CE-11001-03-15-000-2019-05162-00(AC)-2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Se aplicaron adecuadamente las normas llamadas a regular el caso / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / RÉGIMEN PENSIONAL Y ASIGNACIÓN DE RETIRO APLICABLE A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL – A personal del nivel ejecutivo En el presente asunto, el accionante arguyó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta las decisiones proferidas por la Sección Segunda - Subsección B de esta Corporación. (…) [L]a Sala verificará si la sentencia cuestionada desconoció las providencias citadas. (…) En ese orden de análisis, la Sala concluye que se trata de situaciones distintas toda vez que lo discutido en la providencia invocada como precedente fue el reconocimiento de la asignación de retiro de un suboficial del Ejército Nacional mientras que en el asunto bajo examen el reclamante fue un miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional; en ese sentido, la fuente formal examinada en ambos casos tampoco es coincidente, en razón al régimen jurídico aplicable, puesto que el primero se encuentra regulado por el Decreto 1211 de 1990 y el segundo está regido por el Decreto 1212 de 1990, de donde se concluye que los problemas jurídicos difieren. Colofón de lo señalado, la Sala no encuentra que la sentencia proferida el 27 de junio de 2019 haya adolezca del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. (…) La parte actora afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia que se

controvierte incurrió en [defecto fáctico] por falta e indebida aplicación del artículo 2 de la Ley 923 de 2004, Corolario de lo expuesto, la Sala observa que el pretendido defecto no está configurado dado que la autoridad judicial accionada sustentó de forma razonable cuál era la disposición aplicable en este evento y las razones por las cuales no era dable la interpretación que hizo el accionante de las normas contenidas en la Ley 923 de 2004, teniendo cuenta que, si bien se encontraba en servicio activo al momento en que la ley fue expedida, como lo dispuso el artículo 3 ibídem, la declaratoria de nulidad de las disposiciones que otrora regulaban la pretendida prestación conllevaba a atender lo establecido por el Decreto 1212 de 1990, en cuanto al tiempo de servicio exigido para su reconocimiento. (…) En conclusión, en el asunto bajo análisis, los pretendidos defectos no están configurados, lo que permite concluir que no le asiste razón al accionante y deberá negarse el amparo de tutela solicitado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-05162-00(AC)

Actor: JAVIER ALEXANDER LEÓN PRIETO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Javier Alexander León

Prieto, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social con ocasión de la sentencia proferida el 27 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, – Subsección D, en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado nro. 11001 33 35 024 2015 00810 01. 1.- SÍNTESIS DEL CASO La parte actora promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección D, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, para lo cual formuló las siguientes pretensiones1: “[…] PRIMERA: Que se AMPARE (sic) los derechos Fundamentales (…) por los vicios y defectos encontrados en la sentencia del 27 de junio de 2019, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 27 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D, EXPEDIENTE 11001-33-35-0242015-00810-01 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento contra la entidad CAJA DE SUELDOS DE RETIRO

DE LA POLICÍA NACIONAL (CASUR).

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D que, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta las normas contenidas en la Ley 923 de

2004, para efectos del tiempo de 15 y 20 años del reconocimiento de la asignación de retiro. […]”

2. SITUACIÓN FÁCTICA El accionante indicó que ingresó a la Policía Nacional como auxiliar de policía el 27 de enero de 1995, según oficio OAP 1-103 y se incorporó como alumno del Nivel Ejecutivo de la misma institución mediante Resolución nro. 0002 del 22 de enero de 1998, siendo ascendido al grado de patrullero por Resolución nro. 00300 del 15 de enero de 1999.

Aseguró que a través de la Resolución nro. 00573 del 27 de febrero de 2015, el Director General de la Policía Nacional dispuso su retiro invocando la causal de “separación absoluta”, momento en el cual contaba con un tiempo de servicio de 18 años, 4 meses y 15 días. 1 Folio 1 del cuaderno de la acción de tutela. Indicó que a través del oficio con radicado nro. 92351 del 30 de junio de 2015, solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), la asignación de retiro a la cual tenía derecho con fundamento en lo dispuesto en la Ley 923 del 30 de diciembre de 20042; sin embargo, la institución, mediante oficio nro. 13779/GAC SDP del 10 de agosto de 2015, le negó tal reconocimiento y dio aplicación a lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 20043 y al artículo 2 del Decreto 1858 del 6 de septiembre de

20124. Explicó que contra la anterior decisión promovió demanda bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, donde solicitó la inaplicación del Decreto 1858 de 2012 y en su lugar, se tuviera en cuenta lo previsto por la Ley 923 de 2004; el asunto fue conocido por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, que en sentencia del 17 de agosto de 2019 negó las pretensiones. Aseveró que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Sección Segunda – Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante sentencia del 9 de julio de 2019 la confirmó; estima que dicha decisión vulneró sus derechos fundamentales al exigir un tiempo mayor para acceder a la asignación de retiro y por lo tanto, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial respecto del fallo proferido por esta Corporación el 3 de septiembre de 2018, dentro del proceso con radicado nro. 11001-03-25-000-2013-00543-00, que declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, por contrariar los términos previstos por el inciso 2 del artículo 3.1. de la Ley 923 de 2004, relativos a la asignación de retiro de los integrantes del Nivel Ejecutivo. Precisó que el mencionado artículo de la Ley 923 determinó que el personal de la fuerza pública que se encontraba activo antes del 31 de diciembre de 2004 y que fuera retirado con un tiempo de servicio entre 15 y 20 años por cualquier causal

distinta a la voluntad propia tiene derecho a la asignación de retiro y que esa era su situación, toda vez que se encontraba vinculado a la institución antes de dicha fecha y su separación del cargo se produjo en el año 2015 cuando llevaba más 18 años de servicio. Agregó que el legislador, en la Ley 923 de 2004, señaló de manera precisa que el régimen pensional y de asignaciones de retiro para la fuerza pública no se debe discriminar por ninguna razón en el tiempo de servicio exigido para tener derecho a la asignación de retiro en igualdad de condiciones para todos los oficiales, suboficiales, agentes y miembros del nivel ejecutivo, es decir, tienen derecho a la asignación de retiro a los 20 años por causal de retiro por voluntad propia y entre 15 y 20 años de tiempo de servicio por cualquier otra causal. Indicó que la providencia cuestionada también incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al pasar por alto la sentencia dictada por esta Corporación el 19 de julio de 2019, dentro del expediente con radicado nro. 2500023-25-000-2017-00227-01(5445-18), en el que se reconoció una asignación de retiro a un suboficial del Ejército Nacional en las mismas condiciones de las suyas, es decir, vinculado antes de la expedición de la Ley 923 de 2004, retirado por la 2 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

3 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. 4 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. causal de separación absoluta cuando tenía 20 años de servicio y con un tiempo de antigüedad de 16 años y 2 meses. Manifestó que el Tribunal accionado vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, por violación directa de la Constitución, al desconocer el principio de favorabilidad de que trata el artículo 53 de la Carta Política, por cuanto no tuvo en cuenta lo previsto en los artículos 144 del Decreto 1212 y 104 del Decreto 1213, ambos de 1990, y la Ley 923 de 2004, exigiéndole acreditar veinte (20) años para acceder a la asignación de retiro, cuando en su caso llevaba 18 años de servicio, estaba vigente la Ley 923 de 2004 y se había declarado la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, la nulidad del parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y la nulidad provisional del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012. Concluyó que dicha prestación para los miembros de la fuerza pública fue concedida de manera igualitaria por la Ley 923 de 2004 como una protección para cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, que es irrenunciable en los términos del artículo 48 de la Carta Política, máxime en consideración de las excepcionales funciones públicas que desarrollan.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA 3.1. La tutela fue radicada el 9 de diciembre de 2019 en la Secretaría General de esta Corporación5 y por auto del 13 adiado6 se admitió y se dispuso notificar a los magistrados que integran la Sección Segunda – Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; vincular, por tener interés en las resultas del proceso al Juez Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y al representante legal de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, así como comunicar al representante legal de la Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado7. Igualmente, se solicitó al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá que allegara copia en archivo digital o físico del expediente radicado con el nro. 11001333502420150081000, correspondiente al proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que ocupa el presente asunto, el cual fue remitido en medio físico8. 3.2. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado allegó el informe dentro del término manifestando que los hechos y las pretensiones formuladas en el escrito de tutela no guardan relación con las competencias y funciones asignadas a dicha entidad9. 3.3. Por su parte, el despacho judicial accionado guardó silencio. 4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN 5 Folio 1 del cuaderno de la acción de tutela. 6 Folios 85 a 86 del cuaderno de la acción de tutela.

7Esta orden se cumplió en la fecha del 18 de diciembre de 2019 según consta de folios 87 a 92 del cuaderno de la acción de tutela. 8 El juzgado mediante oficio nro. J024-1034-2019 radicado ante esta Corporación el 19 de diciembre de 2019, manifestó remitir un cuaderno con 163 folios y 3 CD, según consta a folio 93 del cuaderno de la acción de tutela y también se observa el expediente en un anexo. 9 Folios 94 a 97 del cuaderno de la acción de tutela. La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017,11 así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201912, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones. 4.2. HECHOS RELEVANTES: En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13: 4.2.1. El señor Javier Alexander León Prieto laboró en la Policía Nacional por un periodo de 18 años, 4 meses y 10 días, hasta el 2 de marzo de 2015, fecha en la cual fue separado del cargo, en cumplimiento de lo ordenado por el Director de la Policía Nacional en la Resolución nro. 00573 del 27 de febrero de 201514, bajo la

causal de retiro de “separación absoluta”, siendo su último grado dentro del nivel ejecutivo el de intendente15. 4.2.2. El accionante, mediante comunicación del 30 de junio de 2015 con radicado nro. 92351, solicitó al director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional el reconocimiento de la asignación de retiro por considerar que cumplía con los requisitos previstos para el efecto por la Ley 923 de 200416; la misma fue negada por oficio nro. 13779/GAG SDP del 10 de agosto de 201517. 4.2.3. Por lo anterior, promovió demanda bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en donde formuló, entre otras, las siguientes pretensiones18: “[…] PRIMERA: Se declare la nulidad del acto administrativo oficio No. 13779 GAG SDP de fecha 10 de agosto de 2015, suscrito por el señor Brigadier General ® JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR -, mediante la cual niega el pago y la asignación de retiro del señor JAVIER ALEXANDER LEÓN PRIETO. 10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.” 12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 13Lo que se desprende del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 11001333502420150081000 y las pruebas aportadas por el accionante. 14 En la Resolución nro. 00573 del 27 de febrero de 2015, mediante la cual fue separado de la Policía Nacional el actor se observa: “[Q]ue de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Decreto 1791 de 2000, el personal que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión o arresto, por la Justicia Penal Militar o por la Justicia Ordinaria, por delitos dolosos, será separado en forma absoluta de la Policía Nacional y no podrá volver a pertenecer a la misma, lo que así se dispondrá para el intendente JAVIER ALEXANDER LEÓN PRIETO y Subintendente CESAR HUMBERTO CHÁVEZ BRICEÑO, en virtud de la sentencia condenatoria proferida en su contra, como autores responsables del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. […]” 15 Hoja de servicios nro. 79893040 del 29 de abril de 2015, visible a folio 8 del cuaderno del proceso ordinario. 16 Folios 13 y 14 del cuaderno del proceso ordinario. 17 Folio 15 del cuaderno del proceso ordinario. 18 Folios 21 a 55 del cuaderno del proceso ordinario obra la demanda.

SEGUNDA: Se aplique la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de ilegalidad, respecto del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, por ser manifiestamente violatorios de los artículos 2, 48, 53, 150, 200 y 243 de la Constitución Política; así como de la Ley 4 de 1992; y de las normas, objetivos, criterios y régimen de transición establecidos en la Ley 923 de

2004.

TERCERA: Como consecuencia de la nulidad del Acto Administrativo en mención, en la misma sentencia ordene el Restablecimiento del Derecho lesionado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR – pagando e incluyendo en la asignación mensual de Retiro al señor Intendente ® JAVIER ALEXANDER LEÓN PRIETO desde la fecha que se hiciera efectivo la separación en forma absoluta de mi mandante de las filas de la Policía Nacional de Colombia de acuerdo con la Resolución No. 00573 del 27 de febrero de 2015. […]” 4.2.4. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá bajo el número de radicado con radicación número 1100133350242015008100019, que mediante sentencia del 17 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda20. 4.2.5. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación21, el cual fue desatado por la Sección Segunda - Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en sentencia del 27 de junio de 2019 confirmó lo decidido por el a quo22.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial. Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se observa lo siguiente: i) La parte actora no tiene otro medio de defensa judicial, toda vez que agotó los recursos procedentes en sede ordinaria; ii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable23 habida cuenta que la providencia cuestionada que resolvió el recurso de apelación fue proferida el 27 de junio de 201924 y la tutela radicada el 9 de diciembre de esa anualidad25; iii) la irregularidad manifestada por el accionante consiste en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente y por inaplicación de la norma así como la violación directa de la 19 A folio 57 del cuaderno del proceso ordinario se encuentra el acta de reparto. 20 Folios 111 a 121 del cuaderno del proceso ordinario. 21 Folios 128 a 131 del cuaderno del proceso ordinario. 22 Folios 140 a 154 del cuaderno del proceso ordinario. 23 Consejo de EstadoSala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.,

Constitución; iv) la situación que se afirma generó la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela. Por último, en cuanto a la relevancia constitucional, el accionante señaló que la providencia atacada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social; sin embargo, la Sala observa que solo se cumple este requisito frente a los derechos fundamentales a la igualdad y la seguridad social, habida cuenta que el actor adujo que el Tribunal accionado con la providencia cuestionada desconoció las sentencias dictadas por esta Corporación el 3 de septiembre de 2018, proceso con radicación nro. 11001-0325-000-2013-00543-00 y la del 19 de julio de 2019, expediente con radicado nro. 25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18), lo que condujo a la negativa de su asignación de retiro. En consecuencia, no se vislumbra afectación alguna del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, puesto que la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se decidió por el funcionario competente y no se cuestiona que hayan sido desatendidas las formas propias de dicho medio de control ni tampoco se demostró que la negativa de tal prestación comprometa su mínimo vital. Por consiguiente, es procedente descender al estudio de los defectos que invoca la parte actora, en tanto pueden estar comprometidos los derechos fundamentales a la seguridad social y a la igualdad: 4.3.1. Desconocimiento del precedente judicial

De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como precedente judicial “[l]a sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo. […]”26. Al respecto, estableció como criterios para concluir cuando se está ante un precedente, los siguientes: “[…] i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. […]”27. Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez. 24 Folio 25 del cuaderno de la acción de tutela. 25 Folio 9 del cuaderno de la acción de tutela.

26 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de 2014. 27 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015. relevantes, probados y debidamente connotados e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho. Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada sea idéntica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados. Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP). Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera

clara y precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente; pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial – requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales –requisito de suficiencia-28. En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica. Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto en mención, anotando al respecto que se debe: “[…] i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso

concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios 28 Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011. constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine […]”29. En este punto, la Sala destaca que la jurisprudencia constitucional ha identificado que el defecto sustantivo tiene lugar, entre otras causales, “[…] (…) (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial (…)”30; de modo que, ha establecido que la acción de tutela es procedente para controvertir la interpretación elaborada por el juez natural de la causa cuando “(…) “resulta insostenible desde el punto de vista constitucional por (i) entrar en conflicto con normas constitucionales; (ii) ser irrazonable, pues la arbitrariedad es incompatible con el respeto por el debido proceso; (iii) devenir desproporcionada, al lesionar excesivamente los intereses de una de las partes, siempre que esa afectación ostente relevancia constitucional, o (iv) ser incompatible con la interpretación autorizada, y decantada por las altas cortes (…) […]”31. (La Sala destaca)

En el presente asunto, el accionante arguyó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta las decisiones proferidas por la Sección Segunda – Subsección B de esta Corporación, el 3 de septiembre de 2018, dentro del proceso con radicado nro. 11001-03-25-000-2013-00543-00 y el 19 de julio de 2019, en el expediente bajo radicado nro. 25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18)32. Acorde con lo anterior, la Sala verificará si la sentencia cuestionada desconoció las providencias citadas, así: - En cuanto a la sentencia del 3 de septiembre de 201833, la Sala observa que la misma fue proferida dentro de un proceso promovido bajo el medio de control de Nulidad y allí se declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, por lo que, al tratarse de un control de legalidad en abstracto, la situación fáctica y jurídica difiere del caso aquí planteado y no puede ser constitutiva de precedente. - En relación con el fallo del 19 de julio de 201934, proferido por la Sección Segunda – Subsección B de esta Corporación, allí se analizó en segunda instancia la demanda incoada bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte de un suboficial del Ejército Nacional, en contra de la Nación – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares– (CREMIL). En síntesis, los hechos jurídicamente relevantes se concretan así: (i) El demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional entre el 1 de marzo de 1996

y el 15 de julio de 2015, fecha ésta en la que fue separado en forma absoluta de la institución, siendo su último grado el de Sargento Segundo y el tiempo servido fue de 16 años, 2 meses y 29 días. (ii) Aquel solicitó a CREMIL el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, de conformidad con lo previsto por el artículo 163 del Decreto 1211 del 8 de junio de 199035, la cual fue negada por no acreditar veinte (20) años de servicio como lo 29 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011. 30 Corte Constitucional. Sentencia SU – 416 de 2015. 31 Ibídem. 32 En el Sistema de Consulta del Consejo de Estado se ubican las providencias bajo el radicado número 25000234200020170022701. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018, C.P. César Palomino Cortés, radicado nro. 11001-03-25-000-2013-00543-00. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, sentencia del 19 de julio de 2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado nro. 25000-23-25-000-2017-00227-01. 35 Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. prevé el Decreto 991 del 15 de mayo de 201536, teniendo en cuenta que fue retirado

de la actividad milit