CE-11001-03-15-000-2019-03722-00(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / COSA JUZGADA

CONSTITUCIONAL - Configuración [A]l haberse presentado ya una acción de tutela que guarda identidad de partes, de hechos y de pretensiones con la actual, que además fue excluida de revisión por parte de la Corte Constitucional, en el caso se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. (...) la Sala encuentra que el actuar de la [actora] no es temerario, toda vez que consideró razonablemente que se encontraba legitimada para radicar otra acción de tutela, con fundamento en la existencia de un hecho nuevo, el cual concretó en el fallo proferido por la Sección Quinta de esta Corporación el 16 de agosto de 2018 dentro del proceso radicado bajo el No. (...). Revisado el proceso referido en el sistema de información de la Rama Judicial Siglo XXI, se observa que aunque en un caso de similares condiciones —según relató la actora—, el funcionario en ejercicio del principio de autonomía judicial resolvió conceder las pretensiones de otra accionante, esa circunstancia no se constituye en un hecho nuevo que pueda dar lugar a que la [actora] interponga una nueva acción de amparo para ventilar, otra vez ante esta sede, una litis que ya fue definida por el juez constitucional FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 37

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Guillermo Sánchez Luque sin medio magnético a la fecha 02/10/2019.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03722-00(AC)

Actor: LIGIA YOLANDA CASTILLO DE BUENAVENTURA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Asunto: Acción de tutela – primera instancia Tema: Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Subtema 1: Requisitos Generales de habilitación de la tutela contra providencias judiciales – relevancia constitucional. Subtema 2: Sobre la cosa juzgada y la temeridad.

Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente la solicitud de amparo por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora Ligia Yolanda Castillo de Buenaventura en contra de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 76109-33-33-002-2012-0014401. I.- ANTECEDENTES 1.- La solicitud de amparo constitucional 1.1.- El 9 de agosto de 20192 la señora Ligia Yolanda Castillo de Buenaventura presentó acción de tutela3 en procura de la protección de sus derechos

fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la defensa, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al negar sus pretensiones de nulidad del acto administrativo que la declaró insubsistente en el cargo que ocupaba en provisionalidad en la Alcaldía Municipal de Buenaventura, dentro del proceso radicado bajo el No. 76109-33-33-002-2012-00144-00. Las pretensiones fueron las siguientes: “PRIMERA: Que se TUTELEN a favor de la Señora LIGIA YOLANDA CASTILLO DE BUENAVENTURA, los Derechos Constitucionales Fundamentales A UN DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO y A LA DEFENSA, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de su sentencia sin número de mayo 15 de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuya radicación fue la No. 76-109-33-33-002-2012-00144-01.

SEGUNDA: Que una vez Tutelados los Derechos Fundamentales de la Señora LIGIA YOLANDA CASTILLO DE BUENAVENTURA, como consecuencia se revoque o se deje sin efecto la Sentencia sin número de mayo 15 de 2018, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar, se ORDENE al Tribunal accionado que en el término de 48 horas profiera nueva sentencia en la que se confirme la sentencia de primera instancia No. 053

de abril 30 de 2014 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura”4. 2.- Hechos 2.1.- A través del Decreto No. 078 del 26 de febrero de 2008 se nombró en provisionalidad a la señora Ligia Yolanda Castillo de Buenaventura en el cargo de Profesional Especializado Código 22 - Grado 04 en la Alcaldía Municipal de Buenaventura. 2.2.- Mediante el Decreto No. 133 del 1º de marzo de 2012 el Alcalde Distrital de Buenaventura la declaró insubsistente en el cargo de Profesional Especializado Código 22 - Grado 04, desde el 5 de marzo de esa misma anualidad. Nombró en su reemplazo, a Hernán Hinestrosa Asprilla, por medio del Decreto No. 089 del 14 de febrero. 1 Folios 1 a 24 del C. Principal. 2 Folio 24 del C. Principal. 3 Folios 1 a 24 del C. Principal. 4 Folio 9 del C. Principal. 2.3.- En razón de lo anterior, la peticionaria presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Distrito de Buenaventura. Solicitó que se declarara la nulidad del referido acto administrativo y como restablecimiento del derecho el reintegro y la condena al reconocimiento y pago de las sumas que dejó de percibir desde la fecha en la que fue declarada insubsistente en el cargo que venía desempeñando. 2.4.- De ese proceso conoció en primera instancia el Juzgado Segundo

Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, que mediante la sentencia No. 053 del 30 de abril de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda. Señaló que al expedir el acto administrativo impugnado, el Alcalde Distrital de Buenaventura vulneró las normas que rigen el procedimiento de provisión y retiro de los nombramientos realizados en provisionalidad. Agregó que el señor Hernán Hinestrosa Asprilla no reunía los requisitos para desempeñar el cargo de Profesional Especializado, Código 22 - Grado 04. 2.5.- Contra esa decisión el Distrito de Buenaventura presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la sentencia del 15 de mayo de 2018, en el sentido de revocar la providencia recurrida y en su lugar negar las pretensiones de la demanda, por estimar que el vencimiento del término del nombramiento en provisionalidad de la demandante se constituía en un motivo suficiente para declararla insubsistente. Agregó que la autoridad nominadora no pidió autorización ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para prorrogar el aludido plazo. 2.6.- Con base en lo expuesto, en una oportunidad anterior, específicamente el 13 de septiembre de 2018, la accionante presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo; los cuales consideró vulnerados por dicha autoridad al negar sus pretensiones de nulidad del acto administrativo por el cual

se le declaró insubsistente en el cargo que desempeñaba como profesional Especializado Código 22 - Grado 04 en la Alcaldía Municipal de Buenaventura. A dicha acción le correspondió el radicado No. 2019-03359-01. 2.7.- La referida acción constitucional (rad. No. 2019-03359-01) fue decidida en primera instancia, mediante fallo del 23 de noviembre de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de manera negativa. Tal fallo fue confirmado en decisión del 14 de febrero de 2019 por la Sección Segunda de esta Corporación. 2.8.- Posteriormente, según relata la nuevamente actora, la Sección Quinta de esta Corporación profirió un fallo de tutela el 16 de agosto de 2018 dentro del proceso radicado bajo el No. 11001-03-15-000-2018-00452-01, en el que accedió a las pretensiones de la solicitud de amparo presentada por la señora Esperanza Castillo Rubio, que a su juicio, se encontraba en condiciones similares a las suyas. 2.9.- Por esa razón, presentó la actual acción de tutela (rad. No. 2019-03722-00), reiterando las pretensiones y argumentos expuestos en la primera solicitud de amparo (rad. No. 2018-03359-01), al estimar que el fallo dictado en favor de la señora Esperanza Castillo Rubio se constituía en un hecho nuevo. 3.- Fundamentos de la solicitud de amparo constitucional 3.1.- Expresó la peticionaria que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la defensa, al

debido proceso y de acceso a la administración de justicia por negar sus pretensiones de nulidad del acto administrativo que la declaró insubsistente en el cargo que ocupaba en provisionalidad en la Alcaldía Municipal de Buenaventura. 3.2.- Luego de precisar las razones por las cuales consideró que la tutela interpuesta reunía algunos de los requisitos generales de procedibilidad de la misma contra providencias judiciales, alegó que la providencia atacada adolecía de los siguientes defectos: 3.2.1.- Defecto sustantivo: la autoridad judicial accionada interpretó equivocadamente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario No. 1227 de 2005, desconoció la falsa motivación en la que incurrió el demandado en el proceso ordinario al declarar la insubsistencia y desconoció el criterio judicial, según el cual el vencimiento del término del nombramiento en provisionalidad no se constituye en un motivo suficiente para declarar la insubsistencia. 3.2.2.- Defecto fáctico: expresó que “ante el voluminoso contenido probatorio, el tribunal accionado no aplicó la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de 2005, ignorando los 4 supuestos fundamentales para dar por terminado el nombramiento en provisionalidad, y concluyendo que “en virtud del vencimiento del término de 6 meses por el que fue inicialmente nombrada, toda vez que dicho término ya había sido ampliamente superado por más de 3 años”5. 3.2.3.- Desconocimiento del precedente constitucional: al adoptar su decisión el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el precedente

constitucional relativo a la motivación de los actos administrativos por medio de los cuales se declara la insubsistencia de los nombramientos efectuados en provisionalidad, más específicamente las sentencias SU-917 de 2010 y la SU-288 de 2015. 3.2.4.- Violación directa de la Constitución: adujo que con la decisión atacada se vulneró el artículo 53 de la Carta. 4.- Trámite procesal del amparo constitucional 4.1.- Mediante proveído del 14 de agosto de 20196 esta Subsección admitió la acción de tutela interpuesta, vinculó a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 76109-33-33-002-2012-00144-01 y al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura, juez de primera instancia del aludido medio de control. 5.- Fundamentos de la oposición Efectuadas las respectivas comunicaciones y notificaciones7, ninguna de las partes le dio respuesta a la solicitud de amparo constitucional. II.- CONSIDERACIONES 1.- Competencia 5 Folio 12 del C. Principal. Se transcribió textualmente la argumentación sobre el defecto fáctico. 6 Folio 28 del C. Principal. 7 Folios 29 a 32 del C. Principal. Esta Subsección es competente para resolver la acción de tutela presentada por la señora Ligia Yolanda Castillo de Buenaventura en contra de la sentencia del 15 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, según lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto No.

2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 del 12 de marzo de 2019 por el cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 2.- Problema jurídico 2.1.- En primer lugar, le corresponde a la Sala determinar si existe cosa juzgada constitucional teniendo en cuenta que en una oportunidad precedente, la señora Ligia Yolanda Castillo de Buenaventura ya había presentado una acción de la misma naturaleza (rad. 2018-03359-00) en contra de la providencia emitida el 15 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 2.1.1.- De encontrar que en el asunto operó la cosa juzgada constitucional, deberá la Sala analizar si el actuar de la peticionaria es temerario. Sin embargo, de resultar que no hay cosa juzgada, independientemente de que haya o no temeridad, habrá de determinar si tienen ocurrencia los requisitos generales, que habilitan la viabilidad procesal del amparo y, una vez verificados, si la providencia objeto de la solicitud de amparo, esto es, la emitida el 15 de mayo de 2018, adolece de los defectos que se le endilgan. 2.2.- Para solventar la problemática planteada, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional sobre la cosa juzgada y la temeridad. 3.- Cosa juzgada constitucional y temeridad. Reiteración de jurisprudencia A continuación se analizaran estas dos figuras que contienen presupuestos similares pero consecuencias distintas de índole procesal.

3.1.- De la cosa juzgada Este principio ha sido definido de la siguiente manera: “La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio. De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.”8 8 Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001. En la sentencia C-774 de 2011 se dijo que una providencia pasa a ser cosa juzgada frente a otra si existe identidad de objeto9, de causa petendi10 y de partes11. Particularmente, respecto de las decisiones proferidas en sede de tutela dispuso que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional cuando la Sala

encargada de hacer la selección para que se surta la revisión eventual “decide excluirl[a]s de revisión o seleccionarl[a]s para su posterior confirmatoria o revocatoria”.12 De esta forma, si un expediente de tutela es excluido de selección, ello acarrea “(i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de instancia (ya sea la única o segunda instancia), que hace la decisión inmutable e inmodificable13, salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela”14. Por el contrario, cuando la tutela es seleccionada por la Corte, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo que se profiere en sede de revisión15. También ha de señalarse que la cosa juzgada constitucional puede desvirtuarse si la nueva solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados previamente por el juez, o cuando al interponer la primera acción el peticionario no conocía -y no podía conocernuevos elementos fácticos o jurídicos para sustentarla16. 3.2.- De la temeridad A pesar de que la acción de tutela es un mecanismo informal, que busca en razón de ello y de su celeridad, proteger de manera preferente los derechos fundamentales que puedan ser amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, existen algunas reglas cuyo cumplimiento es de curso forzoso para que pueda ser analizada de fondo por

parte del juez constitucional. Uno de los requisitos que prima facie debe observarse en el trámite tutelar es que no se haya interpuesto previamente una acción de tutela contra la misma parte, por los mismos hechos y con las mismas pretensiones. En razón de esta prohibición es que se justifica la existencia del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que establece que quien presente una acción de tutela debe manifestar bajo la gravedad del juramento “que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos”. 9 “(…) [E]s decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se pre dica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modi ficado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 200 1. 10 “(…) [E]s decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundame ntos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elemento s, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los funda mentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001. 11 “(…) [E]s decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y ob ligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identida

d de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001. 12 Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011. 13 Corte Constitucional, sentencia T-813 de 2010. 14 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012. 15 Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2013. 16 Corte Constitucional, sentencia T-560 de 2009. Así, de resultar que se han incoado dos acciones de tutela con (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones, sin un motivo justificado, el actuar puede sancionarse como temerario17, en los términos del artículo 3818 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, ha resaltado la jurisprudencia que la actuación no es temeraria si la duplicidad de acciones se fundamenta: “(i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho19; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho” 20 . La Corte21 también ha definido los supuestos en los que una persona puede interponer varias acciones de tutela sin que sean consideradas temerarias. Ello sucede cuando i) ocurre un hecho nuevo y, ii) si no existe un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones en la jurisdicción constitucional. Es en todo caso, el juez del amparo, el encargado de establecer en cada proceso

la existencia o no de la temeridad22. 3.3.- Para concluir, puede resultar que ante dos acciones de tutela que compartan las identidades expuestas exista cosa juzgada y temeridad; cosa juzgada mas no temeridad o, temeridad y no cosa juzgada23. Sin embargo, siempre que opere la cosa juzgada constitucional indefectiblemente el amparo deberá declarase improcedente24. 3.4.- Revisión de la cosa juzgada constitucional y de la temeridad en el asunto 3.4.1.- Según la información contenida en el sistema de información de la página de la Rama Judicial25, el 13 de septiembre de 2018 la señora Ligia Yolanda Castillo de Buenaventura presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso radicado con el No. 201803359-00, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo, que estimó violentados por dicha autoridad al incurrir en los defectos sustantivo, 17 Sentencia T-568 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-053 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; otras, en las cuales se efectúa un recuento similar son las providencias T-020 de 2006, T-593 de 2002, T-443 de 1995, T-082 de 1997, T-080 de 1998, SU-253 de 1998, T-263 de 2003 y T-707 de 2003. 18 “Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela se

a presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidi rán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”. 19 Sentencia T-721 de 2003 MP. Álvaro Tafur Galvis. 20 Sentencia T-266 de 2011 MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 21 Sentencia T-566 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 22 Sentencias T-560 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-053 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 23 “i) Que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una acción d e tutela sobre una causa decidida previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como cas o típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la mat eria no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la deman da de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente tem eridad, una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tut ela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgad a”. Sentencia T-185 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 24 Sentencia T-280 de 2017. 25Vinculo:http://servicios.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?

numero=11001031500020180335900 fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente constitucional, al emitir la providencia del 15 de mayo de 2018. Por medio de la sentencia del 23 de noviembre de 201826, el amparo primigenio fue resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, negando las pretensiones, al señalar que no se configuraron los defectos alegados, pues la autoridad judicial accionada adoptó su decisión con base en el criterio judicial fijado por la Sección Segunda, conforme al cual el fenecimiento del término de los nombramientos en provisionalidad, se constituye en un motivo suficiente para declararlos insubsistentes. Esa decisión fue confirmada por la Sección Segunda de esta Corporación por medio del fallo del 14 de febrero de 2019, en el sentido de negar las pretensiones de la solicitud de amparo, reiterando los argumentos expuestos por la Sección Cuarta y agregando que la Comisión Nacional del Servicio Civil no había autorizado la prórroga del nombramiento provisional de la señora Ligia Yolanda Castillo de Buenaventura en el cargo de Profesional Especializado Código 22Grado 04. Con posterioridad a que tuvieron ocurrencia las anteriores decisiones constitucionales, la Sección Quinta de esta Corporación, el 16 de agosto de 2018, emitió un fallo de tutela dentro del proceso radicado bajo el No. 11001-03-15-0002018-00452-01, en el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de nulidad de un acto administrativo que había declarado

insubsistente el nombramiento en provisionalidad de la señora Esperanza Castillo Rubio, que a juicio de la tutelante, se encontraba en condiciones similares a las suyas. Por esa razón, el 9 de agosto de 2019 la accionante otra vez presentó acción de tutela27 en contra de la decisión proferida el 15 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la que le correspondió el radicado No. 201903722-00 y es motivo de análisis por parte de esta Subsección. En la segunda oportunidad, la accionante nuevamente solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo, que estimó vulnerados en tanto la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente constitucional, al emitir la providencia del 15 de mayo de 2018. De acuerdo con lo anterior, la Sala verificará si existe identidad de partes, de hechos y de pretensiones entre las acciones de tutela interpuestas por la peticionaria el 13 de septiembre de 2018 -a la que le correspondió el radicado No. 2018-03359-00-, y el 9 de agosto de 2019 -a la que le correspondió el radicado No. 2019-03722-00que es objeto de decisión es esta oportunidad, con base en el siguiente cuadro comparativo: Acción de tutela rad. 2019Acción de tutela rad. 201903359-00 03722-00

Partes Accionante: Ligia Yolanda Accionante: Ligia Yolanda

Castillo de Buenaventura Castillo de Buenaventura

Accionado: Tribunal Accionado: Tribunal 26 Ibídem. El nombre del archivo, que se ubica en el link antes citado, es el siguiente: F11001031500020180335900sentenciascuarta20181203120743 27 Folios 1 a 24 del C. Principal.

Acción de tutela rad. 2019Acción de tutela rad. 201903359-00 03722-00 Administrativo del Valle del Administrativo del Valle del Cauca Cauca La peticionaria presentó La peticionaria presentó demanda en ejercicio del demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho restablecimiento del derecho en contra del Distrito de en contra del Distrito de Buenaventura, solicitando que Buenaventura, solicitando que se declarara la nulidad del se declarara la nulidad del Decreto No. 133 de 2012, por Decreto No. 133 de 2012, por medio del cual se le declaró medio del cual se le declaró Hechos y insubsistente en el cargo de insubsistente en el cargo de argumentos Profesional Especializado Profesional Especializado que Código 22 -Grado 04, que Código 22 - Grado 04, que fundamentan desempeñaba en la Alcaldía desempeñaba en la Alcaldía la solicitud de Municipal de Buenaventura. Municipal de Buenaventura. amparo Dentro del trámite ordinario, el Dentro del Trámite ordinario el constituciona Juzgado Segundo Juzgado Segundo l Administrativo Oral del Circuito Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura Judicial de Buenaventura

accedió a sus pedimentos y el accedió a sus pedimentos y el Tribunal Administrativo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la Valle del Cauca mediante la sentencia del 15 de mayo de sentencia del 15 de mayo de 2018 revocó dicha decisión y 2018 revocó dicha decisión y en su lugar negó las en su lugar negó las pretensiones de nulidad. pretensiones de nulidad. En procura de la protección de En procura de la protección de sus derechos fundamentales, sus derechos fundamentales, pide que se revoque o se deje pide que se revoque o se deje sin efectos la providencia sin efectos la providencia emitida el 15 de mayo de 2018 emitida el 15 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y que en su del Valle del Cauca y que en Pretensión lugar, se confirme lo resuelto su lugar, se confirme lo en la proferida el 30 de abril de resuelto en la proferida el 30 2014 por el Juzgado Segundo de abril de 2014 por el Administrativo Oral de Juzgado Segundo Buenaventura, que accedió a Administrativo Oral de sus pedimentos. Buenaventura, que accedió a sus pedimentos. Ciertamente, la accionante en las tutelas presentadas el 13 de septiembre de 201828 (rad. No. 2018-03359-00) y el 9 de agosto de los corrientes29 (rad. No. 2019-03722-00), dirigió sus pretensiones en contra de la misma providencia, esto

es, la emitida el 15 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 76109-33-33-002-2012-00144-01. En ambas se describen como hechos, la negativa de la autoridad judicial en proclamar la nulidad del Decreto No. 133 de 2012, por medio del cual se le declaró insubsistente en el cargo pluricitado. Además, las pretensiones, tanto en la primera oportunidad como en la segunda, 28 A la que le correspondió el radicado No. 2019-03359-00. 29 A la que le correspondió el radicado No. 2019-03722-00, que ahora es objeto de decisión. se dirigen a que el juez constitucional declare que se configuraron los defectos sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente constitucional, con el fin de que se revoque o se deje sin efectos la sentencia atacada. Como se ve, entre la acción de tutela No. 2018-03359-00 y la No. 2019-03722-00 —que ahora es objeto de decisión—, hay identidad de partes, de hechos y de pretensiones. Además, una vez examinada la página web de la Corte Constitucional30, se observa que por medio del auto de Sala de Selección del 21 de mayo de 2019, notificado el 5 de junio de esa misma anualidad, se resolvió no seleccionar para revisión la solicitud de amparo presentada por la señora Ligia Yolanda Castillo de Buenaventura (rad. No. 2018-03359-00), radicada en esa

Corporación con el No. T.7337.166. De esta manera, al haberse presentado ya una acción de tutela que guarda identidad de partes, de hechos y de pretensiones con la actual, que además fue excluida de revisión por parte de la Corte Constitucional, en el caso se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Así las cosas, encontrándose estructurada la cosa juzgada constitucional, la Sala deberá determinar si el actuar por parte del accionante