CE-11001-03-15-000-2019-01285-01(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN DISCIPLINARIA / AUSENCIA DE FALTA DE MOTIVACIÓN / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL – Se aplicaron adecuadamente las normas

procesales / SANCIÓN DISCIPLINARIA IMPUESTA POR EL CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA

[L]a Sala encuentra razonable la sanción que finalmente se le impuso al demandante, pues esta obedeció a la postura que asumió en el proceso ejecutivo, así como por sus actuaciones frente a la circunstancia que era evidentemente ilegal, ya que impulsó insistentemente por todos los medios judiciales el pago de los títulos judiciales en detrimento de los bienes del municipio de La Tola. (…) Adicionalmente, se advierte que la providencia de primera instancia la suscribieron los tres magistrados que conformaron la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, mientras que la de segunda instancia fue firmada por cinco de los siete magistrados que integraban la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, solo que uno de ellos salvó su voto y dos más no asistieron con excusa; es decir, no se afectó el quorum decisorio. (…) Por tanto, lo que se observa es que el accionante ha esgrimido de manera reiterada, insistente y replicada los mismos argumentos, planteamientos e inconformidades, no solo en el curso del proceso disciplinario que se adelantó en su contra, sino en la presente vía constitucional, sin que en este mecanismo haya logrado demostrar la configuración de los defectos alegados en contra de la

decisión acusada. (…) En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, al no encontrar configurados los defectos invocados por el accionante, en tanto que en la providencia demandada se efectuó un análisis pormenorizado y razonable de todos los planteamientos y demás argumentos que el demandante expuso, dentro de los cuales se incluyó lo relativo a la falta por la cual se le sancionó, así como de la integración del juez colegiado que conoció del proceso disciplinario en su contra.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 1123 DE 2007ARTÍCULO 33, NUMERAL 2

NOTA DE RELATORIA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth

García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01285-01(AC)

Actor: LUCIO ALBERTO PAREDES GALARRAGA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA DISCIPLINARIA Y OTRO Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante en contra del fallo del 2 de mayo de 2019, proferido por la Subsección B de la

Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES La solicitud La parte accionante con escrito recibido el 27 de marzo de 20191, ejerció acción de tutela, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, al buen nombre y al honor, la honradez y al mínimo vital.

Sostuvo que tales derechos le fueron vulnerados por las Salas Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y del Consejo Superior de la Judicatura, pues lo sancionaron disciplinariamente con la suspensión en el ejercicio de su profesión por 6 meses, mediante providencias del 21 de septiembre de 2018 y 13 de marzo de 2019, respectivamente. En consecuencia, la parte actora solicitó «…

2. Declarar la nulidad del fallo disciplinario de primera y segunda instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 520011102000 20016 00299 (sic) del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño – Sala Disciplinaria...

3. Revocar los fallos sancionatorios de primera y segunda instancia proferidos dentro del referido proceso disciplinario, y en su lugar se absuelva de toda responsabilidad.

4. Demás obligaciones que en su sabio entender sean procedentes y pertinentes.» La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:

1. Hechos Sostuvo que asumió la representación judicial del señor Harold Ruiz Bárcenas2, como demandante desde la audiencia de conciliación, en un proceso ejecutivo

que este presentó en contra del municipio de La Tola, el cual se identificó con el radicado 2012-00022, cuya finalidad era lograr el pago de unos cheques girados por dicho ente territorial. Es decir, que no instauró la demanda, ni solicitó librar mandamiento de pago y menos el decreto de unas medidas cautelares. Manifestó que en esa audiencia de conciliación suscrita, el 9 de agosto de 2012, se señaló que el municipio de La Tola se comprometía a transferir en un porcentaje al 9% de los valores depositados mes a mes al ente territorial en la «… cuenta corriente del Sistema General de Participación No. 04826000943-5 del Banco Agrario…del Municipio del CharcoNariño a la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco No. 528352031001…» Refirió que en ese proceso ejecutivo, se dispuso como medida cautelar el embargo y retención de unos dineros depositados en una cuenta corriente del 1 Esta fecha es la que se reseña en el sello de recibido de la Oficina de Correspondencia del Consejo de Estado. 2 El cual había presentado varias demandas ejecutivas en contra del municipio de La Tola. Sistema General de Participaciones del Banco Agrario, debido a que el asesor del municipio en la diligencia de conciliación allegó la fórmula de arreglo porque se trataba de una «…cuenta única y general en donde se hacían todo tipo de consignaciones». Precisó que, con posterioridad, dicho asesor solicitó la nulidad del acuerdo avalado porque se afectaban los intereses del municipio, sin embargo, la juez civil

no la decretó, al considerar que tal actuación se encontraba dentro de la legalidad. Indicó que con ocasión del proceso disciplinario 2014-00385 que se adelantó en contra de los Jueces Primeros Civiles del Circuito de Tumaco (Nariño), se dispuso «compulsarle copias» para evaluar su gestión profesional como abogado de la parte ejecutante dentro del referido trámite ejecutivo. Agregó que debido a las «presuntas irregularidades» en el mencionado proceso ejecutivo, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño le inició un proceso disciplinario, en el cual se dictó fallo de primera instancia el 21 de septiembre de 2018, así: «PRIMERO.- DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al abogado LUCIO ALBERTO PAREDES GALARRAGA... por la comisión de la falta contra el deber de colaborar leal y legalmente (sic) en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, que le fue imputada en la formulación de cargos, y, (sic) en consecuencia, imponerle sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de SEIS (6) MESES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. …» Manifestó que entre las motivaciones que esgrimió la precitada autoridad se encuentran las siguientes: a) Concluyó que había incurrido en un comportamiento profesional éticamente reprochable por vulneración del deber de colaborar «leal y legalmente» con la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado.

b) Precisó que tal conducta se configuró por la «…comisión de falta por haber promovido una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho y por haber intervenido en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, (sic) del Estado o de la comunidad…» c) Adecuó las faltas disciplinarias a las descritas en los numerales 2° y 9° del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 «Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado». Adujo que presentó un recurso de apelación en contra de la decisión anterior, el cual resolvió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia del 13 de marzo de 2019, así: «REVOCAR PARCIALMENTE la decisión adoptada el 21 de septiembre de 2018, proferida [por la] Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, para en su lugar: PRIMERO: DECLARAR LA TERMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA por haber operado el fenómeno [de] la prescripción parcial, de las actuaciones con anterioridad al 15 de noviembre de 2013.

SEGUNDO: ABSOLVER de la comisión de la falta del artículo 33 numeral 9 de la ley 1123 de 2007, por los motivos expuestos en precedencia.

TERCERO: NEGAR LA NULIDAD propuesta por el apelante conforme a los motivos expuestos en precedencia.

CUARTO: CONFIRMAR en las demás partes la sentencia proferida mediante la cual se declaró DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al

abogado LUCIO ALBERTO PAREDES GALARRAGA…por la comisión de la falta del artículo 33 numeral 2, en concordancia con el artículo 43 y 45 literal c numeral 6 de la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia imponerle la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de 6 MESES por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.» Añadió que la referida autoridad judicial esgrimió las siguientes motivaciones: a) Acerca del engaño de la contraparte en el proceso ejecutivo: «Conforme a uno de los argumentos refutado (sic) por el disciplinado de haber sido engañado por el asesor jurídico del municipio de La Tola, quien actúo (sic) temerariamente puesto que afirmó que la cuenta a embargar se trataba de una cuenta única y general donde se hacían todo tipo de consignaciones favor del municipio y quien una vez aceptado el acuerdo de pago de la obligación solicitó la nulidad de la conciliación porque según él afectaba los intereses del municipio; procede a manifestar esta Sala que no será de recibo dicha manifestación puesto que en el acta de audiencia de conciliación suscrita el 09 de agosto de 2012, en el acuerdo primero a su literalidad ‘el municipio de la Tola se compromete a transferir mensualmente en un porcentaje el nueve por ciento, de los valores depositados mes a mes al municipio de La Tola en la cuenta corriente del Sistema General de Participación No. 04826000943-5 del Banco Agrario de Colombia… De lo anterior se evidencia que desde el momento en que el abogado asumió la representación del señor HAROLD RUIZ BARCENAS (sic) como

demandante en la audiencia de conciliación, fue de conocimiento para él y para las demás partes que suscribieron el acuerdo, la naturaleza de la cuenta corriente que se aportó. Así mismo, la Vicepresidencia de operaciones de la Gerencia Operativa de Convenios…del Banco Agrario, el 05 de diciembre de 2012 puso en conocimiento del despacho el valor límite de la medida de embargo y aclaró que dicha cuenta era considerada inembargable, y en lo sucesivo el 18 de marzo de 2013 el apoderado de la parte demandante solicitó la nulidad del proceso…» (Negrilla dentro del texto original) b) Respecto de los presuntos reproches del juez disciplinario de primera instancia y las actuaciones del juez civil y de la contraparte: «Respecto de la manifestación del disciplinable de que ‘el operador disciplinario de primera instancia calificó el mérito, y lo reprochó absurdamente, por no haber apelado la decisión que favorecía a su representado, subsanando los errores de la contraparte, y que se le hayan imputado los errores cometidos por la judicatura…esta Sala no encuentra fundamento fáctico o jurídico para dichas afirmaciones puesto que en el caso que nos ocupa no se está examinando la conducta de la juez titular del despacho o del apoderado de la contraparte, por lo tanto no se declaró solidaridad frente a sus actuaciones; lo que el a quo consideró fue la postura que asumió el disciplinable y sus actuaciones frente a la circunstancia que era evidentemente ilegal» c) En cuanto a la integración del juez colegiado: «Conforme al reproche propuesto por el disciplinable de que ‘los fallos

dictados por un juez colegiado debe ser integrado por un número impar…lo cual en el caso en estudio no sucedió…esta Colegiatura no encuentra cimiento jurídico para dicha afirmación en la… Ley 270 de 1996 o en el Decreto 2651 de 1991…por lo que esta Sala desestimará dicho argumento.» d) En lo atinente a la presunta calificación de la culpabilidad anticipada: «Frente a la petición [del] defensor del disciplinable de declarar la nulidad de lo actuado a partir de la calificación de la investigación, por cuanto se entró a establecer la culpabilidad en forma anticipada con la frase determinante que: ‘Con esa actuación el disciplinable podría haber incurrido en la comisión de la falta contra el deber de leal y legalmente (sic) en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado… … De acuerdo con la norma disciplinaria anteriormente citada [artículo 105 de la Ley 1123 de 2007] y en armonía con la doctrina es deber del magistrado al momento de proferir cargos, que dicha decisión contenga de manera clara y motivada los hechos materia de la imputación y realizar la imputación fáctica y jurídica por lo que al expresar que ‘podría haber incurrido en la comisión de la falta’ el a quo enunció que contaba con pruebas de la existencia de la falta y su supuesta responsabilidad en cabeza del disciplinable. Por lo que esta Sala no observa que la anterior manifestación se encause en alguna de las causales de nulidad enunciadas en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007.» e) Acerca de la falta disciplinaria sancionable:

«Para esta Sala es claro que el doctor LUCIO ALBERTO PAREDES GALARRAGA incurrió en la falta del artículo 33 numeral 2 por cuanto en las actuaciones del 18 de marzo de 2014, del 12 de mayo de 2014, del 23 de noviembre de 2015, del 12 de marzo de 2015 y del 9 de marzo de 2016, promovió causa contraria a derecho, al impulsar insistentemente por todos los medios judiciales el pago de los títulos judiciales en detrimento de los bienes del municipio de La Tola. Más (sic) no encuentra esta Sala méritos para continuar con la actuación disciplinaria, respecto de la falta del artículo 33 numeral 9… Sobre el particular debe decirse que la pretensión de esa norma es sancionar todas aquellas conductas que recurran al engaño con el ánimo de ocasionar a alguien un perjuicio. Se trata de un comportamiento de naturaleza inminentemente dolosa, de asalto a la buena fe de funcionarios o particulares… En ese sentido, esta Sala no evidencia que el doctor PAREDES GALARRAGA, hubiera recurrido al engaño, o desfigurado la realidad para lograr el cumplimiento de sus pretensiones, puesto que desde el momento del acuerdo conciliatorio se hizo evidente la ilegalidad de la actuación profesional, por lo que se absolverá al doctor LUCIO ALBERTO PAREDES GALARRAGA de dicha falta. Respecto de la sanción impuesta en primera instancia de SUSPENSIÓN por el término de 6 meses, la misma se mantendrá debido a los criterios de agravación previstos en el artículo 45 literal c numeral 6 y en el parágrafo del

artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, por haberse acreditado la existencia de una sanción disciplinaria de CENSURA en contra del investigado, en los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga y de igual manera el agravante previsto en el artículo 43 ibídem, debido a que las actuaciones del abogado se dirigieron contra una entidad pública teniendo como consecuencia la afectación de recurso (sic) de carácter público.» (Subrayado fuera del texto) Afirmó que para efectos de su notificación se remitió el telegrama S. J. FRUJ 08164 del 15 de marzo de 2019 y, según constancia secretarial de la misma fecha la citada providencia quedó en firme en la fecha de suscripción de conformidad con los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002 y el 16 de la Ley 1123 de 2007. Además, se surtió la notificación por estado número 60 del 5 de abril de 2019.

2. Sustento de la petición Para la parte actora con la sentencia cuestionada se configuró lo siguiente: 3.1 «Decisión sin motivación» Sostuvo que el juez de segunda instancia confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, pero mantuvo la sanción impuesta, ello a pesar de que en el proceso no se logró demostrar que haya incurrido en la causal del numeral 9° del artículo 33 del Código Disciplinario del Abogado3.

Alegó que se le sancionó a partir de la imputación de una conducta dolosa que no se acreditó y menos, cuando él no fue quien interpuso la demanda ejecutiva, ni

solicitó las medidas cautelares que dieron origen a la investigación disciplinaria en su contra. Arguyó que la representación de la parte ejecutante fue desde la audiencia de conciliación, y que la parte convocante fue la entidad territorial ejecutada. Señaló que el citado acuerdo se consideró ajustado en atención a la fórmula de arreglo que planteó el asesor jurídico del municipio ejecutado, quien manifestó «tener plenas facultades y especiales indicaciones para conciliar». Resaltó que en la causa disciplinaria no se tuvo en cuenta que él no tenía conocimiento que la cuenta sobre la cual recayó la medida cautelar era de destinación específica. Añadió que de esa circunstancia sí era conocedor el abogado que representó al municipio demandado pues con posterioridad solicitó la nulidad del acuerdo por contrariar los intereses de la entidad. Refirió que el juez de primera instancia también le aplicó la sanción prevista en el numeral 2° del artículo 33 del referido código, al reprocharle absurdamente el no haber apelado la decisión que favorecía a su representado. Especialmente, sostuvo: «...considero que mis actuaciones en el proceso ejecutivo, causa para haberse iniciado la presente investigación disciplinaria en mi contra, por la 3 «9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.» comisión de presuntas faltas disciplinarias en el mismo; no cumple con los presupuestos procesales para haberse realizado imputación alguna y menos habérseme condenado; pues no se hizo un estudio razonado a (sic) los

fundamentos f[á]cticos, probatorios y jurídicos, y menos una inferencia razonada a (sic) los elementos que componen la noción de falta disciplinaria, esto es, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ni siquiera se me ha demostrado el supuesto dolo en la realización de la conducta imputada, ya que mis actuaciones han sido dentro del marco legal, en cumplimiento a un poder que me fue otorgado y conforme a la buena fe de mí patrocinado y al principio de confianza legítima de la parte demandada, la administración municipal de la (sic) Tola – Nariño y a su asesor jurídico. … Conforme a las anteriores consideraciones y bajo la óptica de la lógica e inferencia racional, para el caso que nos ocupa, no se percibe ningún asomo de actuar doloso, ni siquiera una conducta omisiva o negligente a manera de culpa, que tipifique el cargo que se endilga para darle la connotación de disciplinable; en nada se ha causado perjuicio con mi actuar en contra de la recta y leal realización de la justicia y los fines del estado…como lo pregonan los entes accionados…NI siquiera se evidencia una execrable RESPONSABILIDAD OBJETIVA, proscrita a buena hora de todo el ordenamiento jurídico sancionatorio…» 3.2 «Defecto procedimental» Precisó que la sentencia demandada fue adoptada por un número par de magistrados, mas no impar –lo cual garantiza la imparcialidad-, tal como lo establecen las normas procesales del caso.

4. Actuación procesal en primera instancia

El a quo mediante auto de 1° de abril de 2019 admitió la solicitud de amparo, para lo cual ordenó la notificación de los magistrados que integran las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccional de la Judicatura de Nariño y Superior de la Judicatura. En calidad de tercero, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el cual fue remitido por las autoridades demandadas en medio magnético mediante oficios visibles a folios 20 y 21, 25 y 25 bis del expediente de tutela. Además, se requirió el expediente en cuestión.

5. Contestaciones Las autoridades judiciales demandada, así como la vinculada, pese a sus notificaciones guardaron silencio respecto del informe requerido en el auto admisorio de la solicitud de amparo.

6. Sentencia de primera instancia La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante del fallo del 2 de mayo de 2019, negó la solicitud de amparo, luego de advertir que se cumplían los requisitos generales que habilitan la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Sostuvo que los reparos que formuló el actor se enmarcaban en la causal específica de procedibilidad denominada «decisión sin motivación», pues a juicio del actor precisamente era la ausencia de motivación lo que deslegitimaba la decisión judicial acusada. Analizó los argumentos expuestos en la sentencia de segunda instancia de cara a establecer si la autoridad disciplinaria había guardado silencio frente a los mismos. Refirió, en el análisis del caso que, a juicio del accionante: a) la autoridad judicial

no analizó que no fue el solicitante de la conciliación sino el apoderado de la parte ejecutada, b) que su actuación en el proceso inició fue en la audiencia de conciliación y c) que no tenía conocimiento de la naturaleza de la cuenta sobre la cual recayó el embargo. Indicó que la autoridad disciplinaria sí reparó en los cuestionamientos señalados por el actor, al afirmar que este conoció de la ilegalidad de la medida cautelar, así como de la irregularidad en el acuerdo conciliatorio, no obstante, fue insistente en obtener los pagos sobre una cuenta del municipio ejecutado que era inembargable. Agregó que, precisamente por tales maniobras desleales, fue que en la sentencia acusada se le impuso la sanción. Adujo que la responsabilidad del accionante fue analizada conforme a su participación en la actuación ejecutiva, con independencia de los otros agentes que intervinieron dentro del proceso judicial, esto es, la de los jueces y la del apoderado del mencionado municipio, a quienes también se les inició una causa disciplinaria. Añadió que la actuación del demandante estuvo enmarcada en las siguientes irregularidades: «i) haber acordado el embargo de una cuenta del Sistema General de Participaciones para el pago de cheques; ii) insistir en el decreto de la medida y en el pago de los dineros de dicha cuenta, a pesar de que el Banco Agrario había manifestado su inembargabilidad; y, iii) requerir el embargo cuando las medidas habían sido levantadas por esa situación jurídica. A pesar de lo anterior, volvió a solicitar su embargo, y el juez decretó la

medida, e insistió nuevamente en los embargos y obtuvo los pagos. Todos estos hechos se demostraron en el proceso disciplinario, los cuales sirvieron de fundamento para la imposición de la sanción.» Hizo referencia a las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo, de lo cual destacó la información suministrada por el Banco Agrario acerca de la naturaleza de la cuenta –destinación especialy que, a pesar de ello fue el apoderado del municipio quien solicitó la conciliación. Aseveró que en la diligencia de conciliación el actor, en calidad de apoderado del ejecutante, solicitó al juzgado: i) acumular todos los procesos ejecutivos iniciados por su poderdante, ii) acordó con el apoderado del municipio que la autoridad municipal se comprometería a transferir mensualmente un porcentaje del 9% de los valores depositados de la cuenta 04826000943-5, a cambio de no «perseguir ni embargar ninguna otra cuenta», iii) acordó la suspensión del proceso y, iv) solicitó librar los oficios al banco para que retuvieran los dineros en la cuenta mencionada. Manifestó que mediante auto del 16 de octubre de 2012 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco aprobó la liquidación del crédito y ordenó comunicar al banco, por lo que el 24 de noviembre de 2012, el actor solicitó a dicho despacho judicial que se diera cumplimiento a lo anterior. Señaló que, luego de una serie de trámites y que a pesar de que el juzgado negó la solicitud de nulidad a partir del acuerdo conciliatorio presentada por la ejecutada, el 23 de mayo de 2013 el actor solicitó al juzgado que se ratificara la

medida cautelar, a lo cual se accedió mediante providencia del 4 de junio de 2013. Afirmó que, aun cuando la Contraloría General de la República también solicitó información relacionada con tales actuaciones, el Juzgado ordenó la retención de los dineros de la referida cuenta y entregó los títulos judiciales al ejecutante. Refirió que la autoridad judicial no enmarcó el actuar del demandante en el hecho de haber iniciado el proceso ejecutivo sino de haber promovido una actuación manifiestamente contraria a derecho, pues este acordó el embargo y retención de dineros de una cuenta del municipio cuyos recursos eran inembargables. Adujo que el actor pretendió el pago de unos cheques girados por prestación de servicios, pero que estas acreencias no se encuentran exceptuadas de la regla de inembargabilidad y que, pese a que los cheques no contenían una obligación a favor del ejecutante, el accionante insistentemente solicitó su embargo, retención y pago de los títulos judiciales. Reseñó que, si bien la autoridad judicial de primera instancia acusó al actor de haber avalado el acuerdo en el folio 30 de la sentencia, ello lo hizo bajo el presupuesto de que el accionante estuvo de acuerdo con la propuesta presentada por el municipio ejecutado. Resaltó que en la decisión acusada se resolvieron todos y cada uno de los planteamientos que fueron propuestos por el disciplinado, luego de lo cual se encontró demostrado el resultado que se determinó conforme a la falta legalmente imputada. Precisó que la decisión de primera instancia se suscribió por los tres magistrados que integran la Sala, y en cuanto a la segunda, por tres de los cuatro integrantes,

es decir, conforme a las reglas establecidas para el quorum decisorio. Concluyó que no estaba dentro de sus competencias el valorar nuevamente las cuestiones debatidas por la autoridad judicial del caso, ya que las decisiones cuestionadas se adoptaron dentro de un marco de razonabilidad que analizó todos los extremos de la Litis, en donde no se evidenció una actuación arbitraria que vulnere los derechos invocados.

7. Impugnación Mediante escrito recibido el 3 de junio de 20194, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial, solicitó se revoque dicha decisión, se acceda a la protección invocada y, agregó lo siguiente: Sostuvo que sus actuaciones se encuentran ajustadas a derecho, sin dolo alguno, pues ni siquiera presentó la demanda ejecutiva, ya que su actuación inició en la audiencia de conciliación. 4 La parte impugnante se notificó electrónicamente el 29 de mayo de 2019.

Alegó que fue otro abogado el que, al iniciar el proceso ejecutivo solicitó las medidas cautelares que dieron origen al embargo y retención de los dineros de la referida cuenta. Arguyó que, además fue la parte ejecutada la que en dicha diligencia hizo incurrir en un error al despacho judicial, no presentó medios defensivos en favor del municipio, ni recurrió las decisiones del juez, por lo que tales falencias no se las pueden atribuir a él. Resaltó que tampoco se le podía exigir que requiriera a la judicatura que levantara las medidas cautelares, a pesar de lo informado por la entidad bancaria de que

era una cuenta inembargable, pues se trataba de una «…cuenta única donde se efectuaban todo tipo de consignación ya sea de dineros embargables e inembargable[s], y el valor de los descuentos era solo del 9% de lo consignado por diferentes conceptos». Precisó que no es cierto lo que se señaló en la sentencia de primera instancia, en la que a folio 30 se señaló que él había avalado, legalizado y protocolizado todo el acuerdo conciliatorio, pues bajo el principio de inmediación probatoria, ello corresponde es al juez y no al apoderado. Esgrimió que lo que existió en el proceso ejecutivo fue un «fraude procesal por parte del apoderado de la parte demandada o ejecutada». Adujo que no se cumplen con los presupuestos procesales para que se le impute sanción alguna, porque en el proceso disciplinario no se demostró su dolo en la realización de la conducta por la cual se le sancionó. Consideró que, conforme a lo decidido en segunda instancia, si su actuación no se enmarcó en el numeral 9 del artículo 33 del Código Disciplinario del Abogado, menos sería encuadrar su conducta en el numeral 2° ibidem, ya que él no promovió la causa o actuación manifiestamente contraria a derecho, ya que asumió el poder a partir de la audiencia de conciliación. Específicamente, concluyó: «1. No fui el abogado que presenté (sic) la demanda ejecutiva.

2. No fui el abogado que solicite (sic) medidas cautelares.

3. Solo participe (sic) en la audiencia de conciliación como apoderado de la

parte demandante, en la que la parte demandada llevó la fórmul[a] de arreglo para los descuentos mensuales y el porcentaje acordado, [a] fin de cancelarse la deuda ejecutada con el ente municipal.

4. El número de la cuenta corriente fue suministrada por la parte demandada, y solo ella sabía si es embargable o no, es decir fue ella la que hizo cometer el error a la judicatura y asaltó la buena fe del demandante.

5. El que avala, legaliza, todo acuerdo conciliatorio es el juez, no las partes.

6. El director del proceso es el juez, y solo le corresponde a las partes recurrir las decisiones que estén en su contra, no las que le favorecen, o solicitar las nulidades procesales con causa justa.

7. No se le puede exigir a la parte que se oponga y recurra las decisiones adversas a la parte contraria, o corrija sus propios errores, más aun cuando está siendo representada por un profesional del derecho.» Resaltó que en su caso el juez colegiado no estuvo integrado por un número impar de sus miembros, pues «…la sala al parecer estuvo conformada por dos M