CE-11001-03-15-000-2019-03436-00(AC)-2019

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / PRIMA DE RIESGO DE FUNCIONARIOS DEL DAS / INCLUSIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO COMO FACTOR SALARIAL PARA ALGUNOS FUNCIONARIOS DEL DAS Encuentra la Sala que la corporación judicial acusada no incurrió en la vía de hecho alegada respecto al defecto sustantivo o desconocimiento del precedente y, contrario a lo afirmado por la parte accionante, debe indicarse que no se encuentra actuación contraria a derecho en tal sentido, pues analizó la normatividad aplicable a la situación de la demandante. En vista de lo anterior, se observa que en el presente asunto no se presentó una indebida aplicación de las normas ajustables a la situación de la actora o indebida apreciación de alguna de las pruebas aportadas, sino una inconformidad con el criterio de análisis empleado por la corporación judicial accionada, frente a la que el juez constitucional no puede inmiscuirse, so pena de invadir la competencia del juez natural del proceso y romper con los principios de independencia y autonomía de las autoridades judiciales. Así las cosas, los argumentos expuestos por el juez natural del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho resultan razonables sin que se observe la presencia de una vía de hecho, de tal forma la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba en cuanto al fondo del asunto está debidamente sustentada, es decir cumple rigurosamente con los estándares de motivación, en tanto se seleccionaron las fuentes normativas que se consideraron

aplicables al caso, acompañando el análisis de los hechos y las pretensiones a las instituciones y normas. En suma, las reglas de derecho aplicables al caso fueron razonadamente elegidas, esto es, el Tribunal dio cuenta detallada del porqué de su decisión. No hay, entonces, falta de aplicación de los lineamientos llamados a orientar la decisión, ni se incurrió en una interpretación absurda o desmesurada de los preceptos que orientan el trámite de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho o la normatividad aplicable a la prima de riesgo de los funcionarios del extinto DAS. Ahora, es claro que la simple discrepancia de criterios entre la promotora del amparo constitucional y las razones de la providencia atacada, es insuficiente para quebrar la autonomía de que goza el juez natural para tomar las decisiones de las que este es responsable desde la perspectiva penal, patrimonial y disciplinaria.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03436-00(AC)

Actor:PATRIMONIO AUTÓNOMO PÚBLICO PAP, FIDUPREVISORA DAS Y

FONDO ROTATORIO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA La Sala procede a decidir la acción de tutela1 presentada por el Patrimonio

Autónomo Público PAP – Fiduprevisora DAS y su Fondo Rotatorio, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Córdoba por proferir la providencia de 20 de junio de 2019, con la que se confirmó la decisión judicial de 6 de junio de 2018, emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Montería que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Nación – DAS en supresión, lo cual considera vulneratorio de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. EL ESCRITO DE TUTELA Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante2: Manifestó que el señor Guillermo Zenón Arrieta trabajó para el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, desde el 22 de abril de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2011, en el cargo de detective, grado 214-05 del área operativa en la ciudad de Montería.

Señaló que con sustento en la normatividad y la jurisprudencia aplicables según los cuales la prima de riesgo sí es factor a incluirse en el IBL de las pensiones que se encontraban en el régimen de transición, el señor Guillermo Zenón Arrieta Fabra interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del DAS en supresión, con el fin de cuestionar el acto administrativo por el cual se negó el reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial para la

reliquidación de las prestaciones sociales distintas de su pensión, cuyo conocimiento asumió el Juzgado Séptimo Administrativo de Montería, el cual emitió la providencia de 6 de junio de 2018 con la accedió a las súplicas de la demanda, es decir, la reliquidación de la pensión con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, incluyendo la prima de riesgo. Contó que como parte demandada presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de sentencia de 20 de junio de 2019, con la que se confirmó la decisión judicial del a quo en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda. Para lo anterior, explicó que la liquidación de la prestación pensional debía hacerse incluyendo los factores devengados durante el último año de servicios, además de aplicar el principio de primacía de realidad sobre las formas para inaplicar el artículo 4° del Decreto 2646 de 1994, en tanto la mencionada prima gozaba la condición de factor salarial. Argumentó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, en la medida en que incurrieron en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado3, con los siguientes argumentos: 1 El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 12 de agosto de 2019. 2 Folios 1 a 11. 3 Sobre tal criterio jurídico se refirió a las Sentencias del Consejo de Estado: i) de 1.° de agosto de 2013, proferida dentro del radicado 2008-0150-01; y, ii) de 6 de abril de 2017 proferida dentro del

radicado 2014-00307-01. «[…] Se recuerda que la jurisprudencia que establecía la prerrogativa de incluir todos los factores devengados en el último año, para integrar el IBL de las pensiones (argumento que beneficiaría a GUILLERMO LEÓN ZENON ARRIETA FABRA, ya que se encuentra revaluada por la sentencia de fecha 28 de agosto de 2018, ya invocada, pero por aplicación analógica o extensiva, ya que se repite, este no está pensionado, pero pretende, con los argumentos aplicables al IBL de las pensiones del régimen de transición actualmente sin vigencia, la reliquidación de otras prestaciones distintas de la pensión. […]». Pretensión. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la Sentencia de 20 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, para, en su lugar, emitir una de reemplazo acorde al criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, de tal manera que revoque el pronunciamiento de primera instancia y, en su lugar, niegue las pretensiones de la demanda.

II. ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA Mediante auto de 31 de julio de 20194, el despacho sustanciador del presente asunto admitió la acción de tutela presentada por el Patrimonio Autónomo Público PAP – Fiduprevisora DAS y su Fondo Rotatorio contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y ordenó su notificación como demandados; de otro lado, al señor Guillermo Zenón Arrieta y al Juzgado Séptimo Administrativo de Montería como terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y

concordantes del Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Decreto 2591 de 1991, se ofició a las autoridades judiciales mencionadas para que allegaran el expediente en el que se tramitó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el accionante contra el DAS, con radicado 2014-00211.

III. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO Las autoridades judiciales accionadas y terceros interesados guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo; determinación del problema jurídico; procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; la decisión que se cuestiona y la solución planteada al caso concreto. 4.1. Competencia .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 1983 de 2017, en cuanto estipula que «Las acciones de tutela dirigidas contra […] Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional 4 Visible de folio 51 vto. del cuaderno principal. accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo de Córdoba.

4.2. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional5 como esta Corporación6, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable7, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia8. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 20059 la Corte Constitucional10 reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma11 y de procedencia material12 fijados13 por la misma Corte14. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González15, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”. 5 En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores

supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. 6 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). 7 Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. 8 Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. 9 Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. 10 Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de

2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. 11 También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. 12 También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. 13 Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. 14 Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. 15 Emitida en el expediente 110010315000200901328 01.

En el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes16, c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable17, y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la parte actora a atacar por esta vía la providencia judicial, proferida dentro de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado. Vicios de fondo. Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del juez constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo 18 : a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución. 4.3. Problema Jurídico. En el presente asunto el problema jurídico consiste en determinar si: ¿la corporación judicial infringió los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del Patrimonio Autónomo Público PAP – Fiduprevisora DAS y su Fondo Rotatorio, al haber proferido la providencia de 20

de junio de 2019, en la que, presuntamente, se incurrió en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial trazado por la sección segunda del Consejo de Estado respecto a la prima de riesgo del DAS? 4.4. Del caso concreto. Una vez establecido el motivo de inconformidad expuesto por la parte tutelante, es necesario precisar las actuaciones que se surtieron en el proceso ordinario 16 Al contestar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para la defensa de sus intereses. 17 En la medida en que interpuso la acción de tutela el 26 de julio de 2019, es decir, 1 mes y 6 días después de que se profiriera la providencia de 20 de junio de 2019 que puso fin al proceso ordinario cuestionado. 18 a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una

decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. cuestionado en sede de tutela para analizar los cargos formulados por la parte actora frente a la decisión judicial atacada que cobró efecto de cosa juzgada. De las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario. De las providencias aportadas al expediente de tutela se evidencia que el señor Guillermo Zenón Arrieta promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el DAS en supresión, con radicado 2014-00211, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo a través del cual se le negó el reconocimiento como factor salarial de la denominada prima de riesgo. Después de surtir las actuaciones pertinentes, el Juzgado Séptimo Administrativo de Montería profirió la sentencia de 6 de junio de 2018, con la que accedió a las pretensiones de la demanda. Lo que dijo la decisión que se censura. - Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandada presentó

recurso de apelación, de manera que el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 20 de junio de 2019, confirmó la providencia de 6 de junio de 2018, con los siguientes argumentos: «[…] Ahora, el A-quo accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que no podía excluirse de dicha condición a la prima de riesgo devengada por los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”, ni aun en ejercicio de la libertad de configuración del legislador, si ésta se percibía de forma periódica y como contraprestación del servicio, ya que ello implicaría una trasgresión del artículo 53 de la Constitución Política en cuanto a la primacía de la realidad sobre las formas. Igualmente expresa que se había determinado que el salario es toda aquella remuneración que de forma directa, en razón del trabajo prestado y sin que constituya liberalidad del empleador percibe un trabajador, por lo que si llevan estas características a la prima de riesgo que perciben los servidores públicos del DAS, tendría que acatar a total cabalidad en ellas, porque se percibe de forma habitual y permanente por los servidores públicos señalados en el Decreto 2646 de 1994, se devengaba mensualmente e ingresaba al patrimonio del trabajador, correspondía de forma directa al servicio que los empleados públicos del DAS, brindaban a la institución, y por ende era retribuida como consecuencia de la fuerza laboral de su trabajo y no se constituía en un reconocimiento discrecional del empleador, pues la misma era cancelada de forma mensual, y como se señaló como consecuencia del servicio prestado. En cuanto a la parte demandada considera que los

conceptos reclamados por la parte actora no se pueden considerar prestaciones periódicas, que lo habilite para demandar en cualquier tiempo, porque desde el mismo instante que dejaron de cancelarse con ocasión de su retiro de la entidad, esto es, el 01 de enero de 2012, perdieron cualquier connotación, sumando el hecho que elevó petición mostrando su inconformidad y solicitando lo que pretende en su demanda estando retirado del servicio con el extinto DAS, por lo que queda sometido a la regla procesal de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, alega una indebida aplicación del precedente jurisprudencial sobre si la prima de riesgo debe ser incluida en el IBL pensional de los ex funcionarios del extinto DAS, puesto que el tema del caso en concreto de la sentencia 01 de agosto de 2013 es distinto por cuanto lo solicitado por el demandante es la reliquidación de múltiples beneficios prestacionales, diferentes a la pensión, situación que dista mucho del tema tratado en la sentencia del Consejo de Estado y que por ende desvirtúa de plano la aplicación del precedente jurisprudencial tal y como lo hizo el a-quo. Por otra parte, mediante sentencia de tutela del H. Consejo de Estado en donde se resolvía la acción de tutela presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en calidad de sucesora del extinto DAS en supresión contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se estudiaba sí el Tribunal había incurrido en defecto sustantivo y fáctico, desconociendo el precedente y violación de la Constitución por haber reconocido la prima de riesgo como factor salarial para la liquidación de las

prestaciones sociales y que luego de citar la sentencia de unificación del 01 de agosto de 2013 en la que se desarrolló la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para reconocer la pensión precisó: […] Al respecto se hace necesario citar el precedente horizontal del Tribunal Administrativo de Antioquia, que en providencia del 04 de noviembre de 2014, revocó la decisión de primera instancia y declaró la nulidad del acto administrativo demandado que negó la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, […] Así las cosas, y debido a que en el caso concreto se demostró que el señor laboró al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad, desde el 22 de abril de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2011, en el cargo de Detective 214-05, devengando una asignación mensual de $1.045.155.00 y una prima especial de riesgo del 35% sobre la asignación básica mensual, la cual como ya se analizó debe ser incluida como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales del demandante, por lo que esta sala confirma la sentencia apelada, que declaró la nulidad del acto administrativo 1-2012-133219 del 19 de diciembre de 2012, a través del cual se niega el reconocimiento como factor salarial, para todos los efectos legales de la prima de riesgo emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. […]». De la solución planteada al caso concreto. Una vez precisadas las actuaciones surtidas al interior de la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho cuestionada en sede de tutela por el Patrimonio Autónomo Público PAP – Fiduprevisora DAS y su Fondo Rotatorio, se reitera que aquella hizo uso de este mecanismo con el fin de buscar el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. Lo anterior, en la medida en que, a su juicio, la sentencia de 20 de junio de 2019, emitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, al acceder a las pretensiones del señor Guillermo Zenón Arrieta, sin tener en cuenta que la normativa que regula la prima de riesgo, según la cual no es factor salarial y no se puede tener en cuenta para liquidar prestaciones sociales; además de desconocer la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por la sala plena del Consejo de Estado19, que estableció que solo los emolumentos enlistados por el legislador, sobre los cuales se realizaron cotizaciones al sistema de seguridad social, se pueden incluir en el 19 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. César Palomino Cortés. Ingreso Base de Liquidación para determinar el valor de las pensiones, por lo que la referida prima no era uno de ellos. Revisados los cargos de inconformidad respecto de la sentencia cuestionada expuestos en el escrito de tutela, se observa que estos son idénticos a los que se formularon en su momento en la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión en el proceso contencioso, por lo cual, teniendo en cuenta que los

mismos ya fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural del asunto, consideraciones contra las cuales no se expresan argumentos nuevos para controvertirlos, para la Sala no es dable pronunciarse al respecto, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia o una casación para determinar cuál de las interpretaciones realizadas por los jueces de instancia resulta acertada, sin embargo, esto no es óbice para expresar las razones por las cuales se considera que el Tribunal Administrativo de Córdoba realizó una interpretación razonable. Defecto sustantivo. En atención a que la vía de hecho alegada corresponde al defecto sustantivo, se debe mencionar que en la jurisprudencia constitucional fue abordado en los términos referidos a partir de la Sentencia T-231 de 1994 y que, desde entonces, se ha constituido en uno de los argumentos a los cuales se recurre como parámetro de análisis de la sujeción de una providencia judicial a los cánones constitucionales. Sin pretender agotar la materia, por defecto sustantivo se ha entendido aquella situación en la que la providencia judicial se funda en una norma inaplicable al caso, por pérdida de vigencia o porque no contempla los supuestos de hecho que se subsumieron en ella; o, en una norma que a pesar de seleccionarse debidamente es aplicada con un alcance diferente a aquél que, con efectos erga omnes, le ha dado su intérprete natural o que, en últimas, lesiona al ordenamiento jurídico y, por tal motivo, genera una vulneración de los derechos fundamentales20. Bajo su marco, además, se incluyó la ausencia de motivación, desconocimiento

del precedente y violación directa de la Constitución Política, eventos que, no obstante, se consolidaron como defectos autónomos en la Sentencia C-590 de 200521. Del desconocimiento del precedente Así, para desatar la inconformidad planteada es necesario señalar que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los Jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad; y, un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas 20 Al respecto ver, recientemente, la Sentencia T-144 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 21 Pese a lo anterior, en la Sentencia T-086 de 2007 la ausencia de motivación, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del defecto sustantivo; y, en la Sentencia T-178 de 2012 sucede lo mismo en relación con los dos primeros defectos. En otras providencias, por su parte, se abordó este aspecto desde la violación de una norma, situación de la cual se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto sustantivo, defecto orgánico y defecto procedimental [Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T701 de 2004]. jurídicas22. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho23. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa

adoptada principalmente por los Órganos de Cierre de las diferentes Jurisdicciones24 que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el Juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad25. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el Juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al Juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule. En cualquier caso, el Juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad

que se derivará de la desobediencia al precedente26. - Una vez precisados los contornos del defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial como vías de hecho para atacar una providencia judicial por vía de tutela, resulta pertinente indi