CE-11001-03-15-000-2019-02411-00 (AC)-2019

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE - No configuración / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Promedio de los factores salariales cotizados al sistema durante los últimos 10 años de servicio / REGLA JURISPRUDENCIAL FRENTE A LA APLICACIÓN DEL IBL PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – Consonancia entre Corte Constitucional y Consejo de Estado en su sentencia de unificación SU del 28 de agosto de 2018 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C, el 28 de noviembre de 2018, profirió fallo de segunda instancia y confirmó la decisión de acceder a la reliquidación pensional pretendida, con fundamento en las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU 230 de 2015 y la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018.(…) Por su parte, la aplicación de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, tiene fundamento en que dentro de esa providencia, el Consejo de Estado moduló sus efectos al señalar que las reglas en ella contenidas, debían ser aplicadas en los casos en los cuales se discute el contenido y régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y además, dicho criterio opera para todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias. (…) Así las cosas, no se puede echar de menos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,

mediante la providencia reseñada, accedió a las pretensiones de la demanda de manera razonada y fundamentada, acogiendo los precedentes consolidados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, determinando así la reliquidación de la pensión de la accionante, de conformidad con el ordenamiento jurídico legal y vigente. Debe insistirse que, a juicio de la Sala, la decisión proferida en segunda instancia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho debatido, se encuentra válidamente sustentada, teniendo en cuenta que se fundamentó en los precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. En ese orden, el operador judicial, en ejercicio de su función de aplicación e interpretación acogió un precedente y adoptó una decisión razonable.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02411-00 (AC)

Actor: MARLENE MONROY GARCÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN C Procede la Sala a resolver la acción de tutela de primera instancia instaurada por la señora Marlene Monroy García, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Solicitud de amparo. 1.2 Hechos. 1.3 Fundamentos de la vulneración. 1.4 Actuaciones procesales relevantes. 1.1 Solicitud de amparo1

1. La señora Marlene Monroy García, actuando por intermedio de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sentencia de 28 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad y debido proceso, junto con los principios de situación más favorable al trabajador, inescindibilidad de la norma, irrenunciabilidad de los derechos laborales, confianza legítima, progresividad y no regresividad.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe): “1. Que se ordene estudiar y desvirtuar cada uno de los derechos fundamentales citados como violados, argumentando, en cada caso, por qué no se presentaría la violación. Lo anterior, debido a que en tutelas anteriores no se ha estudiado de fondo cada uno de los derechos vulnerados pues se centran en la no existencia de violación del precedente jurisprudencial, dejando de lado, y sin estudio, los demás argumentos esbozados situación que conlleva a la violación del derecho de defensa y debido proceso del accionante.

2. Que se ordene Tutelar el derecho fundamental del ACIONANTE a la seguridad social, el principio de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, derecho a la igualdad, derechos adquiridos, a la progresividad y no regresividad de los derechos laborales, la

inescindibilidad de la norma, defecto fáctico, defecto sustantivo, violación del precedente constitucional vertical y por violación directa de la constitución Art. 1, 13, 29, 48, 53 93 y 230 de la Constitución Política y las leyes 33 del 85 Art. 21 C.S.T y demás normas citadas.

3. Como consecuencia de lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nueva providencia judicial ordenando reliquidar la pensión de mi mandante de conformidad con sentencia de unificación del 4 de Agosto de 2010 Consejero Ponente:

Víctor Hernando Alvarado Ardila Expediente No. 25000232500020060750901 Numero Interno: 0112-2009 Actor: Luis Mario Velandia Demandada: Caja Nacional de Previsión Social el cual ordenó tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación con la Ley 33 de 1985 el 75% de TODOS LOS FACTORES

SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DESERVICIOS”. 1.2 Hechos 1 Folios 1 a 10.

3. Los hechos relevantes que sustentan la acción de tutela de la referencia son los siguientes: 4. 1) La señora Marlene Monroy García (a) nació el 2 de julio de 1955 y (b) trabajó al servicio del Estado desde el 1 de diciembre de 1972 hasta el 30 de marzo de 1993. 5. 2) A la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1 de abril de 1994, la Señora Monroy García tenía no solo tenía más de 35 años de

edad, sino también más de 15 años de servicios y, en consecuencia, resultó beneficiaria del régimen de transición pensional previsto en la mencionada norma. 6. 3) La accionante se retiró del servicio el 30 de marzo de 1993 y adquirió el estatus de pensionada el 2 de julio de 2010, es decir, cuando cumplió 55 años de edad. 7. 4) La Caja Nacional de Previsión CAJANAL - hoy Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) - expidió la Resolución PAP 46602 de 4 de abril de 2011, por medio de la cual reconoció una pensión de vejez a favor de la accionante, con tasa de remplazo del 75% sobre el promedio de lo cotizado durante los 10 años anteriores a la fecha de retiro del servicio, de conformidad con la el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y teniendo como factor salarial, únicamente, su asignación básica. Sin embrago, en consideración a que el valor obtenido era inferior al salario mínimo de aquella época, la misma fue incrementada. 8. 5) La referida pensión fue efectiva a partir del 2 de julio de 2010, pero con efectos fiscales una vez demostrado el retiro efectivo del servicio. 9. 6) El 30 de abril de 2015, la accionante solicitó la reliquidación de su pensión y, mediante Resolución RDP 36690 de 9 de septiembre de 2015, la UGPP negó su petición de reliquidación pensional con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. 10. 7) La decisión anterior fue apelada por la señora Marlene Monroy García y

fue confirmada en todas sus partes mediante la Resolución No. RDP 50855 de 30 de noviembre de 2015. 11. 8) Inconforme con las decisiones administrativas adoptadas, la accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 3 Administrativo de Facatativa, quien, mediante Sentencia de 26 de septiembre de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó la reliquidación pensional con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es, asignación básica, incremento por antigüedad, horas extras, dominicales y festivos, auxilio de alimentación, incentivo de localización, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima semestral, prima de navidad, auxilio por retiro y quinquenio proporcionales, negando así la inclusión de las vacaciones en dinero. Decisión que tuvo como fumante la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Adicionalmente el Juez en primera instancia negó la indexación de la primera mesada pensional. 12. 9) El Ministerio Público, la parte actora y la UGPP interpusieron recurso de apelación contra la anterior providencia y, a través de Sentencia de 28 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó parcialmente la providencia de primera instancia. En ese orden, decidió declarar la nulidad de las resoluciones atacadas, y ordenar la reliquidación de la pensión de la accionante, pero con fundamento en

el 75% los factores salariales que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento pensional, es decir, además de la asignación básica, el incremento por antigüedad, horas extras y bonificación por servicios prestados. Para ello, acogió la postura de la Sala Plena de la Corte Constitucional contenida en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 e indicó que, si bien la accionante era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 la Ley 100 de 1993, la liquidación de su pensión debía calcularse con el promedio de los últimos 10 años de servicio, debido a que el ingreso base de liquidación (IBL) no es un elemento de dicho régimen. 1.3 Fundamentos de la vulneración y causales específicas invocadas

13. Como fundamento de sus pretensiones estableció que la sentencia enjuiciada se encuentra incursa en los siguientes defectos: 14. 1) Defecto fáctico: Indicó que la entidad accionada incurrió en este defecto, porque dentro del expediente se encuentra probado, con la resolución que reconoció la pensión y la resolución que decidió la solicitud de reliquidación de la accionante, que tenía más de 20 años de servicio antes del 25 de julio de 2005, fecha en la que fue expedido el acto legislativo 1 de 2005, por lo que tenía una situación jurídica y fáctica concreta, y un derecho adquirido a la reliquidación de su pensión.

15. Adicionalmente manifestó que el derecho a la pensión con el solo tiempo de servicio, ha sido un aspecto reiterado por Sentencias de unificación de

jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y señaló que dicha situación fue desconocida por el fallo objeto de tutela. 16. 2) Defecto sustantivo: Señaló que la causal se configuró, toda vez que, en los fundamentos del fallo de segunda instancia, se hace constar que la accionante acreditó cumplir 20 años de servicios antes del 1 de abril de 1994 y antes del 25 de julio de 2005, razón por la cual tenía derecho a la reliquidación de la pensión como lo ha establecido la jurisprudencia, y así se presentó una contradicción entre los fundamentos y la decisión del fallo objeto de tutela.

17. Adicionalmente señaló que este defecto se configuró porque en la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C de 28 de noviembre de 2018 se aplicaron las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional y la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, las cuales, en su criterio, no podían aplicarse a su caso en concreto, en virtud de la prohibición de aplicación retroactiva y retrospectiva las normas. Lo cual además consideró que vulnero el mandato de la Sentencia de la Corte Constitucional C-377 de 2004. 18. 3) Defecto procedimental absoluto: Manifestó que se incurrió en este defecto, ya que el fallador aplicó de manera retroactiva las Sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y la Sentencia del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, desconociendo que la accionante tenía un

derecho adquirido. 19. 4) Violación directa de la Constitución: La actora adujo que, como el Tribunal accionado no aplicó los principios de situación más favorable e inescindibilidad de la ley, desconoció sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y al debido proceso junto con los principios de confianza legítima, no retroactividad de la ley, expectativa legitima, derechos adquiridos e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en nomas laborales.

20. Con fundamento en lo anterior, la accionante invocó como causales específicas: 1) defecto fáctico; 2) defecto sustantivo, 3) defecto procedimental absoluto, y 4) violación directa de la Constitución. 1.4 Actuaciones procesales relevantes 1.4.1 Admisión de la acción de tutela

21. Por Auto de 31 de mayo de 20192, este despacho (a) admitió la acción de tutela, y (b) ordenó (b1) vincular al Juzgado 3 Administrativo de Facatativá y a la UGPP como terceros con interés y (b2) notificar a las partes, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a los terceros vinculados.

1.4.2 Intervenciones

22. El Juzgado 3 Administrativo de Facatativá expresó que del escrito de tutela no se advierte que el demandante endilgue alguna violación de derechos fundamentales por parte del juzgado, sino que, por el contrario, la solicitud de amparo está dirigida a controvertir la decisión adoptada en la Sentencia de 28 de noviembre de 2018 emitida por la Subsección C de la Sección Segunda del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese sentido, solicitó que se niegue la acción de tutela de la referencia, habida cuenta que las decisiones adoptadas por el despacho fueron razonables y atendieron normas y postulados vigentes.

23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, manifestó que comparte plenamente la tesis sobre la procedencia del mecanismo de amparo contra providencias judiciales, y solicitó que se asuma el estudio de la Sentencia proferida por esa Corporación el día 28 de noviembre de 2018, por medio de la cual se dispuso confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda.

24. La UGPP y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA Contenido: 2.1 Competencia. 2.2 Cuestión previa 2.3 Problemas jurídicos. 2.4

Verificación de requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial. 2.5 Verificación de causales específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial. 2.6 Conclusión. 2.1 Competencia

25. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de esta Corporación, la Sala es competente para resolver el presente asunto. 2.2 Cuestión Previa 2 Folio 57. 2.2.1. Identificación de los defectos específicos y los cargos alegados

26. La accionante, en su escrito inicial de tutela, mencionó que la Sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario No. 25269-33-40-003-2016-0011002, presentó los siguientes defectos: 1) fáctico, 2) sustantivo, 3) defecto procedimental absoluto y, 4) violación directa de la Constitución.

27. No obstante, esta Sala considera que los reparos alegados por la accionante encuadran en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, pues (a) de la solicitud de amparo se desprende que la accionante busca la reliquidación de su pensión de jubilación con aplicación de la Ley 33 de 1985 en su integridad, teniendo en cuenta que es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, calculando el ingreso base de liquidación con el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, lo cual, a su juicio, es la normatividad aplicable a su caso concreto, y (b) se pretende que se aplique la Sentencia de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, y no las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional y Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, que sirvieron de fundamento para el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. 2.2.2. Identificación de los derechos fundamentales que la actora consideró

vulnerados.

28. Pese a que la accionante señaló en su solicitud de amparo como violados los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, derechos adquiridos, expectativas legítimas, seguridad jurídica, favorabilidad, inescindibilidad, debido proceso e igualdad, esta Sala centrará su análisis en la presunta vulneración del derecho al debido proceso, por las siguientes razones:

29. Primero, de los fundamentos de la violación presentados por la accionante se tiene que la presunta vulneración de garantías constitucionales se produjo en el marco de una actuación judicial. En tal sentido cobra relevancia estudiar si fue o no lesionado el derecho al debido proceso durante el desarrollo del trámite judicial ordinario; y

30. Segundo, la presunta vulneración de los derechos invocados por la accionante, surgen como consecuencia de la afrenta al derecho al debido proceso, y en el evento de encontrar lesionado referido derecho, se estudiarán las posibles afectaciones a los demás derechos. 2.3 Problemas jurídicos

31. Corresponde a esta Sala determinar si se cumplen o no los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial.

32. De resultar afirmativo, se determinará si la sentencia acusada vulneró el derecho al debido proceso al encontrarse incursa en las causales específicas de procedencia a estudiarse, esto es, el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente. 2.4 Verificación de requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial3

33. La Sala deberá establecer, en primer lugar, si en el caso bajo examen se cumple con los requisitos generales4.

34. Frente a la subsidiariedad, debe indicarse que el proceso contencioso

administrativo finalizó con la sentencia de 28 de noviembre de 2018, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C, en el que se confirmó parcialmente el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de reliquidación pensional, razón por la cual contra la decisión controvertida no procede el recurso de alzada. Asimismo, no se estima que sean procedentes los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia (arts. 248258 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA), para analizar todos y cada uno de los motivos de inconformidad que expone la peticionaria.

35. Con relación al requisito de inmediatez, este se cumplió, comoquiera que el fallo enjuiciado fue proferido el 28 de noviembre de 2018 y consultada la página web de la Rama Judicial fue notificado el 3 de diciembre del mismo año, y la acción de tutela se interpuso el 30 de mayo de 2019.

36. De igual manera, se advierte que la tutela se interpone contra una Sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual no se trata de un fallo de tutela.

37. Los hechos y pretensiones, se encuentran debidamente identificados, incluyendo los derechos que considera vulnerados.

38. Finalmente, se resalta, que el presente asunto es de relevancia constitucional, toda vez que se ataca una providencia judicial por desconocimiento del precedente constitucional, y se advierte la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

39. En ese orden, evidencia la Sala que en el presente caso se encuentran configurados los requisitos generales, que habilitan a la accionante, para la

interposición del amparo de tutela. Superado este filtro inicial, se procede a estudiar si se configuran o no las causales especiales a estudiarse en el caso de la señora Marlene Monroy García. 2.5. Verificación de causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5 2.5.1. Defecto sustantivo6 y marco específico

40. Esta causal se fundamentó en el hecho de que, el fallo proferido por el ad quem, en sede ordinaria, negó el derecho reclamado, bajo el argumento según el cual el ingreso base de liquidación no hace parte de la transición prevista en el 3 Al respecto: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005; Consejo de Estado. Sala Plena, sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 4 Los requisitos generales se revisan de conformidad con la Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019. 5 Supra. Pie de página 3. 6 De acuerdo con la sentencia C 590 de 2005 el defecto sustantivo se configura en “los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.” artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que, ese elemento, en efecto, hace parte y en esa medida, debe aplicarse íntegramente la Ley 33 de 1985, régimen aplicable al caso de la accionante.

41. En el caso concreto, de acuerdo con lo expuesto en la acción de tutela, el régimen a que tiene derecho la accionante, es el contenido en la Ley 33 de 19857,

en el cual se dispuso (se trascribe): “ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. “

42. Posteriormente, el Congreso de la República, expidió la Ley 100 de 1993, mediante la cual se estableció el Régimen General de Pensiones y estableció un régimen de transición con respecto a las personas que tenían expectativas respecto de regímenes pensionales anteriores, así (se trascribe): “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a

estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.” (Subrayas y negrila de la Sala)

43. Asimismo, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 1 de 22 de julio de 2005, por el cual modificó el artículo 48 de la Constitución Política sobre el derecho a la seguridad social, haciendo énfasis en los diferentes regímenes pensionales, pero sobre todo en el régimen general de pensiones, y sobre el particular estableció (se trascribe): “ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política: 7 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público "El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas".

"Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho". "Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones". "En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos". "Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido". "Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión". "A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la

fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo". "Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento". "La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados". (…) "Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014". "Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen". (Negrilla de la Sala)

44. De conformidad con la normatividad trascrita, habrá de determinarse si, en efecto, existió una indebida interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respecto a la aplicación de la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta para ello el Acto

Legislativo 1 de 2005. 2.5.2. El desconocimiento del precedente8 y marco específico

45. A juicio de la actora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C, profirió un pronunciamiento que desconoció la Sentencia de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, y, en su lugar, dio aplicación a la Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional y la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, las cuales, según su criterio, no le eran aplicables, teniendo en cuenta que se invocaron de manera retroactiva, en consideración a que el derecho de la accionante se consolidó con anterioridad a la expedición de las reseñadas sentencias.

46. En este punto, con el fin de comprender las particularidades del precedente, en este tipo de controversias, resulta necesario revisar de manera sucinta, las posturas tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, partiendo de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010.

47. Para ello, debe indicarse que el 4 de agosto de 2010 el Consejo de Estado, Sección Segunda, profirió Sentencia de unificación9, mediante la cual, determinó que los beneficiarios del régimen contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no solo debían ser favorecidos por el régimen anterior, en la edad, tiempo de servicios y monto, sino que, también debía extenderse el régimen en cuanto a ingreso base de liquidación, incluido aquí, el tiempo y los factores para determinar

la base, los cuales no serían los taxativos de la Ley 33 de 1985, sino los efectivamente devengados. Ello, principalmente, en atención a los principios de favorabilidad, realidad sobre la forma, inescindibilidad de la ley y no regresividad. 8 En los términos de la sentencia C-590 de 2005, el defecto de desconocimiento del precedente se configura cuando habiendo sido fijado el alcance de un derecho fundamental por parte de la Corte Constitucional, la respectiva autoridad judicial aplica un precepto legal que limita el mismo. No obstante, dada la importancia que la jurisprudencia ha tomado en el sistema de fuentes de derecho, así como el reparto competencial que hace la Carta Política respecto los diferentes órganos de cierre de las jurisdicciones y la autonomía judicial, no puede perderse de vista la vinculatoriedad del precedente emanado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi