CE-11001-03-15-000-2019-03476-00(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Auto que negó una medida cautelar de embargo / PROCESO EJECUTIVO / PRINCIPIO DE

INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS PÚBLICOS / DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL - No configuración / APLICACIÓN DEL

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL

[La Sala deberá] dilucidar si el Tribunal Administrativo del Chocó, al adoptar el auto interlocutorio n.º 0324 del 11 de abril de 2019, incurrió en «desconocimiento de precedente constitucional», al no aplicar las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. (…) [E]sta Sala de decisión considera que el criterio aplicado por el Tribunal accionado no comporta una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los derechos fundamentales del accionante, pues en ejercicio de su autonomía funcional, explicó de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales consideró que en el caso no eran aplicables las excepciones desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en torno al principio de inembargabilidad de los recursos incorporados al presupuesto general de la Nación. [En consecuencia,] la Sala concluye que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Chocó, no incurrió en desconocimiento de precedente constitucional y en tal sentido, procederá a denegar el amparo de tutela.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 63 / LEY 111 DE

1996 - ARTÍCULO 19.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03476-00(AC)

Actor: MARINO ANTONIO LOZANO MATURANA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO

1. La acción de tutela El señor Marino Antonio Lozano Maturana, por intermedio de apoderado, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo Oral de Quibdó y el

Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. 1.1. Pretensiones Primera: solicita amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, en conexidad con los derechos al trabajo, a la prevalencia del derecho sustancial, al pago de créditos generados por sentencias judiciales y al respeto de los derechos adquiridos.

Segunda: en consecuencia, dejar sin efectos el auto interlocutorio n.º 0324 del 11 de abril de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó en su totalidad el auto n.º 0396 del 24 de abril de 2018, expedido por Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Quibdó, que negó la medida cautelar de embargo solicitada dentro del proceso ejecutivo con radicación 27001-23-31-000-200600064-00.

Tercera: en su lugar, ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Quibdó, decretar las medidas cautelares de embargo, solicitadas dentro del proceso de ejecución, aplicando las subreglas para embargar recursos incorporados al presupuesto general de la Nación en la jurisdicción contencioso de lo administrativa, como lo viene desarrollando la jurisprudencia.

Cuarta: de igual forma, ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Quibdó, conminar de manera inmediata al municipio de Río Quito, para que dentro de los cinco días siguientes a la orden, acate, cumpla y cancele la obligación que proviene de la sentencia judicial del 20 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó, en el proceso con radicación 27001-23-31-000-2006-00064-00 y además, reconozca y pague todos los valores adeudados hasta la fecha, de conformidad con la liquidación efectuada y aprobada por el Juzgado.

Quinta: de ser falladas favorablemente las pretensiones, oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que vigile el cumplimiento inmediato de la orden de tutela, a fin de evitar dilaciones y demoras injustificadas por parte de las accionadas. 1.2. Hechos de la solicitud El señor Marino Lozano Maturana suscribió el contrato de consultoría nº. 001 de 2004, con el municipio de Río Quito (Chocó).

Luego de cumplir a cabalidad con el objeto contractual, la administración recibió la obra a su entera satisfacción y procedió a su liquidación, pero incumplió con el

pago de los valores adeudados. Inició proceso ejecutivo contractual contra el municipio de Río Quito, a fin de lograr el pago de los dineros. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto interlocutorio n.º 76 del 1º de marzo de 2006, libro mandamiento de pago. Con la entrada en funcionamiento de los Juzgados administrativos, el proceso fue remitido al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó, que mediante la sentencia n.º 66 del 20 de mayo de 2008, ordenó seguir adelante con la ejecución. La decisión no fue apelada, por lo que quedó en firme e hizo tránsito a cosa juzgada. Posteriormente, el despacho decidió decretar el embargo y retención de los dineros que tuviera o llegare a tener el ente demandado, en los bancos de la localidad, y luego, se presentaron las liquidaciones del crédito, que fueron debidamente corregidas y aprobadas por el despacho. El proceso de ejecución fue remitido al Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó, que mediante auto n.º 213 del 19 de julio de 2012, lo suspendió y citó a las partes para realizar la audiencia de conciliación, que se realizó el 16 de noviembre de 2012, declarándose fallida, puesto que el ente demandado no se hizo presente. Dicha conciliación era la base para decretar las medidas de embargo y al no conciliarse, se debieron haber decretado las medidas de embargo. El 7 de diciembre de 2012, el 19 de marzo de 2013 y el 19 de junio de 2013, presentó solicitudes al Juzgado a fin de que se entregaran los dineros obrantes en

el proceso y se reliquidara el crédito. El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó, mediante auto de sustanciación n.º 322 del 10 de septiembre de 2013, levantó las medidas cautelares decretadas sobre las cuentas bancarias de recursos del Sistema General de Participación y ordenó la entrega al demandado de los dineros retenidos, argumentando que de conformidad con la Ley 1551 de 2012 y el artículo 21 del Decreto 28 de 2008, no se aceptan embargos sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre el sistema general de regalías. Interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Chocó, a través del auto n.º 171 del 15 de mayo de 2014, confirmó en su totalidad el auto apelado, que ordenó levantar las medidas cautelares decretadas y reintegrar los dineros embargados al demandado. Luego de varias solicitudes tendientes a que se reactivaran las medidas de embargo, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Quibdó, a través del auto n.º 0396 del 24 de abril de 2018, negó el pedimento. Apeló la decisión y el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto n.º 324 del 11 de abril de 2019, confirmó el auto apelado. 1.3. Fundamentos jurídicos del accionante Se desconoció el precedente judicial que ronda en el tema, a saber, las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1154 de 2008, C-539 de 2010, C-543 de 2013, la Circular n.º 019 de la Procuraduría General de la Nación, la Ley 28 de 2008 y el

Concepto n.º 1901 del 17 de junio de 2008 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente 11101-03-06-000-2008-00037-00, donde se destaca que el principio de inembargabilidad no es absoluto, sino que debe conciliarse con los demás valores, principios y derechos reconocidos en la Carta Política. Los referidos pronunciamientos son claros en señalar que los créditos a cargo de las entidades territoriales originados en actividades propias de cada uno de los sectores destinatarios de los recursos del Sistema General de Participaciones, esto es, educación, salud y propósito general, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se origine en el mismo título, deben ser pagados mediante el procedimiento que señale la ley, y una vez transcurrido el término para que ellos sean exigibles, es posible la ejecución, con embargo, en primer lugar, de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencia o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos y si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participación respectiva, sin que puedan afectarse con embargo los recursos pertenecientes a las otras participaciones. De igual forma, se desconoció el auto del 21 de julio de 2017, proferido el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014), en el cual se señalaron las subreglas para embargar recursos incorporados al presupuesto general de la Nación en la jurisdicción contencioso administrativa.

Ante la indebida interpretación normativa de las normas y sentencias descritas, se está frente a una vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la excepción a la inembargabilidad, evento que fue claramente desarrollado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la sentencia de tutela del 10 de mayo de 2019, proceso con radicación 11001-03-15-000-201901303-00. 1.4. Actuación Procesal La acción de tutela fue admitida mediante auto del 5 de agosto de 2019, del que además se ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Chocó y al Juez Cuarto Administrativo Oral de Quibdó, como demandados, así como al municipio de Rio Quito (Chocó), como tercero interesado en las resultas del proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. 1.5. Intervenciones Las partes dejaron transcurrir el término de traslado en silencio.

2. Consideraciones 2.1. Competencia De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer del presente asunto, donde es demando el Tribunal Administrativo del Chocó. 2.2. Objeto jurídico Se demandan en protección los derechos fundamentales al «debido proceso y al

acceso de la administración de justicia, en conexidad con los derechos al trabajo, a la prevalencia del derecho sustancial, al pago de créditos generados por sentencias judiciales y al respeto de los derechos adquiridos», que se estiman vulnerados con el auto interlocutorio n.º 0324 del 11 de abril de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó en su totalidad el auto n.º 0396 del 24 de abril de 2018, expedido por Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Quibdó, en el cual se negó la medida cautelar de embargo solicitada dentro del proceso ejecutivo con radicación 27001-23-31-0002006-00064-00. 2.3. De la procedencia «excepcional» de la acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública». El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos posteriormente declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de

trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución. Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizarse la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados. En este entendido, la jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la

vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional». En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución; haciéndose especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos. El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten

violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 1 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 3 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos interlocutorios El concepto de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales. Así, en materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios4, la Corte ha señalado que éstos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. Lo anterior, se excepciona en casos donde: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. En este evento, la acción

constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii) a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.5 Para que proceda el asunto, deberán reunirse, en todo caso, los «requisitos generales de procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de procedibilidad» del amparo fijados por la Corte Constitucional. 2.5. Hechos probados La Sala extrae del expediente de ejecución 27001-23-31-000-2006-00064-01, remitido a esta instancia en calidad de préstamo, los siguientes hechos: 2.5.1. El 17 de enero de 2006, el señor Marino Lozano Maturana, por intermedio de apoderado, presentó demanda ejecutiva contractual de mayor cuantía, contra el municipio de Rio Quito, a fin de que se librara mandamiento de pago por el valor de $59.813.333, representado en el contrato de consultoría n.º 001 del 13 de abril de 2004, cuyo objeto era la dirección de la obra para la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de Paimadó – Rio Quito. (Folios 3-8) 2.5.2. A través de auto interlocutorio n.º 76 del 1º de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo del Chocó, resolvió librar mandamiento de pago, a favor del señor

Marino Lozana Maturana, en contra del municipio de Rio Quito, por la suma de $44.000.000. (Folios 19-20) 2.5.3. Mediante sentencia del 20 de mayo de 2008, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó, ordenó seguir adelante con la ejecución, para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, por la suma de $44.000.000, y ordenó al ejecutante, dentro de los 10 4 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras. 5 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. días siguientes, presentar la liquidación especificada de capital y de intereses. (Folios 33-34) 2.5.4. Por medio de auto interlocutorio n.º 527 del 19 de junio de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó, resolvió no aprobar la liquidación del crédito presentada por el demandante, ni tampoco la realizada por la parte ejecutada, y ordenó su reliquidación por secretaría. (Folio 56) 2.5.5. A través de auto del 19 de junio de 2012, aprobó una reliquidación total del crédito por valor de $106.479.242. (Folios 54-55) 2.5.6. Mediante auto interlocutorio n.º 850 del 22 de octubre de 2012, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó, avocó el conocimiento del proceso [según acuerdo PSAA-12-9450 de 2012], suspendió el trámite procesal y

citó a las partes y al Ministerio Público a audiencia de conciliación. (Folio 65) 2.5.7. El 16 de noviembre de 2012, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, que se declaró fallida ante la ausencia del apoderado de la demandada. (Folio 70) 2.5.8. El 22 de noviembre de 2012, el apoderado del señor Marino Antonio Lozano, solicitó al Juzgado seguir adelante con la ejecución del proceso y reiterar al Banco Popular el cumplimiento de la medida cautelar decretada, es decir, el embargo y retención de los dineros que tuviera el municipio de Rio Quito. (Folio 72) 2.5.9. El 18 de diciembre de 2012, el municipio de Rio Quito solicitó al Juzgado la suspensión o levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre las cuentas del municipio. (Folio 76) 2.5.10. A través de auto n.º 322 del 10 de septiembre de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó, levantó las medidas cautelares decretadas sobre las cuentas bancarias de recursos del Sistema General de Participación. (Folio 94) 2.5.11. El señor Marino Antonio Lozano Maturana, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión. (Folios 95-109) 2.5.12. Por medio de auto n.º 171 del 15 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo del Chocó, confirmó el auto de sustanciación n.º 322 del 10 de

septiembre de 2013, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó, que ordenó levantar las medidas cautelares decretadas y entregar al demandado los dineros retenidos. (Folios 118-122) 2.5.13. El proceso fue devuelto a los juzgados administrativos y luego de ser realizado el respectivo reparto, correspondió al Juzgado Administrativo de Descongestión del Sistema Escritural de Quibdó, que mediante auto de sustanciación n.º 580 del 24 de agosto de 2015, avocó el conocimiento del proceso y obedeció y cumplió lo resuelto por el Tribunal. (Folio 128) 2.5.14. Mediante Oficio n.º 215 del 8 de septiembre de 2015, el Juzgado Administrativo de Descongestión del Sistema Escritural de Quibdó, solicitó a la jefa de Oficina de Apoyo Judicial de Quibdó, la conversión de los títulos existentes a favor de este proceso, en atención a la supresión del Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó. (Folio 129) 2.5.15. A través de auto interlocutorio n.º 514 del 28 de julio de 2016, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Quibdó, avocó el conocimiento del asunto, continuó con el trámite, y ordenó oficiar a la Oficina de Apoyo Judicial de Quibdó a fin de que adelantara todas las diligencias necesarias tendientes a la conversión de los depósitos judiciales existentes en el proceso, a la cuenta del

despacho judicial. (Folios 144) 2.5.16. Por medio de Oficio del 10 de febrero de 2017, la Oficina de Apoyo judicial de Quibdó, informó que una vez revisado el sistema de depósitos Siglo XXI y el archivo de gestión de esa dependencia, se pudo establecer que a órdenes del proceso citado en la referencia, no se reportaban depósitos judiciales constituidos, motivo por el cual no era posible acceder a la solicitud de conversión. (Folio 147) 2.5.17. El 1º de febrero de 2018, el apoderado del ejecutante solicitó al Juzgado: (i) conminar a la entidad demandada para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que libró el mandamiento de pago, procediera a cancelar la obligación. Esto, de conformidad con el artículo 431 del CGP, el artículo 298 del CPACA y el auto del Consejo de Estado del 29 de septiembre de 2017; y, (ii) decretar el embargo de los recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, en aplicación del criterio jurisprudencial plasmado en el auto del 21 de julio de 2017, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014). (Folio 51) 2.5.18. A través de auto interlocutorio n.º 396 del 24 de abril de 2018, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, negó la solicitud de requerimiento a la entidad ejecutada, para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación

del auto que libró el mandamiento de pago procediera a cancelar la obligación, en aplicación a los dispuesto en el artículo 298 del CPACA y, denegó la solicitud de medida cautelar de embargo, atendiendo a que la medida recae sobre recursos inembargables, por disposición del artículo 594 del CGP. (Folios 60-62) 2.5.19. Por medio de auto interlocutorio n.º 0324 del 11 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo del Chocó, confirmó el auto n.º 0396 del 24 de abril de 2018, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, que negó la medida cautelar de embargo solicitada. (Folios 89-91) 2.6. Estudio de procedencia de la acción de tutela 2.6.1. El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por aplicación indebida de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso. 2.6.2. Se «cumple con el requisito de subsidiaridad», dado que la decisión cuestionada hace referencia a un auto interlocutorio que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que negó una medida cautelar dentro de un proceso ejecutivo, decisión contra la que no proceden recursos, pues puso fin a la discusión, y de los hechos narrados no se evidencia que el caso se adecue a alguna de las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA. 2.6.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la providencia objeto

de censura constitucional data del 11 de abril de 2019, y la acción de tutela fue radicada en la Secretaria General del Consejo de Estado el 30 de julio de 2019, es decir, que se interpuso dentro del término de los seis meses señalados por esta Corporación6 como prudencial para su ejercicio contra providencia judicial. 2.6.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal». 2.6.5. Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, por «desconocimiento de precedente constitucional». No así ocurre con el «defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente judicial» también invocado, frente al cual la Sala de decisión se abstiene de realizar consideración alguna. Argumenta el accionante que el Tribunal incurrió en el referido defecto, al no aplicar el pronunciamiento previsto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el auto del 21 de julio de 2017, consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014). Además, trae de referencia la sentencia de tutela del 10 de mayo de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 11001-03-15-000-2019-01303-00, donde acatando las excepciones al principio de inembargabilidad presupuestal, se accedió al amparo de tutela. Llama la atención de esta Sala de decisión, que para sustentar su descontento, el accionante tome como referente providencias judiciales que no tienen la

virtualidad de ser precedente jurisprudencial. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el «precedente jurisprudencial» es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las 6 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-0220101 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. diferentes jurisdicciones7, encargadas de unificar jurisprudencia8, que se configura cuando se desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso9, por lo que debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. En el evento de incorporarse un cargo de desconocimiento de precedente jurisprudencial, a la parte actora le corresponde señalar i) la decisión que se considera desatendida, ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de la ratio en la decisión final adoptada por el fallador de instancia.

Así es que, en estricto sentido, la presente acción de tutela no tiene la virtualidad de ser estudiada bajo el parámetro del «desconocimiento de precedente jurisprudencial», pues el auto del 21 de julio de 2017, consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, no obedece a sentencia de unificación, sino que se trata de una decisión de Sala de Subsección y además, en el asunto no se analizó la aplicación del artículo 594-1 del CGP. En igual sentido, es de advertir que las sentencias de tutela no constituyen precedente jurisprudencial a seguir en tratándose de tutela contra providencia judicial, pues además de que no son decisiones adoptadas por el juez natural del asunto, sus efectos son interpartes. 2.6.6. «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se cuestiona en esta instancia constitucional fue proferida dentro del trámite de un proceso de ejecución. 2.7. Análisis de procedibilidad del amparo de tutela invocado 2.7.1. Problema Jurídico Consiste en dilucidar si el Tribunal Administrativo del Chocó, al adoptar el auto interlocutorio n.º 0324 del 11 de abril de 2019, incurrió en «desconocimiento de precedente constitucional», al no aplicar las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 2.7.2. Sobre el desconocimiento del «precedente constitucional» como causal específica de procedibilidad 7 Precedente Vertical. 8 Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011,T-082 de 2011, T-209 de 2011.

9Concretamente, de conformidad con lo establecido en las Sentencias T-292 de 2006, C-836 de 2001 y SU-047 de 1997, el precedente constituye la regla de decisión contenida en la ratio decidendi. Esta causal de procedibilidad se justifica a partir del artículo 241 Const