CE-11001-03-15-000-2019-01896-01(AC)-2019

Radicado: 11001-03-15-000-2019-01896-01

Accionante: Julio Calero Urrutia ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / VIOLACIÓN DEL

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - Inexistencia [E]l Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, manifestó que acogía la tesis de la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, del 28 de agosto de 2018, que coincide con la posición de la Corte Constitucional en su sentencia SU-395 de 2017, por lo cual, luego de analizar el material probatorio que aportó el actor para demostrar su derecho, concluyó que era beneficiario del régimen de transición y por lo tanto su derecho pensional debía ajustarse en cuanto a edad, tiempo y monto, a lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, pero, el ingreso base debió liquidarse en los términos previstos en el artículo 21, en el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994, y en todo caso sobre los factores salariales frente a los cuales realizó aportes a pensión. (...) no se configura el acusado defecto sustantivo, porque se dio aplicación a las Leyes 33 y 62 de 1985, dentro del régimen de transición a la luz de la interpretación jurisprudencial vigente que no corresponde con la postura de la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, alegada por el accionante. (...) la decisión fue producto del razonamiento juicioso y

ponderado de la situación laboral del accionante, al concluir que era no acreedor del derecho a la reliquidación pensional (pretensión esbozada) pues si bien era cierto, era sujeto de aplicación del régimen de transición (hechos plasmados), por el análisis de los argumentos de defensa relacionados por la entidad demandada (excepciones), de tal manera que puede afirmarse en forma clara que la providencia recurrida se profirió de acuerdo con los argumentos, de hecho y de derecho, expuestos judicialmente, sin que se observe o deduzca algún tipo de pronunciamiento por fuera o más allá de lo solicitado en la demanda (extra o ultra petita). (...) Adicionalmente, el razonamiento con el que se dilucidó el pleito, tiene que ver con los criterios vinculantes y obligatorios de las sentencias SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional; y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, las que independientemente si corresponden o no a las expuestas en la demanda o en la contestación, son las que definían el asunto sobre si el IBL hacía parte del régimen de transición. Por lo anterior, sirven estos argumentos para resolver la aludida falta de congruencia reclamada por el accionante, y encontrar por no configurado el defecto FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / LEY 100 DE 1993ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / DECRETO 2591 DE 1991ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01896-01(AC) 1

Radicado: 11001-03-15-000-2019-01896-01

Accionante: Julio Calero Urrutia

Actor: JULIO CALERO URRUTIA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 6 de junio de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de

Estado.

I. ANTECEDENTES Julio Calero Urrutia, a través de apoderado judicial, presentó solicitud de amparo constitucional1 en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con la pretensión de obtener la protección de sus derechos al debido proceso, derechos adquiridos y favorabilidad a la seguridad social, los que en su sentir fueron vulnerados con el fallo del 26 de octubre de 2018 que negó la reliquidación de la pensión de jubilación del accionante.

1. Hechos 1.1. Julio Calero Urrutia nació el 10 de febrero de 1948 y laboró en el ICA desde el 1 de febrero de 1971 hasta el 30 de diciembre de 2004 como Auxiliar de servicios generales. 1.2. Al accionante le fue reconocida pensión de vejez por parte de la Caja

Nacional de Previsión Social EICE -Cajanala través de la Resolución 8173 del 15 de marzo de 20042, según los requisitos establecidos por la Ley 33 de 1985, que contiene el régimen para los servidores públicos, en razón de que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. 1.3. El accionante presentó solicitud de reliquidación, con el propósito de que se le incluyeran la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, pretensión que negó la entidad por resolución PAP 043757 de 20113. 1.4. Inconforme con lo decidido, instauró demanda por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en procura de la nulidad de los actos administrativos y a manera de restablecimiento se reliquidara la pensión con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. 1.5. El asunto lo conoció el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito de Cali, radicado 76001-33-33-005-2013-00030-00, el que por sentencia del 16 de agosto de 20164 accedió a las pretensiones de la demanda. El juzgado concluyó que en virtud del principio de favorabilidad acogía el criterio de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, que estableció que la pensión se debía liquidar conforme a la norma del régimen anterior en su integridad e incluyendo la totalidad de los factores salariales. Inconforme la UGPP interpuso recurso de apelación. Igualmente, el accionante interpuso recurso de apelación

para que en el factor salarial le fuera incluida la bonificación especial o quinquenio. 1 Fls. 1 a 19, c. 1. 2 Fls. 21 a 25, c. 1. 3 Fls. 31 a 33, cd del expediente del proceso ordinario. 4 Fls. 143 a 159, cd del expediente del proceso ordinario. 2

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Accionante: Julio Calero Urrutia 1.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 26 de octubre de 20185, decidió revocar la decisión de primera instancia. Consideró que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado los elementos que están sujetos a transición son únicamente la edad, el tiempo de servicios y el monto, mientras que el ingreso base de liquidación -IBLse rige por los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Decreto 1158 de 1994. Para la anterior decisión, el juzgador invocó: la sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional; y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.

2. Pretensiones de tutela El accionante incoó acción de tutela el 7 de mayo de 2019 en la que solicitó: “1.- Que se ordene estudiar y desvirtuar cada uno de los derechos fundamentales citados como violados argumentando, en cada caso, por qué no se presentaría la violación. Lo anterior, debido a que en tutelas anteriores no se ha estudiado de

fondo cada uno de los derechos vulnerados pues se centran en la no existencia de violación del precedente jurisprudencial, dejando de lado y sin estudio, los demás argumentos esbozados situación que conlleva a la violación del derecho de defensa y debido proceso del accionante. 2-. Que se ordene Tutelar el derecho fundamental del ACIONANTE (sic) a la a la (sic) seguridad social, el principio de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, derecho a la igualdad, derechos adquiridos, a la progresividad y no regresividad de los derechos laborales, la inescindibilidad de la norma, defecto fáctico, defecto sustantivo, violación del precedente constitucional vertical y por violación directa de la constitución Art. 1, 13, 29, 48, 53, 93 y 230 de la Constitución Política y las leyes 33 del 85 Art. 21 C.S.T. y demás normas citadas. 3.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sic) proferir nueva providencia judicial ordenando reliquidar la pensión de mi mandante de conformidad con (sic) sentencia de unificación del 4 de Agosto de 2010 Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila Expediente No. 25000232500020060750901 Numero Interno: 0112-2009 Actor: Luis Mario Velandia Demandada: Caja Nacional de Previsión Social el cual ordenó tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación con la Ley 33 de 1985 el 75% de TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL

ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS”.

Estas pretensiones fueron sustentadas por el tutelante como se relaciona a

continuación.

3. Argumentos de la solicitud de tutela El accionante argumentó que el Tribunal vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en los siguientes defectos: i.) Desconocimiento del precedente contenido en la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010. ii.) Defecto fáctico por valoración indebida de las certificaciones laborales que demostraban que el accionante tenía más de 20 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto tenía un derecho adquirido respecto de la reliquidación de la pensión. 5 Fls. 26 a 41, c. 1.

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Accionante: Julio Calero Urrutia iii.) Defecto sustantivo y procedimental por cuanto incurrió en una incongruencia entre la parte motiva y resolutiva al aplicar retroactivamente las sentencias de Corte Constitucional SU-230 de 2015 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, omitiendo que el accionante para la fecha del 1 de abril de 1994 (entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993) cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez. iv.) Violación directa de la Constitución por transgredir el artículo 53 de la C.N., que contiene el principio de favorabilidad.

4. Trámite e intervenciones La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción por auto del 10 de mayo de 20196. Notificadas las partes y la tercera interesada, recibió las siguientes

respuestas. El Juzgado 5 Administrativo Oral de Cali7 contestó que la tutela no tenía vocación de prosperidad por cuanto no se avizora la configuración de ningún defecto, pues no era cierto que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el accionante hubiera consolidado su derecho pensional y por ende hubiera consolidado un derecho adquirido, dado que para ese entonces solo había acreditado el tiempo de servicio y solo tenía una expectativa, lo cual implicaba que debía someterse al régimen de transición para el cumplimiento de los dos requisitos, edad y tiempo de servicio. Por otra parte, los efectos retrospectivos de las sentencias C-258 de 2013 y SU230 de 2015 y de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, eran aspectos jurisprudenciales que el ad quem no podía desconocer por cuanto tienen carácter vinculante y obligatorio. Por lo anterior, solicitó negar el amparo deprecado por no existir vulneración de los derechos fundamentales aducidos por el accionante. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de junio de 20198, declaró improcedente la acción en relación con los defectos sustantivo y procedimental por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y negó la reliquidación de la pensión de jubilación por las siguientes razones: i.) Respecto a la incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia no se configuran los defectos sustantivo y procedimental por cuanto el tutelante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para la protección de sus derechos

fundamentales, por lo que puede acudir al recurso extraordinario de revisión que ha establecido la causal de nulidad incluso por el vicio de incongruencia. ii.) No existió desconocimiento del precedente judicial porque la decisión del Tribunal se ajustó a la interpretación que el Consejo de Estado sostenía al momento en que esta se tomó. Consideró que la posición del 4 de agosto de 2010 6 Fl. 63, c. 1. 7 Fls. 76 a 77, c. 1. 8 Fls. 78 a 92, c. 1. 4

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Accionante: Julio Calero Urrutia ya había sido revaluada y que el precedente vinculante vigente era el de la sentencia del 28 de agosto de 2018.

6. Impugnación Julio Calero Urrutia, impugnó la sentencia que resolvió la acción de tutela en primera instancia. Justificó su inconformidad en el desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, del 4 de agosto de 2010, y reiteró en extenso los argumentos expuestos en los fundamentos de la tutela.

II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en el artículo 1°, numeral 5 del Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, que modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. 2.2. Adecuación de los defectos alegados y problema jurídico

La tutela contra providencias judiciales cuenta con una mayor carga argumentativa para quien la interpone, en el sentido que indique las razones de vulneración que se derivan de la providencia acusada, sin embargo esto no implica una técnica o carga específica que desconozca la naturaleza informal de la acción de amparo. En este orden, la Sala observa que aunque la parte no identificó nominativamente los defectos acusados, su argumentación coincide con aquellos desarrollados por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: i) Establecer si el tribunal incurrió en violación del principio de congruencia en la sentencia acusada. ii) Determinar si incurrió en defecto fáctico por no valorar las certificaciones que acreditaban que el accionante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. iii) Establecer si la referida autoridad desconoció el precedente judicial relacionado con la liquidación de pensiones de servidores públicos, al excluir en la providencia objeto de tutela el criterio contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. Para resolver estos problemas jurídicos así planteados debe tenerse en cuenta que el reproche de tutela está dirigido contra una providencia judicial, por lo que es necesario hacer el examen a la luz de lo que la doctrina constitucional ha establecido al respecto. 2.3. La acción de tutela contra decisiones judiciales La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, se tramita por un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular en los casos que establece la ley.

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Accionante: Julio Calero Urrutia En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional9 y el Consejo de Estado10 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, con el cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad. Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. 2.3.1. Requisitos generales El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se desenvuelve en función de los requisitos que supone la configuración que de este instrumento hizo el artículo 86 de la Constitución, del desarrollo que recibió en el Decreto 2591 de 1991, y conforme a la concreción que, por la vía

interpretativa, ha hecho de ellos la jurisprudencia constitucional. Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que antes de la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se exprese de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela. Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación: 2.3.2. Causales específicas 9 Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,

T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, T254 de 2014, T941 de 2014 y T-059 de 2015. 10 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 6

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Accionante: Julio Calero Urrutia Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional11. A

saber:

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si

se presenta alguno de los defectos alegados por la parte accionante. 2.4. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela 2.4.1. La Sala afirma que hay legitimación en la causa por activa porque el accionante de este trámite fue el demandante en el proceso ordinario que concluyó con la sentencia de segunda instancia objeto de tutela y, por lo tanto, es quien sufre directamente los perjuicios derivados de la decisión de negar la reliquidación de su pensión de jubilación. También encuentra probada la legitimación por pasiva porque la accionada es la autoridad que profirió la providencia objeto de esta acción de amparo que según el accionante, vulneró sus derechos fundamentales. 2.4.2. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales, la relevancia constitucional12 se verifica cuando, a primera vista, se observa que el reproche de tutela esté dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales y, en especial, el derecho al debido proceso constitucional13. 11 Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. 12 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 13 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido ver sentencias T-075-18,

T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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Accionante: Julio Calero Urrutia La Sala considera que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, toda vez que, las alegaciones sobre la negación a la reliquidación de la pensión de servidor público y la aplicación del precedente judicial, son aspectos definitivos para la protección del derecho al debido proceso en su dimensión constitucional14, pues el eventual desconocimiento de estos aspectos en el caso concreto, llevaría a que se fallara el asunto pensional sin el sustento normativo aplicable y en contravía de la Constitución Política. 2.4.3. La Sala determina que el requisito de subsidiariedad se encuentra acreditado dado que, por haberse generado la eventual vulneración en el fallo de segunda instancia del proceso ordinario, el accionante no cuenta con un mecanismo de defensa judicial con el cual controvertir la decisión proferida por la Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que revocó la sentencia de primera instancia negando la reliquidación de la pensión. 2.4.4. En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada se adoptó el 26 de octubre de 2018, se notificó por correo electrónico el 30 de noviembre del mismo año15 y la acción constitucional se radicó el 7 de mayo de 2019, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto16 y que esta Corporación fijó en 6 meses de forma general17. 2.4.5. No se argumentó la existencia de alguna irregularidad procesal como sustento de la solicitud de amparo.

2.4.6. En la solicitud de tutela se expresaron de manera clara y suficiente los hechos. Respecto de los argumentos, si bien existieron algunas imprecisiones nominativas sobre los defectos en que eventualmente incurrieron las providencias demandadas, estos fueron sustancialmente claros y contaron con una explicación suficiente para entender por qué se alegaba la vulneración de derechos fundamentales. 2.4.7. La providencia cuestionada en la presente acción de tutela no es una sentencia de tutela.

3. Solución al problema jurídico Superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela respecto de la alegación referente a la reliquidación de la pensión se habilita el estudio de los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente18.

En particular, el peticionario arguyó que la sentencia desconoció los documentos que demostraban que el accionante hacía parte del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, desconoció que, para efectos de la liquidación de su pensión, el régimen de transición hacía aplicable en su caso las Leyes 33 y 62 de 1985, a la luz de la interpretación jurisprudencial que el Consejo de Estado hizo en la sentencia del 4 de agosto de 2010, en la que reconoció que en el IBL debían 14 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 15 Fls. 174 a 175 del expediente del proceso ordinario. 16 Corte Constitucional, SU-961de 1999 y T-031 de 2016 del 8 de febrero de 2016.

17 Sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto del 2014. 18 El anterior se configura según la jurisprudencia constitucional “cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente”. Léase en las sentencias SU-567 de 2015 y SU-072 de 2018. 8

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Accionante: Julio Calero Urrutia integrarse todos los factores salariales devengados en el último año de servicio tal y como lo disponía la legislación precitada. Así las cosas, afirmó que, aunque hubiera otra interpretación de la Corte Constitucional, prevalecía la sentencia de unificación proferida por el Tribunal de cierre en materia administrativa.

Respecto del régimen pensional en cuestión, es preciso tener en cuenta que, antes de configurarse el sistema pensional general en la Ley 100 de 1993, el régimen pensional de los servidores públicos estaba contenido en la Ley 33 de 1985 que establecía como requisitos para acceder a la pensión la edad de 55 años y el tiempo de servicio de 20 años. El monto de esta era calculado aplicando la tasa del 75 % al ingreso base de liquidación. La ley 33, modificada por la Ley 62 de 1985, establecía que la base de liquidación de los empleados oficiales de orden nacional estaba constituida por los siguientes factores: “asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio"

y que las pensiones de estos empleados siempre se liquidarían con los factores sobre los que se hubieran realizado los aportes. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 introdujo una reforma integral al sistema de seguridad social de aplicación general. Sin embargo, estableció un régimen de transición contenido en el artículo 36 de la referida ley que garantizara los derechos adquiridos y expectativas legítimas de las personas beneficiarias de regímenes especiales. Este régimen de transición, en todo caso fue limitado definitivamente en el Acto Legislativo 1 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución en el sentido que “[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Tal situación determinó que se generaran ciertas posturas encontradas en relación con el IBL, pues si bien sobre los otros requisitos pensionales era directamente aplicable el régimen especial para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición, no parecía que fuera así en lo ateniente al IBL restringido al salario sobre el cual se hizo la cotización al sistema de seguridad social. Esta confusión ha sido, no obstante, ya resuelta por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Por un lado, la Corte Constitucional ha definido de manera reiterada que el régimen de transición, si bien aplica respecto de los requisitos de edad y tiempo de cotización, no es así sobre el IBL. En tal sentido en la Sentencia C-258 de 2013, respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas

en las normas especiales que anteceden al régimen de transición, constituye la concesión de una ventaja que no previó el legislador al expedir la Ley 100 de 1993, en la medida en que el beneficio otorgado consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación19. 19 En términos de la Corte : “La Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de 9

Radicado: 11001-03-15-000-2019-01896-01

Accionante: Julio Calero Urrutia Esta postura fue ratificada en la sentencia SU-230 de 2015 y, luego, de manera categórica en la sentencia SU-427 del 2016. Incluso, en la sentencia SU-395 de 2017 se aclaró que esta interpretación también era aplic