CE-11001-03-15-000-2019-02326-01(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA / DEFECTO SUSTANTIVOInadecuada valoración normativa [La Sala deberá establecer si ¿incurre en defecto sustantivo la autoridad judicial accionada al aplicar al accionante el régimen de transición contenido en el Decreto 1724 de 1997, con el fin de que se incluyera, en la liquidación de sus prestaciones sociales, la prima técnica de formación avanzada y experiencia altamente calificada, aun cuando el nombramiento en la DIAN, en el cargo de asesor 102002 en propiedad, se hizo con posterioridad a la expedición de esa normativa?] (…) [L]a Sala encuentra que, como lo afirma el accionante, la Sección SegundaSubsección “B” del Consejo de Estado aplicó en indebida forma el artículo 4º del Decreto nº. 1724 de 1997, contentivo del régimen de transición erigido en ese estatuto normativo (…), [en tanto que,] no le era aplicable al demandante, toda vez que, para el momento en que había entrado en vigencia aquél –11 de julio de ese año–, no había sido nombrado en el cargo de asesor 1020-02 en propiedad, requisito indispensable para ello, de conformidad con el régimen de transición de su artículo 4º que imponía el cumplimiento de los requisitos consagrados, entre otros, en el Decreto nº. 2164 de 1991. En otros términos, el órgano judicial

accionado analizó el cumplimiento de los requisitos para la asignación de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada -por lo menos en lo que concernía al cargo desempeñado y a la modalidad en la que lo había sidodesde el prisma del régimen de transición erigido en el artículo 4º del Decreto nº. 1724 de 1997 (…), y no desde la perspectiva del artículo 1º ejusdem, ya que, durante la vigencia de ese Decreto el actor había sido designado con carácter permanente en un cargo que habilitaba el reconocimiento de la prestación en ese período. (…) Por lo anterior, esta Sala de Sección amparará el derecho fundamental al debido proceso y, por consiguiente, revocará la decisión de 11 de julio de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el sentido de dejar sin efectos la providencia de 6 de diciembre de 2018 dictada por la [autoridad judicial accionada].

FUENTE FORMAL: DECRETO 2164 DE 1991 / DECRETO 1427 DE 1997.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02326-01(AC)

Actor: HOLMER ROMERO PRADA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B” La Sala resuelve la impugnación1 interpuesta por la parte actora contra la

sentencia de 11 de julio de 2019, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las súplicas de su recurso de amparo.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud El señor HOLMER ROMERO PRADA presentó, por conducto de apoderado judicial2, acción de tutela contra el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Ello, con ocasión de la decisión de 6 de diciembre de 2018, por medio de la cual la autoridad judicial accionada revocó la providencia de 23 de julio de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, para, en su lugar, negar el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en beneficio de la parte actora, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rad. 25000-23-42-000-201304165-01. 1.2. Hechos La petición de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que la Sala sintetiza así3: 1.2.1. El señor HOLMER ROMERO PRADA prestó desde el 1º de agosto de 1983, de manera ininterrumpida, sus servicios en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El cargo que desempeñó en aquella época fue el de “Auxiliar de Servicios Generales 635-05”. 1.2.2. El demandante fue inscrito, mediante Resolución nº. 4104 de 16 de

diciembre de 1987, en el escalafón de carrera administrativa de la mencionada cartera ministerial4, como operario calificado. Con posterioridad, el accionante ejerció los siguientes empleos: (i) supervisor, código 5105, grado 10, a través de Resolución nº. 322 de 8 de junio de 1990; (ii) auxiliar administrativo, por medio de Resolución nº. 343 de 3 de febrero de 1994. 1 Folios 108-111. 2 Folio 18. 3 Con el propósito de dar claridad al relato, la Sala se apoya en los hechos relacionados en las sentencias de instancia. 4 Lo anterior, en virtud de los artículos 1º y 2º del Decreto nº. 583 de 1994. 1.2.3. El 14 de abril de 19995, la parte actora se posesionó en propiedad en el cargo de asesor, código 1020, grado 02, luego de participar en la convocatoria pública de méritos nº. 103-0854 de 14 de diciembre de 1998 realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 1.2.4. El tutelante elevó diversas solicitudes6 para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada ante el mencionado Ministerio, al considerar que cumplía con los requisitos para ello7, la última de las cuales le fue negada por medio de los actos administrativos contenidos en los Oficios nº. 1-2012-050056 de 23 de julio de 2012 y nº. 2-20120372328 de 8 de octubre de 2012. Para soportar su decisión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expuso que,

en vigencia del Decreto nº. 17249 de 1997, el cargo de asesor que tenía el demandante daba lugar a la asignación de la prima técnica deprecada. No obstante, ello había cambiado con la expedición del Decreto nº. 133610 de 2003, pues limitaba el derecho a percibir la referida prestación económica para el cargo de asesor adscrito a los despachos de altos directivos, lo que no sucedía respecto del señor HOLMER ROMERO PRADA. Así las cosas, la cartera ministerial afirmó que tampoco le era aplicable el régimen de transición establecido en el artículo 4º del Decreto 1336, toda vez que, para el momento de su entrada en vigencia, la prima técnica no había sido otorgada, tal y como la disposición en comento lo exigía. En su literalidad, el Ministerio sostuvo: “Revisados los antecedentes, la línea jurídica del Ministerio y los motivos de inconformidad del recurrente, obsérvese que el caso objeto de análisis se estudió con énfasis en lo dispuesto en el Decreto 1724 de 1997 y el Decreto 1336 de 2003, toda vez que el funcionario solicitante de la prima técnica por formación avanzada doctor Holmer Romero Prada, fue vinculado en la Dirección General de Presupuesto Público Nacional de este Ministerio en el cargo de Asesor 1020-02, mediante Resolución nº. 1467 de 30 de julio de 1997 y posesionado mediante acta nº. 197 de agosto 1 de esa vigencia, cargo que desempeñaba hasta la fecha. Nótese también que si bien el Decreto 1724 de 1997 asignaba en un principio la prima técnica al nivel Asesor sin condiciones, posteriormente fue derogado por el Decreto 1336 de

2003que restringió tal asignación al cargo de Asesor adscrito a los despachos los altos directivos. Además y lo más importante, es que el régimen de transición señalado en el artículo 4º del Decreto 1336 de 2003, estableció como condición para que se continuara disfrutando la prima técnica, que éste tuviera otorgada al momento en que las normas modificaron el derecho, situación que no se configura en el caso recurrido, por cuanto la a la 5 Acta nº. 087. 6 Dentro del expediente ordinario, obran peticiones en ese sentido de 28 de junio de 2000, 20 de febrero de 2001, 3 de agosto de 2001, 6 de diciembre de 2001, 28 de enero de 2002, 16 de diciembre de 2002, entre otras, las cuales fueron negadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 7 Título de especialista en Economía Pública de la ESAP y certificado de experiencia adquirida con posterioridad a la obtención del postgrado. 8 A través del cual se resolvieron los recursos de reposición y apelación presentados en contra del primero. 9 Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado. 10 Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado. expedición del decreto que restringió no se le había otorgado la prima al Dr. Holmer Romero Prada.”11 1.2.5. El señor ROMERO PRADA formuló el 23 de julio de 2012 medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Hacienda y

Crédito Público, con el que pidió declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los mencionados oficios y, por consiguiente, el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó que: (i) La norma aplicable para el reconocimiento y pago de su prestación económica era el Decreto nº. 1724 de 1997, que consagraba que el cargo de asesor que ostentaba en el periodo de su vigencia abría la posibilidad de percibirla12; En ese orden, en su demanda manifestó: “En vigencia del Decreto 1724 de 1997, mi poderdante cumplió con los requisitos necesarios para ser beneficiario de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, y cuando se expide la resolución (sic) Decreto 1336 de 2003, que restringió este derecho a Asesores cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder, pero respecto el derecho de asesores que estuvieran en condiciones diferentes y que se les hubiera reconocido la prima técnica. Por su parte del estudio que ha hecho el Consejo de Estado se establece que no es a quienes se les haya reconocido, sino quienes cumplieron con los requisitos en vigencia del Decreto 1724 de 1997, circunstancia que cumple plenamente mi poderdante.”13 (Negrilla y subrayas fuera de texto)

11 Folio 2 del cuaderno ordinario. La literalidad se extrae del Oficio 2-2012-037232 de 8 de octubre de 2012. 12 Artículo 1º. “La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos y Ramas del Poder Público.” 13 Folio 151 del cuaderno ordinario. La aplicación de los requisitos para la obtención de la prima técnica establecidos en el Decreto nº. 1724 de 1997 fue igualmente expresada por el actor en los alegatos de conclusión expuestos en segunda instancia. En ese orden, manifestó: “Ahora bien, según lo relatado en los hechos de la demanda y las certificaciones de trabajo y tiempos de servicios expedidos por el Ministerio de Hacienda, que obran como prueba dentro del expediente, desde el año de 1997, el señor ROMERO PRADA, ejerce el cargo de ASESOR, código 1020 grado 02, es decir, que se les debe aplicar el decreto 1724 de 1997, en lo correspondiente a los niveles a los cuales se les otorga la prima técnica por formación avanzada y experiencia latamente calificada y los demás aspectos se debe regir por el Decreto 1661 de 1991.” (Negrilla fuera de texto) (ii) El cumplimiento de los requisitos para la obtención de la prima técnica en el tiempo de producción de efectos del referido Decreto nº. 1724, conllevaba aplicar en su favor el régimen de transición del artículo 4º14

del Decreto nº. 1336 de 2003, ya que, aunque su empleo -asesorhabía sido suprimido por ese cuerpo normativo de la categoría de aquellos que daban derecho al reconocimiento de la prima de forma directa, el cumplimiento de las exigencias para esto se había producido con anterioridad a la entrada en vigencia de ése. 1.2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” accedió a las pretensiones de la demanda, con sentencia de 23 de julio de 2015, luego de corroborar que, en vigencia del Decreto nº. 1724 de 1997, el actor superaba las exigencias mínimas necesarias para desempeñar el cargo de asesor 1020-02, motivo por el que debía reconocerse en su favor la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. Asimismo, sostuvo que, como consecuencia, este hecho llevaba a que se le aplicara el régimen de transición del artículo 4º del Decreto nº. 1336 de 2003. 1.2.7. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, en el que señaló que el actor no tenía derecho al reconocimiento de la prima técnica, por cuanto: (i) había sido nombrado en provisionalidad, y la normatividad en la materia exigía que el nombramiento fuere en propiedad15; (ii) la experiencia acreditada por el actor no podía ser considerada como altamente calificada, pues correspondía a la que cualquier funcionario de esa entidad podía adquirir; (iii) la prima técnica no le había sido reconocida durante la vigencia del Decreto nº. 1724 de 1997, lo que

impedía le fuera aplicado el régimen de transición del Decreto nº. 1336 de 2003. 1.2.8. Con sentencia de 6 de diciembre de 2018, el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B” revocó el fallo de segunda instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho bajo los siguientes argumentos: (i) De la etapa anterior a su nombramiento en propiedad en el cargo de asesor 1020-02 -14 de abril de 1999-. La autoridad judicial acusada estimó que el actor no podía solicitar, con fundamento en ese periodo, los derechos de los empleados inscritos en carrera, por cuanto su vinculación en ella se había producido de forma automática, y sin que mediara el principio del mérito, tal y como, en la actualidad, lo reconocía el artículo 125 de la C.P. (ii) De la etapa posterior al nombramiento en propiedad. La SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B” explicó que el Decreto nº. 1724 de 1997 14 “Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente decreto o cargos de asesor en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 1º, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.” 15 Decreto nº. 2164 de 1991. había establecido un régimen de transición para los funcionarios, cuyos cargos no daban derecho a esa prestación en vigencia de esa norma,

pero que la habían adquirido con anterioridad. Manifestó que, aunque el demandante se posesionó en propiedad en el cargo de asesor el 14 de abril de 1999, el régimen de transición contenido en el Decreto nº. 1724 no le resultaba aplicable, ya que, para el momento en que dicho estatuto normativo había entrado en vigencia, el demandante no había sido nombrado en propiedad, lo que había ocurrido con posterioridad. (iii) De la aplicación del régimen de transición del artículo 4º del Decreto 1336 de 2003. El órgano judicial accionado sostuvo que la aplicación del régimen de transición consagrado en ese cuerpo de normas pendía del reconocimiento de la prima técnica con antelación a la entrada en vigencia del Decreto nº. 1336 de 2003. A pesar de ello, el actor no había demostrado, en el trámite del proceso, que la hubiere devengado durante su vinculación laboral o que hubiere cumplido los requisitos para ello antes de su expedición. 1.3. Sustento de la vulneración El accionante sostiene que la sentencia de 6 de diciembre de 2018 incurre en los siguientes defectos:  Defecto sustantivo, por indebida aplicación del artículo 4º del Decreto nº. 1724 de 1997 y falta de aplicación del artículo 1º ejusdem En sentir del demandante, la autoridad judicial acusada aplicó indebidamente el régimen de transición establecido en el artículo 4º del Decreto nº. 1724 de 1997, pues para resolver si el demandante tenía derecho o no a la prima técnica deprecada, exigió el cumplimiento del

requisito del nombramiento en propiedad para el momento de su entrada en vigencia. No obstante, el asunto puesto a consideración de la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B” debía decidirse con fundamento en el artículo 1º del citado Decreto, ya que, para el momento en que ese cuerpo normativo producía efectos, fue nombrado en propiedad en el cargo de asesor, uno de los cuales daba directamente lugar al reconocimiento de esa prestación16.  Defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 4º del Decreto nº. 1336 de 2003 16 Folio 8 del escrito de tutela: “…pues el actor a esa fecha estaba ejerciendo el cargo de carrera como asesor, nivel que está plasmado en el Decreto 1724 de 1997, para obtener el beneficio; y si está en ese decreto, no entendemos porque se debe demostrar que cumple requisitos con anterioridad de esta norma, pues es la misma disposición (Decreto 1724 de 1997), la que lo está cobijando.” El defecto material también resulta de la indebida aplicación del artículo 4º del Decreto 1336 de 2003, ya que el beneficio del régimen de transición allí contenido no podía depender de la obtención de la prima técnica o del cumplimiento de sus requisitos con anterioridad a su entrada en vigencia, toda vez que, en definitiva, se trataba del asunto que se encontraba sub judice. Siguiendo ese orden, el actor señaló que se configuraba:  El desconocimiento del precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado que había admitido que lo necesario para acceder al reconocimiento de la prima técnica era que el funcionario, hubiere cumplido

con los requisitos exigidos para ello, como era su caso, pues, además de disponer de una formación avanzada17 y experiencia altamente calificada, había sido nombrado en propiedad en vigencia del Decreto nº. 1724 de 1997. En ese orden, trajo a colación las sentencias de 23 de junio de 200518, 8 de junio de 200619, 2 de noviembre de 200620 y 10 de mayo de 200721, proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación. 1.4. Pretensiones Con fundamento en los hechos y alegaciones descritos, el accionante solicita el amparo sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad y, como consecuencia, dejar sin efectos la decisión de 6 de diciembre de 2018, proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”22. 1.5. Trámite en primera instancia Por medio de auto de 27 de mayo de 201923, el Despacho sustanciador de la Sección Cuarta24 admitió la acción de tutela y ordenó notificar por el medio más expedito a los miembros de la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B” de esta Corporación para que en el término de tres días formularan la contestación. 17 Especialista en Economía Pública de la ESAP desde el 27 de agosto de 1999. 18 Rad. 5290-03. M.P. Tarsicio Cáceres Toro. 19 M.P. Jesús María Lemos. No se refieren radicados en la tutela. 20 M.P. Jesús María Lemos. No se refieren radicados en la tutela.

21 M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 22 Folios 15 y 16: “Con los hechos y argumentos de derecho invocados en esta acción, ruego a su señoría TUTELAR los derechos fundamentales del accionante al DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA IGUALDAD, teniendo en cuenta para ello los pronunciamientos judiciales administrativos que al respecto ha sentado el Consejo de Estado. En consecuencia, se disponga lo siguiente: 1. Se ordene al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2018, dentro del expediente 250002342000201304165 01, Magistrada Ponente: Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ. 2. Que la Sección Segunda, Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, deberá realizar las gestiones necesarias para dictar una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta todo el material probatorio existente en el expediente”. 23 Folio 59. 24 Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto. Asimismo, prescribió comunicar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B” y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para lo pertinente. Remitidas las misivas del caso25, se allegaron las siguientes contestaciones: 1.6. Contestaciones 1.6.1. Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Con memorial de 7 de junio de 201926, la asesora jurídica de la cartera ministerial

solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y desvincular a su representada del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. En consonancia, estimó que la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegada, se desprendía de una providencia judicial proferida por la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B” de este alto tribunal, motivo por el que el hecho vulnerador no podía serle atribuido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, señaló que el accionante pretendía revivir, mediante este recurso de amparo, el debate judicial surtido en instancia. 1.6.2. De la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado La magistrada ponente de la decisión censurada, por medio de escrito de 12 de junio de 201927, deprecó se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las súplicas de la demanda. Respecto de la improcedencia, sostuvo que los argumentos traídos a colación por la parte actora podían ser ventilados a través del recurso extraordinario de revisión, contenido en los artículos 248 y s.s. del CPACA. En lo que concierne a la negativa de las pretensiones, la autoridad judicial accionada afirmó que el demandante no tenía derecho al reconocimiento de la prima técnica, comoquiera que, para el momento de entrada en vigencia del Decreto nº. 1724 de 1997, a saber, 11 de julio de esa anualidad, no se encontraba nombrado en propiedad, lo que solo se produjo hasta el 14 de abril de 1999, cuando fue designado asesor 1020-02 al interior del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público. De allí que el régimen de transición contenido en ese cuerpo normativo no le resultare aplicable. Refirió que la pertenencia del actor al escalafón de carrera de esa entidad con anterioridad al 14 de abril de 1999, tuvo como fundamento disposiciones normativas inconstitucionales –artículos 1º y 2º del Decreto nº. 583 de 1984–, 25 Folios 70-72. 26 Folio 51. 27 Folios 76 a 79. pues desconocían el principio del mérito, como presupuesto para el ingreso al régimen de carrera. Por último, consideró que el régimen de transición del artículo 4º del Decreto nº. 1336 de 2003 no podía beneficiar al accionante, “…como quiera que de lo aportado al plenario no se demostró que la hubiere devengado durante su vinculación laboral con la entidad demandada, ni que cumpliera los requisitos previstos para ello antes de su expedición.”28 1.6.3. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”29 El magistrado del Tribunal manifestó que, mediante sentencia de 23 de julio de 2015, se había accedido a las pretensiones de la demanda, ya que, para el momento de la expedición del Decreto nº. 1336 de 2003, sobrepasaba las condiciones mínimas para desempeñar el cargo de asesor 1020-02 y, por consiguiente, esta circunstancia lo hacía acreedor de la prima técnica que fue deprecada por el accionante. 1.7. Fallo de primera instancia Por medio de sentencia de 11 de julio de 201930, la Sección Cuarta denegó el

amparo solicitado, al considerar que el defecto sustantivo alegado por la parte actora no se configuraba, toda vez que, como lo había sostenido la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B” del Consejo de Estado, el régimen de transición que extendía en el tiempo la prima técnica, consagrado en el artículo 4º del Decreto nº. 1336 de 2003, no le era aplicable al actor, pues antes de su entrada en vigencia –27 de mayo– no era beneficiario de esa prestación económica, ya que la norma refería que éste solo cobijaba a los “empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica”. 1.8. Impugnación Con escrito de 23 de julio de 201931, el actor formuló impugnación en contra del fallo de primera instancia, en el que reprodujo los cargos de la tutela, haciendo énfasis en los siguientes argumentos: 1.8.1. La Sección Cuarta no estudió el desconocimiento del precedente elevado en el escrito de tutela32. 28 Folio 78 vuelto. 29 Folios 71 a 74. 30 Folios 94 – 99. 31 La providencia impugnada fue notificada mediante correo electrónico del 18 de julio de 2019. 32 En ese orden, trajo a colación la decisión de 31 de julio de 2014, rad. 11001-03-15-000-201302558-01, con la que pretendió explicar la importancia de la observancia del precedente para el ejercicio de la procura de administración de justicia. 1.8.2. El demandante era beneficiario del régimen de transición erigido en el artículo 4º del Decreto nº. 1336 de 2003, por cuanto, con anterioridad a su

vigencia, a saber, durante la vigencia del Decreto nº. 1724 de 1997, cumplía con los requisitos para su reconocimiento, comoquiera que había sido nombrado en propiedad en el cargo de asesor 1020 02, como se había acreditado probatoriamente en el marco del proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de impugnación interpuesta por el demandante en atención a lo consagrado por el Decreto Nº. 259133 de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto Nº. 1069 de 201534, modificado por el artículo 1° del Decreto Nº. 1983 de 201735 y el Acuerdo nº. 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Asunto bajo análisis De conformidad con las alegaciones expuestas por el accionante a lo largo del trámite constitucional, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de 11 de julio de 2019, proferida por la Sección

Cuarta del Consejo de Estado. Por lo tanto, se analizará si la sentencia de 6 de diciembre de 2018, mediante la cual el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B” denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta por la parte actora contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incurrió en los defectos que sugiere el actor. Para resolver los cuestionamientos elevados, esta Judicatura examinará los siguientes aspectos: (i) cuestión previa; (ii) el criterio de la Sala sobre la

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, finalmente, (iii) el estudio del caso concreto.

3. Cuestión previa Con su escrito de contestación de 7 de julio de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su desvinculación del presente trámite, ya que no se encontraba al origen de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, presunto hecho vulnerador de los derechos a la igualdad y al debido proceso del señor HOLMER ROMERO PRADA. 33 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" 34 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” 35 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.” A pesar de ello, la Sección Cuarta omitió referirse a ese pedimento, motivo por el que esta Sección lo hará en el contexto de la segunda instancia, en el sentido de negarla, toda vez que la vinculación de esa cartera ministerial se efectuó con base en los intereses que hubiese podido tener en el presente proceso, en su calidad de autoridad demandada al interior del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho censurado, y no como órgano al cual se atribuye la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales referidos.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 201236, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales37, y en ella concluyó: “…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”38 (Negrilla fuera de texto).

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación. Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese

estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas característi