CE-11001-03-15-000-2019-04645-00(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR AUSENCIA DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA EN LA

IMPUGNACIÓN

[N]o se cumple con el requisito general de la relevancia constitucional que exige la sentencia C-590 del 2005 para la procedencia contra providencia judicial, toda vez que si bien los actores sostienen que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto fáctico y sustantivo, no cumplieron con la carga argumentativa mínima para estructurar el cargo por defecto fáctico de señalar las pruebas que, a su juicio, no valoró la autoridad judicial accionada, ni argumentaron en que forma la falta de valoración de los medios probatorios, trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales. (...) para la configuración del defecto fáctico dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, el actor debe cumplir con una carga argumentativa mínima identificando i) cuales medios probatorios fueron omitidos en su valoración por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la omisión en la valoración de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual, se repite no aconteció en el presente caso. Respecto al defecto sustantivo, los actores no indicaron i) cuáles fueron las normas jurídicas que se interpretaron de manera irrazonable o arbitrariamente y ii) cuáles fueron las que se dejaron de aplicar al caso sub

examine, y en ese orden de ideas, tenían que argumentar que dichas normas eran jurídicamente relevantes para resolver el caso concreto y no otras. (...) para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que los actores no presentaron una carga argumentativa mínima y, en consecuencia, no argumentaron el presunto defecto fáctico y sustantivo en el que presuntamente habría incurrido el Tribunal Administrativo del Cesar al proferir la providencia accionada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 176 / DECRETO 2591 DE 1991ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 37

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-04645-00(AC)

Actor: ROBIN JHONNY CÁCERES MONTERO, URBINO CÁCERES MINDIOLA

Y YADIS CECILIA CÁCERES MINDIOLA

Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Tema: Defecto sustantivo y fáctico/ falta del requisito de relevancia constitucional Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia, ii)

debido proceso e iii) igualdad Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Robin Jhonny Cáceres Montero, Urbino Cáceres Mindiola y Yadis Cecilia Cáceres Mindiola contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la providencia de 4 de junio de 2019 y el Tribunal al proferir la providencia de 25 de julio de 2019, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 20-001-33-33-007-2018-00456-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la providencia de 4 de junio de 2019 y el Tribunal al proferir la providencia de 25 de julio de 2019, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 20-001-33-33-007-2018-00456-01, vulneró los derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son

los siguientes:

3. Indicaron que un grupo de personas uniformadas con prendas de uso militar y con armas de alto calibre, se apoderaron del resguardo, y con lista en mano fueron sacando a las personas de sus casas para luego ser ejecutadas en diferentes puntos de esa localidad, en donde una de las víctimas fue el señor Delvis Cáceres Mindiola, quien perteneció al resguardo indígena Kankuamo asentado en el municipio de Atanquez – Cesar.

4. Manifestaron que la comunidad puso en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional, las respectivas amenazas de las que habían sido objeto por parte de grupos organizados al margen de la ley con el fin de que les brindaran apoyo y protección armada, sin que respondieran al clamor de la comunidad, desconociendo las alertas tempranas.

5. Los señores Robin Jhonny Cáceres Montero, Urbino Cáceres Mindiola, Yadis Cecilia Cáceres Mindiola, Radys Enrique Cáceres Mindiola y Leodan Cáceres Mindiola presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables a título de falla de servicio por la muerte del señor Delvis Cáceres Mindiola, y como consecuencia de lo anterior, se condenara a las entidades a reconocer y pagar los respectivos perjuicios materiales y morales.

Auto proferido en audiencia inicial el 4 junio de 2019 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 20-001-33-33-0072018-00456-01

6. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo siguiente: “[…] PRIMERO: Declarar probada la excepción de caducidad de medio de control de reparación directa, iniciada por RANDYS ENRIQUE CACEES (sic) MINDIOLA y otros en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL conforme a lo expuesto en las consideraciones.

En consecuencia, se inhibe el Despacho de tomar decisión de fondo […]”.

7. Consideró que: “[…] En el caso de la referencia, según la investigación llevada por la Fiscalía los hechos que dieron lugar a la demanda ocurrieron el 19 de septiembre de 1995, cuando los señores Urbino José Cáceres, Delvis Cáceres Mindiola y Elvia Teresa Ramos Pacheco, se dirigirían (sic) con otras personas a la estación de Sabana Crespo Región Los Laureles, a bordo de un vehículo camión 600, cuando transitaban por el sitio conocido como “La Mala Bajada” y fueron interceptados por varios sujetos que tenían el rostro cubierto las manos protegidas con guantes vestidos de civil y uno con prendas de militares y armas de fuego e hicieron descender a los pasajeros y los obligaron a tirarse al suelo solicitándoles la suma de $3.000.000, luego requirieron a todos que se identificaran, llamando a tres de los ocupantes del vehículo para conducirlos por una trocha y ordenando a los otros pasajeros retornar al vehículo y que se marcharan, pasado algunos minutos los demás pasajeros sintieron unos disparos y acordaron regresar al lugar donde

lo habían bajado encontrando sus pertenencias regadas y luego los cuerpos sin vida. Así mismo, por auto de fecha 8 de julio de 1996, la Fiscalía Dieciséis Especializada en Delitos contra la Vida y ante los Juzgados Penales del Circuito, ordenó precluir la investigación a favor de los señores Rafaela del Carmen y Nagel Rafael Pacheco Montero, la investigación por el delito de homicidio pues concluyó que si bien existía un indicio grave en su contra, no era menos cierto que tal indicio grave por sí solo no era suficiente para pregonar sus (sic) participación en los hechos que dieron origen a la investigación, pues había ausencia de presupuestos probatorios para llevar a juicio, por lo que existía duda en cuanto a la efectiva participación de los procesados en la muerte de quienes resultaron víctimas, pues fue difícil encontrar un testigo presencial del crimen y que haya reconocidos (sic) a los autores del mismo. De lo anterior se puede advertir, que el proceso llevado dentro del proceso de la referencia fue en contra de personas civiles sindicadas de la muerte de los señores Urbino José Cáceres, Delvis Cáceres Mindiola y Elvia Teresa Ramos Pacheco, es decir que el crimen no se atribuyó a ningún grupo al margen de la ley ni tampoco se llevó un proceso contra miembros del Ejército Nacional dado que el homicidio en ningún momento revistió la característica de una ejecución extrajudicial […]”.

8. Afirmó que el apoderado de la parte actora narra los hechos de la demanda, como si estos se hubiesen llevado a cabo en un resguardo de Atanquez cuando el

Ejército Nacional permitió la entrada de un grupo armado con fusiles y prendas, quienes con lista en mano procedieron a sacar a los indígenas de sus hogares con el fin de ejecutarlos en distintos puntos de la misma localidad y continúa narrando masacres sufridas por la comunidad Kankuama, que si bien son ciertas y ampliamente conocidas, no tienen nada que ver con el caso en concreto, es decir, con el homicidio del señor Delvis Cáceres Mindiola, de igual manera, fundamenta que el daño antijurídico, está derivado de crímenes de lesa humanidad, generadas por la omisión del Estado, en los que no opera el fenómeno jurídico de la caducidad. El Juzgado concluyó manifestando que: “[…] Encuentra esta agencia, que los hechos que dan lugar a la demanda como ya se dijo fueron en el año de 1995 y la demanda solo fue impetrada hasta el año 2018, es decir 23 años después de haberse ejecutado el homicidio y como se dijo en la sentencia antes citada la principal función de la caducidad es evitar que las diversas circunstancias generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al transformarlas en situaciones jurídicas consolidadas. De igual forma, tampoco se encuentra acreditado que sea de los casos en los que el termino (sic) de caducidad este (sic) sometido a una condición en especial, pues no se haya configurado delitos de lesa humanidad, ni muchos menos se acreditó condena alguna por el caso de la referencia, ya sea que este (sic) atribuido el homicidio (sic) algún grupo al margen de la ley o al Ejército Nacional por ejecución

extrajudicial […]”. Auto proferido el 25 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 20-001-33-33-007-2018-00456-01

9. El Tribunal Administrativo del Cesar, dispuso en la parte resolutiva: “[…] PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 4 de junio de2019 (sic), proferido por el JUZGADO SEPTIMO (sic) ADMINISTRATIVO EL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, mediante el cual se declaró la prosperidad de la excepción de caducidad, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen […].

10. Consideró que: “[…] Respecto a la noción y características de los delitos de lesa humanidad y su aplicación en lo que respecta a la valoración del término de caducidad, el Honorable Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: El Despacho entiende los crímenes de lesa humanidad como aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas, generando así no sólo una afectación a quienes físicamente han padecido tales actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad. Conforme a esta definición y los abundantes precedentes jurisprudenciales, dos son las características principales que se pueden destacar del delito de lesa humanidad: su autonomía

frente a otros crímenes, especialmente aquellos de guerra y su imprescriptibilidad en tanto que participa de la categoría de delito internacional. En cuanto a lo primero, valga señalar que, (…) el delito de lesa humanidad no requiere, para su configuración, que se ejecute dentro de un contexto de un conflicto armado internacional o interno, basta, a diferencia del crimen de guerra, que se compruebe la configuración de una modalidad específica de ejecución cual es en el marco de una actuación masiva o sistemática. (…) El anterior recuento lleva a dos conclusiones sobre este tema, la primera de ellas es que la responsabilidad del Estado en casos en donde se alegue la configuración de supuestos de hecho propios de una conducta constitutiva de lesa humanidad no supone, ni puede suponer, que sea a partir de las categorías jurídicas del derecho penal que se adelante el juzgamiento del Estado sobre su presunta responsabilidad. Por el contrario, queda claro que el parámetro normativo que guía tal juicio está determinado por la normativa internacional y la nacional en torno a los Derechos Humanos; (…) Esto conduce a la segunda conclusión, según la cual no se genera impedimento alguno cuando se trate de juzgar la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que se han causado por la comisión de uno de los denominados crímenes internacionales, entre ellos el de lesa humanidad, en relación con la responsabilidad individual de un sujeto, pues, quedó suficientemente acreditado que se trata de responsabilidades de diferente connotación que corren paralelas, de manera que si se ha decretado la responsabilidad penal de un individuo por la comisión de una conducta de lesa humanidad que se basa en la ofensa grosera a la normativa y jurisprudencia

internacional sobre la materia, nada impedirá que se adelante un juicio de responsabilidad del Estado, en donde se determine si existió un incumplimiento de los deberes normativos a cargo del Estado, en virtud de su posición de garante […]” De acuerdo con lo citado, debe precisar la Sala que es del resorte del Juez de lo contencioso administrativo valorar la ocurrencia de un delito de lesa humanidad conforme al tenor de los tratados internacionales acogidos por el Estado colombiano y las normas internas que brindan especial protección (sic) ciertos grupos poblacionales, lo cual no está completamente supeditado a la existencia de una decisión judicial que determine que el delito cometido haya sido catalogado como de lesa humanidad, pues deben valorarse todas las circunstancias que rodean los hechos de los cuales se pretende endilgar responsabilidad al Estado […]”.

11. Manifestó que en el caso sub examine, si bien es cierto la Resolución núm. 5 de julio de 2004, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad indígena kankuama se encuentra especialmente protegida por el ejercicio sistemático de la violencia a la cual se les sometió, no puede perderse de vista que dicha Resolución fue expedida debido a ciertas muertes que se dieron en el año 2004, “[…] las cuales se detallan en ese documento sobre, resaltando de su ocurrencia pese a las medidas cautelares que fueron impartidas a favor de esa comunidad para el año 2003, lo cual dio lugar a la expedición de dicha decisión, de lo cual se extrae que esa resolución no cobija a situaciones ocurridas en el pasado […]”.

12. En ese orden de ideas, expresó que en el caso concreto no logró acreditarse

que los hechos narrados tengan relación con la amenaza a la que fueron sometidos los miembros de la comunidad Kankuama por grupos organizados al margen de la ley, pues no se logró acreditar dentro del proceso penal adelantado, que quienes fueron señalados como autores del homicidio de la víctima directa, hayan hecho parte de grupos al margen de la ley o de la fuerza pública, por el contrario, pertenecían a otra comunidad indígena, esto es, los Arhaucos, y fueron identificados por las víctimas del asalto, menos aún que tuvieran como fin principal el exterminio de dicha comunidad, máxime si se tiene en cuenta que los hechos narrados en la respectiva demanda, no guardan relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en donde realmente ocurrió la muerte del señor Delvis Cáceres Mindiola. Concluyó aduciendo que: “[…] Por ello, debe esta Sala debe (sic) someterse a las pruebas obrantes en el plenario que llevan a concluir que los investigados por la muerte de la víctima directa fueron dejados en libertad por falta de pruebas, no ostentaban la condición de insurgentes, así como que no se está en presencia de un delito de lesa humanidad pues los hechos que dieron lugar al homicidio estuvieron relacionados con un hurto de una suma de dinero que presuntamente tenían ciertas personas que ocupaban el vehículo y eran productores de café, y en esa medida la providencia de primera instancia debe ser conformada (sic) al encontrarse este medio de control caduco (sic) […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

13. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] Con fundamento en los hechos expuestos, solicito a los honorables

Magistrados ordenar en favor de las personas que represento en el proceso administrativo que cursa en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Oral de Valledupar, identificado con número de radicación 2018-00456-00, lo siguiente: 1) Tutelar los derechos al DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINSITRACIÓN DE JUSTICIA, A LA DIGNIDAD, A LA IGUALDAD de mis representados. 2) Revocar y/o decretar la nulidad de la providencia demandada librada durante la realización de la audiencia inicial, que se dé trámite al proceso, y se dicte la sentencia de fondo que en derecho corresponda […]”.

14. La parte actora indicó en su escrito de tutela que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo y en un ii) defecto procedimental.

En ese orden de ideas, expresó que: “[…] 1) DEFECTO SUSTANTIVO: Se efectúa la aplicación de normas que requieren interpretación sistemática con otras normas, no se tienen en cuenta algunas que son aplicables en éste caso específico y que eran necesarias estudiar antes de adoptar la decisión tutelada. Se observa que no se hizo el análisis respectivo de los hechos demandados. 2) DEFECTO PROCEDIMENTAL: Por cuanto la providencia tutelada termina con el proceso de manera anticipada sin una adecuada valoración de las pruebas allegadas, y valoración de la situación fáctica, El (sic) juez solo valoró superficialmente el término de caducidad de la acción, sin tener en cuenta que los hechos demandados se fundamentan en delitos de lesa humanidad y que ésta condición es un hecho notorio tanto a nivel nacional como internacional, el

principio de legalidad, el derecho al debido proceso, y el derecho a la justicia. Con tan pocos elementos de juicio obrantes en el proceso al momento de realizarse la audiencia inicial, claramente se podría inferir que por ser un delito de lesa humanidad la acción es imprescriptible […]”.

15. Ahora bien, la Sala evidencia que respecto a este último cargo mencionado por el actor en su escrito de tutela, realmente se trata es de un cargo por defecto fáctico al no haberse valorado adecuadamente las pruebas obrantes en el expediente y no un defecto procedimental.

16. Por último, los actores hicieron referencia a los elementos que configuran la existencia de los crímenes de lesa humanidad, para concluir que: “[…] Ahora bien, si al momento de estudio de la admisibilidad de la demanda no existe certeza y no son claros los supuestos de configuración del delito de lesa humanidad, debe el operador judicial dar aplicación a los principios pro actione y pro damato, en virtud de los cuales, en los eventos en que no es posible establecer prima facie la fecha en que debe empezar a contar el término de caducidad, corresponde dar trámite al asunto, para que en el curso del proceso se puedan identificar los elementos que prueben su determinación y permitan un pronunciamiento de fondo. Hacer lo contrario, y ante la duda, proceder al rechazo de la demanda, se convertiría en una negativa del derecho de acceso a la administración de justicia.

En ese orden de ideas, vale la pena destacar que el grado de convencimiento que ofrezcan los medios probatorios al operador judicial en el momento de la admisión es mucho más flexible que la naturaleza de la exigencia probatoria requerida al

tiempo de fallar, pues en esta etapa el nivel de convicción debe superar toda duda sobre la responsabilidad y la existencia de los perjuicios causados. Así las cosas, si una vez agotada la etapa probatoria, el juez no halla elementos suficientes para demostrar que el daño alegado deriva necesariamente de la configuración de un acto de lesa humanidad, debe en la sentencia pronunciarse sobre la caducidad del medio de control […]”. Actuación

17. El Despacho, por auto de 29 de noviembre de 2019, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

18. De igual manera, dispuso vincular a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y a los señores Radys Enrique Cáceres Mindiola y Leodan Cáceres Mindiola, concediéndoles el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.

Intervenciones de las partes accionadas y las partes vinculadas

19. El Tribunal Administrativo del Cesar, indicó que: “[…] De acuerdo con lo citado, precisó la Corporación que era del resorte del Juez de lo contencioso administrativo valorar la ocurrencia de un delito de lesa humanidad conforme al tenor de los tratados internacionales acogidos por el Estado Colombiano y las normas internas que brindan especial protección ciertos grupos poblacionales, lo cual no está completamente supeditado a la existencia de una decisión judicial que determine que el delito cometido haya sido catalogado

como de lesa humanidad, pues deben valorarse todas las circunstancias que rodean los hechos de los cuales se pretende endilgar responsabilidad al Estado. En el caso estudiado, precisó el Tribunal que si bien conforme a la Resolución del 5 de julio de 2004 emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la comunidad indígena Kankuama se encuentra especialmente protegida por el ejercicio sistemático de la violencia a la cual se les sometió, no podía perderse de vista que la misma fue expedida debido a ciertas muertes que tuvieron lugar para el año 2004 las cuales se detallaron en ese documento, resaltando de su ocurrencia pese a las medidas cautelares que fueron impartidas a favor de esa comunidad para el año 2003, lo cual dio lugar a la expedición de dicha decisión, de lo cual se extrajo que esa resolución no cobijaba a situaciones ocurridas en el pasado. Así las cosas, se precisó que en el proceso no se logró evidenciar que los hechos narrados guardaran relación con la amenaza a la (sic) fueron sometidos los miembros de la comunidad kankuama por grupos al margen de la ley, pues no se pudo establecer dentro del proceso penal adelantado que quienes fueron señalados como autores del homicidio de la víctima directa hayan hecho parte de grupos al margen de la ley o de la fuerza pública, por el contrario pertenecían a otra comunidad indígena (Arhuacos) y fueron identificados por las víctimas del asalto, menos aún que tuvieran como objetivo la extinción de dicha comunidad, máxime al tener en cuenta que los hechos narraros (sic) en la demanda no

guardaron relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que realmente ocurrió la muerte del señor DEVIS CÁCERES MINDIOLA (q.e.p.d.) […]”. 19.1 Concluyó manifestando que de las pruebas obrantes en el expediente, se logró acreditar que los investigados por la muerte del señor Devis Cáceres Mindiola, se les concedió la libertad por ausencia de pruebas que comprometieran su responsabilidad penal, en donde además no ostentaban la condición de insurgentes, ni tampoco se acreditó que el caso constituyera un crimen de lesa humanidad.

20. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, consideró que: “[…] Es menester resaltar, que en los hechos de la demanda de reparación directa al igual que en la tutela de la referencia de la parte demandante relata una serie de masacres sufridas por el pueblo indígena (kankuamos), sin embargo es importante resaltar que el señor Delvis Cáceres Mendiola no murió en ninguna de estas masacres relatadas si no el 19 de septiembre de 1995, cuando los señores Urbino José Cáceres, Delvis Cáceres Mendiola y Elvia Teresa Ramos Pacheco, se dirigían con otras personas a la estación de Sabana Crespo Región Los Laureles, a bordo de un vehículo camión 600, cuando transitaban por el sitio conocido como “La Mala Bajada” y fueron interceptados por varios sujetos que tenían el rostro cubierto las manos protegidas con guantes vestidos de civil y unas personas con prendas militares y armas de fuego hicieron descender a los pasajeros y los obligaron a

tirarse al suelo solicitándoles la suma de $3.000.000, luego requirieron a todos que se identificaran, llamando a tres de los ocupantes del vehículo para conducirlos por una trocha y ordenando a los otros pasajeros retornar al vehículo y que se marcharan, pasado algunos minutos los demás pasajeros sintieron unos disparos y acordaron regresar al lugar donde lo habían bajado encontrando sus pertenencias regadas y luego unos cuerpos sin vida, estos mismos hechos fueron los que quedaron consignados en el acta de levantamiento de cadáver, (ver folio 103-104 del expediente) y ratificados por los diferentes testimonios que se avizoran a folios 105109 y a lo largo de todo el expediente, por lo que pretende el apoderado de la parte demandante inducir en error al juzgador […]”.

21. Durante el presente trámite, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y los señores Radys Enrique Cáceres Mindiola y Leodan Cáceres Mindiola, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

23. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

24. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, en especial, el de relevancia constitucional.

25. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes aspectos: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos generales de procedibilidad; iii) el requisito de relevancia constitucional en la acción de tutela; y iv) la solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena1, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

27. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

28. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

29. Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”3.

30. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los

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