CE-11001-03-15-000-2019-05333-01(AC)-2020

Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA

DE LA IMPUGNACIÓN

[L]a parte actora se limitó a manifestar que “apelaba” el fallo de primera instancia, sin que dentro de la oportunidad para interponer la impugnación prevista en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, hubiera señalado los motivos por los cuales no compartía los argumentos expuestos por el a quo para declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos generales de procedencia. La ausencia de argumentos mínimos encaminados a desvirtuar las consideraciones expuestas por la Sección de primera instancia le impide a la Sala realizar algún pronunciamiento sobre los cargos de la demanda, en la medida en que no le es dable convertirse en una instancia revisora de lo actuado por el juez ordinario de lo contencioso administrativo que, en uso de su autonomía funcional, dictó la sentencia de segunda instancia accediendo en forma parcial a las pretensiones de la demanda. (...) no le es dable a la Sala analizar la impugnación del tutelante ante el incumplimiento de la carga argumentativa mínima necesaria para estudiar la tutela interpuesta contra una providencia judicial que goza de la doble presunción de legalidad y acierto y en la que no se advierten razones que

merezcan la intervención excepcional del juez constitucional.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 37 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE

2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-05333-01(AC)

Actor: SEBASTIÁN NARANJO JARAMILLO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN B Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma decisión de primera instancia – Ausencia de carga argumentativa en la impugnación – Reiteración de posición de la Sección.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 1 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del 5 de marzo de 2020, dictada por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que

declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 18 de diciembre del 20191, en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Sebastián Naranjo Jaramillo, por intermedio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B”, con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 12 de julio de 2019, dictada por la referida autoridad judicial que revocó el fallo del 31 de enero de 2019, proferido por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá que había negado las pretensiones de la demanda en el proceso de reparación directa que instauró en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional para, en su lugar, acceder parcialmente a ellas.

1.2. Pretensiones

3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó: “…ordenar a la autoridad accionada pronunciarse sobre las PRUEBAS SOLICITADAS en segunda instancia, previa emisión de la sentencia de fondo.” 1.3. Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la

decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 10 de febrero de 2017, los señores Sebastián Naranjo Jaramillo, María

Elena Naranjo Jaramillo, Melany Naranjo Jaramillo, Diana Marcela Castro Naranjo, Sandra Patricia Castro Naranjo y Alexander Castro Naranjo, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados, consistentes en las lesiones personales, de carácter psicológico, que sufrió el primero de los demandantes durante la prestación del servicio militar obligatorio.

5. La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, el cual, en el auto admisorio, decretó 1 Folio 1 del expediente. 2 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo como prueba de oficio, solicitar a la parte demandada que aportara el acta de la

Junta Médica Laboral.

6. En la audiencia inicial, llevada a cabo el 31 de enero de 2019, se agotaron las etapas de conciliación y decreto de pruebas, sin que el apoderado de la parte actora haya comparecido a la misma. A continuación, en la misma audiencia, dictó sentencia en la que i) negó las pretensiones de la demanda; ii) declaró la

prosperidad de las excepciones denominadas ineptitud de la demanda e invalidez de los medios de prueba; y iii) condenó en costas a la parte actora.

7. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el cual correspondió por asignación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B” que, por auto del 3 de abril de 2019, admitió el recurso y corrió traslado a las partes para alegatos de conclusión.

8. En esta etapa procesal, la parte actora solicitó que “se oficiara a la Junta Médico Laboral Militar y de Policía para que remitiera el trámite realizado con ocasión de la definición de la situación médico laboral del accionante y a la Clínica la Inmaculada de Bogotá para que remitiera la historia clínica de Sebastián

Naranjo Jaramillo.”

9. El 12 de junio de 2019, la referida Corporación judicial dictó sentencia, por medio de la cual revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes y, como consecuencia de ello, los condenó al pago del daño moral, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente para la víctima directa y la madre de esta y de medio salario mínimo legal mensual vigente, para los demás integrantes de la parte demandante (hermanos de la víctima directa), al tiempo que negó las demás pretensiones de la demanda.

10. Para arribar a la citada resolutiva, la corporación judicial accionada consideró

que se encontraba acreditado el daño antijurídico, por cuanto entre “el 2 de junio de 2014 y el 3 de diciembre de 2015 el señor Sebastián Naranjo Jaramillo fue atendido en el Hospital Mental de Risaralda, debido a unas alteraciones psiquiátricas, luego del enfrentamiento del 17 de noviembre de 2014 entre la Fuerza Pública y grupos insurgentes y que le fue diagnosticado trastorno psicótico agudo.”2 (Sic para lo transcrito, incluidas las fechas señaladas por el Tribunal.

11. Encontró acreditado que el paciente fue diagnosticado con trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes y trastorno de estrés postraumático y que este daño es imputable al Estado, por la condición de conscripto de la víctima directa.

12. En consideración a que no encontró acreditada la pérdida de capacidad laboral ni los demás perjuicios ocasionados al demandante, por cuanto la parte actora omitió aportar pruebas o solicitar la práctica de éstas, con tal finalidad, en las correspondientes etapas procesales, decidió que, en virtud del principio general de equidad, consagrado en el inciso 4º del artículo 283 del Código General del Proceso, el reconocimiento de la indemnización, por concepto de perjuicios morales, correspondía al determinado en precedencia. 2 Folio 169 del expediente del proceso ordinario. 3 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá

D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo

13. Se refirió a las contradicciones en que incurrió la parte demandante sobre la realización de la Junta Médico Laboral y, con respecto a la solicitud de pruebas efectuada en el trámite de la segunda instancia, consideró: “No es válido que solo hasta esta etapa procesal realice solicitud de oficiar a la demandada para que envíe los documentos para ser valorados por esta Corporación, solicitud que está fuera del término y que no se adecúa a lo previsto en el numeral 4º del artículo 212 del CPACA porque el demandante desde que presentó la demanda conoció que no se había realizado la Junta Médico Laboral.

De igual manera es de resaltar que la segunda instancia no es el momento procesal pertinente para justificar la falta de actividad probatoria de la parte interesada, más aún teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso.”3 1.4. Sustento de la vulneración

14. La parte actora manifestó que el Tribunal accionado, en lugar de pronunciarse sobre las pruebas solicitadas por la parte demandante, dictó sentencia de fondo pretermitiendo íntegramente una instancia, esto es, “la de pronunciarse mediante providencia o auto de trámite separado la viabilidad, o no, de la prueba en segunda instancia.”4 (Resaltado incluido en el texto transcrito)

15. Advirtió que, el Tribunal no podía fallar de fondo sin pronunciarse sobre la prueba, con lo cual perjudicó al accionante, por cuanto la carencia de las pruebas

solicitadas le sirvió de fundamento para que únicamente reconociera unos perjuicios que no se compadecen con el dolor y congoja que sufren los demandantes.

16. Señaló que, por haber pretermitido la instancia la autoridad accionada incurrió en defecto procedimental absoluto y violación directa de la Constitución. Al respecto precisó que “La omisión del Tribunal en pronunciarse sobre las pruebas en segunda instancia vulnera el debido proceso (art. 29 de la C.P.), en la medida en que se pretermite una instancia y eventualmente la interposición de recursos como el de SÚPLICA…”.

I.5. Actuaciones procesales relevantes I.5.1. Auto que requiere previo a admitir

17. Mediante auto del 14 de enero de 2020, el Magistrado Ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió, en forma previa a la admisión de la demanda de tutela, requerir al apoderado de la parte actora para que i) acreditara la calidad de procurador judicial del actor, caso en el cual debería aportar el poder especial que lo facultara para ejercer la acción de tutela; ii) individualizar las personas que actuaron como demandantes y terceros en el proceso No. 201700034-01. 3 Folio 170 del expediente del proceso ordinario remitido en préstamo. 4 Folio 9 del cuaderno número 1 del expediente de tutela. 4 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá

D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo I.5.2. Auto admisorio de la demanda

18. Corregidas las falencias advertidas, el despacho del Magistrado Ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según auto del 27 de enero de la presente anualidad, admitió la demanda de tutela y dispuso la notificación al demandante y a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B”, como autoridad judicial accionada.

19. En la misma providencia dispuso la vinculación y notificación del Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y de los señores María Elena Naranjo Jaramillo, Melany Naranjo Jaramillo, Diana Marcela Castro Naranjo, Sandra Patricia Castro Naranjo y Alexander Castro Naranjo, como terceros con interés en el resultado del proceso, quienes fueron notificados en las direcciones suministradas por el apoderado judicial de la parte actora, las cuales igualmente reposaban en el expediente del proceso ordinario de reparación directa.

20. En la misma providencia, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para los fines previstos en el artículo 610 del Código General del Proceso. 1.5.3. Informes de las autoridades accionadas y de los terceros vinculados

1.5.3.1. Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá

21. La titular del despacho judicial rindió informe, mediante escrito radicado el 20

de febrero de la presente anualidad, en el que indicó el trámite impartido al proceso de reparación directa ejercido por la parte accionante y señaló que la vulneración de los derechos fundamentales del accionante se predica de la sentencia dictada en segunda instancia, por lo que solicitó la desvinculación del proceso.5 1.5.4.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B”

22. Guardó silencio, no obstante estar debidamente notificado del auto admisorio de la demanda de tutela, según constancia secretarial obrante a folio 89 del cuaderno número uno del expediente de tutela.

1.5.4.3. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

23. Guardó silencio, no obstante estar debidamente vinculada y notificada, como tercero con interés jurídico en el resultado del proceso, según constancias secretariales obrantes a folios 92 y 93 del cuaderno número uno del expediente de tutela. 1.5.4.4. Otros demandantes del proceso ordinario de reparación directa

24. Guardaron silencio, no obstante estar debidamente notificados a la dirección que suministró el apoderado judicial de la parte demandante y que obraba también 5 Folios 108 y 109 del cuaderno número 1 del expediente de la acción de tutela. 5 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá

D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo en el proceso ordinario de reparación directa, según constancias obrantes a folios 101 a 104 del cuaderno número uno del expediente de tutela, en el que se constata que las notificaciones se realizaron en debida forma a las direcciones que obran en el expediente. 1.5.5. Sentencia de primera instancia

25. El Consejo de Estado, Sección Cuarta dictó sentencia del 5 de marzo de 2020, en la que declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que la irregularidad procesal alegada no tiene incidencia en la sentencia que se cuestiona ni vulneró los derechos fundamentales del actor.

26. Para arribar a la citada resolutiva, realizó un recuento de las actuaciones realizadas en la segunda instancia del proceso ordinario, entre ellas el auto admisorio del recurso de apelación, la solicitud de pruebas de la parte actora y la sentencia de segunda instancia, para concluir que, efectivamente, no se dictó un auto interlocutorio resolviendo sobre la procedencia de la práctica de los medios de convicción, sino que estos se negaron en la sentencia.

27. Agregó que, no obstante, tal situación no tiene incidencia directa en la decisión controvertida, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga de la prueba está en cabeza de los extremos del proceso, por lo que correspondía a la parte demandante desplegar toda la actividad probatoria orientada a acreditar el daño, la imputación y el monto

de los perjuicios reclamados.

28. Afirmó que, al revisar el expediente se advierte que la parte demandante “incurrió en serias omisiones probatorias”, por cuanto en el escrito de la demanda no aportó ni solicitó pruebas que respaldaran los supuestos de hecho que apoyaran sus pretensiones, la audiencia inicial se llevó a cabo el 31 de enero de 2019, sin la asistencia del profesional del derecho que representaba los intereses de la parte actora, diligencia en la cual el juez decretó e incorporó las pruebas documentales aportadas por las partes.

29. Agregó que, bajo el entendimiento de libertad probatoria que deriva del Código General del Proceso y de la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, también pudo hacer uso de otros medios de prueba, con el objeto de llevar al juez a la convicción respecto de los perjuicios ocasionados a los demandantes, como por ejemplo, un dictamen pericial, o la remisión del actor a un organismo competente para efectuar su valoración a fin de determinar el porcentaje de merma de su capacidad laboral y el origen de la misma.

30. Argumentó que, aunque el actor no aprovechó las primeras oportunidades probatorias para conseguir que se anexara al proceso el Acta de Junta Médica Laboral Militar, el juez de la causa ofició a la entidad demandada para que allegara los antecedentes administrativos, relacionados con las lesiones sufridas por Sebastián Naranjo Jaramillo incluido el referido documento y, en la audiencia inicial, el juez corrió traslado a las partes para que se pronunciaran frente a la respuesta de la demandada en relación con el acta de junta médica laboral,

presentándose conformidad con la información y documentación allegada. Resaltó que, ante la ausencia del apoderado del demandante a la referida diligencia, este no presentó contradicción alguna, dejando con ello vencer la oportunidad procesal. 6 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo

31. El fallo de primera instancia fue notificado a las partes e intervinientes, por medios electrónicos, el 11 de marzo de la presente anualidad, según constancias secretariales obrantes a folios 114 a 122 del expediente. Nuevamente aparecen notificaciones del fallo de tutela realizadas el 16 de marzo de 2020, a todas las partes e intervinientes del proceso, según constancias secretariales obrantes a folios 122 y siguientes, oportunidad en la que se aclaró que el Magistrado Ponente de la sentencia de primera instancia es el Dr. Julio Roberto Pizza y no el Dr. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. 1.5.6. Impugnación

32. Mediante escrito remitido por correo electrónico el 16 de marzo de 2020, el apoderado judicial de parte actora manifestó que interponía “recurso de apelación” y que, en segunda instancia, lo sustentaría.

33. La impugnación fue concedida por auto del 5 de mayo de 2020, notificado a las partes y los terceros intervinientes el 7 de mayo de 2020, ingresando al

Despacho de la Magistrada que funge como ponente el 11 de mayo de 2020.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la parte actora en contra de la sentencia del 5 de marzo de 2020, dictada por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Cuestiones previas 2.2.1. Legitimación en la causa del Juzgado Treinta y Siete Administrativo del

Circuito de Bogotá

35. La Sala destaca que en el trámite de primera instancia el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó que se le desvinculara de la presente acción de tutela, por cuanto la parte actora consideró vulnerados sus derechos únicamente con ocasión de la sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B” y no censuró la decisión de ese despacho.

36. Al respecto, se advierte que la vinculación del referido juzgado se realizó a título de tercero con interés jurídico en el resultado del proceso, en consideración a que dictó la providencia de primera instancia en el juicio de reparación directa, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, providencia que fue revocada en sede de apelación.

37. En ese sentido la vinculación y efectiva notificación se torna imperativa en sede de tutela, ante el evidente interés que tiene el mismo en el resultado del proceso, el cual implica inclusive que eventualmente podría resultar obligado al 7 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo cumplimiento de las órdenes que se llegaren a dictar en la presente acción de amparo.

38. En consecuencia, la intervención que, como juez de primera instancia, realizó el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá en el proceso ordinario en el que se dictó la sentencia cuestionada, hacen imperiosa su vinculación a este trámite, por lo que se negará la solicitud elevada. 2.2.2. Declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y suspensión de términos judiciales

39. El Gobierno Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 137 de 1994, mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por razón de la declaratoria de la pandemia previamente decretada por la Organización Mundial de la Salud – OMS, relacionada con la propagación a gran escala del Covid 19.

40. Ello trajo como consecuencia, que se ordenara el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional y dictara otras disposiciones6.

41. El 6 de mayo de 2020, el Presidente de la República expidió el Decreto 636 de 2020, en el cual se ordenó la extensión del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia con algunas excepciones y, en la misma fecha, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 637 del 6 de mayo, por el cual declaró nuevamente un estado de emergencia económica, social y ecológica, en la que, entre otras consideraciones, se precisó que tenia por objeto garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y garantizar la sostenibilidad de los procedimientos, costos y tarifas asociados, así como establecer mecanismos de priorización, ajuste y racionalización de los trámites y procesos, mitigando los impactos de la emergencia en la prestación del servicio y en la ejecución de los proyectos del sector.

42. En atención a lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura, profirió los Acuerdos PCSJA20-115177, PCSJA20-115188, PCSJA20-115269, PCSJA206 El Gobierno Nacional expidió el Decreto legislativo No. 457 del 22 de marzo de 2020, a través del cual impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Entre las decisiones adoptadas, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del país. 7 En el artículo 1 del señalado Acuerdo se exceptúa de la suspensión de términos judiciales el trámite de

las acciones de tutela. 8El artículo 1 de este Acuerdo señaló: “Mantener las medidas de suspensión de términos procesales en los juzgados, tribunales y Altas Cortes, entre el 16 y el 20 de marzo. Se exceptúan las acciones de tutela y los habeas corpus” 9 El artículo 2 del Acuerdo señala las excepciones a la suspensión de términos y se señala que “A partir de la fecha las excepciones a la suspensión de términos adoptada serán las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. 8 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo 1153210 y PCSJA20-1154611 y PCSJA20-1154912, mediante los cuales ordenó la suspensión de los términos judiciales y decretó medidas transitorias para preservar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, exceptuando el trámite, decisión y notificación de la acción de tutela.

43. En aras de proteger las garantías constitucionales, el Consejo Superior de la Judicatura, en el Acuerdo PCSJA20-11546 exceptuó las acciones de tutela y de hábeas corpus de la suspensión de términos prevista en su artículo 1°, señalando que la recepción de estas acciones se hará mediante el buzón electrónico dispuesto para el efecto, y que, para su trámite y notificación se usarán las cuentas de correo electrónico de las partes y las diferentes herramientas tecnológicas de apoyo. 2.3. Problemas jurídicos

44. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia del 5 de marzo de 2020, dictada en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

45. En consecuencia, de cara al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, los problemas jurídicos que subyacen al caso

concreto son los siguientes:

46. Si se cumple el presupuesto procesal de la legitimación en la causa de las partes.

47. Si el escrito de impugnación cumple con la carga argumentativa mínima que le permita a la Sala estudiar de fondo los cargos de defecto procedimental y violación directa de la Constitución que la parte actora invocó en el escrito inicial.

48. De superarse lo anterior, se analizará si concurren en la presente solicitud de

protección constitucional los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela que den paso al estudio de fondo en relación con los derechos 10 En este Acuerdo se prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020 y en el artículo 2 se consagraron las excepciones a la suspensión de términos judiciales, en los siguientes términos: “Las siguientes excepciones a la suspensión de términos continuarán rigiendo: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo”. 11 En este Acuerdo se prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020. Se exceptuaron de la suspensión de términos, entre otros asuntos las acciones de tutela y habeas corpus y se señaló que la recepción de tutelas y habeas corpus se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto, y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. 12 En este Acuerdo se prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020. Se exceptuaron de la suspensión de términos, entre otros asuntos las acciones de tutela y habeas corpus y se señaló que la recepción de tutelas y habeas corpus se hará

mediante correo electrónico dispuesto para el efecto, y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. 9 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2019-05333-01

Demandante: Sebastián Naranjo Jaramillo fundamentales invocados y las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela.

49. En el evento de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, se resolverá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa ejercida por el accionante y su grupo familiar.

50. Concretamente, se resolverán los subproblemas jurídicos referidos a si la providencia cuestionada incurrió en defecto procedimental y violación directa de la Constitución por no haber resuelto en auto interlocutorio previo a la sentencia, la solicitud de decretar y practicar pruebas en segunda instancia, que son las alegaciones que la parte actora invocó en el libelo introductorio.

51. Por razones de orden metodológico, se abordarán los siguientes temas i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y ii) cumpl