentada por la U.G.P.P.

Como sustento de su decisión, señaló que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de inmediatez, dado que la providencia cuestionada fue proferida el 21 de junio de 2018 y se notificó por correo electrónico el 17 de julio de 2018, mientras que la demanda de tutela se presentó pasados 6 meses y 17 días después, sin que se hubiese justificado dicha tardanza. 6.- La impugnación La U.G.P.P. impugnó el fallo de primera instancia. Al respecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela y, a su vez, indicó que la demanda de tutela se interpuso dentro de un término razonable, por cuanto la decisión que se cuestiona cobró ejecutoria el 23 de julio de 2018. De conformidad con lo anterior, sostuvo que “el término jurisprudencial de 6 meses mencionado, puede flexibilizarse y la prestación de una tutela contra fallo 4 Folios 78 a 80 del cuaderno principal. 5 Folios 90 a 94 del cuaderno principal. 6 Folios 98 a 104 del cuaderno principal. judicial luego de 6 meses y unos días (como el presente caso) resulta ser también un término razonable y prudente, que hace procedente la acción”. Adicionalmente, afirmó que la demanda de tutela no se pudo presentar en un término menor por i) las funciones internas de la U.G.P.P., ii) la recepción de las entidades liquidadas y iii) la permanencia en el tiempo de la irregularidad7. II.- C O N S I D E R A C I O N E S 1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8. Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características9. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son10: 7 Folios 112 a 123 del cuaderno principal. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. - Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. - Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. - Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. - Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. - Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, son los siguientes: - El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. - El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. - El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. - El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. - La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. otras providencias. - El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. - La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado11. Conviene mencionar, además, que cuando controvierten providencias judiciales

dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente, en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó: “Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones’12. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que: ‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas

jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras. Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos. 12

Original de la cita: “SU-050 de 2017”. probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión’. “Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”.

2. Caso concreto

En primer lugar, conviene precisar que, si bien es cierto que la accionante es una persona jurídica, también lo es que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a esta clase de personas se les pueden vulnerar derechos fundamentales, razón por la cual resulta procedente el estudio de la posible transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. En la sentencia de primera instancia se declaró improcedente el amparo solicitado, con fundamento en que no se cumplió con el requisito de inmediatez, cuestión que fue impugnada por la parte actora, como sustento de su inconformidad señaló que “el término jurisprudencial de 6 meses mencionado, puede flexibilizarse y la prestación de una tutela contra fallo judicial luego de 6 meses y unos días (como el presente caso) resulta ser también un término razonable y prudente, que hace procedente la acción”. Pues bien, en relación con el requisito de inmediatez para la interposición de demandas de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado: “Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. “(…). “De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial para la protección que se ofrece. “Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones

de tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela’13’14. “Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo15. “Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos’16. “(…). “Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable. “Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto17.

“Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra 13 Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”. 14 Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”. 15 Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005”. 16 Original de la cita: “Ibíd”. providencias judiciales se ejerce oportunamente” (negrillas y subrayado del original). No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia del SU-115 del 8 de noviembre de 2018, flexibilizó el plazo que la jurisprudencia ha señalado como razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales frente a los casos en los cuales la U.G.P.P. cuestiona las decisiones mediante las cuales se realizaron reconocimientos pensionales. Al respecto precisó: “La diferencia de 4 meses, entre el término que prima facie ha considerado la jurisprudencia constitucional como razonable para cuestionar una providencia judicial y el de presentación de la acción, encuentra dos causas justificatorias. La primera, que no existe un actuar negligente sino que el término de diez (10) meses resulta razonable para el ejercicio de la acción en el caso de una autoridad que ha asumido los procesos de un gran número de entidades liquidadas, como es el caso del que se ocupa la Corte

en esta oportunidad. La segunda, pues, en casos semejantes decididos por la Sala Plena, ha considerado esta justificación planteada por la UGPP como razonable” (se destaca). En ese sentido, se advierte que en el presente asunto, dadas las particularidades de la U.G.P.P., la exigencia del requisito de 6 meses como plazo razonable para cuestionar providencias en ejercicio de la acción de tutela se torna desproporcionado y, por tanto, la Sala considera que en el presente asunto se cumplió con el requisito de inmediatez. Ahora bien, en el presente asunto, la U.G.P.P. controvierte la providencia del 21 de junio de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó pagar una pensión gracia. Pues bien, la Sala advierte que en el caso sub examine no se cumplió el requisito de la subsidiariedad. Sobre el particular, el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 17 Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede

exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses”. de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991. En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela. Al respecto, conviene precisar que el legislador contempló un instrumento idóneo y eficaz para cuestionar decisiones como las que ahora ataca la entidad accionante por vía de tutela, esto es, el recurso extraordinario de revisión. En efecto, el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –normativa aplicable al caso analizado–, prevé que “el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y su