CE-11001-03-15-000-2019-05177-01(AC)-2020

Radicado: 11001-03-15-000-2019-05177-01

Demandante: Diego Valencia López

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro mecanismo de defensa judicial / PRESUNTA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Cargo de la acción de tutela / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Para controvertir sentencias ejecutoriadas [E]l cargo de la demanda, relacionado con la incongruencia de la sentencia no supera el requisito de subsidiariedad, comoquiera que en tal caso procede el recurso extraordinario de revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de su estudio y declarará improcedente la solitud de amparo. Asimismo, si bien la parte actora planteó otros cargos, en los que cuestionó un exceso ritual manifiesto por dar prevalencia al extenso proceso de homologación, en lugar de hacer predominar el derecho al pago oportuno de los emolumentos laborales, así como un defecto sustantivo por indebida interpretación de las normas sobre causación de intereses moratorios, se observa que los mismos tienen su origen, precisamente, en lo que la Corporación demandada interpretó, de manera presuntamente errónea, como el periodo de causación de los intereses en cuestión. De este modo, la incongruencia que advirtió la parte demandante abarca la totalidad del fundamento de la acción de tutela, en tanto discute el entendimiento de la autoridad judicial demandada respecto de la procedencia del

pago de los intereses de mora.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 162 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 248 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 – NUMERAL 5 / LEY 1437

DE 2011 – ARTÍCULO 252 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-05177-01(AC)

Actor: DIEGO VALENCIA LÓPEZ Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acciónSubsidiariedad SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Diego Valencia López, a través de su apoderado1, contra la sentencia del 30 de enero de 2020, 1 Folio 24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

Radicado: 11001-03-15-000-2019-05177-01

Demandante: Diego Valencia López por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud El señor Diego Valencia López, por conducto de apoderado judicial, mediante escrito radicado en la Secretaría General del Consejo de Estado el 10 de diciembre de 20192, presentó acción de tutela para que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, “derecho al trabajo en condiciones de igualdad, derecho al mínimo a través de justo pago de los salarios a que por ley se tenga derecho, violación al principio de favorabilidad laboral”. Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que con sentencia del 19 de julio de 2019, confirmó la decisión de primera instancia del 11 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que había negado las pretensiones de la demanda interpuesta en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número 66001-23-33-000-2016-00565-013, promovida por el actor contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación. 1.2. Hechos La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:  Indicó que mediante la Resolución No. 1858 del 31 de diciembre de 2012 el Departamento de Risaralda reconoció un retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial por el periodo comprendido entre los años 1996 a 2009, realizándose el pago en el mes de enero 2013.  Señaló que, como consecuencia de lo anterior promovió el medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los intereses moratorios derivados del pago tardío del mencionado retroactivo; proceso que conoció y tramitó en primera instancia el Tribunal Administrativo de Risaralda, que en sentencia del 11 de mayo de 2018, negó las pretensiones de la demanda, señalando: «El Tribunal acoge las consideraciones tenidas en cuenta por el Consejo de Estado, las cuales permiten concluir la improcedencia del reconocimiento de la pretensión de indemnización moratoria o intereses moratorios derivados del pago del retroactivo de la homologación y nivelación salarial, por cuanto los mismos no se causaron en razón de la actuación desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Risaralda, habida cuenta de la actualización monetaria de la suma objeto de pago. […] Como quiera que en el sub examine es claro que el reconocimiento y pago de retroactivo al que dio lugar el proceso de homologación y nivelación salarial del 2 Folios 1 a 23. 3 Radicado verificado a folio 78 del expediente de tutela. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 11001-03-15-000-2019-05177-01

Demandante: Diego Valencia López personal administrativo del sector educativo del departamento de Risaralda, se realizó a partir del año 1996 y hasta el año 2009, lapso que en la jurisprudencia en cita del Consejo de Estado se considera justificado para el desarrollo e implementación de las etapas de dicha actuación administrativa con base en la

cual fue efectuado el pago del retroactivo de la nivelación salarial; y teniendo en cuenta que dichos valores fueron cancelados de manera actualizada efectivamente en el mes de enero de 2013, tal como lo certificó el ente territorial demandado a través de la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, se impone la negativa al pago de perjuicios moratorios.». (Resalta la Sala)  Con providencia del 19 de julio de 2019, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al desatar el recurso de alzada presentado por la parte demandante, confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, con los siguientes fundamentos: «De acuerdo con la línea jurisprudencial anteriormente señalada, se avizora que con el fin de dar aplicación a los intereses moratorios, estos deben encontrarse consagrados en una norma que los autorice, es decir que faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación salarial, lo cual no se evidencia en el presente asunto, por ende no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios pretendidos en la demanda. Dicho lo anterior, como quiera que en el sub examine es claro que el reconocimiento y pago de retroactivo al que dio lugar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo del departamento de Risaralda, se realizó a partir del año 1996 y hasta el año 2009, lapso que en la jurisprudencia en cita del Consejo de Estado considera justificado para el desarrollo e implementación de las etapas de dicha actuación administrativa con base en la cual fue efectuado el pago del retroactivo de la

nivelación salarial, y teniendo en cuenta que dichos valores fueron cancelados de manera actualizada en el mes de enero de 2013, tampoco tendrá derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios.». 1.3. Fundamentos de la solicitud El señor Diego Valencia López señaló que se vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que la sentencia del 19 de julio de 2019, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en los defectos procedimental, fáctico y sustantivo, en los siguientes términos: i) Defecto procedimental Adujo que en la providencia censurada se configuró un exceso ritual manifiesto, por cuanto primó el derecho procesal sobre el sustancial. Precisó que la conclusión de la autoridad judicial accionada relacionada con que no hay lugar a los intereses moratorios en razón a que se debían surtir una serie de etapas para el reconocimiento del retroactivo, el Consejo de Estado antepuso “las largas etapas administrativas y burocráticas tomadas por la administración para el reconocimiento y pago de una deuda de carácter laboral, que por lo demás tardó cerca de 16 años en ser cancelada” sobre los derechos de orden superior y sustancial que cobijan a los trabajadores en materia laboral. ii) Defecto fáctico Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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Demandante: Diego Valencia López Indicó que “[…] Los juzgadores, en ejercicio de su autonomía e independencia

judicial, omitieron valorar pruebas y analizar hechos relevantes sobre la realidad procesal en torno al efecto jurídico perseguido por el actor, lo que indefectiblemente condujo a una visión distorsionada de la realidad, y por tanto, a la denegación del derecho reclamado, de allí que el juez constitucional debe subsanar ese error […]”. Cuestionó que las etapas administrativas para el reconocimiento del retroactivo hayan justificado que el a quem del proceso ordinario resolviera negar las pretensiones de la demanda, pues con ello se desconoció la ley y el material probatorio allegado. Señaló que las pruebas evidencian que “[…] la demora en el reconocimiento y pago de la homologación y nivelación salarial, NO fue justificada, por tanto, que al actor le asiste derecho al pago de la sanción, y decir lo contrario, es decidir con base en un elemento de juicio no conducente con el marco jurídico que cobija la materia […]”. Frente al punto, precisó que “[…] el objeto de la Litis no se centraba en cuestionar o no, si la resolución por medio de la cual finalmente se ordenó el pago de la acreencia laboral, había sido cancelada dentro del término prudencial o no, pues a todas luces la misma fue pagada en un término razonable, es decir, aproximadamente un mes después de haber sido proferida; acá la cuestión debatida, va más allá de esto, es decir, el fondo de la Litis, lo que contiene es el debate jurídico sobre la procedencia o no de unos intereses de mora causados desde el momento en que nació la obligación, momento factico (sic) que tuvo su

génesis cuando el personal fue transferido e incorporado en la planta de personal de la entidad territorial, mas no, cuando es proferido el Último (sic) acto administrativo que culminó el proceso, es decir, la resolución que autorizó el desembolso del dinero, como lo interpretó erradamente el juzgador […]”. iii) Defecto sustantivo: Efectuó un recuento de lo dispuesto por la Ley 43 de 1975 sobre la nacionalización de la educación primaria y secundaria; la Ley 60 de 1993 relacionada con la distribución de recursos de acuerdo a los artículo 356 y 357 de la Constitución; las leyes 443 de 1998 y 715 de 2001 sobre organización de los servicios de educación y salud; el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se define el Plan Nacional de Desarrollo; y los artículos 1608 y 1617 del Código Civil concernientes a los intereses legales. Posteriormente, citó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia proferida el 25 de octubre de 1999, Radicado 12092, para advertir que en su caso se debió aplicar por analogía el artículo 1617 del Código Civil para el reconocimiento de intereses moratorios a cargo del empleador que no consigna los aportes de cuyo pago es responsable, para lo cual basta el hecho del retardo. Asimismo, advirtió que la autoridad judicial accionada no podía confundir la indexación con los intereses de mora, últimos que tienen un carácter indemnizatorio. Explicó que en aplicación del artículo 177 del CCA y del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, se deben intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la

providencia condenatoria, así no se haya dispuesto explícitamente en el texto de la sentencia, puesto que operan de pleno derecho y el deber de indemnizar lo impone la ley. Señaló que las obligaciones patrimoniales a cargo del Estado deben ser canceladas a tiempo so pena de sanción. Asimismo, indicó lo siguiente: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Demandante: Diego Valencia López “[…] El presente asunto se concreta en establecer la procedencia de los intereses moratorios, por cuanto el Estado a través de las entidades demandadas, no cancelaron oportunamente las acreencias laborales derivadas del proceso de descentralización de la educación, como son la homologación y nivelación salarial. […] En ese orden de ideas, si la incorporación presupone la previa homologación de cargos y nivelación de salarios a partir del año 1996, los servidores tenían pleno derecho a percibir el pago de sus salarios homologados y nivelados a partir de la primer nómina percibida, luego de efectuarse la incorporación a la planta territorial […] NO puede afirmarse que el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial no tuviera la connotación del pago tardío de una obligación, pues está probado que si el mismo se causó con la certificación de la entidad territorial para la administración del personal y su subsecuente incorporación en el año 1996, no es lógico ni ajustado a las reglas del derecho, decir que si un emolumento salarial causado desde esta época es cancelado entre los años 2013, el mismo no tenga la connotación

de pago tardío […]”. (Negrillas y subrayado original) Finalmente, explicó que el derecho nació en el año 1996, es decir, desde la incorporación del personal a la planta de cargos de la entidad territorial, razón por la cual el acto administrativo que ordenó su pago constituye una simple formalidad procesal. 1.4. Petición de amparo constitucional Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes: «1. AMPARAR los derechos DEBIDO PROCESO (sic), DERECHO AL TRABAJO, DERECHOA A LA IGUALDAD Y AL MÍNIMO VITAL, del(a) Señor(a) CAUSANTE:

ANA SUPERSTITE: DIEGO CAUSANTE: VELEZ ISSA SUPERSTITE: VALENCIA

LOPEZ (SIC).

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, en amparo de los derechos enunciados, revocar la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de Julio de 2019, para que en su lugar sean reconocidos los intereses moratorios causados con el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial, dadas las afectaciones a los derechos superiores atrás señalados.

3. Las demás que este Honorable Despacho considera para proteger los derechos aquí tutelados.» 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 12 de diciembre de 20194, la Magistrada Ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los Magistrados de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en calidad de demandados. Como terceros con interés, dispuso vincular a la Nación – Ministerio

de Educación Nacional, al departamento de Risaralda y a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda. 1.6. Contestaciones Librados los oficios correspondientes, se pronunciaron: 4 Folios 96 y 97. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Demandante: Diego Valencia López 1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B La magistrada ponente de la decisión bajo controversia manifestó que la providencia cuestionada no adolece de los defectos alegados, en tanto la decisión de negar las pretensiones de la demanda obedeció al estudio de las normas constitucionales y legales que regularon el proceso de descentralización de la educación5.

Concluyó señalando que lo que pretende el actor con la presente acción constitucional es reabrir el debate que ya fue resuelto en el proceso ordinario y utilizar los argumentos como una tercera instancia, siendo ello improcedente en sede de tutela. 1.6.2. Tribunal Administrativo de Risaralda El magistrado ponente de la sentencia del 11 de mayo de 2018, señaló que la mentada providencia fue adoptada teniendo en cuenta las disposiciones y la jurisprudencia aplicables al caso6, razón por la cual solicitó se negara el amparo deprecado. 16.3. Otros vinculados El gobernador de Risaralda y el ministro de Educación Nacional, notificados en debida forma7, se abstuvieron de intervenir.

1.7. Fallo impugnado8 Mediante sentencia del 30 de enero de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, se denegó el amparo solicitado por el señor Diego Valencia López. En efecto, después de transcribir las consideraciones de la providencia censurada, así como de traer a colación la normativa relacionada con el proceso de descentralización territorial de la educación en Colombia y las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional al respecto, concluyó que la homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio educativo, correspondía a un proceso desarrollado en etapas que culminaban con la expedición de un acto administrativo que precisaba el cargo equiparado y la nivelación del salario del empleado y consecuentemente el reconocimiento del respectivo retroactivo. En ese orden, precisó que en tanto a la causante Ana Cristina Vélez Issa, esposa del señor Valencia López, se le reconoció el retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial por el periodo comprendido entre el año 1996 y el año 2009, y se dispuso el pago después de trascurrido un mes desde la fecha de expedición del acto, no era procedente el reconocimiento de los intereses moratorios reclamados por el demandante, tal como lo ha dispuesto la Sección Segunda del Consejo de Estado en casos análogos. Sumado a lo anterior, indicó que ni el acto administrativo que reconoció el retroactivo mencionado dispuso algo respecto de los intereses moratorios ni existe 5 Folio 108. 6 Folios 104 a 107. 7 Folios 100 y 102 respectivamente. 8 Sentencia notificada el 12 de febrero de 2020, como consta a folios 134 a 139.

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Demandante: Diego Valencia López norma expresa que los establezca para el asunto en concreto, luego contrario a lo alegado la autoridad judicial no desconoció ninguna norma sobre la materia.

Finalmente concluyó que no se presentan los defectos fáctico y procedimental señalados por el actor, en tanto el tiempo que duró la homologación y nivelación salarial fue justificado, que si bien el retroactivo se causó en 1996, el mismo se materializó con la expedición de la Resolución No. 1858 de 2012, fecha a partir de la cual la administración debía pagar la obligación, lo cual sucedió un mes después, no existiendo lugar a sanción alguna. 1.8. Impugnación Mediante escrito enviado por correo electrónico el 17 de febrero de 20209, la parte actora solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados. Señaló que el asunto en la demanda ordinaria se ceñía a establecer si el proceso de homologación y nivelación salarial fue implementado en forma oportuna y de ahí determinar si a los beneficiarios del mismo les asiste derecho o no al pago de intereses moratorios, mas no si el pago del retroactivo producto de dicho proceso, lo fue en tiempo respecto del acto de reconocimiento, como equivocadamente lo hace ver el a quo. Alegó, después de referirse al proceso de descentralización del servicio educativo,

que la Sección Segunda del Consejo de Estado dio por probado que los 16 años que duró el proceso de la homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio de la educación fue justificado, pese a que no se acreditó que la administración contara con la facultad legal o judicial para haberlo realizado en tan largo tiempo. Aseveró que es equivocada la conclusión de los jueces según la cual debe existir norma expresa que disponga el reconocimiento y pago de intereses moratorios para el caso de la homologación y nivelación salarial, cuando, por el contrario, el ordenamiento jurídico colombiano consagra dicha sanción en caso de pago tardío de cualquier obligación, es decir, operan de pleno derecho, razón por la cual en la sentencia que se ataca en la tutela se configuró el defecto sustantivo no solo por la aplicación errónea de la norma sino por desconocer la norma aplicable al caso. Finalmente, indicó que fue inadecuado el estudio realizado por el juez constitucional respecto de los argumentos planteados sobre la configuración del defecto fáctico en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dado que de forma clara se planteó que se omitió valorar pruebas y analizar hechos relevantes sobre la realidad procesal, lo cual demostraba que la administración tardó 16 años para cancelar la deuda originada por el proceso de homologación y nivelación salarial, tiempo que no puede tenerse por justificado y racional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte

actora contra la sentencia del 30 de enero de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el 9 El fallo fue notificado por correo electrónico el 12 de febrero de 2020 a las 3:58 pm. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Demandante: Diego Valencia López Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia del 30 de enero de 2020, de la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual se negó el amparo solicitado en la acción de tutela interpuesta por el señor Diego Valencia López.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, de encontrarse superados; (iii) el análisis del caso concreto. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201210 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas

Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva 2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, a la seguridad social y al debido proceso. 10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:

María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Demandante: Diego Valencia López De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto a su juicio, la autoridad judicial incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal. 2.4.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de tutela, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante fue proferida en el marco del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el tutelante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda, radicado No. 66001-23-33-000-2016-00565-01. 2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia censurada fue proferida el 19 de julio de 2019, por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 10 de diciembre de 2019, de manera que, sin que sea necesario determinar la fecha en que cobró fuerza ejecutoria, resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto antes de transcurridos 6 meses. 2.4.4. Respecto a la subsidiariedad, la Sala, reiterando la postura asumida en casos con similares circunstancias fácticas y jurídicas14, advierte que el mismo no se cumple, toda vez que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5° del artículo 250 Ibidem, esto es, “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. La parte demandante, al referirse al defecto fáctico, consideró que “[…] el objeto de la Litis no se centraba en cuestionar o no, si la resolución por medio de la cual finalmente se ordenó el pago de la acreencia laboral, había sido cancelada dentro

del término prudencial o no, pues a todas luces la misma fue pagada en un término razonable, es decir, aproximadamente un mes después de haber sido proferida; acá la cuestión debatida, va más allá de esto, es decir, el fondo de la Litis, lo que contiene es el debate jurídico sobre la procedencia o no de unos intereses de mora causados desde el momento en que nació la obligación, momento factico (sic) que tuvo su génesis cuando el personal fue transferido e incorporado en la planta de personal de la entidad territorial, mas no, cuando es proferido el Último (sic) acto administrativo que culminó el proceso, es decir, la resolución que autorizó el desembolso del dinero, como lo interpretó erradamente el juzgador […]”. Nótese que la censura del accionante radica en que en el fallo de segunda instancia atacado se fijó y resolvió un problema jurídico que no se planteó en la controversia ordinaria, circunstancia que tuvo incidencia en las resultas del proceso; toda vez que, según lo señala el señor Valencia López, la reclamación judicial consistió, en realidad, en el reconocimiento de los intereses moratorios que se causaron a partir del año 1996, época en la que el personal administrativo del 14 Ver: (i) sentencia del 13 de febrero de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2019-05184-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, actor Jorge Eliecer Mosquera Nieto; (ii) sentencia del 6 de febrero de 2013, radicación No. 11001-03-15-000-2019-04957-00, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, actor Guillermo Zuleta Berrio; (iii) sentencia del 6 de febrero de 2020, radicación No. 1100103-15-000-2019-05224-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, actor Emilio Cárdenas Rivera. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Demandante: Diego Valencia López sector educación del nivel nacional fue incorporado al nivel territorial, puesto que desde ese año su salarió debió nivelarse por disposición legal, lo que no ocurrió.

En criterio del actor, el pago del retroactivo correspondiente por la tardía nivelación se concretó hasta el año 2013, esto es, luego de 16 años desde la incorporación laboral en mención, que, como se dijo, tuvo lugar desde 1996, ya que es desde este año se debía pagar el salario debidamente nivelado, de manera que los intereses correspondientes se venían causando a partir de esa época. Sin embargo, adujo el demandante, la autoridad judicial entendió que la reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 31 de diciembre de 2012, cuando se reconoció y se ordenó el pago del conse