CE-11001-03-15-000-2019-01277-00(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia de segunda instancia que niega las pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Solicitud de indemnización por daños causados en accidente vial / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración probatoria / PRUEBAS DOCUMENTALES – No fueron valoradas debido a que surtieron en proceso de contradicción / PRUEBA TESTIMONIAL – Contrario a lo manifestado por el actor si fueron valoradas / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – No se logró acreditar que en la fecha del accidente el municipio de Aguazaul estuviera realizando obras de mantenimiento vial en la vía AguazulMani ni quién las estaba realizando / AUSENCIA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN DE MOTOCILISTA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La Sala (…) considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar la decisión judicial, valoró de manera razonable los medios probatorios, que la parte actora considera no fueron tenidos en cuenta. Respecto a los Oficios núms. 14014 de 14 de noviembre de 2013, 700 41-23 0974 de 12 de septiembre de 20011 y el informe ejecutivo de supervisión – contrato de obra, de 29 de diciembre de 2011, la autoridad judicial accionada, consideró que dichas pruebas documentales debían ser excluidas para efectos de adoptar la decisión judicial, toda vez que no fueron aportadas ni en la demanda, ni tampoco en la respectiva contestación, en donde además, no fueron solicitados por las

partes ni decretadas de oficio por parte del Juez (…) En ese orden de ideas, para la Sala, la autoridad judicial accionada, de manera razonable y con la respectiva carga argumentativa, planteó argumentos jurídicos persuasivos y convincentes, para efectos de quitarle valor probatorio a dichas pruebas documentales, al considerar que se desconocía el principio de contradicción de la prueba, que implica que los medios probatorios deben ser conocidas por las partes, con el fin de que puedan ejercer el derecho de contradicción como garantía del derecho fundamental del debido proceso. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los testimonios rendidos por los señores i) [J.A.C.] y ii) [J.M.C.B.] para la Sala, el Tribunal Administrativo de Casanare, a diferencia de lo sostenido por la parte actora en su escrito de tutela, si fueron tenidos en cuenta, para adoptar la respectiva decisión judicial (…) Para la Sala, la autoridad judicial accionada al haber valorado de manera razonable dichas pruebas testimoniales, junto con las demás pruebas obrantes en el expediente, concluyó que como en el expediente no existe prueba, que acreditara, que en el momento del accidente de tránsito, el municipio de Aguazul se encontraba llevando a cabo obras de mantenimiento a la vía, que de ese ente territorial conduce al municipio de Maní, por el contrario, al llevarse a cabo el estudio de las pruebas obrantes en el proceso, se acreditó que la persona que conducía la motocicleta, no era apta para ello, con fundamento en la legislación colombiana, en donde además, ni siquiera cumplían con las básicas

de tránsito, como era el deber de portar cascos reglamentarios. (…) esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01277-00(AC)

Actor: DIANA LIZETH CALIXTO RONDÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Tema: Defecto fáctico/alcance Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Diana Lizeth Calixto Rondón contra el Tribunal Administrativo de Casanare porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 octubre de 2018, vulneró su derecho fundamental invocado supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes, ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el

Tribunal Administrativo de Casanare porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25 de octubre de 2018 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 85001-3333-001-2013-00296-01, vulneró su derecho fundamental invocado supra. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son

los siguientes:

3. Indicó que junto con el señor Edgar Omar Higuera Plazas, transitaban en su motocicleta desde el municipio de Maní hacia el municipio de Aguazul, el 2 de octubre de 2011, y que en dicho trayecto, colisionaron contra una llanta y escombros que se hallaban sobre la vía, que para ese momento, se encontraba intervenida en trabajos de remoción de base y sub-fase para el reparcheo de la banca existente.

4. Manifestó que al removerse la banca, se encontraba un hueco profundo, trayendo como consecuencia el accidente, lo que ocasionó que se le causaran perjuicios en su integridad personal.

5. Señaló que por la gravedad de las lesiones causadas a su integridad personal, fue atendida en los Hospitales de Aguazul y Yopal, con un diagnóstico de “Trauma craneoencefálico severo y trauma cervical y presentó una alteración del estado de conciencia, anisocoria y por lo tanto decidieron ponerle ventilación mecánica”, por lo que fue necesario que la remitieran al Hospital Militar Central, en donde luego de llevarse a cabo la respectiva atención médica, le dieron salida del hospital, el 1 de diciembre de 2011.

6. Expresó que desde la ocurrencia de los hechos, y como consecuencia de las lesiones causadas en su integridad personal, se ha visto obligada a acudir en varias oportunidades a tratamientos médicos en la ciudad de Bogotá, lo que le ha generado incurrir en varios gastos.

7. Señaló que presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra los municipios de Aguazul y Maní, respectivamente, en la cual solicitó que se declarara a las entidades accionadas, administrativa y extracontractualmente responsables, por los perjuicios causados por el accidente de tránsito que tuvo lugar el 2 de octubre de 2011, hecho originado por la falla del servicio atribuible a la parte demandada, como lo fue la ausencia de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas de la noche.

Sentencia proferida el 28 de agosto de 2017 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 85001-3333-001-2013-00296-01

8. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, mediante sentencia de 28 de agosto de 2017, en la parte resolutiva de la providencia dispuso: “[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación material en la causa por pasiva del municipio de Maní – Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR al Municipio de Aguazul, por falla del servicio, administrativa y extracontractualmente responsable de forma parcial, por las perjuicios causados a Diana Lizeth Calixto Rondón y su núcleo familiar, derivados de las lesiones sufridas en accidente de

tránsito ocurrido el 2 octubre de dos mil once (2011), en la vía que del municipio de Aguazul conduce al municipio de Maní Casanare.

TERCERO: CONDENAR al Municipio de Aguazul, a pagar a favor de cada uno de los demandantes, las siguientes sumas: a)A título de perjuicios morales, el equivalente en pesos a: - Treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Diana Lizeth Calixto Rondón víctima directa; igual monto se reconoce para Edgar Omar Higuera Plazas, en condición de compañero permanente de la víctima directa y Diego Alejandro Higuera Calixto en calidad de hijo de la víctima directa. b) A título de perjuicios por daños a la salud, la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Diana Lizeth Calixto Rondón.

CUARTO: Denegar la (sic) demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: ORDENAR al ente demandado que dé cumplimiento a la sentencia en la forma y oportunidad prevista en los artículos 189 y 192 del C.P.A.C.A […]”.

9. Señaló que el municipio de Maní – Casanare, no está obligado a responder patrimonialmente por los perjuicios señalados en la demanda, toda vez que como es de conocimiento general, y así quedó plenamente acreditado en el proceso, la vía Aguazul – Maní, forma parte de la red vial secundaria, de orden departamental, y en ese orden de ideas, su mantenimiento y señalización, está a cargo del departamento de Casanare. Además, ni siquiera el accidente de tránsito, acaeció

en área perteneciente a dicha municipalidad, toda vez que se estableció que el suceso se produjo en zona rural del municipio de Aguazul, esto es, la vereda la Esperanza.

10. Expresó que no se acreditó que para el mes de octubre de 2011, la administración municipal de Maní estuviese adelantando alguna obra de reparcheo o mejoramiento de la malla vial en el sector del accidente de tránsito, lo que trae como consecuencia, que se acredite la falta de configuración de la legitimación en la causa por pasiva del municipio de Maní. Sin embargo, expresó que respecto al municipio de Aguazul si se configuraba la legitimación en la causa por pasiva, toda vez que si bien en principio debería tener el mismo tratamiento sustancial y procedimental, dado al municipio de Maní, en consideración a que la vía rural sobre la cual se produjeron los hechos, no es de su competencia, en el presente caso se configura un asunto especial que lo vincula al fondo del asunto, y es lo que converge a la viabilidad que para la época del accidente de tránsito, el respectivo departamento de Casanare por intermedio de la secretaría de Obras Públicas y Transporte, le había otorgado para llevar a cabo obras de mantenimiento y reparcheo a la vía. El Juzgado, al resolver el caso concreto, adujo que: “[…] Ahora, echando mano de los testimonios de la parte actora (Deisy Rondón Adán y José Alfonso Casas Romero), así como el interrogatorio de parte al demandante Edgar Omar Higuera Plazas, en lo rescatable, tenemos que aunque los primeros no hayan sido

presenciales del accidente de tránsito, todos concuerdan en señalar que la vía Aguazul – Maní para la época de los hechos estaba siendo intervenida con trabajos de mantenimiento y reparcheo, detallando aspectos como que, la única señal de advertencia existente era la colocación en algunos tramos de “llantas, chamizas, circuitos de piedras, montoncitos de arena etc.”, y aunque no recuerden con exactitud a cargo de quién estaban las obras, ni los obreros o dueño de la maquinaria empleada, no estaban obligados a saberlo con lujo de detalles. Guarda entonces armonía, las declaraciones de terceros y de parte, con las actividades de supervisión ejecutadas por la secretaría de obras del departamento de Casanare (fl 121 c 1), en las que por ejemplo se consignó que en un recorrido del 5 de octubre de 2011 se detectaron sobreelevaciones en algunos puntos del reparcheo y la necesariedad de instalación de señalización informativa que indicara la precaución a tener en cuenta en los tramos de reparcheo corroborado con las mismas fotografías en escala de gris del mismo informe, lo cual se traduce en una falla, en una evidente omisión en el cumplimiento de medidas de seguridad, protección y señales preventivas reglamentarias e informativas previstas en el código (sic) nacional (sic) de tránsito (sic) y el Ministerio de Transporte. Para demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente, se trajo al proceso la copia del informe de accidente de tránsito que la noche del 2 de octubre de 2011 se presentó un accidente en la vía que conduce del municipio de Aguazul al

municipio de Maní Casanare, específicamente a la altura de la vereda de la Esperanza, en el que se vieron involucrados los aquí demandantes Diana Lizeth Calixto Rordón y Edgar Omar Higuera Plazas, al colisionar en su motocicleta de manera repentina con una llanta que se encontraba tirada en la vía, causándoles la caída directa de la motocicleta (fls 22 y 23 c.1), de lo cual hubo un registro fotográfico que fue aportado en el trámite conciliatorio ante el ministerio público pero arrimado posteriormente como prueba dentro de este proceso (fls 20 a 22 c2). En el interrogatorio de la parte demandante Edgar Omar Higuera Plazas este refirió “…el accidente fue dentro de las ocho a nueve de la noche…,el accidente fue en el sentido Aguazul Maní…había escombros de tierra, estaba el hueco y una coraza de tractomula, toqué la llanta, o sea colisioné contra la llanta y fui contra el hueco… los huecos del accidente hasta ahora iban a ser reparados, pero de ahí hacia arriba ya estaban tapados hacia Aguazul viniendo de Mani…, la caída fue causada por el rose con la llanta que estaba ahí supuestamente de protección ahí para el hueco…, Cuando se le preguntó acerca de si el día del accidente observó aparte de la llanta algún otro tipo de señal que permitiera avizorar a la distancia que estaban ejecutando alguna obra o trabajo señaló:”… lo único que mostraba que ahí estaban trabajando era la llanta y el cerco o circuito que hacían con piedras…”, llanta que se observa en las fotografías a blanco y negro visibles a

folios 22 al 22 c2; información que fue corroborada por los miembros del cuerpo de bomberos que atendieron el accidente y que declararon en el proceso, entre ellos José Mauricio Cáceres Barrera quien contó: “el señor nos dice que se estrelló contra una llanta…sobe la vía no había señalización…sólo vi la llanta…” Y el señor César Augusto Camargo Mesa quien fue la persona encargada de tomar las fotografías, hizo referencia a la llanta, pero no se supo en qué posición se encontraba […]”.

11. Expresó que se debe concluir que el día de los hechos, esto es, 2 de octubre de 2011, la vía Aguazul – Maní, se encontraba en mal estado, y que en algunos tramos estaba siendo intervenida por el municipio de Aguazul, producto de la viabilización que el departamento de Casanare, le había otorgado, intervención que se estaba efectuando sin el respectivo cumplimiento de las normas sobre seguridad industrial y señalización vial, lo que trajo como consecuencia, que se produjera el daño. En ese orden de ideas, consideró que: “[…] Sobre este punto, el Despacho hace hincapié en que aunque por disposición legal, es al departamento de Casanare a quien le asiste el deber de mantenimiento y señalización de las vías secundarias de su territorioquien extrañamente no fue demandado ab initio – existe una omisión clara del municipio de Aguazul y fue el hecho de no haber dispuesto la señalización pertinente en la ejecución de obras de mantenimiento y reparcheo de los 28

Kms., aprox., de la malla vial que el departamento le autorizó intervenir.

Ha de recabarse, en el caso de marras no se endilga responsabilidad del municipio de Aguazul por haber celebrado y ejecutado contratos de obra pública tendientes al mantenimiento y reparcheo de la vía pues claramente se demostró que no se adelantó proceso (según lo certificó el propio secretario de obras públicas Fl.111 c1), sino por el hecho de que teniendo a su cargo las obras públicas de mantenimiento y reparcheo de la vía rural producto de la viabilidad que le otorgó el departamento de Casanare, era su deber garantizar a los trabajadores y transeúntes del sitio intervenido una debida señalización que permitiera advertir y prevenir el suceso que aquí ocurrió. Lo anterior, indefectiblemente conlleva a concluir que el demandado municipio de Aguazul está llamado a responder patrimonialmente en parte por el daño irrogado en esta demanda. Se dice en parte, por cuanto a pesar de que la figura de viabilidad otorgada por el departamento del Casanare no exonera a este último de ser el responsable de la vía secundaria, lo cierto es que dicha entidad territorial no fue convocada como pasiva, por lo tanto, la condena que sea menester imponer al municipio de Aguazul se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) […]”.

12. El Juzgado, frente a la configuración de la existencia del daño, consideró que estaba plenamente acreditado en el caso concreto, toda vez que a la parte actora se le ocasionaron graves lesiones en su integridad personal, como consta en el respectivo informe de accidente de tránsito y en la historia clínica. Concluyó manifestando que dentro del marco de la teoría de la causalidad adecuada, se

evidencia que la causa que trajo como consecuencia la producción de las lesiones, lo fue por la inobservancia de las i) respectivas normas de seguridad industrial en la ejecución de obras en vía pública y ii) la falta de señalización que lograra advertir a los transeúntes las 24 horas del día, sobre las obras que se llevaban a cabo en un tramo de la vía Aguazul – Maní, que de manera atípica estaban siendo ejecutadas y coordinadas por el primero de los mencionados, “[…] toda vez que de haberse hecho oportuna y reglamentariamente, la caída de la motocicleta en que se transportaban los demandantes se hubiese podido evitar […]”. Sentencia proferida el 25 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 85001-3333-001-2013-00296-01

13. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 25 de octubre de 2018, en la parte resolutiva de la providencia dispuso: “[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por (sic) Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal el 28 de agosto de 2017, por las razones expuestas en la parte considerativa. En su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.

14. Consideró que el municipio de Aguazul en su recurso de apelación, planteó que la sentencia de primera instancia, se apoyó en pruebas, sobre las cuales no se surtió el proceso de contradicción, toda vez que no fueron decretadas, sino que por el contrario fueron allegadas por la parte actora con el escrito por medio del

cual solicitó la vinculación del departamento de Casanare como litisconsorte necesario. En ese orden de ideas, expresó que las pruebas a las que hace mención el ente territorial, son los documentos obrantes en folios 118 a 122 del cuaderno 1, es decir, el oficio 700 51-01 del 14 de noviembre de 2013, por medio del cual el secretario de obras públicas y transporte da respuesta a la apoderada de la parte actora de un derecho de petición, en donde se le indicó que: i) revisadas las bases de datos de la vigencia 2011 no se encontró ningún contrato para mantenimiento de la vía Aguazul – Maní, ii) para el mes de septiembre de 2011, la administración departamental había dado viabilidad al municipio de Aguazul, para llevar a cabo actividades de mantenimiento y reparcheo a la vía por administración directa, con el respectivo apoyo de la comunidad y las compañías, donde la administración realizaría visitas de verificación y iii) las obras fueron coordinadas por la Alcaldía de Aguazul, por medio del secretario de obras públicas. Además, expresó que, a dicho oficio se adjuntaron los siguientes documentos: i) Oficio 700 41-23 0974 del 12 de septiembre de 2011 e ii) informe ejecución de supervisión de fecha 29 de diciembre de 2011.

15. El Tribunal, con fundamento en lo anteriormente expuesto, consideró que: “[…] Estos documentos tal como lo indica el apoderado del municipio de Aguazul no fueron aportados ni con la demanda ni con su contestación, tampoco solicitados por las partes ni decretados de oficio. Situaciones que se corroboraron por este Tribunal con la

revisión de las actas escritas y de las videograbaciones de las audiencias inicial y de pruebas. En esta última de lo único que se corrió traslado fue de los documentos que reposaban hasta ese momento en el cuaderno de pruebas, dentro de los cuales no obra ninguno de los que son objeto de la controversia (minutos 06:18 a 10:17). Efectivamente, tal como lo índica el citado abogado, fueron allegados por la parte demandante con la solicitud de vinculación del departamento de Casanare como litisconsorcio necesario, pero de ellos no se corrió traslado a los sujetos procesales para surtir el trámite de contradicción o por lo menos ello no se evidencia en las piezas procesales que reposan en el expediente. La Corte Constitucional ha indicado que el principio de contradicción de la prueba es un criterio rector del debido proceso probatorio en la medida en que implica que las pruebas deben ser conocidas por las partes, a efectos de que puedan ejercer contradicción sobre las mismas, pues ello es una expresión “del derecho de defensa, y un desarrollo del principio de igualdad”. En el presente caso, esa oportunidad fue truncada y ello genera que tal como lo indicó el municipio de Aguazul en su recurso, no pudiera ejercer su derecho de contradicción y defensa […]”.

16. Manifestó que de la revisión del plenario, se permite evidenciar, que salvo los documentos que fueron excluidos como pruebas, con base en los establecido en el numeral 2 de las consideraciones jurídicas, el acervo probatorio está conformado por pruebas testimoniales, documentales e interrogatorio de parte, en donde además, ninguna de ellas ha sido tachada de falsa o sospechosa, por lo que no deben ser

desconocidas. El Tribunal, al resolver el caso concreto, indicó que: “[…] Como se señaló en precedencia para declarar la responsabilidad del Estado es necesario que se encuentren acreditados los tres elementos, así: el hecho, el daño y que ese sea imputable a la entidad estatal, en el presente caso, al municipio de Aguazul. 4.4.1.2 El análisis de las pruebas que se acaban de sintetizar con relación a estos elementos permite tener por demostrado lo siguiente: a.El hecho está acreditado y consiste en la ocurrencia del accidente de tránsito en la vía que de Aguazul conduce al municipio de Maní el día 2 de octubre de 2011, aproximadamente a las 21:49 horas, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta colisionaron contra una llanta que se encontraba en la vía, ellos respondían a los nombres de Édgar Ómar Higuera Plazas y Diana Lizeth Calixto Rondón, el primero era el conductor. Al lugar de los hechos llegaron los Bomberos (sic) Voluntarios (sic) de Aguazul quienes elaboraron el informe de accidente que obra en el proceso, adicionalmente dos de ellos rindieron testimonio dentro del presente medio de control. Específicamente el señor José Mauricio Cáceres Barrera aseguró que en el sitio no había huecos ni escombros solo la llanta, lo cual es contrario a los señalado en el libelo. b.El daño igualmente está probado ya que dentro del plenario obra suficiente material tanto documental como testimonial que da cuenta que en dicho accidente resultó gravemente lesionada la señora Diana Lizeth Calixto y dicho accidente le dejó secuelas graves relacionadas con la pérdida de la memoria y del equilibrio.

c.En cuanto a la imputación debe señalarse lo siguiente: -La vía en donde ocurrió el accidente de tránsito, según el Plan Vial Departamental es de segundo orden y su mantenimiento y señalización están a cargo del departamento de Casanare, que no es parte dentro del presente proceso. -Los testigos Almira Tibaduiza, Deisy Rondón Adán y José Alfonso Casas Romero, así como el demandante Édgar Ómar Higuera coinciden en afirmar que para la fecha del accidente en la vía que se (sic) Aguazul conduce a Maní se estaban realizando obras de reparcheo, sin embargo, ninguno da cuenta de quién era el responsable de las mismas. Es más al ser cuestionados sobre si en el lugar había maquinaria o personal perteneciente al municipio de Aguazul, todos contestaron negativamente. -Según lo certificó el secretario de obras del municipio de Aguazul ese ente territorial no ha realizado obras de mantenimiento en dicha vía ni como contratista ni por administración directa. Y aunque el a – quo dedujo responsabilidad de un oficio sin constancia de recibido y de un informe de un supuesto contrato, en precedencia se determinó que esos documentos no serían apreciados por no haberse surtido respecto de ellos el proceso de contradicción, con lo que se vulneró el derecho de defensa del municipio de Aguazul. -El demandante Édgar Ómar Higuera Plazas en el interrogatorio de parte aceptó que el día del accidente ninguno de los dos ocupantes de la motocicleta portaba chalecos reflectivos ni cascos reglamentarios, sino cascos tipo cachucha, el cual por lo demás en el momento del choque se le cayó a Diana Calixto, lo cual pudo contribuir a que el golpe que recibiera en su

cabeza fuera de gran magnitud. Así mismo aceptó que no contaba con licencia de conducción. -Tal como lo indicó el apoderado del municipio de Aguazul la llanta pudo haber sido dejada por cualquier persona en la vía, pues se reitera no existe material probatorio en el expediente que acredite quién estaba realizando las obras de mantenimiento vial […]”.

17. En ese orden de ideas, afirmó que como en el plenario no existe prueba, que logre demostrar, que para la fecha del accidente de tránsito, el municipio de Aguazul se encontraba llevando a cabo obras de mantenimiento a la vía, que de ese ente territorial conduce al municipio de Maní, por el contrario, al hacerse el respectivo análisis del material probatorio obrante en el expediente, se evidencia que la persona que conducía la motocicleta, no era apta para ello, con fundamento en la legislación colombiana, en donde además, ni siquiera cumplían con las básicas de tránsito, como era el deber de portar casos reglamentarios.

La solicitud de tutela Pretensiones

18. La actora solicitó en su escrito de tutela: “[…] De conformidad con los hechos narrados anteriormente, rogamos a los señores Consejeros de Estado que conocerán de esta acción, se sirvan hacer las siguientes o similares declaraciones y condenas: 1.Declarar que ha sido violado mi derecho constitucional fundamental al DEBIDO PROCESO por parte de (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, al proferir la sentencia de fecha 25 de octubre de 2018 que con ponencia del Magistrado JOSE ANTONIO FIGUEROA BURBANO, revocó íntegramente la proferida el 28 de agosto de

2017 por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal (Casanare).

2. Como consecuencia de la anterior, ordenar a la entidad demandada que en el término de 48 horas emita una nueva sentencia acogiendo los lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado sobre la valoración irregular de las pruebas que se ventilaron en el proceso y ordenando revisar íntegramente todas las pruebas practicadas dentro del proceso administrativo 2013-0296, que llevan indudablemente a emitir el nuevo fallo de manera favorable a nuestras pretensiones […]”.

19. La parte actora en su escrito de tutela, indicó que la autoridad judicial accionada, incurrió en defecto fáctico. En ese orden de ideas, expresó que: “[…] Para el caso concreto se tiene que el Tribunal Administrativo De (sic) Casanare en primer lugar de entrada VIOLO (sic) EL DEBIDO PROCESO AL EXCLUIR EL DOCUMENTO obrante a folios 118 a 122 del C1 PROVENIENTE DE LA SECRETARIA

(sic) DE OBRAS PUBLICAS (sic) Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL, en el que se detalla que el DEPARTAMENTO DE CASANARE HABIA (sic) DADO VIABILIDAD AL MUNICIPIO DE AGUAZUL PARA REALZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARCHEO EN LA VIA.. Así mismo excluye EL INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION (sic) DE OBRA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2.011OBRANTE (sic) A FOLIOS 120 DEL C1, EN EL QUE SE DETALLA HECHOS REELVANTES, como la fecha de inicio de la obra 15 de Septiembre del 2.011, el objeto de la misma: MANTENIMIENTO

DEL TRAMO DE CARRETERA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE AGUAZUL EN LA VIA AGUAZUL – MANI. LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TALES COMO: Se realizó comité en el Palacio Municipal de Aguazul el día 10 de Agosto para revisar el estado de la consecución de recursos necesarios en la realización del proyecto […]”.

20. De igual manera, expresó que el Tribunal Administrativo de Casanare, incurrió en defecto fáctico al no haber valorado las siguientes declaraciones: i) la del señor Jose Alfonso Casas Romero, quien dio fe de la deficiente e inexistente señalización que tenía la obra, que se llevaba a cabo en la carretera, entre el municipio de Aguazul a Maní; y la del señor ii) Jose Mauricio Cáceres Barrera, quien fue uno de los bomberos voluntarios de Aguazul, quien en su testimonio, relató que al llegar al lugar, encontraron una moto sobre la vía y dos heridos, en donde además, contó que sobre la misma vía se encontraba una llanta.

Actuación

21. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1 de abril de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

22. Asimismo, dispuso vincular al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, al señor Edgar Omar Higuera Plazas, al Alcalde del Municipio de Aguazul y al Alcalde del Municipio de Maní, en calidad de terceros con interés legítimo,

concediéndoles un término de dos (2) días para rendir informe. Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas

23. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal, mediante escrito aportado el 5 de abril de 2019, adujó que: “[…] Sobre el particular se ha de indicar que dentro del referido medio de control, por providencia del 28 de agosto de 2017, este despacho profirió sentencia accediendo parcialmente a las pretensiones; la decisión fue recurrida por la parte demandante y el demandado municipio de Aguazul, conociendo del recurso el Tribunal Administrati