CE-11001-03-15-000-2019-03991-00(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto que niega medida cautelar de embargo en proceso ejecutivo / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / APLICACIÓN AISLADA DE LA NORMA – Código general del proceso / PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – Se debe interpretar de forma sistemática ordenamiento jurídico y las sentencias de la Corte Constitucional / INTERPRETACIÓN SEMÁNTICA – Omisión / INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – Admite excepciones / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Las demandantes afirmaron que el Tribunal Administrativo del Chocó en la providencia de 19 de julio de 2019, no tuvo en cuenta las sentencias C-354 de 1997, C-793 de 2002 y C-1154 de 2008, de la Corte Constitucional y el auto de 21 de julio de 2017 dictado por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el fallo de tutela de 8 de febrero de 2018 , proferido por la Sección Cuarta de la misma Corporación Judicial, en las cuales se establecieron y se aplicaron las excepciones al principio de inembargabilidad (satisfacer obligaciones laborales, pago de sentencias judiciales, títulos emanados del Estado), a pesar que el artículo 594 del Código General del Proceso, CGP, se expidió con posterioridad a las decisiones del alto tribunal constitucional, esas excepciones no han desaparecido. (…) el tribunal demandado fundamentó su decisión en que i) no se

indicó los bienes a embargar, ii) no expuso el sustento legal para embargar las pruebas y iii) el hecho de las excepciones al principio de inembagabilidad fueron anteriores a la entrada en vigencia del Código General del Proceso, CGP. (…) se debe aclarar que, a diferencia de lo manifestado por la autoridad judicial accionada, la parte accionante cumplió con la obligación de señalar las cuentas bancarias en las que se pretendía imponer la medida cautelar. Por consiguiente, a partir de esa solicitud de embargo, se debió implementar el trámite establecido en el artículo 594 del CGP, es decir, el juez debió ejercer sus facultades con el fin de determinar si dichos recursos eran inembargables y así proceder de acuerdo a la mencionada norma, pues la parte actora no estaba obligada a conocer sobre la naturaleza de los recursos que reposan en dichas cuentas. Por otra parte, el Tribunal Administrativo del Chocó al realizar una interpretación aislada de las normas y sentencias que se han mencionado en esta decisión, o afirmar que el artículo 594 del CGP es una norma posterior y que por eso carece de aplicabilidad los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación, dejó de lado el contenido material de las precitadas decisiones. Por consiguiente, la autoridad judicial accionada debió realizar una interpretación sistemática, de la cual se podía concluir que en el ordenamiento jurídico colombiano existen unas excepciones al principio de inembargabilidad, las cuales fueron precisadas por la Corte Constitucional en sentencias de control abstracto,

las cuales son vigentes y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. En ese orden de ideas, el tribunal accionado debió resolver las excepciones al principio de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación planteada por las accionantes, pues se reitera, (i) las demandantes señalaron las cuentas bancarias que se pretendían embargar, (ii) sustentaron legalmente la medida cautelar solicitada y (iii) las sentencias de la Corte Constitucional que desarrollaron las excepciones eran aplicables al presente asunto, razón por la cual se debía resolver la medida de embargo teniendo en cuenta lo establecido en los fallos proferidos en ejercicio de control abstracto. Así las cosas, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de las demandantes

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 594

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03991-00(AC)

Actor: MIRTHA IVONNE LOZANO MOSQUERA Y OTRAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE QUIBDÓ Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Excepciones al principio de inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Accede a las pretensiones

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por Mirtha Ivonne Lozano Mosquera, Consolación Murillo Arboleda y Elizabeth Asprilla Gutiérrez, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica, en razón a que las autoridades judiciales accionadas negaron la medida de embargo solicitada en el proceso ejecutivo que se inició teniendo como título ejecutivo una sentencia dictada en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos De la lectura del expediente de tutela, se observan los siguientes hechos relevantes: Las accionantes presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el fin de que declare la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las cuales se tramitaron así: Demandante Radicado Acto Decisión de administrativo primera instancia demandado Mirtha Ivonne 2011-00027 Oficio Nº AT-JUJuzgado Cuarto Lozano Mosquera 0912-2011 de 29 Administrativo de de agosto de 2011 Descongestión de Quibdó. Fallo de 21 de marzo de 2013, en el cual se accede a las pretensiones de la demanda.

Consolación 2010-00667 Oficio Nº AT-JUJuzgado Cuarto

Murillo Arboleda 0588 de 10 de Administrativo de junio de 2010. Descongestión de Quibdó. Sentencia de 22 de marzo de 2013, accedió a las súplicas del medio de control. Elizabeth Asprilla 2010-00534 Acto ficto o Juzgado Segundo Gutiérrez presunto de Administrativo de carácter negativo Descongestión de Quibdó. Decisión de 4 de marzo de 2013, concedió las pretensiones elevadas por la parte actora. Las anteriores decisiones no fueron apeladas por las partes, razón por la cual quedaron en firme. En razón a que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no dio cumplimiento a los fallos, las demandantes iniciaron un proceso ejecutivo contra dicho fondo, para lo cual aportaron como título ejecutivo los respectivos fallos. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión de Quibdó, quien libró mandamiento ejecutivo de pago, ordenó seguir adelante con la ejecución y aprobó la liquidación del crédito. Posteriormente, el expediente fue remitido al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, en el que las actoras solicitaron el decreto de una medida cautelar de embargo contra las cuentas bancarias de la entidad. Sin embargo, en auto de 6 de noviembre de 2018, se negó la solicitud, toda vez que las mismas eran inembargables. Contra la anterior decisión, las accionantes interpusieron recurso de apelación, el cual se sustentó en las excepciones al principio de inembargabilidad. El Tribunal

Administrativo del Chocó en proveído de 19 de julio de 2019, la confirmó con fundamento en que no se expuso el sustento legal para conceder la medida de embargo y, además, que las excepciones a que hace mención las demandantes no aplican, en razón a que fueron desarrolladas con posterioridad a la entrada en vigencia del Código General del Proceso, CGP.

2. Fundamentos de la acción Las demandantes afirmaron que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica, toda vez que en los autos de 6 de noviembre de 2018 y 19 de julio de 2019, incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues no se tuvieron en cuenta las sentencias C-354 de 1997, C-793 de 2002 y C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional y el auto de 21 de julio de 2017 dictado por la Sección Segunda,

1 Subsección “B” del Consejo de Estado y el fallo de tutela de 8 de febrero de 2018 , 2 proferido por la Sección Cuarta de la misma Corporación Judicial, en las cuales se establecieron y se aplicaron las excepciones al principio de inembargabilidad (satisfacer obligaciones laborales, pago de sentencias judiciales, títulos emanados del Estado), a pesar que el artículo 594 del Código General del Proceso, CGP, se expidió con posterioridad a las decisiones del alto tribunal constitucional, esas excepciones no han desaparecido. Sostuvieron que están inmersas en dos de estas, es decir, i) satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral y ii) cuando se pretenda el pago de sentencias

judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Indicaron que las medidas de embargo eran procedentes, de lo contrario las decisiones proferidas en la jurisdicción contencioso administrativa no se podrían cumplir generando inseguridad jurídica. Finalmente, aseguraron que el Tribunal Administrativo del Chocó en autos de 10 de agosto de 2016, 28 de noviembre de 2016 y 12 de diciembre de 2016, decretó medidas cautelares en otros procesos ejecutivos, por tratarse de acreencias laborales reconocidas judicialmente.

3. Pretensiones Las accionantes formularon las siguientes pretensiones: “Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito a su Señoría TUTELAR, a Favor de mi(s) mandante(s) los derechos constitucionales fundamentales invocados, dejando sin efecto los Auto Interlocutorio Nro. 1026 del 6 de NOVIEMBRE de 2018 y El Auto Interlocutorio Nro. 0634 del 19 de JULIO de 2019, expedidos por el JUZGADO TERCERO (3) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ Y POR EL H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, respectivamente, y en su lugar se decreten las medidas cautelares, solicitadas, conminando a las entidades bancarias al cumplimiento de las mismas, y que sean necesarias para el cumplimiento de la obligación contenida en el mandamiento ejecutivo de pago, dentro del proceso ejecutivo con Sentencia con radicado: 27001-33-33-001-2014-00167-00”3.

4. Pruebas relevantes Los actores aportaron los siguientes documentos:  Copia del auto de 6 de noviembre de 2018, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, en el que se negó la medida cautelar.  Copia del proveído de 19 de julio de 2019, del Tribunal Administrativo del Chocó, en el que se confirmó la decisión de primera instancia. 1 Radicado Nº 08001-23-31-000-2007-00112-02, M.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. 2 Radicado Nº 66001-23-33-000-2017-00236-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. 3 Folio 24 del cuaderno de tutela.

5. Trámite procesal En auto de 9 de septiembre de 2019, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a los demandantes y a las autoridades judiciales demandadas.

Igualmente, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al departamento del Chocó, Secretaría de Educación Departamental y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercero con interés4. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 91771 a 91778, todos del 11 de septiembre de 2019, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición 6.1. Respuesta de la Secretaría Educación Departamental del Chocó En correo electrónico del 18 de septiembre de 2019, el secretario solicitó que se exonerara de toda responsabilidad a la entidad, toda vez que no está legitimado

en la causa por pasiva. Después de realizar un relato de los hechos y actuaciones judiciales realizadas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se accedió a las pretensiones de la demanda y se constituyó en el título ejecutivo en el que se inició el proceso ejecutivo. Por otra parte, afirmó que en el momento procesal adecuado la secretaría contestó la demanda ejecutiva y propuso las excepciones que consideró pertinente para la defensa de la entidad. Por último, manifestó que no está legitimada en la causa por pasiva, pues la solicitud de amparo se dirige contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, quienes fueron los que profirieron los autos de 6 de noviembre de 2018 y 19 de julio de 2019, en su orden. 6.2. Respuesta de Fiduprevisora En memorial de 24 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Judicial pidió que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo y que se desvinculara a al ente fiduciario, por no estar legitimado en la causa por pasiva. Agregó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron bajo los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda, por lo que es dable afirmar que no se presentó una transgresión en contra de las garantías fundamentales de las demandantes. 6.3. El Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29

del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la 4 Folio 56 del cuaderno de tutela. Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico 2.1. Las accionantes presentan la acción de tutela contra las decisiones dictadas en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Chocó. Pese a lo anterior, el debate se limitará a la decisión de la segunda autoridad judicial, toda vez que fue esta la decisión que culminó el debate sobre el decreto de la medida de embargo que pidieron las accionantes en el trámite del proceso ejecutivo.

Por otra parte, los demandantes invoca el desconocimiento del precedente judicial como causal especial del procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, trae a colación sentencia dictadas en control abstracto por la Corte Constitucional, razón por la cual el debate se desarrollara como un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. 2.2. Así las cosas, le corresponde a la Sala establecer si el proveído dictado el 19 de julio de 2019, por el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente Constitucional, pues no se tuvieron en cuenta las sentencias C-354 de 1997, C-793 de 2002 y C-1154 de 2008, de la Corte Constitucional y el auto de 21 de julio de 2017 dictado por la 5 Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el fallo de tutela de 8

de febrero de 2018, proferido por la Sección Cuarta de la misma Corporación 6 Judicial, en las cuales se establecieron y se aplicaron las excepciones al principio de inembargabilidad (satisfacer obligaciones laborales, pago de sentencias judiciales, títulos emanados del Estado), a pesar que el artículo 594 del Código General del Proceso, CGP, se expidió con posterioridad a las decisiones del alto tribunal constitucional, esas excepciones no han desaparecido.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos8, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20129, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias

5 Radicado Nº 08001-23-31-000-2007-00112-02, M.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. 6 Radicado Nº 66001-23-33-000-2017-00236-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. 7 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. 8 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. 9 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 10 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511. Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico12; (ii) Defecto procedimental absoluto13; (iii) Defecto fáctico14; (iv) Defecto material o sustantivo15; (v) Error inducido16; (vi) Decisión sin motivación17; (vii) Desconocimiento del precedente18 y (viiii) Violación directa de la Constitución. Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte Constitucional20. 11 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 12 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. 13 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 14 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto

legal en el que se sustenta la decisión. 15 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 16 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 17 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 18 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 19 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 20 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.

Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto 4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia El caso bajo estudio, ha superado los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto (i) goza de relevancia constitucional en la medida en que debe decidirse si con la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica, cuya protección se invoca; (ii) dentro del proceso ejecutivo se agotó el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, por lo que no cuenta con otro medio de defensa judicial, razón por la cual las accionantes acuden a la acción de amparo; (iii) el proveído se dictó el 19 de julio de 2019, el cual se notificó mediante estado fijado el 22 de mismo mes y año . La solicitud de 21 amparo se presentó el 2 de septiembre de 2019, transcurridos dos (2) meses y

tres (3) días después de su notificación, por lo que se interpuso dentro de un término razonable22, el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte Constitucional23; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal manera que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la acción de tutela no es contra un fallo de la misma naturaleza. Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de la solicitud de amparo, procede la Sala a efectuar el estudio de fondo. 4.2. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial 4.2.1. Las demandantes afirmaron que el Tribunal Administrativo del Chocó en la providencia de 19 de julio de 2019, no tuvo en cuenta las sentencias C-354 de 1997, C-793 de 2002 y C-1154 de 2008, de la Corte Constitucional y el auto de 21 de julio de 2017 dictado por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de 24 Estado y el fallo de tutela de 8 de febrero de 2018 , proferido por la Sección 25 Cuarta de la misma Corporación Judicial, en las cuales se establecieron y se aplicaron las excepciones al principio de inembargabilidad (satisfacer obligaciones laborales, pago de sentencias judiciales, títulos emanados del Estado), a pesar que el artículo 594 del Código General del Proceso, CGP, se expidió con posterioridad a las decisiones del alto tribunal constitucional, esas excepciones no han desaparecido.

Sostuvieron que están inmersas en dos de estas, es decir i) satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral y ii) cuando se pretenda el pago de sentencias otras. 21 https://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx? EntryId=mtU2V1zI4%2faZ4cM2oMZ%2fWLy2O6o%3d 22 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 23 Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 24 Radicado Nº 08001-23-31-000-2007-00112-02, M.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. 25 Radicado Nº 66001-23-33-000-2017-00236-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Indicaron que las medidas de embargo eran procedentes, de lo contrario las decisiones proferidas en la jurisdicción contencioso administrativa no se podrían cumplir generando una inseguridad jurídica. Aseguraron que el Tribunal Administrativo del Chocó en autos de 10 de agosto de 2016, 28 de noviembre de 2016 y 12 de diciembre de 2016, decretaron medidas cautelares en otros procesos, por tratarse de acreencias laborales reconocidas judicialmente. 4.2.2. Ahora bien, el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

constitucional, se configura cuando las normas se aplican al margen de las precisiones constitucionales formuladas en el precedente constitucional . Es 26 decir, que esta causal especial de procedencia irradia de todos los demás componentes de nuestro sistema jurídico, así como en las funciones que el mismo estatuto ha asignado a la Corte Constitucional. De esta manera, a partir de la guarda de la supremacía y la integridad de la Carta (art. 241 Superior), se ha inferido que las decisiones del alto tribunal constitucional constituyen fuente de derecho para todos los operadores jurídicos . 27 En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que “tales parámetros, la interpretación constitucional tiene efectos vinculantes sobre las actuaciones de las autoridades y los particulares, y su desconocimiento implica un desajuste sistemático de la totalidad del ordenamiento jurídico. Sobre la naturaleza y el alcance de la jurisprudencia proferida por esta Corporación se ha definido que tiene “como propósito principal, orientar el ordenamiento jurídico hacia los principios y valores constitucionales superiores. No reconocer entonces el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, sea por desconocimiento, descuido, u omisión, genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica” . 28 4.2.3. Descendiendo al caso en estudio, se observa que las demandantes iniciaron un proceso ejecutivo contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en razón a que no habían dado cumplimiento a los que fallos ordinarios que ordenaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. En primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó en auto de 6 de noviembre de 2018, negó la medida cautelar con sustento en que dichas cuentas ostentaban recursos inembargables. Las actoras interpusieron recurso de apelación , con sustento en que se 29 encontraba cobijadas por dos de las excepciones desarrolladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-546 de 1992, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, C543 de 2013. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Chocó mediante proveído de 19 de julio de 2019, confirmó la decisión, con fundamento en lo siguiente: 26 Sentencia SU-813 de 2007. 27 Sentencia T-693 de 2009. 28 Ibídem. 29 Folios 31 a 48 del expediente ordinario. “Al respecto se estima oportuno señalar, que en criterio de este Despacho la procedencia del derecho de la medida cautelar, implica entre otras, la identificación específica de los bienes a embargar, esto de conformidad a lo dispuesto en el último inciso del artículo 83 del C.G.P., situación que per se implica la negativa de la medida cautelar. En gracia de discusión, en el artículo 63, a su vez se prohíbe el embargo de los bienes y rentas de las entidades públicas, así como de los bienes de uso público de propiedad de la Nación y además aquellos que determine la ley, entre estos últimos se encuentran los

bienes, las rentas y los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema de participación, regalías y los recursos de la seguridad social (artículo 594, 1 Código General del Proceso). el (sic) artículo 594 del Código General del Proceso es disposición que versa sobre los bienes que son inembargables, a más de los señalados por leyes especiales; por lo tanto todos sus numerales deben entenderse con la frase inicial de son inembargables, y proseguirse con el siguiente contenido normativo para deducir en qué eventos son parcialmente embargables y en que porcentajes. En tal sentido el numeral 1º, que invoca el ejecutante con la sentencia citada, refiere a la inembargabilidad de los `1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social. Como se puede ver este aparte de la norma no alude