CE-11001-03-15-000-2019-04097-01(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL - Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL - Establecido en las sentencias SU-258 de 2013 y SU-230 de 2015 d / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN - Su cálculo se realiza en los términos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 / AUSENCIA DE VULNERACIÓN

DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala considera necesario destacar, en primer lugar, que en varias oportunidades esta Subsección ha decidido acciones de tutela con supuestos de hecho y derecho similares a los expuestos en esta ocasión, es decir, en los que los demandantes dentro del proceso ordinario solicitaban la liquidación de su pensión bajo el entendido que el IBL se calcula con los ingresos recibidos por el empleado en el último año de servicio, cuyas pretensiones fueron negadas por las autoridades judiciales accionadas aduciendo que de conformidad con lo dispuesto en las sentencias SU-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, el IBL se calcula teniendo en cuenta el promedio de los factores salariales efectivamente cotizados durante los últimos diez años de servicio. (…) advierte la Sala que en el caso concreto de la accionante, el mencionado criterio jurisprudencial resultaba aplicable al caso, como quiera que se encontraba vigente para el momento en que el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió, en segunda instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la

señora [M.N.C.V.] y profirió la decisión acusada. En síntesis, la Sala enfatiza que, el Tribunal Administrativo de Caldas observó plenamente el precedente judicial aplicable al caso en concreto, en atención a que fundamentó su decisión en los criterios jurisprudenciales contenidos en las sentencias SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y en el reciente pronunciamiento de unificación de esta Corporación, contenido en la sentencia de 28 de agosto de 2018. De esta manera se destaca, que el análisis jurídico desarrollado por el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia acusada, obedece a un estudio juicioso de la normativa y la jurisprudencia que regula el tema del IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, se concluye que la providencia del Tribunal Administrativo de Caldas, no vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-04097-01(AC)

Actor: MARÍA NIDIA CORTÉS VARGAS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra el fallo de 10 de octubre de 2019 proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio del cual negó el amparo de tutela solicitado por la señora María Nidia Cortés Vargas.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones La señora María Nidia Cortés Vargas, en ejercicio de la acción de tutela, por intermedio de apoderado, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso e igualdad, que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo de Caldas, al proferir, la sentencia de 12 de abril de 2019 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la actora en la tutela, contra la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones.

En el escrito de tutela, el apoderado de la parte actora solicita: “(…)

PETICIONES

1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MÍNIMO VITAL DE

LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA

IGUALDAD PROCESAL (sic), del(la) Señor(a) MARIA NIDIA CORTES VARGAS.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 12 de Abril de 2019, que Revocó la sentencia

de primera instancia por la cual se Reconoció pretensiones de la demanda y en consecuencia se ordene reliquidar la pensión de mi asistido(a), teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo, es decir, desde el 18 de Noviembre de 2003 hasta el 17 de Noviembre de 2004.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados. (…)”

2. Los hechos y las consideraciones El apoderado de la parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación1: 1 Folios 1 - 27

Informó que la señora María Nidia Cortés Vargas laboró por más de 20 años en el Hospital de Caldas, desde el 1 de mayo de 1973 hasta el 17 de noviembre de 2004, por lo que al 1° de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, siendo beneficiaria del régimen de transición de la referida Ley. Expuso que el Instituto de Seguro Social - ISS, reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor de la señora María Nidia Cortés Vargas, sin tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados por la actora en el último año de servicios. Explicó que la señora María Nidia Cortés presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo reparto le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Manizales, que en sentencia de 22 de enero de 2018 accedió a las pretensiones, es decir, reliquidar la pensión de la accionante con la inclusión

de todos los factores salariales del último año de servicios. Adujo que la entidad accionada y la accionante, instauraron recurso de apelación contra la anterior decisión, ante el Tribunal Administrativo de Caldas, que mediante fallo de 12 de abril de 2019, revocó la providencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. Para la accionante la sentencia del Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente, porque no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado contenida en la sentencia de 4 de agosto de 2010, (C.P Víctor Hernando Alvarado)2, en la cual se señaló que las pensiones reconocidas a las personas beneficiarias del régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

3. Trámite procesal Mediante auto de 13 de septiembre de 20193 se admitió la demanda, se ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, el Tribunal Administrativo de Caldas4, y se puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, Colpensiones y el Juzgado Tercero

Administrativo de Manizales5.

4. Intervenciones 2 Expediente No. 2500023250002006075091 3 Folio 52 4 Folio 55 5 Folios 56 y 57 4.1 La Administradora Colombiana de Pensiones,6 solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, con fundamento en lo siguiente:

Señaló que la Corte Constitucional se ha referido al tema objeto de debate, es decir la inclusión del IBL dentro del régimen de transición, en las sentencias C258 de 2013, T - 078 de 2014, SU - 230 de 2015, SU - 427 de 2016, SU - 210 de 2017, SU - 395 de 2017 y SU - 023 de 2018, entre otras, donde sostiene la posición adoptada desde 2013 en el sentido de señalar que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”, haciendo referencia al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Expuso que teniendo en cuenta lo anterior, hay una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que hace referencia al tema en cuestión, y debido a la obligatoriedad y carácter vinculante de dichos pronunciamientos, el Tribunal en efecto respetó dicho precedente. Agregó que el Consejo de Estado se refirió al tema en iguales términos en sentencia de 28 de agosto de 2018 (M.P César Palomino Cortés), es decir, que el IBL a tener en cuenta en el régimen de transición es el señalado por el artículo 36 y que, respecto del régimen anterior aplicable a cada caso en concreto, solo se aplicará la edad, semanas y tasa de reemplazo, precedente al que se acogió en debida forma la autoridad accionada. 4.2 El Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Tercero

Administrativo de Manizales, no se pronunciaron sobre los hechos y pretensiones formulados por la accionante en el escrito de tutela.

5. La providencia impugnada El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia de 10 de octubre de 20197, negó el amparo de tutela invocado por la señora María Nidia Cortés Vargas, argumentando lo siguiente: Señaló que la autoridad accionada explicó por qué se apartó de la postura del juez de primera instancia, y se acogió al reciente pronunciamiento del Consejo de Estado contenido en el fallo de 28 de agosto de 2018 (M.P César Palomino 6 Folios 62 - 67 7 Folios 80 – 83

Cortés) por lo que consideró que no se incurrió en los yerros planteados por la accionante. Así las cosas, concluyó que no se configuró defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, pues la sentencia cuestionada aplicó de manera correcta el precedente vigente que regula la materia, sin apartarse del marco normativo.

6. La impugnación La señora María Nidia Cortés Vargas, a través de su representante impugnó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, solicitando su revocatoria y la prosperidad de sus pretensiones, con fundamento en las siguientes razones8: Insistió que efectivamente existe una violación de los derechos fundamentales invocados en la demanda, así como la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

Explicó que las referidas sentencias no eran aplicables al caso toda vez que las reglas pertinentes son las contenidas en la sentencia de 4 de agosto de 2010 del

Consejo de Estado. Agregó que en el ordenamiento jurídico Colombiano, se encuentra consagrado el principio de favorabilidad y conexo a esté, el principio de inescindibilidad, que al ser omitidos se compromete el derecho a la igualdad en materia laboral, como en el caso en concreto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo Nº 080 de12 de marzo de

20199.

2. Problema Jurídico 8 Folios 91 - 95 9 Reglamento interno del Consejo de Estado La Sala debe decidir si se confirma la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo de tutela invocado por la señora María Nidia Cortes Vargas, o si como lo alega la parte actora, el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en un desconocimiento del precedente, al proferir el fallo de 12 de abril de 2019 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra Colpensiones.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional10 y el Consejo de Estado11 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo 10 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852

de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T-074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, , T254 de 2014, T941 de 2014 y T059 de 2015. 11 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. estudio; y; (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales

puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes12: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política. Es importante advertir que, si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional. 3.1 El desconocimiento del precedente Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en que una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso al precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia de éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la

seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el respeto del precedente. Sobre el particular, en la sentencia T-446 de 2013 la Corte Constitucional señaló: […] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de 12 Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces. Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe realizar el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez –individual o colegiadono puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes. En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su

actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho. En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia” (requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores judiciales […]”13. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de

justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

4. Caso concreto 4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que el defecto alegado puede llevar consigo una violación de los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso e igualdad y los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 13 Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. establecidos en normas laborales, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues se adelantaron las dos instancias dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora María Nidia Cortés Vargas contra Colpensiones y no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión14. Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la sentencia de segunda instancia que hoy se cuestiona en tutela, se profirió por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 12 de abril de 2019 y la demanda de tutela se presentó el 11 de septiembre de 201915, es decir, dentro de un término prudencial. Adicionalmente, se observa que la accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro del trámite de una demanda de

nulidad y restablecimiento del derecho. 4. 2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad El apoderado de la señora María Nidia Cortés Vargas, plantea la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, porque considera que el Tribunal Administrativo de Caldas, al proferir, la sentencia de 12 de abril de 2018 incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, por no tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado contenida en la sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 0112-09, en la cual se ha señalado que las pensiones reconocidas a las personas beneficiarias del régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. Señaló que la providencia acusada desconoció que la demandante, por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, su pensión se debía 14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250. 15 Folio 1 liquidar con el promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Añadió que la providencia acusada, tampoco tuvo en cuenta que recientes criterios jurisprudenciales sobre el IBL no son aplicables a situaciones consolidadas con anterioridad a dichos pronunciamientos, como ocurrió en el caso de la accionante. Con el fin de revisar los motivos de inconformidad de la parte actora, la Sala

estudiará el análisis normativo y jurisprudencial realizado por el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia de 12 de abril de 201916, en el cual consideró lo siguiente: “(…) Conforme a la posición actual de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se entiende entonces que en aplicación de ésta deben respetarse las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto (tasa de reemplazo) de la pensión que consagraba el régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985. Sin embargo, para determinar el IBL, la liquidación debe regirse por lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 21 de la misma norma, dependiendo del tiempo que le faltare al interesado a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones para adquirir el derecho a la prestación. Así pues, si al 1° de abril de 1994 (empleados nacionales) o al 30 de junio de 1995 (empleados territoriales), la persona beneficiaria del régimen de transición le faltaren menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Si le faltaren más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la

variación del índice de precios al consumidor según certificación que expida el DANE. Para el caso que convoca la atención de esta Sala, se observa que para la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, a la accionante para acceder a su pensión de vejez conforme a la Ley 33 de 1985 le faltaban más de 10 años para cumplir los 55 años de edad (nació el 18 de abril de 1956). Lo anterior significa que la liquidación de su pensión de jubilación debe realizarse en los términos previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, tal como se realizó en la resolución que reconoció la prestación periódica. Ahora, sobre los factores que se deben tener en cuenta, atendiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en sus sentencias de unificación sobre la materia, los únicos que pueden incluirse para determinar el IBL son aquellos devengados por el accionante durante el tiempo de liquidación referido y que sirvieron de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, conforme al Decreto 1158 de 1994, norma que a la letra indica: “ARTICULO 1º. El artículo 6º. Del Decreto 691 de 1994, quedará así: “Base de Cotización” El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por 16 Folios 42 - 49 los siguientes factores: a. La asignación básica mensual b. Los gastos de representación c. La prima técnica, cuando sea factor de salario d. Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor

de salario e. La remuneración por trabajo dominical o festivo f. La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna g. La bonificación por servicios prestados.” En la Resolución de reconocimiento pensional, así como la que negó la solicitud de reliquidación, se evidencia que en ellas se consignó que se había realizado teniendo en cuenta el promedio de cotizaciones de los 10 últimos años, sobre los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se efectuaron los aportes al Sistema General de Pensiones. Adicionalmente, no obra en el expediente prueba alguna que permita concluir que durante dicho periodo se hayan realizado cotizaciones sobre los factores que la accionante alega como faltantes en su liquidación. Corolario de lo anterior, la demandante no cuenta con derecho a que la prestación pensional a ella reconocida sea objeto de reliquidación en los términos deprecados en la demanda -con el promedio de todos los emolumentos percibidos durante el último año de servicios-, pues se itera, las prestaciones pensionales otorgadas en aplicación del régimen de transición deben ser liquidadas con un IBL conformado por el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicios o durante el tiempo de servicios que les hiciere falta para adquirir el derecho al momento de entrada en vigencia del sistema pensional de la multicitada ley 100 de 1993, y en todo caso solamente los factores que fueron objeto de cotizaciones al sistema pensional. Teniendo en cuenta que la respuesta al primer interrogante planteado es negativa, resulta innecesario pronunciarse sobre la cuestión accesoria consistente en la orden de

descuentos por aportes a pensión sobre los factores devengados en el último año de servicios. En cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, la demandante en el recurso de apelación contra la sentencia solicita la aplicación del índice de precios al consumidor para el tiempo transcurrido entre el momento del retiro definitivo del servicio público y la adquisición del status pensional. Al respecto de los antecedentes administrativos, en especial de la resolución VPB 50087 del 23 de junio de 2015, “por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 2043 del 7 de enero de 2015”, se tiene que la demandante se retiró del servicio el 30 de noviembre de 2004 y adquirió el status de pensionada el 18 de abril de … (sic), que el salario y demás factores salariales devengados entre los años 1994 y 2004 que sirvieron de base para la liquidación de su pensión fueron indexados hasta el 18 de abril de 2011, es decir la fecha de retiro del servicio. Adicionalmente, en la Resolución GNR2043 del 7 de enero de 2015 “por la cual se ordena la reliquidación de una pensión de vejez” consta el reconocimiento de la indexación de la mesada pensional a partir del año 2011. Por tanto, no le asiste razón a la recurrente en este aspecto. Por todo lo expuesto, considera la Sala que no hay lugar a reliquidar la pensión de la demandante, y por ende, se impone revocar la sentencia de primer grado y en su lugar negar las pretensiones de la demanda. (…)” Revisado el contenido de la providencia acusada, se advierte que el Tribunal

Administrativo de Caldas, al resolver la controversia planteada por la señora María Nidia Cortés Vargas, evidentemente, se apartó del pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 (N.I. 0112-2009), según la cual el IBL se calculaba con los ingresos recibidos por el empleado en el último año de servicio; en cuyo contenido se indicaba lo siguiente: “(…) Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el traba