CE-11001-03-15-000-2019-03894-01(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Por adecuada aplicación de las normas correspondientes con el caso / RENUNCIA EXPRESA Y TÁCITA DE LA PRESCRIPCIÓN - Las entidades públicas no gozan de esta facultad / PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO - Prevalencia del interés general En el asunto sub examine la demandante afirma que los magistrados accionados incurren en defecto sustantivo, al pasar por alto «[…] la renuncia a la prescripción de parte del deudor (Departamento del Atlántico), cuando en el Decreto 00504 de 2010, reconoc[e] expresamente la obligación, dando lugar a la interrupción de la prescripción al tenor del artículo 2514 del Código Civil […], y por lo tanto no debió declararse prescripción alguna».[E]sta Sala observa que (…) la disposición del Código Civil (…) autoriza la renuncia expresa o tácita (por un hecho que reconoce el derecho) de la prescripción, después de su configuración, en virtud de la autonomía de la voluntad, sin embargo, se aclara que de tal facultad no gozan las entidades públicas, por cuanto estas tienen unas limitaciones a la disposición del erario y porque su fin es el de amparar el interés general en la protección del patrimonio público. En virtud de lo expuesto, en el sub lite no resulta dable, como lo concluyó el a quo, afirmar que con la expedición del Decreto 504 de 2010 el departamento del Atlántico renunció de manera tácita a la prescripción del reajuste salarial deprecado por la accionante en el trámite ordinario, pues, como lo

aseveraron los magistrados accionados en la impugnación, las entidades públicas no cuentan con autonomía de la voluntad ni libre disposición del derecho para ello. Por consiguiente, la decisión adoptada por las autoridades demandadas (…) resulta razonable y no contraviene el ordenamiento normativo aplicable, dado que no era acorde con la naturaleza de la parte demandada, en ese proceso, aplicar la figura de la renuncia de la prescripción, de que trata el artículo 2514 del Código Civil, y, en esa medida, aquella no incurre en el defecto sustantivo alegado. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Las providencias invocadas no son aplicables al caso bajo examen / RENUNCIA EXPRESA Y

TÁCITA DE LA PRESCRIPCIÓN

[L]a tutelante sostiene que el fallo objeto de censura incurre en desconocimiento del precedente jurisprudencial, debido a que se separó de «[…] la ratio decidendi de sus pronunciamientos anteriores, sin exponer, de manera clara, razonada y completa, [los motivos] en l[o]s que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]». (…) la Sala advierte que para fundamentarlo la actora citó fallos de 17 y 24 de septiembre de 2015 y 28 de enero y 14 de julio de 2016, proferidos dentro de acciones de tutela, los cuales si bien es cierto que cuentan con similitud fáctica y jurídica con la del presente asunto, también lo es que dichas decisiones judiciales producen efectos inter partes, por lo tanto, no constituyen precedente que deba ser

observado en este caso y, en ese sentido, no se encuentra acreditado el desconocimiento del precedente alegado. (…) comoquiera que el fallo controvertido mediante la acción de tutela de la referencia no adolece de defecto sustantivo ni de desconocimiento del precedente, la Sala revocará la providencia impugnada que tuteló el derecho constitucional fundamental al debido proceso y, en su lugar, se negará el amparo deprecado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03894-01(AC)

Actor: ANA JOSEFINA UCRÓS ROSALES Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los señores magistrados accionados1 contra la sentencia de 20 de noviembre de 2019, proferida por esta Corporación (sección cuarta), que accedió al amparo deprecado respecto de la garantía superior al debido proceso.

I. ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de amparo (ff. 1 a 16). La señora Ana Josefina Ucrós Rosales, a través de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan sus

derechos constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad presuntamente vulnerados por los señores magistrados de la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el fallo de 11 de abril de 2019, dictado por el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-23-31-0002012-90375-01, «[…] en lo que respecta a la declaratoria parcial de prescripción, y en consecuencia ordenarle emitir la decisión de reemplazo a través de una nueva sentencia ajustada a derecho, en donde no debe declararse prescripción alguna». 1.2 Hechos. Relata la accionante que (i) estuvo vinculada a la contraloría del Atlántico desde el 16 de febrero de 2004 hasta el 20142; (ii) entre los años 2001 y 2004 no hubo reajuste salarial en la planta de personal de dicha entidad; y (iii) el 30 de diciembre de 2010 el señor gobernador de ese departamento expidió el Decreto 504, por cuyo conducto explicó que el reajuste salarial era un imperativo constitucional y legal y fijó un listado de funcionarios y exfuncionarios que tenían derecho a la referida acreencia con su correspondiente liquidación individual, entre los cuales se encontraba ella. Que el 23 de diciembre de 2010 solicitó del departamento del Atlántico y su contraloría «[….] que a su salario, se aplicara el reajuste salarial dejado de hacer en los años 2001, 2003 y 2004, así como las correcciones salariales desde el año 2002

en adelante, y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales, en virtud de tales operaciones aritméticas, desde el momento de su vinculación a la entidad hasta el día en que se corrigiera tal situación», frente a lo cual el ente territorial no dio una respuesta de fondo y el organismo de control fiscal guardó silencio. 1 Por conducto del ponente de la decisión judicial objeto de censura en este trámite. 2 Omite especificar la fecha. Dice que por lo anterior instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente 08001-23-31-000-2012-90375-00), de la cual conoció el Tribunal Administrativo del Atlántico (subsección de descongestión) que, mediante fallo de 11 de abril de 2014, negó las súplicas de la demanda por prescripción, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación que fue desatado el 11 de abril de 2019 por el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda), en el sentido de revocarla, para acceder, de manera parcial, a las pretensiones allí formuladas, por cuanto «[…] declaró parcialmente la prescripción de las diferencias salariales y prestacionales anteriores al 3 de diciembre de 2007». Que la providencia objeto de censura incurre en (i) defecto sustantivo, toda vez que pasó por alto «[…] la renuncia a la prescripción de parte del deudor (Departamento del Atlántico), cuando en el Decreto 00504 de 2010, reconoc[e] expresamente la obligación, dando lugar a la interrupción de la prescripción al tenor del artículo 2514

del Código Civil […], y por lo tanto no debió declararse prescripción alguna», y (ii) desconocimiento del precedente, dado que se separó de «[…] la ratio decidendi de sus pronunciamientos anteriores, sin exponer, de manera clara, razonada y completa, [los motivos] en l[o]s que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]». 1.3 Contestaciones de la acción. 1.3.1 Los señores magistrados accionados (f. 115), por conducto del ponente de la decisión acusada, solicitan negar las pretensiones de la demandante, habida cuenta de que «[…] las razones que dieron lugar a declarar el fenómeno extintivo en ese proceso se expusieron en forma precisa […] [y] tienen sustento en las normas que consagran lo pertinente en materia laboral». 1.3.2 El señor contralor del Atlántico3, a través de apoderada (ff. 120 y 120 vuelto), pide negar el amparo deprecado por la accionante, porque «[…] [d]e conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Laboral, de los Decretos 3135 de 1986 y 1848 de 1969, normas que tienen aplicabilidad para resolver la presente controversia, existe un término de prescripción de 3 años para que se extingan las obligaciones de orden laboral, los cuales deben contabilizarse desde el momento en que estas se hagan exigibles». Que «[…] [c]ontrario a lo afirmado por [la] [t]utelante, la exigibilidad de la obligación a cargo de la Administración no se cuenta a partir de la expedición del Decreto [504 de 30 de diciembre de 2010], acto administrativo de carácter

general a través del cual si bien se dispuso el pago del retroactivo por los años 2001 a 2010, éste ajuste salarial y el pago de las diferencias salariales retroactivas debían ser individualmente reclamados por aquellos funcionarios que estuvieron vinculados entre el año 2001 y el día anterior a la entrada en vigencia de la Ordenanza 000077 de 2009 (Por la cual la Asamblea del Atlántico autorizó al Gobernador para suscribir un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el ente territorial Contraloría Departamental del Atlántico)». Advierte que, en todo caso, «[…] para los años 2001 y 2003 la señora Ana Josefina Ucros Rosales no se encontraba vinculada laboralmente a la Contraloría Departamental del Atlántico; por lo tanto, no le asiste el derecho al reajuste salarial de dichas anualidades (2001-2003), puesto que al no haber estado vinculada al servicio de la entidad no puede alegar que sufrió desmejora salarial alguna, [toda 3 Vinculado como tercero interesado al trámite constitucional de la referencia. vez] que para la fecha en que se vinculó (16 de febrero de 2004) la remuneración que le fue asignada fue la que legalmente se encontraba fijada por Decreto Ordenanzal al cargo en el cual fue nombrada». 1.4 Providencia impugnada (ff. 131 a 135). El 20 de noviembre de 2019 el Consejo de Estado (sección cuarta) accedió al amparo deprecado, respecto del derecho al debido proceso, al estimar que el fallo objeto de reproche constitucional

«[…] incurrió en defecto sustantivo […], porque desconoció el efecto de la renuncia a la prescripción que se hizo al expedir el Decreto 000504 de 2010», conforme al artículo 2514 del Código Civil, pues «[…] de haber contado el término a partir de la publicación del [aludido] Decreto […], habría concluido que no había lugar a declarar la prescripción de las diferencias salariales y prestacionales, habida cuenta de que la [accionante] pidió el reajuste el […] mismo año en que [aquel] se publicó […] y, por ende, la solicitud se presentó antes de los tres años previstos en el Decreto 1848 de 1969». Agrega que «[…] la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre una acción de tutela en la que también se cuestionaba la forma en que se contó el término de prescripción del incremento salarial, en los casos de la Contraloría del Atlántico […]», en el sentido de concluir que «[…] la fecha que debió tener en cuenta el Tribunal Administrativo del Atlántico para iniciar a contar el término prescriptivo [era la de expedición del Decreto 504 de 2010] y no, como lo hizo, desde el año siguiente al que debía hacerse el reajuste salarial». 1.5 Impugnación (ff. 140 a 142). Los señores magistrados demandados4, inconformes con la anterior providencia, la impugnaron, al considerar que «[…] el Decreto 000504 de 2010, que dispuso el pago retroactivo por los años 2001 a 2010, no puede asimilarse a un acto de renuncia al fenómeno prescriptivo, sino que se trata

del reconocimiento de un derecho al reajuste salarial que siguió vigente mientras los empleados de la Contraloría permanecieron vinculados laboralmente con la entidad, pero cuya aplicación debía estudiarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta la incidencia del fenómeno prescriptivo […]». Que «[…] la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reabrir el debate sobre un asunto que fue analizado de manera concienzuda en primera y segunda instancia por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con respecto al debido proceso de los intervinientes, garantizando los derechos de audiencia y de defensa de las partes y teniendo en cuenta la normativa aplicable en materia de prescripción de los derechos laborales».

II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia. En virtud de los artículos 325 del Decreto ley 2591 de 19916 y 27 del Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188, expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta sección es competente para conocer de la presente impugnación. 2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la 4 Por intermedio del ponente de la decisión judicial atacada. 5 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». 6 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 7 «[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas

por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 8 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio. 2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 11 de abril de 2019, a través de la cual el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) accedió parcialmente, en segunda instancia, a las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-23-31-000-2012-90375-01, por cuanto declaró la prescripción de las diferencias salariales y prestacionales de la actora causadas con anterioridad al 23 de diciembre de 2007; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto

legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público. En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó: […] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se

opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […]. Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación. Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente

cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación: La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos. En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico. En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema. Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contenciosoadministrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su 9 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contenciosoadministrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)

31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. posición, mediante sentencia de 31 de julio de 201210, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos11. 2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la

demandante; (ii) la sentencia controvertida no es susceptible de otro mecanismo de defensa judicial, dado que fue proferida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se identificaron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la decisión atacada fue adoptada el 11 de abril de 2019 y la solicitud de amparo se instauró el 26 de septiembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial; y (v) el fallo acusado no fue dictado en una acción de tutela. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, alegadas por la accionante. 2.5.1 Defecto sustantivo. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad. La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo: Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice 10 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 11 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo

Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 12 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 7 de noviembre de 2012, entre otras. o lesione la efectividad de los derechos constitucionales13. En el asunto sub examine la demandante afirma que los magistrados accionados incurren en defecto sustantivo, al pasar por alto «[…] la renuncia a la prescripción de parte del deudor (Departamento del Atlántico), cuando en el Decreto 00504 de 2010, reconoc[e] expresamente la obligación, dando lugar a la interrupción de la prescripción al tenor del artículo 2514 del Código Civil […], y por lo tanto no debió declararse prescripción alguna». Por su parte, los accionados, en su escrito de impugnación, se apartan de lo anterior, al so