CE-11001-03-15-000-2019-03712-00(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA DEMANDA - A partir del hecho generador del daño / OMISIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD MENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL EN SOLDADO CONSCRIPTO - Constituye el hecho generador del daño / INEXISTENCIA DE DAÑO CONTINUADO O DE TRACTO SUSCESIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración normativa / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración [L]a Sala [s]e pronunciará sobre el defecto fáctico –“desconocimiento de la prueba”- alegado por la actora [y, de igual manera determinará si] (…) ¿[i]ncurre en desconocimiento de precedente la providencia que en un proceso de reparación directa confirmó el rechazo de la demanda por configurarse la caducidad de la acción, al considerar que ésta fue presentada por fuera del término que la ley prevé para ello, al considerar para el efecto que el hecho que generó el daño alegado, esto es, la omisión por parte del Ejército Nacional del diagnóstico de la enfermedad mental, al momento de calificar la pérdida de la capacidad laboral, se configuró en un momento concreto, y por tanto, no existe un daño continuado o de tracto sucesivo? (…) [L]a Sala evidencia que no le asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, pues, tal como se observa de los argumentos transcritos, el

Tribunal administrativo realizó un análisis razonable que le permitió concluir que de acuerdo a los hechos y circunstancias probadas dentro del proceso de reparación directa, se configuró la caducidad de la acción al haberse presentado la demanda por fuera de los dos años que la ley prevé como término para ello, teniendo en cuenta que el hecho generador del daño reclamado, esto es, la omisión por parte del Ejército Nacional del diagnóstico de la enfermedad mental, al momento de calificar la pérdida de la capacidad laboral, se configuró en un momento concreto, y por tanto, no existe un daño continuado o de tracto sucesivo. (…) En el asunto bajo examen, la parte actora alegó que las providencias acusadas desconocieron el precedente contenido en la providencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 11 de febrero de 2016 (...), en la que se precisó, al resolver una acción de tutela, que en casos especiales como ocurre en aquellos eventos en los cuales el daño se produce, se manifiesta o se consolida con posterioridad al hecho que lo causó, es necesario acoger una interpretación flexible del término de caducidad, fundada en los principios proactione y pro-damato. Al analizar dicha providencia, se advierte por la Sala que ésta no constituye precedente judicial para el asunto, en la medida en que la misma no fue proferida por esta Corporación actuando como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el escenario de un proceso ordinario de reparación directa. (…) [En consecuencia,] la Sala negará el amparo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en consideración a que la providencia censurada, no incurrió en el defecto fáctico ni

en desconocimiento del precedente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03712-00(AC)

Actor: ROSA ELENA PALACIO CUESTA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUÍA Y OTRO La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Rosa Elena Palacio Cuesta en contra de las providencias de 19 de julio de 20181 y 4 de febrero de 20192, mediante las cuales el Juzgado 29 Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquía, respectivamente, rechazaron la demanda de reparación directa interpuesta por la accionante y otros, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional que se tramitó bajo el radicado 05001-33-33-029-2018-00273-00.

I. SÍNTESIS DEL CASO La señora Rosa Elena Palacio Cuesta solicitó la tutela de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, “a las garantías judiciales y a la protección judicial”, que estimó vulnerados con ocasión de las providencias de 19 de julio de 2018 y 4 de febrero de 2019, proferidas por el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, por medio de las cuales se rechazó por caducidad de la

acción la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación directa bajo radicado No. 05001-33-33-029-2018-00273-00, formulado por la accionante y otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el objeto de que se le declarara responsable por los perjuicios materiales y morales que le fueron causados a Carlos Andrés López Palacio y su familia, con ocasión de la esquizofrenia padecida por éste mientras prestaba el servicio militar obligatorio y por la falta de valoración por parte del Ejército Nacional de su salud mental en el proceso de calificación de invalidez. Estima que las providencias censuradas incurren en los defectos de “desconocimiento de la prueba y en el desconocimiento del precedente jurisprudencial de Tutela”. 1 Folios 198 a 201 del Cuaderno Anexo 2 Folios 206 a 213 del Cuaderno Anexo Respecto al primer defecto señaló la parte accionante que éste se configura, por una parte, al desconocer la historia clínica que da cuenta que la enfermedad del señor Carlos Andrés López Palacio fue persistente en el tiempo y al no ser tratada de manera efectiva, ocasionaron que éste “[…] estuviese en un constante estado de enajenación mental y que por ello no pudiera acceder a la jurisdicción en el término contemplado en la ley.” Por otra parte, en términos de la parte actora, el defecto también se presenta al encontrar que en las decisiones cuestionadas no se tuvo en cuenta la circunstancia relacionada con la falta de valoración por parte de la Junta Médica de Calificación de las Fuerzas Militares, en el proceso de calificación de invalidez,

del diagnóstico de esquizofrenia del señor Carlos Andrés López Palacio, lo que lleva a concluir que aún no se encuentra definida su situación con ocasión de su enfermedad mental, y por lo tanto, no se ha dado el momento para comenzar el conteo del término de caducidad de la acción. Sobre este mismo asunto se precisa en el escrito de tutela que “[…] la ausencia de valoración de esta circunstancia que resulta relevante para el análisis del caso, desconoce una realidad que afecta a los demandantes en el ejercicio de sus derechos pues el daño causado, que lo constituye el desencadenamiento de la enfermedad en momentos en los que estaba prestando servicio militar obligatorio, la falta de reconocimiento de su salud mental por el Ejército Nacional para estimar su pérdida de capacidad laboral y la ausencia de definición de su situación respecto de una condición de salud relevante desencadenada al interior del Ejercito Nacional; por lo que si la afectación de Carlos Andrés se hubiera supeditado exclusivamente a su condición mental y se presentara hoy por hoy la misma situación, esto es, que no se hubiese valorado tal condición por la Junta de Calificación, su situación no estaría definida y no se contaría con término para impetrar la acción.” En relación al defecto de desconocimiento del precedente, la accionante precisa que las decisiones cuestionadas desconocieron lo señalado en la sentencia de 11 de febrero de 2016 proferida por la Sección Primera de esta Corporación, expediente 2015-02666 (AC), C.P. María Claudia Rojas Lasso. Por lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la decisión de segunda instancia

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y se continúe con el trámite del proceso.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN 2.1. El 6 de junio de 20193 el Despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juez Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y comunicar al representante legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, este último en atención a lo dispuesto en el artículo 612 del Código General del Proceso. 2.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado4 allegó escritos en los que señaló que el contenido de la presente acción de tutela no guarda relación con las competencias y funciones asignadas a dicha entidad, por lo que no tiene competencia para pronunciarse frente a los derechos fundamentales y por ende carece de legitimación en la causa por pasiva. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite. 2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquía5 presentó informe en el que, además de señalar las consideraciones expuestas en el auto censurado, indicó que en el presente asunto la tutela pretende convertirse en una tercera instancia del trámite ordinario, siendo ello improcedente. Igualmente, adujo que no se configura ninguno de los defectos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, advirtiendo además que el auto censurado fue proferido con observancia del debido proceso, con competencia para decidir el asunto y aplicando la normatividad vigente. 2.4. Aun cuando el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín fue

correctamente notificado, no rindió informe sobre los hechos de la tutela.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA III.1. COMPETENCIA 3 Folios 22 y 23 del cuaderno principal 4 Folios 31 a 39 y 96 a 110 del cuaderno principal. 5 Folio 58 del cuaderno principal.

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. III.2. CUESTIÓN PREVIA: la solicitud de desvinculación. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en su escrito de contestación de la tutela, solicitó la desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que dicha solicitud no procede, teniendo en cuenta que la vinculación al presente trámite obedece al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 612 del Código General del Proceso6; de manera que no se ha tenido a aquella en este trámite como entidad accionada. 3.3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA La Sala encuentra que la presente acción cumple con los requisitos generales

para su examen, en razón a que: i) se argumenta de forma suficiente la posible vulneración de derechos de orden fundamental como el de acceso a la administración de justicia, como consecuencia de las providencias judiciales que rechazaron una demanda de reparación directa por caducidad de la acción, decisiones que tendrían la virtualidad de afectar tal derecho; ii) la parte actora agotó todos los medios de defensa judicial de que disponía, toda vez que contra el auto de rechazo de la demanda se interpuso el recurso procedente; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable7, ya que se radicó el 8 de 6 “Artículo 612: […] En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior. […]” 7 Sentencia del cinco (5) de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. agosto de 2019, es decir, cinco (5) meses después de notificada la providencia que se ataca; iv) las irregularidades que se le endilgan a las providencias afectarían las decisiones de fondo por cuanto tienen un efecto decisivo y determinante en los autos de rechazo de la demanda; v) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue puntualizada en el escrito de tutela así

como fue alegada en el curso del proceso, y vi) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela. En consecuencia, la Sala procederá a su estudio. 3.4. HECHOS 3.4.1. Los señores Carlos Andrés López Palacio, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de 18 años, Rosa Elena Palacio Cuesta, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de 18 años, Harol de Jesús López Aguilar, Héctor Luis López Palacio y Yuliana Andrea López Palacio, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se le declare administrativamente responsable de la totalidad de los perjuicios materiales y morales que le fueron causados a Carlos Andrés López Palacio y su familia, con ocasión de la esquizofrenia padecida por éste mientras prestaba el servicio militar obligatorio y por la falta de valoración por parte del Ejército Nacional de su salud mental en el proceso de calificación de invalidez. Como fundamento de sus pretensiones, en el escrito de demanda se precisaron los siguientes supuestos fácticos: “[…] para el ingreso a la Institución (Ejército Nacional) se le realizaron a Carlos Andrés los exámenes consagrados en los artículos 16 y 17 de la ley 48 de 1993 para su incorporación encontrándose en buen estado de salud; 16 de septiembre de 2011, estando en servicio en la vereda o sector La Milagrosa del Municipio de Campamento-Antioquía -, al realizar maniobra con el fusil ordenada por su

comandante, mientras se encontraba en una misión de contraguerrilla, se le disparó el fusil lesionándose en el abdomen por lo que fue conducido a la ciudad de Medellín, donde ingresó al Hospital Pablo Tobón Uribe recibiendo atención médica. […] Encontrándose en recuperación luego de la varias intervenciones quirúrgicas, debió consultar el 16 de julio de 2012 por siquiatría en el hospital mental de Antioquía porque conforme registro médico presentaba irritabilidad, conductas agresivas, posterior a herida por arma de fuego en abdomen que el mismo propicio al parecer accidentalmente, recuerda imágenes del accidente refiere tristeza, insomnio de mantenimiento, recuerda con frecuencia el episodio del accidente. […]

5. El 4 de enero de 2013 conforme la historia clínica aparece certificado de su enfermedad mental emitido por psiquiatría, en el que se establece los episodios psicóticos padecidos por el señor CARLOS ANDRÉS LÓPEZ PALACIO inducidos por el uso de tetracanabinol, no obstante, desde el año 2011 Carlos Andrés se encontraba bajo custodia del Ejército Nacional en la prestación del servicio militar obligatorio.

6. El 25 de abril de 2013, existiendo el diagnóstico de esquizofrenia, le fue realizada Junta Médico Laboral que determinó una incapacidad permanente parcial no apto para el servicio y una pérdida de la capacidad laboral del 26.92%; decisión que fue apelada por el soldado López Palacio y el 7 de octubre de 2013 la Junta Médico Laboral de las fuerzas militares en la ciudad de Bogotá estableció que la merma de la

capacidad laboral del soldado Carlos Andrés López Palacio es del 34.22% catalogada como una incapacidad permanente parcial no apto para actividad militar por causal 60 y se emite la Resolución 167659 del 24 de diciembre de 2013 de la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, la que le fue notificada al joven Carlos Andrés en el mes de febrero de 2014.

7. No obstante, en la valoración realizada en el proceso de calificación de invalidez no se consideró el diagnóstico de esquizofrenia del paciente, por lo tanto, no se ha definido a Carlos Andrés López Palacio su situación por sanidad del Ejército Nacional en relación con la esquizofrenia secundaria al accidente que dio lugar a las secuelas por las que fue valorado por la Junta Médica de Calificación de Invalidez. Esto es, que al no haberse realizado valoración por la Junta Médica de una situación que profundiza la incapacidad del paciente: La esquizofrenia, aún no se ha definido su situación con ocasión de su enfermedad mental. […] la enfermedad mental que aqueja a Carlos Andrés se desencadenó, produjo o surgió con ocasión de un accidente que se presentó estando al servicio del Ejército Nacional, encontrándose bajo custodia de esta institución y fue desvinculado de la misma, sin que se definiera su situación por sanidad al respecto, pese a que al momento de la valoración por la Junta Médica de calificación el Joven López Palacio ya había sido diagnosticado con esquizofrenia.” 3.4.2. Le correspondió conocer de tal asunto al Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que mediante auto de 19 de julio de 2018 rechazó la

demanda por considerar que operó la caducidad del medio de control de reparación directa. Al respecto señaló que, al analizar la caducidad desde el día siguiente de la ocurrencia del accidente, esto es, el 19 de septiembre de 2011, los accionantes tendrían hasta el 19 de septiembre de 2013 para presentar la demanda, sin embargo la radicaron el 13 de julio de 2018; así mismo, si el computo del término de caducidad se hace desde la configuración de la pérdida de la capacidad laboral, dicho plazo se extendería desde el 7 de octubre de 2013, fecha en la cual se efectuó la valoración de la Junta Médica de Calificación de las Fuerzas Militares, hasta el 8 de octubre de 2013, no obstante lo cual, como antes se indicó, la demanda tan solo fue presentada el 13 de julio de 2018. 3.4.3. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación8 con sustento en los siguientes argumentos: Señaló que no está de acuerdo con la decisión de primera instancia, por cuanto ésta no tuvo en cuenta que al momento en que se determinó la incapacidad permanente parcial del señor Carlos Andrés López Palacio ya existía un diagnóstico de esquizofrenia, que no fue valorado por la Junta Médico Laboral de las Fuerzas Militares. En consecuencia, la situación por sanidad relacionada con la enfermedad mental, aún no ha sido definida. Consideró que la anterior circunstancia debió ser analizada por el Juzgado Administrativo para concluir que aún no se ha dado la pauta para el inicio de la contabilización de la caducidad de la acción por la afectación sicológica del señor

López Palacio, pues no se ha establecido la pérdida de la capacidad laboral con ocasión de la esquizofrenia. 3.4.4. El mencionado recurso fue decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad mediante auto de 4 de febrero de 2019, en el sentido de confirmar la providencia apelada, con fundamento en lo siguiente: Para el Tribunal, las pretensiones de la demanda se sustentan no solo en el hecho de que el señor Carlos Andrés López Palacio haya adquirido la enfermedad mental durante la prestación del servicio militar, sino también está en la omisión de la autoridad de sanidad del Ejército Nacional de valorar el diagnóstico de la enfermedad mental al momento de calificar la pérdida de la capacidad laboral. Consideró que, aunque al señor López Palacio no se le han evaluado los efectos que la enfermedad mental produce en el porcentaje de pérdida de su capacidad laboral, ello no es óbice para considerar que ya existe un daño instantáneo, que se da justamente en la existencia de un diagnóstico que fue omitido por la autoridad de sanidad militar; y aclaró que el hecho de persistir en el tiempo tal omisión, no lo convierte en un daño continuado, pese a que genera perjuicios proyectados hacia futuro. Adujo que la omisión que sustenta las pretensiones de reparación se generó en el momento en que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía decidió de forma definitiva el porcentaje en que se disminuyó la capacidad laboral 8 Folios 202 a 205 del cuaderno Anexo. del señor López Palacio, sin incluir el diagnóstico de esquizofrenia, encontrando

que ésta tuvo lugar el 7 de octubre de 2013. De esta forma, cuando se presentó la solicitud de conciliación prejudicial el 23 de mayo de 2018, estaba más que agotado el término para presentar oportunamente la demanda. 3.5. PROBLEMA JURÍDICO Para resolver la presente acción, la Sala:  Se pronunciará sobre el defecto fáctico –“desconocimiento de la prueba”- alegado por la actora.  Resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Incurre en desconocimiento de precedente la providencia que en un proceso de reparación directa confirmó el rechazo de la demanda por configurarse la caducidad de la acción, al considerar que ésta fue presentada por fuera del término que la ley prevé para ello, al considerar para el efecto que el hecho que generó el daño alegado, esto es, la omisión por parte del Ejército Nacional del diagnóstico de la enfermedad mental, al momento de calificar la pérdida de la capacidad laboral, se configuró en un momento concreto, y por tanto, no existe un daño continuado o de tracto sucesivo? 3.6. ANÁLISIS DE LA SALA 3.6.1. El defecto fáctico De forma preliminar la Sala advierte que, si bien la accionante en el escrito de tutela señaló que las providencias acusadas incurren en la “causal de desconocimiento de la prueba”, el estudio de tal cargo se abordará en el marco del defecto fáctico, teniendo en cuenta que la discusión se centra en un aspecto probatorio que, en criterio de aquél, afectaría la decisión censurada.

Sobre el particular, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, un defecto fáctico se configura “[…] cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales […].”9 Considera el Alto Tribunal Constitucional que la evaluación del acervo probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria y que por ello la valoración que éste realice, necesariamente implica “la adopción de criterios objetivos10, no simplemente supuestos por el juez, racionales11, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos12, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.13 Ahora bien, se han identificado dos dimensiones en las cuales es posible se configure el defecto fáctico, a saber14: a) Una dimensión negativa, que surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y

caprichosa15, situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de la prueba16, y (ii) sin una razón válida da 9 Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 10 Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”. 11 Cfr. sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. 12 Cfr. sentencia T-538 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-159-2002, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. 15 Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras. 16 Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009. por no probado un hecho que emerge claramente. b) Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente, eran ilegales o ineptas, o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente su decisión17. Bajo los parámetros judiciales anteriores y teniendo en cuenta que los asuntos fácticos que se debaten en un proceso corresponden a la prueba, la relevancia y la connotación jurídica de los hechos, el defecto fáctico puede configurarse cuando: a) se le da relevancia a un hecho jurídico que resulta irrelevante para la decisión del caso, o por el contrario, se considera irrelevante el hecho, cuando en uno u otro caso resulta determinante para la decisión; b) se considera probado un hecho concreto que en realidad no está probado, ya sea porque no hay constancia del mismo en el expediente, o porque la prueba se ha recaudado con violación al debido proceso, o porque lo acreditado en el proceso no tiene la virtud de prueba de acuerdo con la ley; o por el contrario, no se considera probado el hecho que en

realidad sí lo está, o se omite indebidamente el decreto o práctica de una prueba, y es determinante para la decisión a tomar, y c) cuando a un hecho concreto debidamente probado, se le da una connotación jurídica que no le corresponde, o no estando probado se connota jurídicamente. En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el error debe ser flagrante, manifiesto y debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación fáctica de la autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto, ya que 17 Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre otras. con ello invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares los jueces ordinarios. En el presente asunto, la accionante estima que se configura este defecto al no valorar la historia clínica del señor Carlos Andrés López Palacio, la cual permitía advertir que la ausencia de tratamiento efectivo contra la enfermedad mental padecida por aquél derivó que estuviera en un estado de enajenación mental que no le permitió acudir a la jurisdicción en el término establecido por la ley. Igualmente, señaló que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico al no tener en cuenta la omisión del Ejército Nacional en relación con la valoración del diagnóstico de esquizofrenia dentro del proceso de calificación de invalidez, la cual permite concluir que la situación generada por la enfermedad mental padecida por el señor López Palacio no se ha definido; en esa medida, a su juicio, se

desconoció que no se ha dado el supuesto para que empiece la contabilización del término de caducidad de la acción de reparación directa. Sobre el particular, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Antioquía, a través de la providencia de 4 de febrero de 2019 censurada, analizó el tema de la caducidad de la acción de la siguiente manera: “[…] Al respecto, debe precisar la Sala que en este caso no es dable considerar que por no haberse tomado en cuenta el diagnóstico de enfermedad mental del joven Carlos Andrés López Palacio por parte de la Dirección de Sanidad o del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, al momento de determinar la pérdida de capacidad laboral del mismo, el término de caducidad aún no puede contabilizarse, debido a que si la fuente del daño reclamado lo es dicha patología o el hecho de no haberse sumado la misma a la calificación en mención, tales circunstancias tuvieron un momento concreto de ocurrencia, que no puede ser desconocido para establecer si la demanda se presentó o no en término oportuno. […] No obstante, no es solo la circunstancia de haber adquirido el joven Carlos Andrés López Palacio la enfermedad durante la prestación del servicio militar, lo que fundamenta las pretensiones reparatorias, sino la omisión de su consideración a la hora de calificar su pérdida de capacidad laboral por las dependencias competentes en la materia, tanto así que de ello el actor condiciona los términos de caducidad, lo que determina la identificación del punto de partida de tal conteo. De esta forma, no podría alegarse que por falta de un estudio íntegro de las

patologías del demandante, el término de caducidad del medio de control deprecado no ha empezado, por cuanto la fuente del daño definida desde la demanda es clara en es