CE-11001-03-15-000-2019-03697-01(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE – El funcionario judicial no siguió el precedente establecido en la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional / ACTO DE RETIRO DE EMPLEADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD EN UN CARGO DE CARRERA – La motivación es un requisito de validez donde los actos que carecen de ella están viciados de

nulidad / RETIRO DE EMPLEADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD EN UN

CARGO DE CARRERA – Límites indemnizatorios a título de restablecimiento del derecho por la nulidad de actos administrativos de retiro [S]e observa que la parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales con la sentencia demandada, pues a su juicio incurrió en un desconocimiento del precedente por la falta de aplicación de las reglas trazadas en las sentencias SU 917 de 2010, SU 556 de 2014 y SU 354 de 2017 de la Corte Constitucional y en una «mora judicial». […]. [S]e observa que en la sentencia ordinaria proferida el 2 de mayo de 2014, se dispuso el reintegro laboral de la señora Restrepo Osorio, en el cargo que ocupaba o a otro empleo igual o superior y con funciones afines y remuneración igual o superior a aquél en la respectiva planta de personal. […]. Por su parte, el fallo cuestionado del 4 de julio de 2019, dictado por el Tribunal demandado, confirmó la decisión de primera instancia al encontrar que efectivamente en los actos acusados se incurrió en falsa motivación, al haberse demostrado la existencia de los elementos que la

jurisprudencia señala como indicativos de esta anomalía. En su oportunidad, el municipio de Palestina solicitó la aclaración de esta última sentencia para que se diera aplicación a los pronunciamientos SU 917 del 16 de noviembre de 2010 y SU 556 del 24 de julio de 2014 de la Corte Constitucional; sin embargo, con auto del 29 de julio de 2019 el Tribunal acusado no accedió a la petición por considerar que la entidad no invocó dicho precedente pese a existir para la época en que se presentó el recurso de apelación. En esta sede constitucional, la señora Restrepo Osorio en calidad de impugnante considera que la decisión judicial ordinaria se encuentra acorde con lo demostrado en el plenario, sumado a que los referidos precedentes no fueron invocados «oportunamente» en el proceso ordinario y, que por ello el juez de tutela de primera instancia no debía dejarla sin efecto con el amparo concedido. Al respecto, se precisa que según lo indicó el municipio accionante en la solicitud de amparo dicha alzada fue presentada el 19 de mayo de 2014, por lo que carece de asidero que pudiera invocarse la sentencia SU 556 del 24 de julio 2014 para la época en que el municipio actor presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia ordinaria del 2 de mayo de 2014. No obstante, si bien la sentencia SU 556 de 2014 fue posterior al fallo de primera instancia ordinario e incluso al recurso de apelación que en su contra se presentó y, que solo fueron invocadas con la solicitud de aclaración del fallo de segunda instancia, tanto esta como la SU 917 de 2010 las debía considerar

necesariamente el Tribunal demandado al momento de dictar su decisión. Ello, precisamente por tratarse de una unificación de criterios jurisprudenciales respecto del vicio de nulidad por falta de motivación de los actos de retiro de personal nombrado en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, tal como fue el asunto de la señora Restrepo Osorio. […]. Conforme a lo (…) expuesto, para la Sala es claro que el Tribunal acusado debía aplicar las reglas relativas al deber de motivación de los actos de retiro de aquellos vinculados en provisionalidad, de los descuentos de las sumas que por cualquier concepto laboral se hubiese percibido entre la desvinculación y el retiro, así como de los límites indemnizatorios que a título de restablecimiento del derecho proceden en estos casos, en virtud del lineamiento consolidado con la sentencia SU 556 de 2014 de la Corte Constitucional. En efecto, se encuentra que tales derroteros resultaban de obligatorio cumplimiento por el Tribunal demandado al decidir de fondo (que en todo caso dictó en el año 2019), así las partes no se lo hubieran invocado en el proceso ordinario, pues precisamente el precedente surge del ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales. Lo anterior, toda vez que la finalidad de dicha labor se centra en brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten resolver la

controversia y que la misma pueda aplicarse a otros asuntos con supuestos jurídicos y fácticos similares, bajo la primacía de la Constitución Política. […]. En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado que accedió al amparo solicitado, puesto que se configuró el defecto por desconocimiento del precedente invocado por la parte actora, en tanto que el Tribunal acusado no siguió el precedente establecido en la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03697-01(AC)

Actor: MUNICIPIO DE PALESTINA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Temas: Confirma el fallo impugnado que accedió al amparo solicitado.

Desconocimiento del precedente, deber de motivación de actos de retiro de personal nombrado en provisionalidad, descuentos y límites indemnizatorios. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Decide la Sala la impugnación presentada por la tercera con interés, señora Olivia Restrepo Osorio, a través de apoderado1, en contra del fallo del 2 de octubre de 2019, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que accedió al amparo solicitado, en la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo Por escrito radicado el 8 de agosto de 2019 ante la Secretaría General de esta

1 A quien se le reconoció personería con auto del 5 de noviembre de 2019 (folio 162). Corporación, el municipio de Palestina (Caldas), por conducto de apoderada judicial, instauró acción de tutela contra la decisión del 4 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-33-33-0004-2012-00084-02, con el fin de que se protegiera su derecho fundamental a la igualdad. Tal garantía la consideró vulnerada por la referida autoridad judicial porque desconoció el precedente establecido en las sentencias SU 917 de 2010, SU 556 de 2014 y SU 354 de 2017, según los cuales cuando se declare la nulidad de actos que declaran insubsistentes nombramientos en provisionalidad, existen unos límites indemnizatorios y, además, procede el descuento de todo lo devengado por concepto de otros trabajos públicos o privados. En consecuencia, la parte demandante pretende lo siguiente: «… en virtud de la decisión de tutela, se dé aplicación a las sentencias de unificación Nos. SU 917 de 2010, SU 556 del 2014 y SU 354 del 17, emitidas por la Corte Constitucional y como tal se aclare y modifique la sentencia No. 149 del 08 (sic) de julio de 2019, dictada dentro del proceso 2012-084-02, aplicando el precedente jurisprudencial contenido en las citadas sentencias.» La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos Sostuvo que el alcalde municipal de Palestina mediante las Resoluciones 013 del

10 de enero de 2012 y 071 del 14 de marzo de 2012, declaró terminado el nombramiento provisional como secretaría, código 440, grado 01 a la señora Olivia Restrepo Osorio. Indicó que la señora Restrepo Osorio el 14 de febrero de 2012 presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del mencionado ente territorial2, para que se declarara la nulidad de las precitadas decisiones administrativas y se ordenara su reintegro laboral, así como el pago de lo dejado de percibir con ocasión de su retiro. Precisó que el proceso se identificó con el radicado 17001-33-31-004-2012-00084-00. Agregó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales con sentencia del 2 de mayo de 2014 accedió a las pretensiones, para lo cual dispuso el reintegro laboral de la señora Restrepo Osorio, en el cargo que ocupaba o a otro empleo igual o superior y con funciones afines y remuneración igual o superior a aquél en la respectiva planta de personal. De igual manera, ordenó lo siguiente: «TERCERO: EL MUNICIPIO DE PALESTINA reconocerá y pagará los sueldos dejados de devengar desde el 10 de enero de 2012 y hasta cuando se produzca su reintegro efectivo, entendiéndose que no ha existido solución de continuidad.

CUARTO: SE CONDENA al MUNICIPIO DE PALESTINA, a pagar…las prestaciones sociales dejadas de percibir, tales como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicio y de navidad, vacaciones y los demás emolumentos a que tenga (sic) desde la fecha de retiro del cargo, esto es,

2 Dicha fecha es la reseñada en el enlace de consulta de procesos de la página web de la Rama Judicial. desde el 10 de enero de 2012 hasta la fecha en que se produzca su reintegro.» Adujo que inconforme con tal decisión, el 19 de mayo de 2014 presentó un recurso de apelación, el cual sustentó en que con el Decreto 015 de 2003 se modificó la estructura de la entidad municipal y estableció como requisito para ejercer el referido cargo que ocupaba la señora Restrepo Osorio el título de bachiller en cualquier modalidad o secretariado y curso de informática o sistemas mínimo de 20 horas; mientras que esta solo acreditó cuando se incorporó al cargo el título de bachiller. Añadió que en dicho escrito de alzada también mencionó que el Decreto 1569 de 1998, reglamentario de la Ley 443 de 1998 consagraba unos requisitos para el ejercicio de los empleados del nivel ejecutivo del orden territorial y que, además en el artículo 37 de la mencionada ley se contempló la facultad para retirar al empleado que no cumpla con los mismos. Afirmó que el Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 4 de julio de 2019 confirmó el fallo de primera instancia y la condenó en costas, al encontrar demostrada la falsa motivación de los actos acusados, así: «…efectivamente en los actos acusados se incurrió en falsa motivación, al haberse demostrado la existencia de los elementos que la jurisprudencia señala como indicativos de esta anomalía… evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la administración pública o la

calificación de los hechos, pues conforme a la normativa que señala el municipio que establece los requisitos para ejercer cargos administrativos, los indicados por el ente territorial en los actos administrativos de desvinculación, distan mucho de los contemplados en el artículo 5 del Decreto n.° 1569 de 1998 reglamentario de la Ley 443 de 1998, careciendo el Decreto n.° 015 de 2003 de requisito alguno para el cargo de secretaría código 440 grado 01.». Aseveró que solicitó una aclaración de la precitada decisión con la finalidad de que se estableciera el tiempo sobre el cual recayó la orden, en especial lo referente a la indemnización que la Corte Constitucional fijó en las sentencias SU 917 de 2010 y SU 556 de 2014. Manifestó que tal solicitud se resolvió desfavorablemente con providencia del 29 de julio de 2019, de la siguiente manera: «En este punto debe ponerse que la entidad apelante, pese a existir las sentencias SU 917 de 2010 y SU 556 de 2014 para la época en que se interpuso el recurso, en momento alguno solicitó se modificara la sentencia atendiendo los parámetros establecidos por la jurisprudencia respecto al reconocimiento de los salarios y prestaciones dejadas de percibir por el retiro injustificado del cargo, así las cosas, y al no haber sido objeto de recurso la aplicación de las sentencias SU 917 de 2010 y SU 556 de 2014 en el sub examine, ningún estudio se hizo respecto de las mismas, por lo que ninguna aclaración procede frente a la sentencia proferida por esta Sala de Decisión el 4 de julio de 2019.»

Señaló que esta última decisión se notificó por estado con fecha de inicio 30 de julio de 20193.

3. Sustento de la petición Manifestó que con la decisión acusada se incurrió en lo siguiente: 3.1. Desconocimiento del precedente: Sostuvo que con la decisión acusada se desconoció el precedente fijado en las sentencias SU 917 de 2010, SU 556 de 2014 y SU 354 de 2017, según las cuales, en los casos de nulidad de actos que declaran insubsistentes nombramientos provisionales, procede el descuento de todo lo devengado por concepto de otros trabajos públicos o privados y la indemnización debe reconocerse con los límites de 6 a 24 meses.

Resaltó que para la fecha en la que se profirió el fallo de segunda instancia ya se habían unificado los criterios respecto de las condenas patrimoniales por salarios y prestaciones sociales de empleados nombrados en provisionalidad que fueron retirados injustamente de la administración. 3.2. Mora judicial: Alegó que «…conforme a la información que existe en el expediente el Recurso de Apelación fue admitido el 03 de julio de 2014» y que durante los años «…2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, el recurso de alzada (sic) estuvo pendiente de ser desatado por parte del Tribunal Administrativo de Caldas».

4. Trámite en primera instancia Por auto de 22 de agosto de 2019, la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la solicitud de amparo y, en consecuencia, ordenó la notificación del Tribunal Administrativo de Caldas y a la señora Olivia Restrepo Osorio en calidad de

tercera con interés.

5. Contestaciones Surtidas las notificaciones correspondientes, solo se presentaron las siguientes intervenciones: 5.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar que no incurrió en ninguno de los defectos específicos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

Manifestó que la providencia demandada contiene los motivos por los cuales se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Restrepo Osorio. 5.2. La señora Olivia Restrepo Osorio, a través de su apoderado, también se opuso a la prosperidad de la acción de tutela por los siguientes motivos: Indicó que el municipio de Palestina al descorrer el traslado de la demanda ordinaria y al presentar el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, no alegó, ni probó la vulneración del derecho a la igualdad sobre el cual sustenta 3 Conforme al reporte visible a folio 99 del expediente de tutela. la solicitud de amparo. Agregó que dicho ente territorial tampoco demostró que ella hubiera trabajado y percibido ingresos por salarios del erario, ni del sector privado o que tenga propiedades o recursos para su congrua subsistencia. Señaló que por el contrario lo que sí se demostró en el proceso fue que al referido municipio se le respetó el debido proceso, así como los derechos a la igualdad procesal, el de defensa y contradicción, y que los actos acusados resultaban ilegales. Refirió que para aquella época contaba con más de 58 de edad y que había laborado en un cargo de carrera administrativa por un tiempo superior a los 14

años, de manera continua e ininterrumpida y, que ese empleo permanece aún en la planta de personal de la citada municipalidad. Arguyó que su retiro del cargo obedeció única y exclusivamente a las «… motivaciones de politiquería por no apoyar al candidato ganador a la Alcaldía para el año 2012…y por esas mismas ‘razones’ retiraron doce empleados más, con idénticos resultados, sentencias condenatorias…» Expuso que la parte actora pretende se deje sin efectos el restablecimiento del derecho ordenado en la sentencia cuestionada bajo la aplicación de un precedente que es de un órgano de cierre que no es el de la jurisdicción contenciosa administrativa. Resaltó que esa tesis que pretende que se aplique conforme a las sentencias SU 917 de 2010 y SU 556 de 2014, se sustentó en un análisis desproporcionado de la teoría de la reparación del daño, que viola el principio de reparación integral del mismo. Precisó que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales ni especiales de procedibilidad, sumado a que el derecho a la igualdad –único que se invocasupone el análisis de un test de ponderación, cuya petición y demostración corresponde es al accionante. Agregó que no se cuestiona el auto del 29 de julio de 2019 por medio del cual se resolvió la aclaración de la sentencia dictada por el Tribunal demandado. Esgrimió que debe resarcirse de manera plena el daño causado, pues después de laborar por más de 14 años no puede conculcarse su derecho a la vida digna y a

la expectativa cierta de obtener la pensión de vejez, entre otros derechos. Señaló que se configuraría una nulidad insaneable por falta de competencia funcional si el juez de tutela tuviera que emitir la decisión ordinaria que pretende la parte actora. Concluyó que la demanda de amparo no aporta pruebas, hechos y razones de derecho que logren desvirtuar la providencia acusada y que, además, lo que pretende el ente territorial accionante es revivir los términos y las etapas legalmente precluidas frente a una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada material.

6. Sentencia de primera instancia A través de providencia del 2 de octubre de 20194, la Sección Cuarta del Consejo de Estado accedió al amparo solicitado, previo a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, para lo cual resolvió lo siguiente: «1. Amparar el derecho fundamental a la igualdad del municipio de Palestina (Caldas), por las razones expuestas en esta providencia. En

consecuencia, se dispone:

2. Dejar sin efecto la sentencia del 4 de julio de 2019, dictada por el

Tribunal Administrativo de Caldas.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas que, en los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte sentencia de reemplazo, en la que deberá tener en cuenta las reglas de interpretación fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. …» (negrillas dentro del texto original) Sostuvo que el problema jurídico consistía en determinar si la sentencia del 4 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente fijado en las sentencias SU 917 de 2010, SU 556 de 2014 y SU 354 de 2017, en lo referente al límite indemnizatorio establecido para los casos de nulidad de actos que declaran la insubsistencia de

nombramientos provisionales en cargos de carrera administrativa. Precisó el alcance de las sentencias de unificación que dicta la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución Política, mandato bajo el cual tiene la potestad de fijar los parámetros que se deben atender al resolver asuntos de relevancia constitucional. Que, precisamente en la sentencia C-816 de 2011, la Corte declaró: «La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de las diferentes jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la normatividad restante del sistema jurídico y las competencias constitucionales de la Corte». Hizo un recuento de los asuntos analizados en las sentencias SU 917 de 2010, SU 556 de 2014 y SU 354 de 2017, a partir de lo cual destacó que con ellas la Corte 4 Folio 129 a 134.

Constitucional fijó las reglas para interpretar el régimen de los empleados provisionales y la correcta forma de indemnizar el daño causado con el retiro sin motivación. Resaltó que tales lineamientos de interpretación tienen fuerza vinculante para todos los jueces de la República, pues en las sentencias de unificación la Corte Constitucional fija el contenido y alcance de la ley, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y el principio de la seguridad jurídica. Manifestó que la Corte Constitucional al referirse al restablecimiento del derecho derivado de una desvinculación ilegal de una persona con derechos de carrera administrativa, estimó que la indemnización no inferior de 6 meses ni superior a 24 meses, se causa entre la desvinculación y el reintegro y que deben descontarse los emolumentos percibidos como retribución por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente. Advirtió que la sentencia SU 354 de 2017 no contiene una regla de interpretación aplicable al caso concreto, pues dicha sentencia se refirió a la desvinculación de una persona que tenía derechos de carrera administrativa, mas no a la desvinculación de personal que ocupaba de manera provisional un cargo de carrera administrativa. Indicó que la sentencia SU 556 de 2014 sí fijó reglas de interpretación sobre la forma de cuantificar debidamente el daño que debe indemnizarse por el retiro ilegal de un provisional y que, como la sentencia SU 556 de 2014 modificó la regla de restablecimiento del derecho prevista en la sentencia SU 917 de 2010, el análisis debía restringirse a los lineamientos trazados en la sentencia SU 556 de

2014. Refirió las motivaciones que el Tribunal expuso en la sentencia demandada a partir de lo cual concluyó que la decisión de primera instancia debía confirmarse porque los actos acusados incurrieron en falsa motivación. Agregó que en dicha providencia se dispuso que a título de restablecimiento del derecho ordenó al municipio de Palestina que reintegrara a la señora Olivia Restrepo Osorio y que, reconociera y pagara los sueldos dejados de devengar desde el 10 de enero de 2012 y hasta cuando se produzca su reintegro efectivo, entendiéndose que no ha existido solución de continuidad. Precisó que frente a la sentencia cuestionada, el municipio de Palestina formuló solicitud de aclaración, con el fin de que el restablecimiento del derecho se ajustara a lo previsto en las sentencias SU 917 de 2010 y SU 556 de 2014, esto es, para que de la indemnización se descontaran los salarios y prestaciones devengados durante la desvinculación y para que la indemnización se limitara entre los 6 y 24 meses de salarios y prestaciones. Mencionó que por auto del 29 de julio de 2019, el Tribunal demandado desestimó la solicitud de aclaración, pues, a su juicio, las sentencias SU 917 de 2010 y SU 556 de 2014 no podían ser tenidas en cuenta, por no haber sido objeto de alegación en el respectivo recurso de apelación. Destacó que, a partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Caldas sí desconoció las reglas de interpretación previstas en la sentencia de unificación SU 556 de 2014 para los caso de nulidad de actos que declaran insubsistentes

nombramiento provisionales en cargos de carrera administrativa. Sostuvo que la decisión acusada no se ajustaba a las reglas de interpretación fijadas por esa Corporación que, para casos como el de la referencia, dispuso que se descontaran las sumas que por cualquier concepto laboral hubiese percibido entre la desvinculación y el reintegro, y que la suma a pagar a título de indemnización no podría ser inferior a 6 meses ni superior a 24 meses de salario. Aclaró que si bien el Tribunal demandado estimó que no debía pronunciarse sobre las sentencias SU 917 de 2010 y SU 556 de 2014, por cuanto nada se dijo en el recurso de apelación, lo cierto es que sí estaba obligado a hacerlo, pues las reglas de interpretación fijadas en esta última providencia tienen fuerza vinculante, por cuanto fijó la forma cómo debían interpretarse las normas. Resaltó que la aplicación de la sentencia SU 556 de 2014 no desconoce el principio de congruencia entre lo alegado en la apelación y lo decidido en la sentencia de segunda instancia, pues dicha decisión de unificación es obligatoria y tiene efecto en todos los casos en los que deba disponerse el restablecimiento del derecho derivado de la nulidad de actos que declaran la insubsistencia de nombramientos provisionales en cargos de carrera administrativa. Concluyó que la sentencia del 4 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, incurrió en «…defecto sustantivo por desconocimiento del límite indemnizatorio establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014» y por tal motivo, concedió el amparo solicitado.

7. Impugnación Por escrito radicado electrónicamente 18 de octubre de 20195, la señora Olivia

Restrepo Osorio, en calidad de tercera con interés, impugnó el fallo de tutela de primera instancia por lo siguiente: Solicitó que de confirmarse el fallo impugnado «…por lo menos se permita modulando el fallo de tutela de primera instancia, que se dé una etapa probatoria para demostrar que mi poderdante en efecto desde que fue desvinculada del Municipio de Palestina hasta su reintegro, NO TUVO VÍNCULO LABORAL, ni particular ni público y que sus aportes a seguridad social fueron DE CERO PUNTO CERO SEMANAS y que en consecuencia no puede aplicarse la presunción de derecho creada por la corte Constitucional en su desafortunada sentencia …» Sostuvo que el municipio accionante se limitó a citar apartes de algunas sentencias, sin precisar en qué consistía la causal invocada, ni demostró el cumplimiento de los requisitos generales ni especiales de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que debía declararse la improcedencia de la misma. Indicó que en el fallo de tutela impugnado tampoco se probó que se tratara de un caso igual al analizado en la sentencia SU 556 de 2014, máxime que la vinculación de la señora Restrepo Osorio no era precaria ni de hecho, ya que llevaba más de catorce años al servicio del municipio actor. Reiteró que el ente territorial accionante tampoco alegó ni demostró la vulneración al derecho a la igualdad que invocó, al descorrer el traslado de la demanda, ni con el recurso de apelación. 5 La parte impugnante se notificó electrónicamente el 17 de octubre de 2019.

Agregó que el municipio de Palestina no probó que la señora Restrepo Osorio hubiera trabajado y percibido ingresos por salarios del erario, ni del sector privado o que tenga propiedades o recursos para su congrua subsistencia. Adujo que a la parte aquí demandante se le respetó el derecho a la igualdad, así como las demás garantías constitucionales al debido proceso, la defensa y contradicción, pues tan es así que ni siquiera con la aclaración que solicitó de la sentencia el municipio logró que se aplicaran las decisiones de unificación que sustentan la acción de tutela. Añadió que debe resarcirse de manera plena el daño causado, pues después de laborar por más de 14 años no puede conculcarse su derecho a la vida digna y a la expectativa cierta de obtener la pensión de vejez, entre otros derechos. Afirmó que se vulneraría la competencia funcional del juez ordinario si se mantiene el fallo de tutela de primera instancia, el cuestiona porque el demandante no aportó pruebas, hechos y razones de derecho para que el amparo se concediera. Aseveró que la acción de tutela pretende revivir los términos y las etapas legalmente concluidas frente a una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada material. Manifestó que la sentencia SU 556 de 2014 es una desafortunada decisión de la Corte Constitucional, en tanto que además de la incertidumbre genera una inequidad para un grupo de servidores públicos que son legalmente nombrados y posesionados. Señaló que dicha providencia contó con «dos salvamentos de voto» y dos firmas

de magistrados ausentes con excusas. Al respecto, citó los argumentos expuestos en la aclaración de voto del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Sostuvo que la sustentación jurídica, ponderada y razonable de la precitada aclaración de voto deja al descubierto lo deleznable de la sentencia de unificación, pues se pretende aplicar una regla a casos que no son iguales y que además atenta contra los derechos salariales y prestacionales del trabajador. Como pretensiones solicitó se concediera la impugnación, se revocara la sentencia de primera instancia y de manera subsidiaria, lo siguiente: «…si se decide confirmar el fallo, SOLICITO que en un mínimo de justicia al menos se permita, MODULANDO el fallo de tutela de primera instancia, que se dé una etapa probatoria para demostrar que mi poderdante en efecto desde que fue desvinculada del Municipio de Palestina hasta su reintegro, NO TUVO VÍNCULO LABORAL, ni particular ni público y que sus aportes a seguridad social fueron DE CERO PUNTO CERO SEMANAS y que en consecuencia no puede aplicarse la presunción de derecho creada por la Corte Constitucional en su desafortunada sentencia y que por lo menos le respeten su sagrado derecho a tener ese tiempo como aporte a pensión para algún día, en su vejez, vivir con el salario mínimo que se tenga fijado en este pobre y desigual país…»

8. Trámite en segunda instancia Con auto del 4 de diciembre de 20196 se vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y, a su vez, se requirió el expediente ordinario 6 Folio 171. en calidad de préstamo7.

Surtidas las notificaciones de rigor y los requerimientos del caso, las partes e intervinientes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 198