CE-11001-03-15-000-2019-04573-01(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÁLCULO DE LOS FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA EN EL IBL DE LA MESADA PENSIONAL DE DOCENTE - Aquellos objeto de cotización / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración Los accionantes señalan que en las providencias acusadas no se les incluyó la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, en obedecimiento a la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 en lugar de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y que por ello [se incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente judicial, así como en la vulneración de] sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica. (…) [No obstante, a juicio de la Sala,] [e]n las sentencias acusadas se precisa que los docentes cuentan con un régimen exceptuado del Sistema General de Pensiones contemplado en la Ley 100 de 1993, regidos por la [normativa] aplicable para la época de su vinculación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que para el caso en concreto es la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año y que de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, los factores que deben ser tenidos en cuenta para liquidar la pensión de jubilación son los mismos establecidos en las Leyes 33 y 62 de 1985 sobre los que el

empleado realizó los aportes. (…) [En ese orden de ideas,] es claro para la Sala que, en el presente caso, no existió desconocimiento del precedente aludido por los accionantes, toda vez que la sentencia invocada [del 4 de agosto de 2010] (…) no guarda identidad fáctica y jurídica con los elementos que dan origen a la pretensión de reliquidación pensional del accionante, dada su calidad de docente oficial, lo que implicaba la aplicación un régimen jurídico diferente, ajustado a la excepción prevista en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. (…) [Así las cosas,] la Sala concluye que las sentencias las del 27 de mayo de 2019 y del 4 de julio de 2019 proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B y las sentencias del 26 de septiembre de 2019 proferidas por del Tribunal Administrativo de Santander no incurrieron en un desconocimiento del precedente y, por ende, no existió vulneración de las garantías fundamentales de los accionante, razón suficiente para despachar desfavorablemente el amparo invocado.

FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / LEY 91 DE 1989 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D.C., primero (1°) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-04573-01(AC)

Actor: GLORIA INÉS ARROYAVE ZAPATA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por los accionantes contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2020 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 1983 de 2017 y en el Acuerdo No. 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES A.- Solicitud de amparo 1.- El 22 de octubre de 2019, los señores Gloria Inés Arroyave Zapata, José Jesús Rendón Orozco, Ana Francisca Vargas de Ortiz, Jesús Emilio Melo Sepúlveda y Raúl Eduardo Madera Ariza, mediante apoderado judicial, solicitaron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que consideraron vulnerados con las sentencias del 27 de mayo de 2019 y del 4 de julio de 2019 proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; y también, las sentencias del 26 de septiembre de 2019 proferidas por del Tribunal Administrativo de Santander, mediante las cuales no se acogieron las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho contra los

actos administrativos que negaron la liquidación o reliquidación de la pensión de jubilación a los accionantes. 2.- Como amparo constitucional, los accionantes elevaron las siguientes peticiones: <<1.1. Tutelar a los accionantes los siguientes derechos fundamentales: debido proceso, a la igualdad ante la ley, la confianza legítima, la justicia en relación con la legalidad, los derechos adquiridos, los principios de buena fe, progresividad y la seguridad jurídica. 1.2. Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado –Subsección “B”, dejar sin efectos la providencia creada el 27 de mayo de 2019, en el proceso con radicado (…) Número Interno: 4948-2014, siendo demandante GLORIA INÉS ARROYAVE ZAPATA (…) y que profiera otra sentencia que la reemplace atendiendo las decisiones y orientaciones que adopte el juez constitucional. 1.3. Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado – Subsección “B”, dejar sin efectos la providencia creada el 04 de julio de 2019, en el proceso con radicado (…) Número Interno: 1054-2017 siendo demandante JOSE JESUS RENDON OROZCO y que profiera otra sentencia que la reemplace atendiendo las decisiones y orientaciones que adopte el juez constitucional. 1.4. Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado – Subsección “B”, dejar sin efectos la providencia creada el 27 de mayo de 2019, en el proceso con radicado (…) Número Interno: 3680-2017 siendo demandante ANA

FRANCISCA VARGAS DE ORTIZ y que profiera otra sentencia que la reemplace atendiendo las decisiones y orientaciones que adopte el juez constitucional. 1.5. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander dejar sin efectos la providencia creada el 26 de septiembre de 2019, en el proceso con radicado N° 680813333120150004702, siendo demandante JESÚS EMILIO MELO SEPÚLVEDA y que profiera otra sentencia que la reemplace atendiendo las decisiones y orientaciones que adopte el juez constitucional. 1.5. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander dejar sin efectos la providencia creada el 26 de septiembre de 2019, en el proceso con radicado N° 68081333300120150004602, siendo demandante RAÚL EDUARDO MADERA ARIZA y que profiera otra sentencia que la reemplace atendiendo las decisiones y orientaciones que adopte el juez constitucional. (…)>>. B.- Hechos Los accionantes basaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones: 3.- Los accionantes presentaron demandas contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se les incluyeran en su reconocimiento de la pensión, todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. 4.- A los accionantes se les concedieron sus pretensiones en primera instancia, por cuanto se consideró que tenían derecho a la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios, en aplicación de la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por esta Corporación.

No obstante, al resolver los recursos de apelación, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander consideraron que, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SUJ-014 -CE-S2 del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado1, el cálculo de las pensiones de los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 solamente incluye los factores sobre los que se aportó al sistema, que no son otros que los señalados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

C. Fundamentos de la vulneración 5.- Como sustento de la solicitud de amparo, los accionantes alegaron que los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho sobre el reconocimiento, pago, liquidación o reliquidación de las pensiones de jubilación, se vieron afectados por lo 1 “En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.” dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se realizó una interpretación errónea del artículo 3° de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 19852, el numeral 3° del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, toda vez

que debió incluirse la totalidad de factores devengados en el último año de servicios comoquiera que se trataba de un régimen especial en el que los docentes no se podían ver afectados por la omisión del empleador de realizar los aportes pertinentes, ni tampoco debían soportar las consecuencias negativas por la disparidad existente entre los factores que son objeto de cotización, de acuerdo con la ley, y los devengados. 6.- Adicionalmente, manifestaron que se les debía aplicar la sentencia de unificación del 04 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B, para que no se vieran afectados derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la seguridad jurídica y los derechos adquiridos.

D. Providencia impugnada 7.- Mediante sentencia del 30 de enero de 2020, la Sección Cuarta de esta Corporación negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes. Consideró que no se configuró el defecto por desconocimiento del precedente ni por falta de aplicación de la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, pues son reglas jurisprudenciales de interpretación que ya no se encuentran vigentes, ni por el hecho de que las autoridades judiciales accionadas hayan acudido a la Sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, toda vez que se trataba de una sentencia de unificación que era de obligatorio acatamiento por los jueces.

E.- Impugnación 8.- Los accionantes impugnan la decisión antes aludida, pues consideraron que el a

quo no se pronunció sobre la vulneración de los derechos fundamentales que se indicaron en la solicitud de amparo. Señalaron que el juez de primera instancia falló de manera general sin observar los argumentos particulares que se habían expuesto.

II. CONSIDERACIONES 2 Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. 9.- Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala estudiará los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional3 y el Consejo de Estado4. 10.- En ese sentido, la Sala evidencia que en el presente caso se encuentran satisfechos, así: i) los accionantes indicaron los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia constitucional porque se afirma la violación a los derechos fundamentales a la igualdad, el debido

proceso y al acceso a la administración de justicia; adicionalmente se alegó la existencia del desconocimiento del derecho previsto en la sentencia del 4 de agosto de 2010 y una indebida aplicación de la sentencia del 25 de abril de 2019; iii) los accionantes utilizaron todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad) y contra la providencia atacada no procede ningún recurso; iv) la acción se interpuso en un término prudencial (inmediatez), comoquiera que las sentencias acusadas tienen como fechas las siguientes: del 27 de mayo de 2019 (Gloria Inés Arroyave Zapata y Ana Francisca Vargas de Ortiz), 4 de julio de 2019 (José Jesús Rendon Orozco) proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; y la del 26 de septiembre de 2019 y, la acción de tutela se presentó el 22 de octubre de 2019, esto es, dentro del término de los 6 meses que han precisado tanto esta Corporación5 como la Corte Constitucional6 y, v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela. 11.- Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos frente a la procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Sala procede a estudiar de fondo la solicitud de amparo presentada por los señores Gloria Inés Arroyave Zapata, José Jesús Rendón Orozco, Ana Francisca Vargas de Ortiz, Jesús Emilio Melo Sepúlveda y Raúl Eduardo Madera Ariza. F.- Análisis del caso 12.- La Sala advierte que la sentencia impugnada debe ser confirmada, porque no

se encuentra configurado el desconocimiento del precedente previsto en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación y tampoco se observa una indebida aplicación de la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019. Del mismo modo, no se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales alegados por los accionantes, pues las sentencias acusadas se fallaron conforme a la ley y la jurisprudencia correspondiente al caso. 3 Corte constitucional, sentencia C-590 de 2005. 4 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. El Consejo de Estado en dicha sentencia concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos fijados por la Corte Constitucional. 5 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01; Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.; Demandado: Consejo de Estado-Sección Primera, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 13.- Los accionantes señalan que en las providencias acusadas no se les incluyó la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, en

obedecimiento a la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 en lugar de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y que por ello se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica. 14.- Revisadas las providencias acusadas, se observa que la razón fundamental del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander para revocar la sentencias estimatorias de primera instancia y negar las pretensiones consistió en el análisis de las normas especiales aplicables a los docentes, esto es, el contenido de la ley 91 de 1989 y las leyes 33 y 62 de 1985, junto con el acto legislativo 01 de 2005, previo al estudio de la jurisprudencia vigente en materia de liquidación de pensiones cobijadas por el régimen de transición, particularmente la sentencia de unificación de esta Corporación del 28 de agosto de 2018 y la del 25 de abril de 2019. 15.- En las sentencias acusadas se precisa que los docentes cuentan con un régimen exceptuado del Sistema General de Pensiones contemplado en la Ley 100 de 1993, regidos por la normatividad aplicable para la época de su vinculación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que para el caso en concreto es la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año y que de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, los factores que deben ser tenidos en cuenta para liquidar la pensión de jubilación son los mismos establecidos en las Leyes 33 y 62 de 1985 sobre los que el empleado realizó los aportes.

16.- En torno al régimen aplicable a los docentes, la Ley 33 de 1985 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público” –estableció a partir de la fecha de su publicación el 13 de febrero de 19857, el régimen general aplicable a empleados públicos y trabajadores oficiales en materia pensional y dispuso: Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.(…) Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley. Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán 7 Diario Oficial No. 36100 del 13 de febrero de 1985 derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se

reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley. 17.- La Ley 62 de 1985, por medio de la cual se modificó el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985, consagró los factores que hacen parte de la base de liquidación pensional y sobre los cuales se debían hacer los aportes respectivos , señalando al respecto que: “Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”. (Se subraya)

18.- En el caso de los docentes, pese a que éstos contaban con un régimen salarial especial, determinado por prestaciones particulares como la pensión gracia, entre otros emolumentos, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de atender las prestaciones sociales de los docentes oficiales y previó en su artículo 15 que los docentes nacionales y los que se vincularan a partir del 1º de enero de 1990, se regirían por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, lo que suponía en materia pensional su remisión a la Ley 33 y la Ley 62 de 1985 anteriormente anotada (régimen general pensional del sector público vigente para tal fecha). Al respecto, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, precisó lo siguiente: “[L]a Ley 91 de 1989, expedida como consecuencia del proceso de nacionalización de la educación, creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y estableció, entre otras cosas, que las erogaciones de prestaciones sociales, reajustes y sustituciones pensionales del personal nacionalizado, que se causen entre el período del 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, estarían a cargo de la Nación, de las respectivas Entidades Territoriales, de las Cajas de Previsión o de las Entidades que hicieran sus veces. El artículo 15 de la Ley 91 de 1989, estableció que a partir de su vigencia el personal docente nacional y nacionalizado que figure vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989 para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendría el

régimen prestacional del que venían gozando en cada Entidad Territorial de conformidad con las normas vigentes, refiriéndose específicamente al régimen general aplicable según el caso. La anterior disposición debe interpretarse entonces en armonía con las Leyes 6ª de 1945 y 33 de 1985, observando el régimen de transición consagrado en esta última; de tal suerte que a los docentes que pertenecían al orden departamental, nacionalizados por virtud de la Ley 43 de 1975, cuyas prestaciones se causaron hasta la fecha de promulgación de la citada Ley 91 de 1989, en su aspecto prestacional se rigen, según sea el caso, por la Ley 6ª de 1945 o por la Ley 33 de 1985. Ahora, respecto del régimen especial que alega la recurrente, cabe precisar, que si bien el Decreto Ley 2277 de 1979 dispuso en su artículo 3º que los educadores que prestan sus servicios a Entidades del Orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal “son empleados oficiales de régimen especial”; según las previsiones del mismo, la especialidad del referido sistema está dada entre otros aspectos por la administración del personal y algunos temas salariales y prestacionales, de manera pues, que en cuanto a la pensión ordinaria de jubilación, los docentes no disfrutan de ninguna especialidad que les otorgue determinados privilegios y que se concrete en las normas que regulan su actividad, es decir, que en materia pensional les resulta aplicable el régimen general previsto para los empleados públicos, cuya única excepción la enmarca el reconocimiento de la pensión gracia, en tanto se rige por una normatividad especial. En efecto, los regímenes especiales de pensiones se caracterizan

porque mediante normas expresas se señalan condiciones propias en cuanto a edad, tiempo de servicios y cuantía de la mesada, diferentes en todo caso a las establecidas en la norma general, lo que no se da respecto de los maestros, quienes a pesar de ser servidores públicos y estar incursos dentro de un régimen especial para el reconocimiento de algunas prestaciones como la pensión gracia, no gozan de este privilegio para la obtención de la pensión ordinaria de jubilación. Si bien, el artículo 5º del Decreto 224 de 1972 consagró que el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación, el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979 señaló que el goce de la pensión no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes, y la Ley 60 de 1993 en su artículo 6º inciso 3º preceptuó que el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados sería el reconocido por la Ley 91 de 1989, ello no significa que los docentes del sector oficial gocen de un régimen especial de pensiones. Las mencionadas normas consagran la compatibilidad entre pensión, prestaciones y salario, pero no el reconocimiento de una pensión ordinaria de jubilación bajo condiciones especiales, como pretende hacerlo ver la demandante, por tanto el supuesto consagrado en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, en cuanto a los regímenes especiales no le es aplicable. Bajo las anteriores precisiones de orden normativo que arrojan la inexistencia de un régimen especial de pensiones que cobije a los

docentes y la aplicabilidad para el caso concreto de las normas generales que en materia pensional definen las reglas de acceso al derecho jubilatorio para los empleados públicos, se estudian los documentos obrantes dentro del expediente en orden a desatar el fondo del asunto.8 (Se resalta) 19.- Por su parte, la Ley 100 de 1993 a partir de su entrada en vigencia el 23 de diciembre de 19939, estableció el Sistema General de Seguridad Social Integral, y además, unificó el sistema pensional tanto para trabajadores públicos como privados, en donde se señalaron expresamente algunas excepciones a la universalidad y generalidad de las disposiciones allí contenidas, que se circunscribieron específicamente: i) al régimen de transición contenido en el artículo 36 ibídem,10 y ii) a los regímenes exceptuados previstos taxativamente en el artículo 279 del mismo ordenamiento, entre los cuales se encuentran los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo el siguiente contenido literal: “Artículo 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la 8 Sentencia del 12 de febrero de 2009, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Exp. 1971-06. En el mismo sentido, las sentencias proferidas dentro de los proceso Nos. 1953-08, 1522-07, 1411-06, 084508, 0710-08. 9 Salvo los eventos en los que se estableció una vigencia diferida en materia pensional, señalados en el

artículo 151 ibídem, que dispuso: “El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma. PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.” 10 “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombre la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas

referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.” vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.” 20.- Posteriormente, el inciso 1° del artículo 115 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se [expidió] la Ley General de Educación”, reafirmó que el régimen prestacional del sector docente oficial sería el contenido en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993, que a su vez, como ya se explicó, remitió en materia pensional a las Leyes 33 y 62 de 1985. 21.- Finalmente, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan de Desarrollo 2003-2006, determinó en su artículo 81 que el régimen prestacional aplicable a los docentes se regiría bajo las siguientes reglas: (i) a los docentes vinculados antes de

27 de junio de 200311, el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley, esto es, el previsto en la Ley 91 de 1989 (Leyes 33 y 62 de 1985); y (ii) a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, el de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. 22.- La citada disposición fue ratificada y elevada a